¿Cómo se monta una huelga unitaria entre dos sindicatos de clase, dos profesionales conservadores, dos anarcosindicalistas, otro intersindical progresista, una asociación de familias, un colectivo de docentes, otro transversal y dos asociaciones de estudiantes? A esa pregunta tratan de responder estos días CCOO, UGT, ANPE, CSIF, CGT, CNT, STEM, CSIT, la confederación de AMPAS Confapa, la asamblea Menos Lectivas, la Marea Verde, el Sindicato de Estudiantes y el Frente de Estudiantes para organizar una protesta que, idealmente, paralice la educación madrileña, a imagen y semejanza de la huelga docente en la Comunitat Valenciana.

La idea se concretó la semana pasada, cuando UGT y CCOO, por un lado, y CGT, CNT y la asamblea de profesores Menos Lectivas anunciaron el mismo día de manera independiente que convocarían sendos paros el próximo curso. CCOO y UGT explicaron desde el primer momento que su idea era sumar al resto de organizaciones para lograr un frente común que dote de fuerza al movimiento y también aprender de las lecciones que deja la pelea en el Levante: es más fácil empezar unidos que acabar unidos.

La tarea requerirá flexibilidad de todos. Como explican desde el sindicato STEM, “la unidad de acción sindical en nuestra Comunidad se encuentra actualmente muy deteriorada, con apenas espacios de coordinación entre los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial [CCOO, UGT, CSIF y ANPE] y aquellos que trabajamos fuera de esta [STEM, CGT, CNT, CSIT]”, entre otras cuestiones motivada porque los primeros firmaron un acuerdo con la Comunidad de Madrid que los segundos rechazaban por insuficiente y que acabó siendo una treta del Gobierno regional.

Para explorar hasta dónde puede llegar la unidad, las 13 organizaciones se reunieron el pasado lunes —con una cierta protesta de algunos sindicatos porque les convocaran a algo ya planteado en vez de incluirlos desde el principio— con el objetivo de poner elementos en común y empezar a diseñar una agenda que acabe en una convocatoria de huelga indefinida. La reunión fue positiva para casi todas las partes, según han relatado a este diario varias personas presentes en la cita. Ahora, cada organización debe respaldar o no la movilización y en qué términos la apoya. Unas ya han hecho ese proceso, otras están consultando a sus bases. El próximo jueves 11 se vuelven a reunir para definir posturas ya de manera oficial y empezar a dar pasos.

Donde hay bastante acuerdo, más allá de aterrizarlo más adelante en cifras o reivindicaciones concretas, es en las áreas de reclamación: mejores salarios, más docentes, especialistas para atender la diversidad, menos horas lectivas, más recursos en general, la falta de plazas públicas en la FP, medidas contra el calor en los centros...

Es más lo que nos une que lo que nos separa", dice UGT; "Hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca", sostiene CCOO. "Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos", opina Menos Lectivas. "Nadie se puede permitir fallar aquí", sostiene CGT

“Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa”, expresa Chema Pinto, de UGT, un sentir optimista mayoritario entre las organizaciones. “En este momento hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca”, sostiene Aída San Millán, de CCOO. “Los movimientos sociales, esto está estudiado, van y vienen. Y este puede no volver en 20 años”, cierra. “Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos”, corroboran desde el colectivo docente Menos Lectivas. “Nadie se puede permitir fallar aquí”, ahonda Rafael Valentín, de CGT, “creo que vamos en el buen camino para solucionar este asunto, que es conseguir mejoras laborales que necesitamos como agua de mayo”.

La primera toma de contacto sirvió para ver dónde está cada uno y empezar a abordar los asuntos que marcarán la convocatoria: quién se va a unir —las dudas atañen principalmente a ANPE y CSIF—; en qué fecha empezarán los paros —hay propuestas de septiembre, octubre o incluso enero—; quién negociará con la Consejería de Educación llegado el momento —hay acuerdo en que será un comité mixto que incluya también a organizaciones que no están presentes en la mesa sectorial—; el rol de la asamblea unitaria que se reunirá el próximo día 24 para votar sobre todas estas cuestiones, si será consultiva o vinculante; y cómo se articularán esas votaciones —quién puede votar y cómo se establece un método fiable—.

ANPE es el sindicato que parece plantear más dudas. “Plantear una huelga a finales de curso para dentro de varios meses sin saber cómo van a venir las instrucciones de inicio de curso, que se publican ahora, y cuando en el seno de la mesa sectorial la administración estaba proponiendo abrir un proceso negociador sobre diversos temas... Nos sorprendió”, explica Esteban Serrano, vicepresidente de ANPE Madrid. “Nosotros somos más de la vía de comenzar con una negociación, intentar llegar a acuerdos y, si la Administración no atiende a razones, entonces plantear medidas reivindicativas”, argumenta.

CSIF Madrid emitió un comunicado en el que señala que los servicios mínimos que suele imponer la Comunidad de Madrid hacen las huelgas poco efectivas y, como ANPE, advierte de que “los descuentos en nómina podrían ser muy abultados y no serviría nada más que para dar un balón de oxígeno” al Gobierno regional, aunque concluye que “no descarta adherirse a esta convocatoria o a otras y tomará en breves fechas una postura definitiva, siempre valorando el interés general de los docentes y por supuesto en pro de la unidad sindical de acción”. A nivel estatal, el sindicato comunicó después que empieza en septiembre una “campaña de movilizaciones” que no descarta concluya en una huelga.

Cuándo se para

La fecha de la convocatoria es de los primeros elementos a resolver. CCOO y UGT habían propuesto que el curso ni empezara (hacerla en septiembre), mientras Menos Lectivas, de la mano de CGT, apostaba por enero. No parece que vaya a ser un gran escollo, en cualquier caso.

“Nosotros vamos a la huelga, a eso ya estamos comprometidos por mandato de la asamblea”, explica San Millán, de CCOO. “No nos importa flexibilizar las fechas”.

Exactamente la misma palabra utilizado por Valentín, de CGT. “Nosotros la preferimos en enero, con alguna movilización y quizá incluso paros antes, en octubre. Pero si CGT tiene que cambiar su propuesta de hoja de ruta para la huelga, se cambia. Es una propuesta flexible, lo importante es que salga bien para que sea masiva, eficaz y efectiva contra la consejería, que está muy muy muy –la triple repetición es suya– en contra de los derechos laborales”.

Una persona presente en la reunión, no adherida a ninguna de estas dos formaciones y que prefiere no identificarse, pondera ambas propuestas: “Una huelga indefinida a partir de septiembre es complicada, no veo tanto mimbres como en la Comunitat Valenciana. Y a la de CGT le veo el problema de que si a una indefinida en enero le metes unas jornadas previas puede resultar desmotivador”, y apuesta por una especie de tercera vía: huelga en enero, pero sin grandes alharacas previas, como mucho algún paro parcial para no desgastar al profesorado. El paro en enero tiene la ventaja, cierra esta fuente, de que da más tiempo para organizar cajas de resistencia, etc. y llegaría con la paga extra de navidad recién ingresada, que ejercía de colchón.

Quién negocia

Aunque no hay nada cerrado a la espera de la reunión del próximo jueves, varias fuentes coinciden en que hay un cierto consenso en que las futuras negociaciones deben recaer en un comité mixto de huelga que represente a todas las organizaciones y no dejar ese rol solo a quienes están presentes en la mesa sectorial de Educación (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), el órgano oficial de conversación entre sindicatos y Gobierno regional. Entre otras razones, para que no se dé la paradoja de que alguien que eventualmente no apoye la huelga (si fuera el caso de ANPE O CSIF) negocie en nombre de otros que sí.

“Era una propuesta que llevábamos varios y un acto de confianza”, sostiene Millán, aunque otras organizaciones dicen que más bien “lo aceptaron”. Su compañero Pinto cree que “no es el momento de egos”, y también menciona que “hay que restablecer la confianza”, alusión a las diferencias pasadas entre organizaciones. En STEM dudan de que las asociaciones estudiantiles formen parte de ese comité porque es una huelga de profesores lo que está sobre la mesa y deben ser ellos quienes negocien, argumentan.

En cualquier caso, ahonda San Millán, “es un lugar complejo, porque la huelga la hacen los trabajadores, pero tenemos mucha responsabilidad los convocantes. Y es igual de importante saber dibujar la puerta de entrada que la de salida. Un comité mixto es la forma más realista y honesta de negociación de salida de una huelga”, sostiene.

Quién decide

Uno de los aspectos que más debates puede levantar es quién tendrá el poder de decisión sobre los movimientos del colectivo durante la huelga. Sobre si una eventual propuesta de la Consejería de Educación se acepta o no. Sobre hasta dónde forzar.

De momento las organizaciones han convocado una asamblea unitaria de profesores el próximo día 24, como siguiente paso a la reunión del jueves 11. En esa gran cita se debe votar la fecha de la convocatoria y dibujar una tabla de reivindicaciones, idealmente con unos máximos y unos mínimos “de salida” a partir de los cuales una propuesta merece ser votada por el colectivo de trabajadores.

La duda es si esta asamblea debe ser consultiva o vinculante. Si su voto es decisión o si luego cada una de las 13 organizaciones debe validarla por su cuenta y método: algunas con sus propias asambleas, otras no. Y aquí las posturas difieren algo.

“CGT quiere que la asamblea sea vinculante. Sabemos que cuando se negocia, se debaten cuestiones, se puede ganar o perder. Nosotros queremos que sea vinculante para que no pase eso de 'tú has ganado y tú has perdido', sino que la asamblea pueda decidir cosas y se respeten, independientemente de cada sindicato”, sostiene Valentín, de CGT. CCOO también cree que la asamblea del 24 debe decidir, pero STEM no lo tiene claro.

“En STEM los acuerdos pasan por la asamblea de STEM”, expone Sergio López. “Nuestra asamblea nos suele dar mandatos abiertos, un plan A y un plan B, según el contexto. Está en nuestros estatutos consultar”, explica.

¿Un censo para votar?

Lo que apela a la cuestión de la unidad, de las reivindicaciones mínimas, de qué se acepta y qué no. Qué se vota (¿tiene sentido plantearle a la asamblea una oferta de subida de, por ejemplo, 50 euros al mes, si se están reivindicando varios cientos?) y cómo y quién. Los sindicatos le dan vueltas a cómo establecer un mecanismo por el que un sindicato no se pueda desmarcar por su cuenta aceptando un acuerdo que el comité de huelga rechaza en su conjunto, una situación que se acabó dando en la Comunitat Valenciana.

“Tenemos algunas propuestas”, desliza San Millán, que prefiere reservarlas para el jueves 11. “Hubo hasta quien propuso firmar algo ante notario, pero no sé si es legal. Debería haber un compromiso de mínimos, una línea roja común. Y también establecer de alguna manera que si se consulta algo y sale que no, sea que no para todos”.

Lo que tiene que quedar es clara la función de la asamblea, pide Valentín, de CGT. “Sería importante que si se establece que es vinculante, sea vinculante, no vale bajarse del carro”.

STEM también planteó en la reunión del lunes, que para su sindicato es importante, tanto como posible motivo de autoexclusión si no se da, establecer un mecanismo para votar posibles propuestas que sea transparente. “Que todo el profesorado tenga la oportunidad de decidir sobre el tipo de movilización en cada momento. Si se mantiene, si se suspende, que pueda opinar sobre cualquier propuesta de acuerdo. Esto no es incompatible con asambleas unitarias, que nos permiten ir modulando acciones. Pero en los momentos clave, que se dé la oportunidad a todo el profesorado de opinar. Y, habida cuenta de que no somos capaces de juntar a los más de 50.000 que somos a día de hoy, plantear consultas telemáticas fiables y verificables, como han hecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya”, explica López.

CCOO ve con buenos ojos la propuesta. “Es importante articular mecanismos de voto, pero con censos”, sostiene San Millán. “Quizá a través del email de la consejería”, desliza.

Con estos frentes abiertos, las organizaciones se disponen a avanzar. Hay optimismo porque, dicen, el profesorado “no puede más” y está dispuesto al paro, según les cuentan en sus visitas a sus centros. Llamar hoy a un sindicalista es que te explique que acaba de salir de un colegio o instituto y muchos profesores, todos, dicen algunos, les muestran su hartazgo y su disposición a parar. Solo STEM tiene dudas de este espíritu y ANPE duda de la conveniencia del momento y del orden de los factores.

Pero todos son conscientes de la importancia del momento y del movimiento, y de los riesgos de que salga mal. Lo resumen STEM: “La huelga es uno de los instrumentos de lucha más importantes de los que nos dotamos los trabajadores y trabajadoras y su utilización a la ligera puede ser contraproducente, más aún la huelga indefinida por el elevado desgaste que supone y el riesgo de derrota que puede suponer de no organizarse correctamente”.

“La Selectividad disfraza azar como mérito”. Antonio Amante pasó tres años como presidente de Canae (la principal asociación de estudiantes del país) peleando para eliminar la Selectividad (o PAU, en su nombre oficial) como método de cribado para repartir al estudiantado por los diferentes grados y universidades. “No estamos de acuerdo con que en una prueba de tres días que se realiza a una persona de 18 años, con toda la presión, la ansiedad y el estrés que produce, determine su futuro profesional y también personal”, repetirá durante la entrevista.

¿Es justa la Selectividad?

Yo creo que no. Desde Canae siempre hemos defendido avanzar hacia un sistema en el que la nota de Bachillerato, que es donde un estudiante puede desarrollarse –su esfuerzo, su trabajo durante dos años, los conocimientos adquiridos de una manera más integral–, sea la referencia para el acceso a la universidad. No estamos de acuerdo con que en una prueba de tres días que se realiza a una persona de 18 años, con toda la presión, la ansiedad y el estrés que produce, determine su futuro profesional y también personal.

Pero hay estudios que dicen que en los centros privados y concertados muchas veces inflan las notas. Contar solo con esas calificaciones para el acceso a la universidad les favorecería mucho.

Somos totalmente conscientes de que esto existe. Nosotros lo que defendemos es acompañar esta propuesta con mecanismos efectivos de inspección en aquellos centros donde se producen estas situaciones. También valoramos propuestas adicionales a la de la nota en sí, como podría ser un trabajo final de Bachillerato, igual que se hace en la universidad en grado y en máster, que sea corregido por personas independientes vinculadas a la universidad, como sucede con los exámenes también de selectividad.

Se trata de afrontar el fondo de la cuestión, que es obligar a un estudiante a presentarse a algo parecido a una oposición, y sustituir ese sistema por algo más flexible que además elimine la competencia desleal que pueda haber entre centros. Pero pensando sobre todo en el estudiante, en que si realmente tiene capacidades para hacer la carrera que quiere hacer las pueda demostrar a través de algún mecanismo que no tenga por qué ser un examen concentrado en 90 minutos, con el componente de estrés que eso conlleva.

En la Lomloe dice que la EBAU “mide la madurez académica y los conocimientos adquiridos en el Bachillerato, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios”. ¿Cree que se ajusta a esta definición la prueba?

No. Tenemos un sistema establecido durante muchos años, pero en ningún momento ha habido voluntad política de plantear una alternativa. Simplemente se han atendido algunas reivindicaciones que hemos hecho, sobre todo organizaciones estudiantiles, para flexibilizar la prueba, homogeneización de criterios y otras cuestiones algo menores. Pero no se ha ido más allá nunca. Nunca se ha intentado valorar otras opciones.

Hay gente experta que ha estudiado mucho durante muchos años sobre esta cuestión y que plantea alternativas. Creo que el problema fundamental es de voluntad por parte de las administraciones. Que nos quieran escuchar, saber y ponerse de verdad en la piel de un estudiante que se enfrenta a esas pruebas. Pero cada vez que hemos planteado esta cuestión la Administración ha dado portazo a valorar un posible cambio de modelo. Yo entiendo que les ha podido venir muy bien este sistema para hacer un cribado y como método selectivo de alumnado, pero podemos hacer reflexiones, como otros países han hecho, para buscar modelos diferentes.

La selectividad disfraza azar como mérito

¿Qué mide entonces la PAU?

La capacidad de memorizar y de retener información a corto plazo. Creo que también en cierto modo intentan que puedas tener una capacidad de gestionar la presión de un examen. Y pueden ser habilidades reales, pero no las que la universidad ni el mundo laboral van a valorar después. La universidad también necesita personas con pensamiento crítico, con capacidad de analizar, conectar ideas, etcétera. Pero la PAU, tal y como ha funcionado durante las últimas décadas, no fomenta esto. Hay estudiantes brillantes que a lo mejor se bloquean en un examen y estudiantes que les puede costar un poquito más y que luego lo superan con una súper buena técnica de memorización en apenas dos semanas. Estás disfrazando azar como mérito. No creo que se mida la capacidad real de una persona. En cambio, sí la puedes medir en una etapa de dos años de Bachillerato con un mejor desarrollo y una mejor atención individualizada.

Pero si el examen es igual para todos, ¿no hay una cierta justicia?

Nosotros hemos valorado positivamente que se hayan homogeneizado criterios de corrección, faltas ortográficas y demás, pero queremos ir más allá y cambiar la fórmula que tenemos actualmente. El sistema perjudica al estudiante en cuanto a su desarrollo académico y personal. Se dedica todo un curso entero a preparar a un estudiante para estos tres días, cuando realmente el alumno puede adquirir durante esos dos años de bachillerato muchas competencias que son valoradas con una observación directa por parte del profesor en el aula. Durante meses se puede valorar realmente de manera transversal todas esas competencias; en apenas unos días no se refleja la capacidad real de una persona.

Está mencionando mucho el tema del estrés, la presión, la salud mental. ¿Estamos normalizando algo que no debería ser normal? Y, relacionado de alguna manera, ¿es malo que un estudiante de 18 años afronte un poco de presión, que luego se va a encontrar en la vida?

Creo que deberíamos hacer una reflexión. Si ya de por sí tenemos, en general, un sistema que está diseñado para ser suficientemente estresante –más aún para las personas jóvenes, que tenemos cantidad de barreras para desarrollar nuestro proyecto vital–, si ya tenemos un futuro poco óptimo y además añadimos al desarrollo personal y profesional de una persona esa barrera que es la selectividad, creo que estamos perpetuando un sistema que lo que hace es ahondar en una peor salud mental de las personas, en mayores problemas de ansiedad. Evidentemente durante la vida hay problemas, pero las administraciones, la sociedad en general, podemos aportar nuestro granito de arena para reducir esa carga negativa, esa ansiedad. Porque las personas jóvenes somos quienes tenemos una peor situación y todo esto ahonda más en ese problema.

El cambio de modelo de examen en los últimos dos años, ¿supone algún cambio real respecto a todas estas cuestiones que hablamos o es simplemente cambiar una cosa por otra muy parecida que no arregla realmente nada?

El modelo actual sigue teniendo componentes muy teóricos y muy mecánicos de procedimiento que se podrían repensar. Aun así, es verdad, por experiencias que he escuchado de compañeros en el último año, que en la última selectividad se ha notado ese ámbito competencial introducido en las pruebas para acercar un poco el contenido teórico a ejemplos prácticos. Por esa parte la valoración puede ser más positiva que el modelo actual, pero aun así creo que seguimos con una idea que en fondo sigue siendo la misma. El procedimiento es el mismo: muy teórico, muy mecánico. Estudio y vomito en el examen y después prácticamente me olvido de todo lo que he puesto. Esto es el sistema que hay ahora y creo que es el principal problema.

El componente socioeconómico se despliega en varias ramas en la PAU. Por un lado están las tasas para examinarse; también influye si te puedes pagar una academia

¿Crees que es una prueba en la que influye el componente socioeconómico del estudiantado?

Por supuesto. El componente socioeconómico se despliega en varias ramas. Por un lado –esto lo denunciamos desde Canae todos los años– están las tasas que hay que pagar para examinarse de la PAU. No tiene ningún sentido hacer pagar, insisto, a un estudiante de 18 años más de 150 euros para examinarse para poder entrar a la universidad. La siguiente rama que se desprende es que el nivel socioeconómico de tu familia te permita apuntarte a una academia para poder reforzar contenidos que no has podido asentar lo suficiente durante el bachillerato o si necesitas entrar a una carrera que tiene un 13 de nota de corte. Por supuesto que hay una desigualdad socioeconómica brutal en este sistema.

Hay muchas carreras y cada vez más que tienen unas notas de corte imposibles. ¿Buena parte del problema se solucionaría si hubiera más plazas públicas que hiciera que las notas de corte cayeran algo?

No soluciona el problema de raíz, pero creo que ayudaría. Vemos todos los años estudiantes que sirven, que valen, que lo desean y que se han esforzado durante mucho tiempo para poder acceder a unos estudios que realmente quieren hacer y que por algunas décimas no pueden acceder a esa carrera. Aquí hay otro problema, que es la creación de las universidades privadas. Si no aumentamos plazas en la pública, pasa como en la Formación Profesional, que la gente se tiene que ir a estudiar a la privada por unas décimas.

Ha mencionado que les parece adecuado que se hayan homogeneizado criterios entre comunidades autónomas. ¿Tanto agravio había? ¿Era necesaria una selectividad más similar por todo el estado?

Estamos de acuerdo con la homogeneización sobre todo en relación a los criterios de corrección, penalización por faltas de ortografía, etc. En eso sí estamos de acuerdo. Pero no pensamos que haga falta una selectividad única. Además de las competencias, creemos que en todas las comunidades no se puede estudiar exactamente lo mismo. Hay contenidos históricos que deben conocer los estudiantes de su propio territorio, y eso se debe seguir manteniendo.

Otra cuestión que nos preocupa y que nos comenta mucha gente son los plazos, del tiempo que hay entre que acaba el curso y se hace la selectividad. Porque todas las comunidades se examinan en los mismos días o casi, pero hay comunidades en las que se empieza más tarde las clases de bachillerato y por tanto terminan más tarde. Entonces, hay estudiantes que tienen una semana de preparación intensa de selectividad hasta que empiezan los exámenes y otras comunidades que tienen 15 o 20 días para prepararse. Hay un agravio entre territorios. Nos gustaría que se homogeneice también ahí.

A finales de abril de este año entró en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que aseguraba que colegios e institutos públicos y concertados dejaran de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos.

El Ministerio de Consumo ha informado este lunes que estas pautas y obligaciones de los centros se extenderán también a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, promoviendo las dietas saludables y la seguridad alimentaria de niños y niñas. La norma asegurará el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Las medidas adaptan aquellas del Real Decreto, que ya se han puesto en marcha en colegios e institutos, a las necesidades de los más pequeños en el primer ciclo de educación infantil. 

En concreto, se garantizará el consumo diario de fruta y verdura fresca (al menos un 45% de temporada), junto con una frecuencia mínima de pescado y legumbres. Estos alimentos básicos de la dieta mediterránea se servían de forma “muy desigual” en muchos centros, según el Ministerio, afectando a la calidad de las dietas de niños y niñas. También se priorizarán los cereales integrales frente a las versiones refinadas, excepto en el caso del arroz. 

Respecto a las bebidas, se limitarán únicamente al agua y la leche, eliminando refrescos, bebidas azucaradas y edulcoradas. Al mismo tiempo, se limitará la presencia de alimentos precocinados como pizzas o croquetas a máximo una vez al mes; y las frituras solo se podrán servir una vez por semana como máximo, priorizando técnicas de cocción más saludables como al horno o al vapor. 

Los menús ofertados contarán con la supervisión de profesionales en nutrición humana y dietética, que a su vez proporcionarán información mensual y detallada a las familias para adecuar las dietas a las necesidades de cada alumno. Se prestará especial atención a la sostenibilidad, con un mínimo del 5% de alimentos ecológicos o dos platos principales ecológicos al mes, fomentando canales cortos de distribución.

Al mismo tiempo, el Ministerio establece que los centros deberán facilitar espacios y condiciones para la lactancia presencial y diferida, debido a su importancia durante los primeros años del desarrollo de los niños y niñas. La regulación incorpora también pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida, por la vulnerabilidad durante estas edades. Así, no se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar, y el arroz presente en las dietas será blanco hasta los tres años. 

Los alimentos con riesgo de atragantamiento como frutos secos o uvas se ofrecerán ya molidos o partidos de forma segura, y se reducirá la cantidad de sal yodada de los platos, sin sal añadida para menores de un año. 

Como cada año a principios de junio, miles de estudiantes realizarán los exámenes de Selectividad para poder acceder a la universidad al curso siguiente. La PAU 2026 sigue camino hacia una homogeneización de los exámenes a nivel nacional, con exámenes más prácticos y menos optatividad interna. Además, es el primer año que varias comunidades han impuesto medidas para evitar que los alumnos copien con aparatos electrónicos, como nanopinganillos impulsados con inteligencia artificial (IA).

Fechas

La convocatoria ordinaria tiene tres días clave: el 2, 3 y 4 de junio, en los que alumnos de la mayoría de comunidades autónomas realizarán los exámenes siguiendo la tendencia que comenzó el año pasado de unificar fechas lo más posible. Asturias, Aragón, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Ceuta y Melilla, la Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Islas Canarias, La Rioja, Murcia y Navarra han fijado estos tres días para su Selectividad. 

La Comunidad de Madrid también, pero con un día extra, el 1 de junio, siendo los primeros estudiantes que se examinarán en toda España. La región espera una participación de más de 42.000 estudiantes, que empezarán el próximo lunes con las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía.

Las únicas comunidades que realizarán la prueba la semana que viene son Castilla-La Mancha, los días 8, 9 y 10 de junio, como en Catalunya.

Así, todos los exámenes del país se realizarán en las primeras semanas de junio. En el caso de los alumnos que no los superen o quieran mejorar la nota, tendrán que esperar un poco más, dependiendo de cada territorio. Es aquí, en la convocatoria extraordinaria, donde hay un poco más de disparidad en las fechas. 

De nuevo, unos días que se repiten: será el 30 de junio, 1 y 2 de julio en Aragón, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Murcia. 

En Castilla-La Mancha será los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y los primeros estudiantes en tomar esta segunda convocatoria serán los navarros, el 24, 25 y 26 de junio. Los más tardíos serán los de Catalunya, que pasarán el verano estudiando para los exámenes extraordinarios, que tendrán lugar a principios de septiembre, los días 2, 3 y 4. 

¿Cómo son los exámenes?

El año pasado, además de recuperar el nombre de PAU tras algunos cursos llamándose Evau o Ebau, la prueba también experimentó un gran cambio en su contenido y modalidad. Se implementó el examen por competencias, y desapareció la posibilidad de elegir temas, por lo que ya no era posible dejarse medio temario sin estudiar, como llevaba pasando desde la pandemia. Este nuevo modelo tuvo como objetivo que los estudiantes razonaran las preguntas y respuestas del examen, en vez de memorizar contenidos de una manera puramente mecánica. 

Si la PAU 2025 marcó el inicio de una nueva etapa más competencial y práctica, la de este año sigue avanzando hacia una evolución a exámenes más aplicados y homogéneos entre comunidades . Según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los nuevos modelos de examen buscan impulsar una estructura más unificada entre comunidades, aunque no habrá un modelo único nacional como exige el PP porque es inviable con el reparto competencial entre autonomías y el Gobierno. 

Así, este año se mantiene la estructura general del año pasado, pero con más ejercicios competenciales y menos optatividad interna. Se enfocarán principalmente en el razonamiento aplicado y casos más prácticos, y la corrección se ha homogeneizado a nivel nacional: la presentación, coherencia y corrección lingüística tendrán un peso mínimo del 10% de la nota.

Cada examen durará 90 minutos, con un descanso entre pruebas de media hora. Está permitido el uso de herramientas como calculadora o diccionarios según la materia.

Combatiendo la IA

Este año, la Selectividad se ha blindado contra nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial (IA) en los exámenes, para evitar su uso para copiar durante los exámenes. Y es que la IA ha revolucionado ya la educación: el 58% de los alumnos españoles la usa para realizar trabajos académicos, según un estudio. 

Desde nanopinganillos impulsados por la IA hasta gafas inteligentes con cámara y micrófonos incorporados, cada vez son más los artilugios que tientan a algunos alumnos a copiar durante las pruebas de Selectividad. Por ello, al menos diez comunidades usarán en la PAU 2026 detectores de frecuencia, diseñados para interceptar a los alumnos que usen este tipo de aparatos para copiar.

Entre ellas, Asturias. El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, ha señalado que estas nuevas medidas no se basan en la desconfianza hacia los alumnos, sino “de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas”.

Por otro lado, en Catalunya serán más de 45.000 jóvenes los que realizarán las pruebas de acceso a la universidad. También impondrá por primera vez una prueba piloto para detectar posibles dispositivos electrónicos y evitar que copien. Según ACN, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha afirmado que Cataluña, como otras comunidades, busca “la equidad” entre todos los alumnos a la hora de realizar los exámenes, por lo que perseguirá posibles trampas con sistemas electrónicos.

En resumen: prohibido el uso de relojes, gafas y bolígrafos inteligentes, además de cualquier otro artilugio como los nanopinganillos y otros dispositivos impulsados por IA.

Corrección y faltas de ortografía

En Madrid, la principal novedad es que las faltas de ortografía pasarán de penalizar 0,25 puntos a 0,1 en todas las materias menos Lengua y Literatura, donde se mantiene la primera cifra. Así lo informó la CRUE a finales del año pasado, con el objetivo de hacer “una valoración más precisa del desempeño del alumnado”.

El modelo madrileño alcanzará en esta Selectividad el 70% de los criterios propuestos por los rectores, según explicó la Universidad Autónoma de Madrid en una nota, en su intento de avanzar hacia una prueba más homogénea a nivel nacional. Es cierto que comienza a haber ciertos criterios comunes, pero aún sigue siendo imposible que el examen sea 100% similar en toda España, ya que cada territorio imparte e incluye diferentes contenidos en las asignaturas.

Respecto a criterios de corrección comunes, este 2026 la coherencia, presentación, claridad y corrección lingüística tendrán al menos un peso del 10% de la nota, algo común a nivel estatal. En Lengua Castellana y las cooficiales, las faltas de ortografía restarán hasta 2 puntos. Y en asignaturas más técnicas, como matemáticas, la penalización será hasta máximo 1 punto o incluso no aplicarse, según la comunidad.

Falta de plazas en las universidades públicas

Tras examinarse y recibir las notas de la PAU, los estudiantes tendrán que decidir qué carrera universitaria cursar. Sin embargo, la escasez de plazas en las universidades públicas hace que incluso estudiantes con notas excelentes no puedan acceder a determinados grados, teniendo que replantearse pagar una privada, o incluso irse al extranjero.

A pesar del aumento de alumnado universitario en los últimos años, las plazas siguen estancadas, lo que se traduce en que ni aun rozando la nota máxima, pueden entrar en la carrera que quieren. Por ejemplo, cada plaza que se ofrece en las universidades públicas españolas en los grados de Medicina tiene 11 aspirantes. Una auténtica batalla campal que acaba dejando a muchos estudiantes fuera de la ecuación. 

Estas notas de corte tan elevadas se explican por la inflación de las notas del Bachillerato y la creciente competitividad entre el alumnado. Las carreras que piden más de un 13 para acceder ascendieron el año pasado hasta 73, frente a las 13 de hace una década, en el curso 2015-2016.

La música es más cara que las matemáticas. Los idiomas, también. Pero los reyes son el canto y el tenis. El sector de las clases particulares marcha en España, subido a una espiral en la unos no se quieren quedarse atrás en clase y otros, que no necesitan este refuerzo, apuestan por diferenciarse de los demás perfeccionando habilidades y conocimientos. Puede ser para ampliar el universo personal (instrumentos, deporte) o mantener el académico (lenguas extranjeras, ahondar en materias); se da en presencial y, desde la pandemia, mucho a distancia también, según una radiografía del sector realizada por el portal especializado TusClasesParticulares.com en base a 70.000 anuncios.

El precio mediano de una clase particular en España es de 15 euros la hora, según este análisis. Las más caras se van hasta los 25 (siempre con medias, se han eliminado los extremos para no distorsionarlas) mientras las más baratas caen hasta unos 10. Puede haber diferencias de hasta el 50% en el precio entre las grandes ciudades y localidades más pequeñas y, destaca el informe, lo online no significa necesariamente más asequible porque es ahí donde se ofrece el profesorado especializado, más escaso.

Una de cada dos familias (un 47%) con hijos en edad escolar recurre a las clases particulares, según recogió el estudio Educación en la Sombra, realizado por EsadeEcPol en 2023, y la previsión es que este mercado solo crezca. Actualmente, está valorado en unos 2.000 millones de euros anuales, según Deep Market Insight, que calcula que subirá un 9% anual hasta 2033 apoyado en la incorporación a este sector de hogares con menos poder adquisitivo. Esade calcula que cada estudiante gasta 270 euros al año, de media, en esta partida.

“La demanda continúa al alza”, corrobora Albert Clement, CEO de TusClasesParticulares.com. “Y esto es especialmente relevante porque sabemos que la natalidad en los últimos años ha caído, por lo que los jóvenes en edad de recibir clases son menos. La penetración de este tipo de servicios se ha incrementado”, sostiene.

La "educación en la sombra" se consolida como un bien de primera necesidad, según interpreta Esade el comportamiento que ha tenido el sector en los últimos años: "La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no le ha afectado; es el caso en todos los hogares, incluidos los de menores recursos”

La educación en la sombra se consolida como un bien de primera necesidad, argumenta Esade en base a su comportamiento en los últimos años: “La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no parecía haberle afectado en absoluto, y (...) además es el caso en todos (...) los hogares, incluidos los de menores recursos y los que más sufrieron el impacto de la Gran Recesión”.

Los datos dicen que el sector crece apoyado en un “cambio de paradigma”, explica Clement. “Empieza a haber muchas familias que recurren a estos servicios para complementar la formación que ofrece la escuela; hasta ahora el uso más habitual era para mejorar y no quedarse atrás”. Según este experto –el portal está integrado en una red internacional– España estaba históricamente a la cola de Europa en este uso de las clases particulares, situación que está cambiando.

El análisis de Esade respalda esta afirmación. El 30% de las familias más humildes paga clases particulares para sus hijos, un dato que las más pudientes duplican, con un 60%, según el informe. De cada tres euros que se invierten en las clases particulares, dos se destinan a “ampliar y perfeccionar” y el otro a “reforzar y recuperar”; el afán diferenciador se va imponiendo.

“La hipótesis de que las familias con más capacidad de gasto tienden a gastar más en clases particulares para ampliar y perfeccionar cobra fuerza cuando vemos que los hogares más ricos gastan más en clases de idiomas y de artes. En el quintil 5 [el 20% de los hogares más adinerados], la combinación de ambas asciende hasta el 74% de su gasto, mientras que se queda en el 45% en el Q1 [el 20% más humilde]. Las clases particulares de materias centrales del currículum, que se atribuyen a clases de refuerzo y recuperación, son el gasto mayoritario en los dos quintiles inferiores, para después caer con fuerza en los tres quintiles superiores hasta llegar a un mero 18% del total del gasto en el quintil más rico”, exponen los autores.

La familia de Rosa –quintil uno– es la personificación en un solo hogar de esta descripción. El hijo pequeño, con más problemas de rendimiento académico, recibe clases particulares de materias como Matemáticas o Física. El mayor, con más facilidad para el instituto, aprende robótica o programación fuera de la escuela. “Nos funcionan muy bien las dos”, asegura. “Un dinero bien invertido”. En su caso, tradicional como es, prefiere (y ha encontrado) un profesor a domicilio.

La especialización se paga

El diferente uso de las clases particulares puede explicar la situación del mercado que dibuja el informe de TusClasesParticulares.com. Un mercado en el que las clases particulares no dedicadas a cuestiones estrictamente académicas (idiomas aparte por su propia idiosincracia) son más caras que las destinadas al refuerzo de materias.

Así, las clases particulares de deportes, música y artes ascienden de media a 20 euros la hora, las categorías más costosas. Le siguen los idiomas y la tecnología, con 15 euros por cada 60 minutos. Las cuestiones más ligadas a las clases de la escuela o el instituto –humanidades, matemáticas y ciencia y apoyo escolar– caen al rango entre los 13 y los 10 euros.

El informe del portal especializado también muestra que lo online, quizás contraintuitivamente, es más caro en algunas áreas porque es el espacio en el que se mueve el profesorado especialista, que escasea y lo cobra, explica Clement.

“Según sube el nivel del alumno el profesor tiene que estar más especializado”, explica el CEO. “Y en las clases a distancia se está configurando un segmento muy profesionalizado, con un perfil muy alto, que por el exceso de demanda de estos perfiles puede ser más caro”.

En Matemáticas, Euskera, Música, Programación, Alemán, Química, Español para extranjeros, Economía, Inglés y para la ESO en general el precio de las clases a distancia sube, en el orden citado, entre un 36% y un 6,7% extra, según TusClasesParticulares.com.

Respecto a las ciudades, Barcelona, Madrid y Palma copan el podio de las más caras con 15 euros la hora de precio medio, cifra que va cayendo hasta los 10 euros de Córdoba y Granada, las localidades donde la enseñanza privada es más asequible.

¿Se amplía la brecha?

Los autores del informe de Esade analizaban si el diferente modo en que unas familias y otras utilizan las clases particulares acaba suponiendo que se amplía la brecha que existe de partida entre hogares acomodados, que rinden mejor en la escuela, y los más humildes.

Ángel Martínez, economista investigador en EsadeEcPol, explicaba cauto que “para saberlo a ciencia cierta habría que cruzar los datos con los resultados educativos” y argumentaba que “la diferencia entre quintiles [de renta] no es tan grande como estamos acostumbrados”, aunque admitía que “puede ser que aumente la desigualdad”. El otro autor, Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED) y Senior Policy Fellow de Educación en EsadeEcPol, era más categórico: “Sin duda son un factor de desigualdad. Las clases particulares distinguen a los más ricos, la novedad es que las clases medias se están incorporando”.

Efecto dominó. CCOO y UGT, junto a la confederación de AMPAS Confapa, convocarán una huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid a partir del primer día del próximo curso, según ha adelantado El País. La región más rica de España y la que menos invierte en sus colegios e institutos sigue así la senda de las maestras de Infantil de la comunidad, que suman un mes y medio de paro continuado, y de sus compañeros de la Comunitat Valenciana, que cuentan dos semanas ya.

Unas horas después de que se conociera esta convocatoria –pero no motivada por ella, porque no la conocían– Menos Lectivas, una organización de docentes, ha comunicado que su asamblea había tomado la misma decisión esa misma tarde. De la mano del sindicato CGT, también llamará a la huelga general indefinida en el mes de septiembre, a partir de una fecha aún sin concretar, han anunciado.

La idea de CCOO, UGT y Confapa es unir a todos los sindicatos de la comunidad en la protesta, han explicado fuentes de las organizaciones. Menos Lectivas ha contado que no han podido abordar la cuestión porque la han conocido al final de su reunión. Abordarán el tema más adelante.

“Venimos de un ciclo de movilizaciones en el tercer trimestre y pensábamos en una huelga para iniciar el curso, pero no en una indefinida”, admite Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Pero el contexto ha cambiado. Ha cambiado con lo que están haciendo las compañeras del 0-3, hay una sensación de que los trabajadores están cambiando su forma de ver las movilizaciones”, asegura. Tras unas semanas de trabajo previo CCOO hizo este martes una asamblea a la que acudieron 280 personas –“una cifra muy alta para este tipo de cosas”–, muchos de ellos en representación de las plantillas de sus centros. “Votaron unánimemente que huelga indefinida”, explica. Pues huelga indefinida.

Las reivindicaciones son similares a las que presentan profesores por todo el país y van en dos línas: las mejoras laborales y una inyección de recursos que mejore el sistema con carácter general. “Pedimos subida salarial (tenemos los salarios más bajos, o como poco por debajo de la media del país, pese a ser la región más rica); bajada de horas lectivas en Infantil y Primaria a las 23 (ahora son 25) y de Secundaria a 18 (desde las 20 actuales); bajadas de ratios de alumnado por clase, especialmente para la atención a la diversidad; inversión en infraestructuras (hay centros con goteras); y menos burocracia”, explica la primera parte Chema Pinto, responsable de Enseñanza Pública de UGT.

Más recursos, en general (más dinero) permitirán mejorar un sistema que cada vez requiere más atención personalizada, pero no pone los medios para brindarla. “Llevamos años denunciando esta falta de inversión en educación pública en general, que repercute en todo: recursos para atender la diversidad en las aulas, acoso, profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales... Con más recursos se pueden solventar algunos de estos problemas”, sostiene Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de Confapa. También se reivindican otras cuestiones que no entran en esas dos categorías pero que afectan directamente a las familias, como la falta de plazas públicas en la FP, que “obliga a ir a la privada”.

San Millán explica que ahora el objetivo es lograr la unidad sindical, una de las razones por las que la huelga espera a septiembre. Las organizaciones se dan ese plazo para alcanzar un mínimo acuerdo sólido entre ellas, que permita negociar con el Gobierno regional en bloque, y también para ofrecer a la consejera, Mercedes Zarzalejo, la oportunidad de enmendar su política antes de que llegue el paro. Como ha pasado en la Comunitat Valenciana, donde la huelga sostenida durante dos semanas ha obligado al consejero al menos a sentarse.

La Comunidad de Madrid es la más rica de España, pero aparece sistemáticamente entre los últimos lugares (habitualmente el último) en inversión en Educación. El Gobierno regional destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional. También está entre las que peor paga a sus docentes: el complemento de destino en Euskadi es de 400 euros mayor que el madrileño.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a ceder unos 80 institutos públicos de la región para alojar peregrinos durante la visita del Papa a Madrid el próximo mes de junio, según informó este lunes el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso en una nota. El comunicado especifica que este uso se realizará desde la tarde del viernes 5 de junio hasta la noche del domingo 7, por lo que no interferirá en la actividad lectiva regular de los centros.

La acogida de peregrinos y voluntarios por la visita del santo padre se circunscribirá exclusivamente a zonas como patios y gimnasios, según informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que no descartó que el número de centros educativos pueda incrementar en los próximos días, ya que la Comunidad ha ofrecido hasta 100 colegios e institutos a la organización.

El sindicato STEM ha rechazado el uso de recursos públicos en favor de la Iglesia católica. “Es esta organización quien tiene que garantizar el alojamiento de quienes quieran acudir a la visita del Papa, organización que, por otra parte, ya se beneficia de múltiples privilegios por parte del Estado en sus diferentes niveles administrativos”, sostiene la organización.

“El privilegio de no pagar un alojamiento como el resto de turistas no tiene por qué facilitárselo la administración mediante la cesión de espacios que son de todos, más aún habiendo multitud de edificios escolares o de culto que gestiona la propia iglesia católica”, añade STEM. Solo Escuelas Católicas, la organización de la iglesia que gestiona sus centros educativos, tiene unos 350 escuelas en toda la región, según su propia web, la mayoría de ellas concertadas, y por tanto sostenidas con dinero público.

La medida podría ir contra la normativa propia de la Comunidad, que establece con carácter general que para utilizar los institutos públicos hay que pedir permiso al centro, aunque una orden posterior da un cierto margen a la administración.

Un decreto, una orden

La Comunidad explica en su nota que “ha ofrecido” los centros a la organización, sin especificar más, y profesorado de al menos dos de los institutos seleccionados en la ciudad de Madrid ha confirmado que no se ha solicitado permiso alguno. La normativa es ambigua.

El decreto 11/2018, por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid establece que para utilizar un centro público hay que pedirlo y tiene que ser aceptado por el Consejo Escolar.

Dice el artículo 5.1a de este texto: “La solicitud [de uso], junto con la documentación pertinente, se dirigirá al centro escolar con una antelación mínima de veinte días hábiles respecto del comienzo previsto para la actividad a desarrollar. El Consejo Escolar del centro emitirá informe acerca de la solicitud recibida en el que, en todo caso, deberá señalar que el uso solicitado no interfiere en la actividad escolar del centro. Este informe se remitirá junto con la solicitud y documentación presentada por el solicitante a la Dirección de Área Territorial correspondiente. El Director de Área Territorial resolverá, al menos, con siete días hábiles de antelación al inicio de la actividad”.

Pero la orden 2355/2019, que desarrolla el anterior decreto, abre una pequeña puerta en algunos casos al fijar que “en aquellos centros en los que existieran instalaciones poco habituales entre las ordinarias de los centros educativos, tales como salones de actos o auditorios, con baja intensidad de uso por el propio centro en el desarrollo de las actividades que les son propias, se podrá autorizar la utilización de dichos espacios por terceros, aun dentro del horario lectivo, siempre que no interfiera en ninguna actividad prevista por el propio centro” (artículo 3.2).

El sindicato cierra mostrando sus “serias dudas acerca de los procedimientos formales y la responsabilidad civil durante los días de apertura de las instalaciones al turismo religioso, de quién es la responsabilidad por el uso de estos centros educativos, qué trabajadores desempeñarán sus funciones en los mismos, cómo se organizará el servicio y si los representantes legales de las plantillas han sido informados de las posibles modificaciones de las jornadas de trabajo de personal no docente”.

La Comunidad de Madrid tampoco ha respondido a estas preguntas.

El proyecto de ley que tramita el Gobierno para reducir las ratios de estudiantes por aula y bajar las horas lectivas del profesorado le va a costar al Estado unos 2.818 millones de euros netos al año, según ha calculado EsadeEcPol en su informe La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico, durante una década.

Esta cifra media supone el 4% del gasto educativo total que realizó el Estado el año 2024, último con datos oficiales, pero alcanzará picos de hasta el 7,2% (5.169 millones de euros) el curso de máximo impacto debido al calendario de implantación progresiva. En total, según EsadeEcPol, Gobierno y, sobre todo, comunidades autónomas, invertirán 28.180 millones de euros en este programa en la próxima década.

Para los cálculos se parte del coste de crear nuevas aulas en las escuelas y contratar más profesorado para ajustarse a las ratios máximas de 22 estudiantes en Primaria y 25 en la ESO que fijará la nueva ley, siempre que sea aprobada por el Congreso (4.293 millones de euros anuales). A esa cantidad hay que restarle el ahorro que va a suponer la caída de la natalidad que va a llegar a la escuela en los próximos cursos porque liberará a docentes que se podrán utilizar para esta rebaja (1.475 millones de euros). Se ha obviado el efecto de reducir la semana lectiva del profesorado porque es una medida que tendrá menos impacto, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ya la aplica.

Tres comunidades acaparan el gasto

El programa implicará, sostiene Esade, una inversión desigual. Dos de cada tres euros se destinarán a Andalucía, Catalunya y Madrid. Son las tres regiones con más alumnado, pero no acumulan tanto como el 63% del gasto que acapararán: suman aproximadamente el 50% de todos los estudiantes de Primaria y Secundaria.

Este desfase tiene que ver con el reparto del alumnado por los centros y la necesidad de ajustarse a las nuevas ratios o no de los diferentes colegios e institutos. Los tres factores que más inciden en el coste son “un volumen de alumnado elevado, ratios medias por encima del umbral de la reforma y una prevalencia relativamente alta del alumnado con necesidades educativas especiales” (cuentan doble a la hora de establecer las ratios), sostiene el informe, características que se dan en estas tres autonomías con más frecuencia que en el resto.

“Es mucho dinero”, reflexiona Lucas Gortázar, coautor del informe. “No estamos en contra de invertir ese dinero, todo lo contrario, pero pensamos que hay mejores maneras de hacerlo que bajando las ratios de todo el mundo por igual”, sostiene apoyado en un estudio previo, también de EsadeEcPol, que argumentaba que quitar dos estudiantes en una clase de 25 personas no tiene excesivo efecto (académico, principalmente).

Gortázar admite que puede resultar impopular esa afirmación en un contexto de fuertes huelgas docentes por medio país, pero cree que ese presupuesto tendría más sentido en acciones más dirigidas, como mejorar las condiciones salariales específicamente del profesorado que trabaje en centros de alta complejidad (una medida que en países como EEUU ha aprobado con éxito), por ejemplo, reforzar el exitoso programa de refuerzo extraescolar PROA+ o tutorías intensivas a gran escala, además de, también, bajar las ratios a los centros que más lo necesiten.

31% vs 22%

Porque, si no, se va a destinar más dinero (un 31% del total de la inversión) a centros con alumnado del primer cuartil socioeconómico (el 25% de los más acomodados) mientras que colegios e institutos que atienden a hogares del último cuartil recibirán un 22% de los fondos. Esto se debe básicamente, sostiene Esade, a que los estudiantes más ricos tienen ratios más altas y, por tanto, más aulas que desdoblar. La pregunta es si lo necesitan tanto.

EsadeEcPol sostiene que no, y cita el propio anteproyecto de ley, que en su exposición de motivos (la parte de una norma que la justifica) reconoce que “los mayores beneficios educativos de las reducciones de ratios se observan cuando estas intervenciones se realizan en determinados centros docentes. Centros en los que existe una elevada diversidad académica o un elevado número de estudiantes con necesidades complejas, como dificultades lingüísticas o necesidades especiales de apoyo educativo o ubicados en zonas de especial complejidad social”.

Una acción selectiva que el proyecto del Gobierno no hace y que va en línea con el anterior estudio de Esade, que sostenía que el efecto de bajar las ratios (cuando ya son relativamente bajas, en torno a 25 estudiantes por aula) es pequeño. “No se identifican efectos significativos sobre el rendimiento, el bienestar subjetivo del alumnado ni en la repetición”, sostiene aquel informe. Tampoco “se generan subgrupos con beneficios sustanciales (...) ni por nivel socioeconómico ni por curso o materia ni por características de centros docentes ni por la frecuencia de prácticas individualizadas”. Esto es, no hay beneficio significativo ni para el conjunto del estudiantado ni para algún pequeño grupo de alumnos, normalmente los más desfavorecidos, en básicamente ningún tipo de centro.

Este estudio levantó una cierta polémica entre la comunidad educativa, con voces a favor y en contra. Entre quienes lo rechazan se argumenta que “la educación no puede ser un cálculo financiero” y que “reducir la ratio del aula no es una varita mágica, pero tampoco es una variable neutra. Actúa como amplificador o amortiguador de otras dinámicas: la diversidad del grupo, la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, el nivel de disrupción, el clima emocional, la calidad de la interacción docente-estudiante. En un grupo de quince alumnos/as, esos factores operan de una manera; en uno de treinta, de otra muy distinta”, según escribía Teresa Esperabé, secretaria de Enseñanza de CCOO, en este artículo.

Gortázar admite que “es un momento complejo para la profesión, hay huelgas y las ratios son unas de las banderas de las movilizaciones”, en alusión a las protestas docentes que tienen paralizada la educación valenciana, catalana y la infantil en medio país, pero añade que “no necesariamente es una medida que vaya a ayudar al profesorado y al alumnado que más lo necesita”.

De fondo sobrevuela otra cuestión. Las dos ministras de Educación que ha habido desde las últimas elecciones, Pilar Alegría y Milagros Tolón, han calificado esta como “la legislatura del profesorado”, una vez aprobadas la ya no tan nueva ley educativa (Lomloe) y la de Formación Profesional (FP). Pero la “legislatura del profesorado” avanza sin avances, el Estatuto Docente del que habla la Lomloe no está ni se le espera en el corto plazo y la medida que debe mejorar la situación del profesorado depende ahora de que el Congreso apruebe una propuesta que carga la mayor parte del gasto en las comunidades autónomas, lo que puede poner en cuestión el apoyo necesario del PNV (descontado siempre el PP).

“Y de una supuesta reforma de la profesión docente acabamos en una medida que puede tener mucha demanda, pero creemos que ni siquiera ayuda a la profesión docente. Vas a hacer menos informes, sí, pero eso no es un cambio estructural”, cierra Gortázar.

Cierre de grupos, turnos (de tarde, sobre todo) que desaparecen, asignaturas optativas eliminadas, clases masificadas, profesorado impartiendo más horas de las que les corresponde por contrato... La Universidad Complutense de Madrid (UCM) prepara el curso que viene rebuscando bajo las piedras dónde recortar para cumplir con el Plan Económico y Financiero (PEF) que aprobó el rectorado para cuadrar las cuentas del centro, inmerso en un déficit presupuestario en los últimos años, y para empezar a devolver el crédito de 33 millones de euros que tuvo que pedirle a la Comunidad de Madrid ante la falta de financiación de la propia Comunidad de Madrid.

El rectorado de la universidad, cuentan varias fuentes, ha optado por pedirle a las distintas facultades que le propongan recortes en los grados y cursos que imparten en función de la ocupación, matriculaciones, etc. Una medida que se une al tijeretazo del 35% en los gastos generales que le impuso a los centros el pasado curso y que viene acompañada de un aviso a quien se niegue, según explican personas cercanas a varios decanatos que han visto los mensajes: a la facultad o departamento que rechace cierres no se le cubrirán bajas ni se le concederán sustitutos. Este periódico ha preguntado sobre este punto a la universidad, que no ha contestado.

La Plataforma x la UCM ha identificado propuestas de cierre de grupos en al menos siete facultades, y en otras dos se plantea clausurar un turno completo, mañana o tarde, entre ellas Sociología, Bellas Artes, Geografía o Comercio y Turismo. En Ciencias de la Información la UCM fuentes de la facultad cuentan que el rectorado quiere acabar con una de las ocho líneas de Periodismo, lo que en sí mismo supondría cerrar 67 grupos. En Ciencias Políticas van a “hibernar” un grupo entero de 2º de Antropología (se deja de ofrecer durante un curso o más, pero con la idea de recuperarlas) y otras materias optativas con poco alumnado, además de un grupo de 3º de Políticas y otro de 3º de Sociología.

Esta idea —cerrar el turno de tarde— es una de las opciones que más se están proponiendo en varias facultades, una medida que rechazan desde la Plataforma x la UCM porque afecta especialmente a los estudiantes que a la vez trabajan, explican, lo que va en contra tanto de los Estatutos de la UCM como de la ley universitaria (ambas tienen una fórmula similar a: “El estudiantado tendrá derecho (...) a un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”).

Dimite una decana

El último foco de conflicto ha estallado en la Facultad de Documentación. Este centro, de los más pequeños de la universidad, ha vivido una última semana agitada desde la marcha de protesta que realizaron estudiantes y profesorado el miércoles 13 por el cierre de uno de los turnos.

La Asamblea de estudiantes de esta facultad informó de que en una reunión el 21 de abril de 2026 se les explicó que “se habían llevado tres propuestas [de ahorro] desde Decanato al Vicerrector: la grabación de las clases, el mantenimiento de los turnos e ir cerrando desde primero hasta cuarto año a año, y el trabajo por parte de los profesores que quisieran dar esas clases del turno que se cerrará a coste cero”.

Según el relato estudiantil, “la propuesta de 'trabajo a coste cero' fue la que le pareció 'viable' al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado”, Julio Banacloche, que está pilotando el proceso. El estudiantado se negó a validar ninguna de las opciones.

Después vino la movilización del miércoles 13, que derivó en tensiones internas, según los convocantes, porque la decana, María Olivera, expulsó a algunos manifestantes del centro y llamó a la policía. Olivera, descrita por conocidos como defensora de la universidad pública, ha acabado dimitiendo esta semana, alegando “motivos personales”. La exdecana no ha contestado a los emails de este diario.

¿Vuelta a las clases de 80?

Esta idea de mantener grupos y turnos a “coste cero” para la universidad que se baraja para Documentación ya se ha estado aplicando este curso en algunas facultades, según cuentan fuentes de diversas facultades. “El profesorado imparte más docencia que la que le corresponde, hay gente dando más de las 240 horas de clase [anuales que les corresponden] de manera absolutamente generalizada. Y ya no podemos más”, explica una docente. Esta sobrecarga de trabajo, añade, “afecta sobre todo a las facultades de sociales y humanidades, porque en las facultades más experimentales tienen menos alumnado”.

Otra de las consecuencias del cierre de grupos y/o turnos es que, como explica una profesora, el alumnado no desaparece con ellas. Los estudiantes serán reubicados en otros grupos, devolviendo las clases a unas ratios de otros tiempos, preplan Bolonia, cuando había 80 personas en cada aula.

Y eso en el escenario bueno. Para otros, advierten desde la Plataforma x la UCM, la única alternativa puede acabar siendo la universidad privada. “Cerrar grupos en Humanidades o alguna Filología es más complicado, porque pueden no tener suficientes estudiantes, pero algunos grados minoritarios solo se imparten en universidades públicas en Madrid en la Complutense”, advierte un cargo directivo de una facultad.

"Es difícil sostener" que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. "¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más", sostuvo, mezclando ingresos de todo tipo

La situación viene originada por la infrafinanciación a la que ha sometido la Comunidad de Madrid a las seis universidades públicas de la región en los últimos años y de la que la Complutense es la que ha salido peor parada. El centro perdió 140 millones de euros entre los dos últimos ejercicios y se vio obligado a pedir un préstamo de casi 35 millones de euros a su financiadora para cerrar este ejercicio sin sobresaltos. De esta manera, no transferirle suficiente dinero a la UCM para su normal funcionamiento le va a rendir al Gobierno regional, que ganará unos dos millones de euros en concepto de intereses por el crédito.

Pero el Ejecutivo regional no se siente apelado. “Es difícil sostener” que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. “¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más”, sostuvo aludiendo al acuerdo firmado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores de las universidades públicas el pasado mes de marzo.

El consejero mezcla todo tipo de cifras en su afirmación. La Comunidad no pondrá 14.000 millones de euros más; esa es la cantidad total para el periodo 2026-2031, y ni siquiera es dinero que ponga el Ejecutivo regional. Los específicamente 14.790 millones de euros incluyen la aportación pública (12.294 millones de euros), pero también el capítulo III, que son los ingresos por precios públicos y tasas que tiene cada universidad y que pagan los estudiantes. Esta partida supone ya cada año una parte importante de los ingresos de los centros. Para la Complutense, en concreto, fueron 141 millones de euros por este capítulo III en los últimos presupuestos, lo que supone más de un 33% de transferencia anual que realiza el Gobierno regional (412 millones, según esa misma fuente).

Así, la aportación de la Comunidad de Madrid con sus propios fondos realmente subirá un 41% al final del ciclo 2026-2031, y pondrá sobre la mesa un total de 480 millones de euros extra el último ejercicio, 2031. Dicho de otra manera: el Ejecutivo regional subirá la partida que destina a universidades en 80 millones de euros anuales (de media y para las seis universidades) durante seis ejercicios, para pasar de 1.239 millones a esos 1.700 millones de euros en total. Supondrá, en su momento álgido y sin contar el previsible aumento del PIB que hará el crecimiento relativo aún más pequeño, pasar de una inversión del 0,4% del PIB a poco más del 0,5%. La ley estatal universitaria fija el 1% del PIB como meta para la inversión en universidades.

La Universidad Complutense recibirá específicamente de la Comunidad de Madrid 2.914,2 millones de euros en seis años (son 485 al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio).

“Hasta ahora los recortes solo habían venido afectando a lo ”interno“ de la universidad (contrataciones, recursos materiales en bibliotecas, horas del profesorado), pero ahora ha saltado”, analiza Santiago Cuesta, responsable de Universidad en CCOO Madrid. “Y eso que en los primeros años solo se devuelven intereses del préstamo, cuando lleguen los ejercicios en los que hay que devolver el importe en sí habrá más complicaciones”, cierra.

Cambio de política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que ha enfurecido a varios profesores del centro y catedráticos de todo el estado. La UAM ha modificado este año el criterio para repartir las cátedras entre los diferentes departamentos del centro y ha establecido un sistema por el que los profesores titulares con más experiencia docente e investigadora se quedarán sin opción de acceder a una cátedra, según denuncian varios afectados y respaldan expertos en derecho de todo el país.

El Consejo de Gobierno de la universidad acordó el pasado 12 de diciembre los criterios por los que adjudicaría 39 plazas de catedrático entre los diferentes departamentos del centro. La sorpresa para los interesados vino, cuentan, cuando se conocieron esos criterios: la universidad estableció un sistema por el que la calidad de la docencia solo se valora para el profesorado que en su momento se apuntaran al sistema de evaluación voluntario Docentia —que está vigente solo desde 2007, lo que de facto excluye todo lo anterior— y en el que no hay mucha diferencia entre haber investigado seis años en determinadas circunstancias o 24.

“Han cambiado los criterios completamente, sin consultar a todo el mundo. A los que tenemos alrededor de 50 años nos expulsa del proceso, nunca vamos a ser catedráticos. Está dirigido a perfiles más jóvenes o personas con menos sexenios [los periodos de seis años que acreditan la actividad investigadora]. Las personas con currículum más cualificado se quedan fuera. Dejan fuera la mayor parte de nuestra experiencia docente, infravaloran la investigación de manera que un sexenio y cuatro valen prácticamente lo mismo...”, lamenta Laura Pozuelo, profesora de Derecho en la Universidad.

La Aneca te acredita como catedrático. Una vez acreditado, el mérito y la capacidad de ese profesor están garantizados. Pero este mecanismo de promoción establece una duplicidad, porque la universidad establece unos criterios nuevos, distintos a los de Aneca que te sirvieron para acreditarte

Marcos González — Profesor de Derecho de la UAM

“La Aneca [la agencia estatal que evalúa la calidad universitaria] acredita como catedrático”, añade Marcos González, compañero de Pozuelo y también afectado. “Una vez acreditado, el mérito y la capacidad de ese profesor para ser catedrático está garantizado. Pero este mecanismo de promoción establece una duplicidad, porque la universidad establece unos criterios nuevos, distintos a los de Aneca que te sirvieron para acreditarte”, expresa su incredulidad.

Más de 80 catedráticos de Derecho de 29 universidades de todo el país han firmado una carta abierta a la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, en la que le piden que reconsidere los criterios porque “producen efectos discriminatorios en la justa competencia entre colegas y departamentos” y muestran su inquietud porque “este tipo de sistemas de evaluación puedan ser objeto de imitación y cobren carta de naturaleza en otras universidades”.

Lo habitual, según señalan varios de los afectados y los catedráticos en su misiva, es que las cátedras se concedan por antigüedad, en función de cuándo se acreditó para catedrático cada aspirante, y no con una nueva evaluación de méritos diferente de la que ya realizó la Aneca. En ocasiones, se establecen otros criterios adicionales, como la mirada de género (si hay catedráticas o no) o la estructura de la plantilla de los departamentos para compensar a los que menos tengan.

La universidad ha explicado a este diario que esos son los criterios aprobados por su Consejo de Gobierno, publicados en el BOUAM el 12 de enero, y que no tiene nada que añadir al respecto.

La convocatoria está recurrida ante la justicia después que la UAM haya rechazado un primer recurso interno.

Nada hasta 2007

La polémica principal se centra en la decisión de la universidad de valorar la calidad de la docencia exclusivamente a través del sistema Docentia-UAM, según refleja la convocatoria en su nota 4. El problema, explican los afectados, es que someterse a Docentia era voluntario y muchos veteranos no lo hicieron porque no lo necesitaban; siguieron con el método anterior de encuestas entre el estudiantado y otros elementos. Los más jóvenes sí entraron en el programa, entre otras razones porque contaba como mérito para luego acreditarse como profesor titular. Quedarse fuera de Docentia, sostienen ahora, les puede dejar de facto fuera de la promoción pese a que muchos, como Pozuelo —que en la anterior convocatoria quedó octava para seis cátedras—, sienten que este año podían haber aspirado a ella.

“Como los criterios prohíben valorar de cualquier otro modo los indicios de calidad docente, los años de docencia previos a la implantación de este programa Docentia son evaluados con 0 puntos. Quienes llevan impartiendo docencia desde los años 90 se verán obviamente perjudicados: será como si todos sus años de docencia previos a Docentia-UAM nunca hubiesen sido impartidos”, explica la carta abierta de los catedráticos, que elabora: “Lo más grave es que si alguien no solicitó en su día la evaluación de unos cursos en el programa voluntario Docentia-UAM ya nunca la podrá obtener. (...) Sus méritos de calidad docente se excluirán de por vida. (...) Docentia-UAM solo permite evaluar los últimos 5 cursos. (...) Esto significa que, conforme a estos criterios, todas aquellas personas que no solicitaron en su día una evaluación de cursos ya «precluidos» (anteriores a 2021), verán todos esos cursos valorados con cero puntos.”

“Si el año que viene estas personas solicitan su primera evaluación en Docentia (años 2022 a 2026), podrían obtener hasta 8 puntos de 30. Para conseguir más puntos tendrán que esperar cuatro años hasta poder concurrir a la siguiente evaluación Docentia. Un/a candidato/a de 54 años que nunca hubiese acudido al programa voluntario Docentia para valorar sus encuestas de calidad, proyectos docentes, etc., solo podrá obtener los cuatro tramos de Docentia para estar en igualdad de condiciones con sus competidores cuando cumpla 70 años”, continúa.

Los criterios también excluyen la docencia impartida en otras universidades y fijan que el 60% de la evaluación de la actividad docente, hasta 30 puntos, viene por esta vía. Y sin ellos no se puede competir.

“Sin esos 30 puntos voy por debajo de cualquiera que tenga tres evaluaciones de Docentia”, explica Pozuelo, “pese a que llevo dando clase desde el 94. Pero desde ese año hasta 2007 es como si no existiese. Mis datos de calidad docente los tiene la UAM mediante las encuestas, los proyectos de calidad docente, etc., pero le da igual”, añade. “Los criterios son comentables y cada uno mira por sus intereses”, concede González, “pero el de Docentia genera claramente desigualdad. No es obligatorio para nada, no lo exige Aneca, pero de repente se convierte en un criterio clave...”.

En anteriores convocatorias Docentia era un complemento en la evaluación, otorgaba un máximo de seis puntos.

6=24

Algo parecido pasa con la evaluación de la actividad investigadora. Los criterios de la UAM establecen que esta se medirá exclusivamente a través de los sexenios (periodos de seis años de investigación demostrable) reconocidos por la Aneca. Pero el sistema otorga rápidamente una puntuación alta, que luego apenas sube.

Este apartado concede un máximo de 35 puntos, pero se pueden alcanzar 27 “con un solo sexenio, siempre que esté vivo y activo, y abarcase al menos un año predoctoral”. A partir de ahí, cada nuevo sexenio (a partir del tercero, el segundo no cuenta) suma tres puntos más.

Traducido: un investigador con un sexenio activo, vivo y que cubra el periodo predoctoral (o sea, relativamente cercano a la lectura de la tesis, lo que habitualmente se hace alrededor de la treintena) tendrá 27 puntos con esos seis años de investigación; otro con cuatro sexenios reconocidos (24 años de investigación) suma 33.

“El efecto producido es la devaluación de los currículums más largos y meritorios, para equipararlos artificiosamente a los más breves y de méritos todavía escasos. Un CV con uno o dos sexenios tiene prácticamente la misma puntuación que otro con cuatro sexenios”, sostienen los catedráticos en su carta a la rectora.

Y concluyen: “Todo ello nos lleva a solicitarte la reconsideración de estos criterios, que son contrarios a la exigencia constitucional de valorar con imparcialidad el mérito y capacidad de los académicos y académicas que concurren en estos procesos de promoción; y que no solo afectan a las compañeras y los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, sino que nos afectan a todos como miembros de la comunidad universitaria”.

¿Cómo estás? Si eres docente (no universitario), ánimo. Es bien fácil que estés en huelga en Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragón o Madrid. Si no lo estás ahora, probablemente has pasado por ahí hace poco. Si estás sufriendo la huelga te pediría un mínimo de comprensión: están luchando por algo que es de todos. Por ti, por tus hijos e hijas. Y los paros indefinidos, como se están celebrando en alguna comunidad, son duros. Y caros. Que se lo digan a las maestras de Infantil de Madrid, que llevan un mes (un mes sin sueldo). Pero se organizan y resisten.

Últimamente tengo la sensación de que me repito. De que suelto la palabra “histórico” con cierta facilidad. Pero es que realmente creo que la situación educativa y la reacción del profesorado lo merece. A la huelga general de la semana pasada sin precedentes en Infantil se han sumado ahora otra en la Comunitat Valenciana que tiene al Gobierno autonómico de Pérez Llorca contra las cuerdas y otro paro en Catalunya que debería preocupar a Illa.

El viernes miles de docentes valencianos culminaron la semana entera de huelga con una manifestación “histórica” (ahora no lo digo yo, cito a nuestro redactor Miguel Giménez) en València que, diría, ha desbordado a la Generalitat valenciana por su alcance y está empezando a quemar a Pérez Llorca. A los cuatro días de un paro que exige mejoras laborales, pero también del sistema, el Ejecutivo se reunión con los sindicatos para ofrecerles un acuerdo que las organizaciones tacharon de “insultante”, que no incluía siquiera una mejora salarial, pese a que la Generalitat valenciana presume de ganar cada vez más, impuestos mediante.

(Subida que, por cierto, la consejera sí concedió a su propio gremio, los inspectores de Educación. Te dejo aquí un perfil de Carmen Ortiz para que sepas quién es la mujer encargada de resolver el marrón que le ha dejado su antecesor, José Antonio Rovira).

El principal sindicato valenciano, STESPV, contraofertó a la no oferta gubernamental: 500 euros mensuales y una reducción drástica de las ratios. Este lunes la consejería ha ofrecido 120 euros (en total), que han sido convenientemente rechazados. El reloj corre para la consejera: más de 350 directores también se reunieron ayer y amenazan con dimitir en bloque el jueves si no hay acuerdo.

De momento no lo hay, y la huelga sigue. Poca sorpresa, cuando el president diciendo que “algunas reivindicaciones son muy políticas”. Ya hay que ser desubicado para hacer reivindicaciones políticas en una huelga.

De Aragón a Catalunya

En Catalunya no le han andado a la zaga a sus vecinos. Igual los paros no son históricos, pero solo porque es la tercera oleada este curso y el adjetivo encaja mejor con la segunda, que se desbordó. Pero la protesta sigue y la idea de esta Generalitat de infiltrar a policías en asambleas de docentes que preparaban la huelga no ha ayudado. Aún quedan tres paros territoriales y dos generales por delante.

Esta semana se plantea como clave, nos cuenta Pau Rodríguez desde Barcelona. El Govern aprueba previsiblemente los presupuestos (veremos si con algún caramelito para el profesorado) y el miércoles se reúne con los sindicatos en busca de una salida. Hemos hablado largo y tendido de esta huelga, pero por si se te ha escapado en esta pieza os recordamos el estado de la educación catalana y las causas del malestar docente.

En Aragón la protesta, esta vez, se debe a la concertación del Bachillerato que ha impulsado el Gobierno de Azcón (normalmente se suele concertar la etapa obligatoria, aunque en algunas comunidades han saltado al 3-6 y al Bachillerato hace tiempo ya). Hay huelga hoy y mañana, después de que la semana pasada la plataforma de la Educación Pública interrumpiera el primer pleno de la legislatura entre gritos de protesta.

Por cierto, que en todas partes cuecen habas y en Buenos Aires también se celebró la semana pasada una marcha masiva, más de medio millón de personas según algunos cálculos, contra los recortes en las universidades públicas.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El pulso entre las universidades públicas y el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha atravesado buena parte de la legislatura del ahora candidato del PP a la reelección, hasta convertirse en uno de los focos de contestación política dentro de la campaña electoral andaluza.

Los últimos cuatro años del PP al frente de la Junta han sido los de mayor tensión que se recuerdan en el ámbito universitario andaluz, debido al conflicto que los rectorados de las universidades públicas han mantenido con la administración autonómica en dos frentes principales.

Por un lado, el controvertido avance de las universidades privadas –que han pasado de una a cinco desde la llegada de Moreno a la presidencia–. Y, por otro, el “incumplimiento” del modelo de financiación, que los rectores llevan dos años denunciando hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales.

En paralelo a las tensiones institucionales, el conflicto ha terminado por extenderse a la comunidad universitaria. Durante el último año, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios de las distintas instituciones andaluzas –sobre todo en Jaén y en Málaga– han comenzado a organizarse en torno a plataformas en defensa de la universidad pública, protagonizando movilizaciones por una financiación justa y contra lo que consideran una tendencia hacia la mercantilización del sistema.

Actualmente, ese movimiento trabaja ya en coordinación a escala autonómica con el objetivo de consolidar una estructura estable de movilización y mantener las protestas más allá del ciclo electoral. Aseguran que las protestas continuarán “gobierne quien gobierne”, aunque preocupa especialmente la continuidad del actual Ejecutivo del PP, como apuntan las encuestas. “Moreno lleva ocho años y si hubiera querido hacer algo bueno por la pública, lo hubiera hecho ya”, señala al respecto Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública, precursora de la coordinadora andaluza.

De Málaga a Sevilla: el germen de un movimiento coordinado

El origen de esta coordinación andaluza se sitúa en la Universidad de Málaga (UMA), donde hace justo un año surgió una de las primeras plataformas para defender los intereses de la pública. La situación financiera de la UMA es especialmente compleja, pues permanece bajo supervisión financiera de la Junta después de que el Gobierno andaluz inyectara un crédito extraordinario para rescatarla de una crisis “sin precedentes” en diciembre de 2024.

A partir de entonces, explican desde la plataforma, el rectorado llevó a cabo “una serie de recortes” que llevaron a los distintos colectivos de la comunidad universitaria a plantear la necesidad de dar una respuesta conjunta ante la situación de “infrafinanciación” que percibían. A ello sumaron también la crítica del auge de las privadas, ya que Málaga concentra el mayor desembarco de centros privados de la comunidad andaluza.

Ese malestar, que había estallado primero en la UMA, pronto comenzó a resonar en otras universidades públicas. En la Universidad de Sevilla, la más grande de Andalucía, el conflicto que venían denunciando sindicatos como CCOO adquirió una nueva dimensión cuando el Rectorado anunció a mediados de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros. Entre otras medidas, se reducirá el número de grupos, se cerrarán algunas facultades en turno de tarde y se limitará la contratación de profesorado.

En ese momento, la comunidad universitaria de la Hispalense impulsó su propia plataforma –USxlaPública– en un proceso que, según sus portavoces, se inspiró tanto en la experiencia malagueña como en el movimiento universitario de Madrid. “Vimos que el patrón se repetía y que la causa es la misma: la política del Gobierno andaluz de asfixiar a la universidad pública”, recuerda Ana Rincón, portavoz de USxLaPública y enlace en la coordinadora andaluza.

Al detectar también esas reivindicaciones compartidas entre universidades, Salvador Pineda empezó a contactar con sus homólogos en otros campus. Un mes después de esas conversaciones iniciales, convocaron la primera manifestación de la nueva red de Universidades Andaluzas x la Pública, a las puertas de la campaña electoral del 17M. Pero ese fue “solo el inicio” de un proceso de organización más amplio en el que trabaja ya la coordinadora andaluza, como afirman sus impulsores.

Más allá de las elecciones

Ese proceso de coordinación ha cristalizado en un movimiento que prepara ya nuevas acciones de protesta para el próximo curso, ante el temor de que Andalucía reproduzca el modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que es la que menos dinero destina a sus universidades públicas. También allí la expansión de universidades privadas ha superado ya en número a las públicas, (13 frente a 6), en un escenario que desde Andalucía se percibe como un posible horizonte si no se corrige la tendencia actual.

En la comunidad andaluza, antes de la llegada de Moreno a la Junta, existía una única universidad privada —la Universidad Loyola, en Sevilla—, mientras que en la actualidad hay cinco autorizadas y otras seis se encuentran en distintas fases de tramitación. Para los colectivos universitarios, este crecimiento refleja un cambio de paradigma en el sistema universitario andaluz impulsado por las “políticas privatizadoras” que atribuyen al Gobierno de Moreno.

Por ello, trabajan en la consolidación de una estructura estable de movilización con vistas a articular una respuesta coordinada frente a lo que consideran un deterioro progresivo del sistema público.

La universidad en el tablero político

La universidad se ha consolidado así como uno de los asuntos con mayor carga política en el debate público, junto a la sanidad. Aunque tradicionalmente ha sido un sector menos movilizado en las calles que otros servicios públicos, la combinación de infrafinanciación, tensiones institucionales y expansión del sector privado ha activado un nivel de organización inédito en el ámbito universitario andaluz.

Los colectivos implicados aseguran que su intención es mantener la movilización con independencia del resultado electoral del próximo 17 de mayo, aunque reconocen que la continuidad del actual Gobierno autonómico será un factor determinante en la intensidad del conflicto en los próximos meses.

En ese contexto, el movimiento universitario andaluz se prepara para un nuevo ciclo de protestas a partir del próximo curso, con la intención de asentar una movilización estable que ya no se limita a los rectorados y que aspira a convertir la defensa de la universidad pública en uno de los grandes frentes sociales de la próxima legislatura.

Apenas 24 horas después de que la Conselleria de Educación planteara a los sindicatos educativos un documento que los representantes del profesorado consideran insuficiente para alcanzar un acuerdo, decenas de miles de personas han llenado las calles de la ciudad de València para exigir la dimisión de la consellera, Carmen Ortí, y que el Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca atienda sus reivindicaciones (Delegación del Gobierno cifra la participación en más de 35.000 personas en la marcha). La propuesta de Educación dejaba fuera la subida salarial, la reivindicación que sirvió de detonante a la huelga indefinida que comenzó el pasado lunes, y ambas partes se emplazaron al próximo lunes para seguir dialogando después de una reunión que duró más de cuatro horas y media y que demostró que las posturas todavía están bastante alejadas.

Los docentes, que se han desplazado a València desde diferentes puntos del territorio valenciano, se han ido acercando a lo largo de la mañana al centro de la ciudad, desde donde ha comenzado la marcha pasadas las 12 horas. Algunas columnas de manifestantes han llegado a la capital valenciana a pie desde poblaciones cercanas, protagonizando alguna sentada y algún corte de tráfico en alguna de las grandes vías. La marcha, acompañada por música de banda y de charangas, además de por una muixeranga, ha llenado las calles Colón y Xàtiva hasta la plaza de San Agustín y la Calle San Vicent, lo que ha retrasado su inicio.

Los representantes sindicales, que han recibido la visita de la ministra de Universidades, Ciencia e Innovación y líder del PSPV, Diana Morant, destacaban que estamos ante una jornada “histórica”, pero también ante un día “triste” porque se haya tenido que llegar a esta gran manifestación después de cinco días de huelga indefinida y dos paros de un día: “Esperemos que la conselleria ponga la semana que viene las medidas detalladas en un documento con mejoras concretas”, explicaba José Seco desde el CSIF, y Marc Candela, representante de STEPV calificaba la protesta de “grito” a Educación para que atiendan sus peticiones. “Que tomen nota y el lunes vengan con una propuesta con todo”, ha dicho el sindicalista, quien ha advertido que “no pararemos hasta que no lo consigamos”.

Xelo Miralles, portavoz de CCOO, instaba a la consellera Ortí y al secretario autonómico Daniel McEvoy a que escucharan el clamor de la comunidad educativa valenciana “que reclama dignidad en la mejora de las condiciones laborales, pero también las condiciones salariales; no entendemos que hayan caído del borrador los sueldos”. Desde UGT, Maite Tarazona, cree que la respuesta que han dado los docentes este viernes después de cinco días de huelga tiene que hacer que la Conselleria cambie el paso y se avenga a negociar un acuerdo satisfactoria.

Algunos de los docentes que han participado en la marcha han relatado a elDiario.es las razones de las movilizaciones. Así, Jordi Muñoz, maestro del Ceip Fernando Montero Castellano, de Villar del Arzobispo, apuntaba: “Ya no podemos más, estamos dando clase en aulas con muchísimas necesidades, se nos exige una inclusión que no podemos llevar a cabo sin profesionales en unos centros que se caen a pedazos, con radiadores por los suelos, ventanas rotas y esperando sustituciones desde septiembre... Y todavía piensan que esto es solo por el dinero”.

Aidá Clausí, del Ceip Mare de Déu de Vallivana de Picassent, lamentaba que no se puede llevar a cabo la inclusión “con treinta alumnos en clase; necesitamos ayuda”, mientras que Maripaz Casiano y Carmen Pisa del Ceip Almudena Muñoz de València denunciaban que se encuentran con infraestructuras envejecidas, que necesitan una actuación integral, sin climatización y ratios muy altas: “Nos encontramos con falta de recursos y especialistas en las aulas”, y añadía emocionada Maripaz: “Estamos luchando por la educación de nuestro alumnado”. “Tenemos las aulas saturadas y quienes salen perdiendo son los alumnos”, añadía Carmen.

Desde San Vicente del Raspeig, en Alicante, se han desplazado a València docentes del colegio la Almazara: “Hoy en el centro solo han quedado los servicios mínimos a los que nos obliga conselleria”, apuntaba Alberto, quien reseñaba que “simplemente pedimos más recursos para educación, para poder hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles”. Y Alfonso Samper, profesor de Biología y Geología en el IES Thiar de Pilar de la Horadada (Alicante), alertaba de la falta de recursos, la saturación en los centros con aulas masificadas, bajas que no se cubren, “con grupos a los que les falta un profesor dos meses”, o la pérdida de poder adquisitivo: “Venimos hablando con la conselleria desde septiembre sin acuerdo, hasta que hemos llegado a esto”.

La marcha, a pesar de la amenaza de lluvia que se ha cernido sobre la ciudad durante toda la mañana, concluye en la plaza del Ayuntamiento tras recorrer diversas calles del centro de la ciudad. El acto finaliza, en un ambiente festivo y reivindicativo, con actuaciones musicales de grupos como El Diluvi, Pau Alabajos, Auxili, Bèrnia, La Xica, Malifeta o Tomàs de los Santos, entre otros intérpretes.

Mientras decenas de miles de profesores, maestros y educadores se manifestaban por las calles de Valènia, la Conselleria de Educación cifraba el seguimiento del paro este viernes en el 39,11%. Por provincias, según los datos del Gobierno valenciano, en Alicante ha secundado la huelga un 33,77%, en Castellón un 39,33% y en Valencia el 43,63% del profesorado.

Desde la Conselleria de Educación, Pablo Ortega insistía en que la prioridad del Consell “garantizar el derecho a la educación del alumnado, especialmente en el caso de los estudiantes de segundo de Bachillerato” y mostraba la voluntad de la Conselleria de “seguir negociando”. “Ninguna de las cuestiones planteadas por los sindicatos está fuera de la negociación”, apuntaba el director general de Personal Docente, quien incidía que, en materia salarial, “la Conselleria ya ha trasladado a los sindicatos su disposición a negociar esta cuestión en el marco del diálogo social y de las posibilidades presupuestarias de la Generalitat”.

Y a la espera de que la consellera Ortí ponga sobre la mesa el próximo lunes una nueva propuesta -la cita es a las 16 horas en la sede de la conselleria en Campanar-, las reivindicaciones de un profesorado cada vez más indignado con la actitud del Gobierno valenciano siguen siendo las mismas. Además del incremento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, los docentes exigen la derogación inmediata de la denominada Ley de Libertad Educativa, más conocida como “ley Rovira”; ratios más bajas de alumnos por aula y recursos suficientes; menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado; infraestructuras educativas dignas; la recuperación de los presupuestos recortados; y un apoyo decidido a la enseñanza en valenciano.

Cuatro familias del CEIP Francisca Romero, en Sevilla, se han visto obligadas a escolarizar a sus hijos en dos centros distintos por falta de plazas en Infantil. Este colegio público ubicado en el distrito Macarena cuenta con una sola línea de tres años desde que la Junta de Andalucía suprimió la otra que tenían debido a la baja matriculación. Pese a que la tendencia ha cambiado y las solicitudes de admisión ya superan al número de plazas disponibles, el aula sigue cerrada.

En los últimos tres cursos, el centro ha registrado un aumento constante de solicitudes: 28, 35 y 29, respectivamente, según datos facilitados por la dirección, sin contar las peticiones fuera de plazo que llegan entre marzo y junio. La consecuencia la sufren las familias: con una ratio de 22 alumnos en Infantil de 3 años, y de 25 en el resto de niveles, el próximo curso se quedarán fuera al menos 14 menores que han elegido este colegio como primera opción.

El caso de este centro refleja una de las tensiones recurrentes en la planificación educativa andaluza. Desde la llegada del Partido Popular a la Junta en 2019, se han suprimido 2.758 aulas de Infantil y Primaria, según datos recopilados por el sindicato USTEA a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La administración autonómica justifica estos cierres en la caída de la natalidad, mientras que colegios como el Francisca Romero sostienen que existe demanda suficiente para ampliar la oferta educativa, pero no se está atendiendo.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo consultadas por este periódico confirman que el CEIP Francisca Romero ha recibido para el próximo curso seis solicitudes por encima de la ratio. Sin embargo, apuntan a que en esa zona constan 52 plazas vacantes en nueve colegios, “así que podrán tener plaza con seguridad en alguno de los colegios elegidos”.

Un centro con alta complejidad social

La comunidad educativa del centro insiste en recuperar el aula de tres años suprimida para poder responder a una demanda que, lejos de desaparecer, ha seguido creciendo en los últimos cursos. Desde el AMPA denuncian que la situación atenta contra el derecho de libre elección de las familias y afecta a los niños que sí están matriculados. “Nos obligan a trabajar con más de 20 alumnos con una diversidad enorme, pudiendo dividirlos en dos clases de 15”, lamentan desde el centro.

El Francisca Romero está catalogado como centro de compensatoria, una figura reservada a colegios con alta complejidad social, que atienden a alumnado en situación de vulnerabilidad. De sus 300 alumnos, 70 presentan necesidades educativas especiales y una parte significativa pertenece a familias migrantes. La comunidad educativa lo define como un colegio inclusivo, con un proyecto pedagógico orientado a atender esa diversidad.

Desde la dirección aseguran que el progresivo aumento de la demanda responde precisamente a ese modelo educativo en el que se han ido especializando a través de formaciones durante los últimos años. “A base de mucho trabajo, implicación del claustro y proyectos innovadores hemos generado interés en las familias”, concluyen los responsables del centro.

En su momento entendieron que la Consejería suprimiera la línea porque no alcanzaban a cubrir las plazas, pero recuerdan que les comunicaron que era “reversible” y “si volvíamos a tener demanda nos la devolverían”. La presidenta del AMPA, Alba Carrasco, denuncia que la administración “está negando de forma reiterada” la apertura de una segunda línea incluso cuando la necesidad es “evidente”. También critican que en la zona haya centros concertados con menor demanda que mantienen más unidades, según la información que han podido obtener las familias.

Alumnado con necesidades en un aula saturada

La falta de plazas obliga a separar hermanos en distintos colegios y complica la conciliación de las familias que escogen este centro como primera opción por cercanía o logística. Pero el recorte de aulas también afecta a los menores que permanecen escolarizados, pues “al perder unidades, perdemos recursos”, como señala la presidenta del AMPA en el CEIP Francisca Romero.

Desde el área de Pedagogía Terapéutica (PT) del centro reconocen que los tutores están “desbordados” porque tienen que atender a más de 20 niños en un aula que reúne cada vez a más alumnado con necesidades específicas. “Con una ratio tan elevada no es posible atenderlos a todos con la atención que necesitan”, traslada el profesorado, que recuerda que Infantil es una etapa vital en el desarrollo del alumnado.

Las familias se muestran preocupadas ante grupos de 25 menores con una sola docente. “La situación es insostenible tanto para el alumnado como para la maestra”, denuncian desde el AMPA. Su presidenta explica que “son niños muy pequeños que requieren atención constante”. “Algunos se hacen pipí encima, requieren ayuda para vestirse, apoyo emocional, acompañamiento en la adaptación escolar y una supervisión continua, y muchos con necesidades especiales educativas y de otros países, que no conocen el idioma”, añade Alba Carrasco en nombre del resto de familias.

“No es solo una cuestión de números, es la imposibilidad de atender adecuadamente sus necesidades”, resume la representante de las familias, que han solicitado a la administración en varias ocasiones que las aulas de infantil se desdoblen. A esta petición se suma el profesorado, convencido de que “con dos aulas se podría garantizar una educación más individualizada, más personalizada y adaptada a las necesidades que tienen”.

Apoyo familiar, mercadillos solidarios, venta de camisetas, ahorros propios, caja de resistencia. Resistir una huelga indefinida en un sector hiperfeminizado y precarizado en el que las nóminas apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) no es fácil. Aun así, las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid resisten los paros convocados desde el pasado 7 de abril aupadas por la solidaridad de la ciudadanía y otros colectivos. La lucha de esta marea amarilla, el color que elegido sobre el que plasmar sus demandas, pasa por que sus empleadores, la Administración pública, reconozca la responsabilidad que tienen para el día a día de miles de niños y niñas de 0 a 3 años, una bajada de ratios y la adaptación de las escuelas infantiles al clima, sobre todo al calor, pues julio es lectivo en esta etapa educativa.

Rosa Marín, portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, asegura que la caja de resistencia que han creado a nivel regional supondrá un alivio a estas trabajadoras en huelga por sus derechos y el bienestar de los más pequeños. “Ahora estoy con los miles de peticiones de las compañeras que apenas cobraron el mes pasado”, asegura afónica de tanto protestar en la calle. Esta profesora de una escuela infantil municipal de la capital de gestión indirecta comenta que, “aunque a mí no es una cosa que me guste, es momento de dejarse ayudar, de que la familia nos apoye económicamente, para poder seguir resistiendo en las calles”.

Esa humilde entrada de dinero en las ya de por sí tiritantes cuentas bancarias de las profesoras de infantil es un empujón para continuar la lucha, pero quizá no suficiente. “Se agolpa el pago del alquiler, las facturas, la comida… Mi padre murió hace tres años y ya estoy utilizando parte de la herencia para resistir”, añade Marín, quien admite que el “abandono y maltrato institucional” que sufre su sector es “tan brutal que ya no podíamos seguir paradas”. Han decidido moverse. Prueba de ello es la concentración del pasado jueves en la Puerta del Sol de Madrid, a la que acudieron más de 2.000 personas y en las que se escucharon cánticos como “con esta ratio, no entramos ni en el patio” y “no guardamos, educamos”.

Un mercadillo para el apoyo de las familias

Este mes de huelga, que por primera vez en la historia se ha extendido a nivel estatal, ha hecho mella en la cuenta bancaria de María, una profesora infantil en Vicálvaro, también de gestión indirecta. “Vamos por la quinta semana de huelga y sobrevivo gracias a la ayuda de mi pareja. Luego tengo a mi madre, que si te compra esto o aquello, o me ayuda con la comida en táperes”, ilustra. Todo apoyo, por nimio que sea, será un granito para esta montaña con la que las trabajadoras intentar aplacar el paso del tiempo, de la protesta, y con ella el dejar de cobrar cada jornada de reivindicación y de generar días de vacaciones y paga extra.

Muchas escuelas infantiles se están organizando para no perder fuerza. En la de María, por ejemplo, la dirección les ha permitido organizar un mercadillo en la zona de entrada, en un patio pequeño. Ahí venden cosas hechas a mano y algunos alimentos, como empanadillas caseras, bizcocho y galletas. Otras compañeras han hecho marionetas, broches y marcapáginas, y también han llevado cuentos y juguetes de sus hijos por si pudieran tener una segunda vida. “Las familias responden dentro de sus posibilidades”, enfatiza la vilcalvareña. También colaboran junto a la asociación de familiares de alumnado (AFA) para llevar a cabo un mercadillo en el barrio.

En el caso de María, su nómina está en los 1.090 euros al mes. En abril ha cobrado 500 euros, por la primera semana de abril que fue previa a la huelga y las jornadas de servicios mínimos que sí ha realizado. En total, ha secundado los paros 12 días. “Yo no sé cuánto se podrá sostener esto en el tiempo”, duda.

En la escuela infantil de Sandra Padilla, ubicada en Alcalá de Henares y de gestión indirecta, venden pulseras y camisetas que hace una compañera con una máquina de coser en su casa. “Nos están descontando entre 50 y 60 euros por día. Vivo sola y pago una hipoteca de 480 euros, y normalmente gano 1.140. Sobrevivir siempre es un encaje de bolillos, mucho más ahora”, relata. Desde su punto de vista, la ayuda de las AFA se torna crucial para poder mantener esta lucha también orientada al bienestar y correcto desarrollo y atención de las criaturas.

Tal y como añade esta educadora, el apoyo de los progenitores ha sido tal que hasta algunos de ellos se han pedido vacaciones en sus trabajos para no llevar a los pequeños a la escuela y así reducir el trabajo de las compañeras en servicios mínimos.

Cuadrar los servicios mínimos

El encaje de bolillos también ha llegado a la hora de realizar los servicios mínimos para que no siempre tengan que acudir de manera obligatoria al trabajo las mismas profesionales. Lucía Martínez, educadora en una escuela municipal de gestión indirecta en Madrid, señala que “hacemos todo lo que podemos para rotar entre nosotras y que no siempre tengan que trabajar las mismas”. Este abril, ella ha hecho 13 días de huelga, lo que se ha traducido en cobrar unos 600 euros. “Mi salario líquido se queda en 1.100 euros, habitualmente. Tengo claro que me voy a buscar la vida para aguantar lo que haga falta”, recalca.

Y en ese buscar la vida, las aportaciones económicas a la caja de resistencia por parte de numerosos colectivos sociales lo intentan hacer todo más fácil. “Pensaba que iba a ir bien, pero es que va fenomenal. No nos esperábamos tanto apoyo de otras organizaciones”, esgrime Martínez. En este sentido, la huelga está dando sus frutos, pues han estrechado lazos con luchas como las de los bomberos forestales, las kellys y las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria. Según comenta esta educadora, la solidaridad les ha ayudado a darse cuenta de que “solo juntos podremos salir de esta”.

Marín, la portavoz de la Plataforma madrileña, incide en la importancia de que las condiciones laborales y el estado de las escuelas mejore, unas demandas que tildan de “urgentes”: “Nuestra precariedad en las aulas afecta al vínculo con las criaturas, a su regulación emocional. Es imprescindible que nuestras condiciones nos permitan estar tranquilas y calmadas, porque los más pequeños se sentirán seguros, atendidos, observados y queridos”, se explaya. Para ello, la Administración debe realizar los cambios necesarios para colmar sus demandas. Tras años de exigencias sin respuesta, la educación 0-3 está en pie de huelga.

El malestar docente del que veníamos hablando estas semanas ha explotado y España vive en este momento una situación que me atrevo a llamar histórica: hay dos huelgas docentes indefinidas simultaneas. Por un lado están las educadoras de Infantil, que en Madrid llevan cinco semanas (y sumando) y que el pasado jueves consiguieron el apoyo de todo el país para convertir su paro en nacional; por otro, el profesorado de la Comunitat Valenciana comenzó este lunes también una huelga general indefinida.

Empiezo por esta última, que es la más reciente y era algo que no se veía en la comunidad desde hace 38 años. Es histórica en sí misma y no responde a la ocurrencia de un sindicato: la convocan STEPV, CCOO, UGT y CSIF, la la secunda ANPE y la respaldan las familias agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, así como del Sindicat d'Estudiants. Ayer lunes, primer día, hubo un seguimiento “masivo” y miles de docentes se manifestaron contra el presidente Pérez-Llorca.

Los docentes valencianos exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, que pone en peligro el valenciano como lengua educativa en la escuela, ratios más bajas y recursos suficientes, menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado, infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados; también mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado y dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para todo el personal educativo.

Más allá de la particularidad del idioma, sus reivindicaciones son un pequeño compendio de las cuestiones que tienen en pie de guerra a media profesión por todo el país.

Algunas de ellas, como las ratios o los salarios, son compartidas con las educadoras de infantil, que de largo son el colectivo peor tratado de todo el sistema educativo. Os hemos contado otras veces las condiciones en las que ejercen, aquí os dejo una pieza desgranando los motivos de este paro, que so riesgo de repetirme es histórico: por indefinido en Madrid y porque la huelga general estatal del pasado jueves fue pionera, nunca antes se había hecho en esta etapa.

La situación en Madrid, origen de la protesta, es mala. Probablemente peor que en otros territorios, pero en todas partes cuecen habas en Infantil. Se manifestaron en Andalucía, en Aragón, en Galicia, en Asturias y en Catalunya, entre otros lugares. El día 23 todas esas manifestaciones convergen en Madrid, donde se espera una gran marcha para llamar la atención de la realidad de un sector básico. Es una huelga, además, con la que es fácil empatizar; cuando se conocen las condiciones en las que trabajan estas profesionales solo se les puede dar la razón.

No me extiendo más con este tema, que quiero contaros otras cosas de interés como la increíblemente torpe maniobra de la Generalitat con sus profes. Sí os animo a entrar en los detalles a través de los enlaces que os dejo, sobre todo en el caso de Infantil, donde el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad de las condiciones de trabajo de estas maestras y educadoras es la mejor baza de las administraciones para que nada cambie.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Llevan un mes en Madrid. No piensan parar y están ganando adeptas por todo el país: la huelga de la educación infantil que empezó la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la mano del sindicato CGT se expande al resto de España, ahora con el apoyo de CCOO. De A Coruña hasta Almería, unas 11.000 escuelas de todo el sector, que acogen cada día a medio millón de niños y niñas, están convocadas este jueves a secundar las movilizaciones y paralizar los centros en lo que será un paro histórico: es la primera huelga general de Infantil en España.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, han enumerado como las principales reclamaciones Rosa Marín y Lucía Martínez, de PLEI.

CCOO añade la necesidad de unificar un sector que hoy en día está atomizado: hay hasta diez modelos diferentes de escuelas infantiles, denuncian las organizaciones, en función de quién sea el propietario del centro —público o privado— y el modelo de gestión —directa por parte de la administración, sacada a concurso público o privada pura—, lo que genera condiciones laborales muy diferentes para trabajadoras que realizan la misma labor. Con carácter general, las maestras y educadoras infantiles que trabajan para el estado tienen una situación sensiblemente mejor que las empleadas privadas. Todas ellas sienten, sea cual sea su caso, que no se reconoce su labor y que trabajan en condiciones imposibles: una sola maestra tiene que atender a ocho bebés de un año, entre 12 y 14 de dos o 18 de tres.

Cuidar bebés por el SMI

Hay miles de trabajadoras por toda España cuidando bebés de cero, uno, dos o tres años por poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El nuevo convenio, firmado el año pasado, mejoraba las condiciones, pero no de manera automática; solo para quien firmara un contrato después de su entrada en vigor. Esto ha generado categorías no solo entre pública y privada, también dentro de la privada. Hay maestras firmadas como técnicas ganando apenas 1.200 euros al mes.

Pero la huelga no es solo por las trabajadoras. Muchas escuelas infantiles no están climatizadas ni tienen unos patios “suficientes”, ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

También faltan plazas públicas, lo que aboca a muchas familias a recurrir al sector privado, con precios de hasta 500 euros al mes, o no poder llevar a sus hijos a una por motivos económicos. Save the Children calculó que existe una gran diferencia en el acceso a la educación infantil en función del estatus familiar: los hogares socioeconómicamente más favorecidos utilizan este recurso el doble que los más humildes, generando así un efecto Mateo, que quien más tiene más recibe. Porque acudir a una escuela infantil, dice la literatura científica, mejora el rendimiento académico futuro. Entre los que fueron uno o ningún año hay un 24,1% de bajo rendimiento; entre quienes pasaron tres o más años, apenas supera el 6%.

En los últimos años, el Gobierno central ha apostado por esta etapa, aunque no tanto por sus trabajadoras. Moncloa ha destinado 670 millones de euros a abrir 45.000 plazas públicas. La inversión ha surtido sus efectos con carácter general y la matriculación en la etapa, que no es obligatoria, ha subido hasta un 55%, por encima del objetivo europeo del 45%. Pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Regiones como Andalucía, Cantabria, Euskadi o Madrid presentan tasas de matriculación con dos años del 80% o más, mientras Asturias, Canarias o Murcia se mueven en torno al 40%. Además, hay regiones, como la andaluza, que siguen apostando por reforzar su red privada y rechazaron esta partida porque prefieren bonificar las matriculaciones. Esto es, pagarle las cuotas a las familias y que vayan a las privadas, en vez de abrir plazas públicas.

La igualdad entre autonomías, tanto a nivel de oferta como de condiciones laborales, es otra de las peleas de las trabajadoras del sector. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene Marín, de PLEI.

Las organizaciones sindicales también han criticado los servicios mínimos, fijados en un 50%. “Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han impedido ejercer su derecho a huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. Cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación, se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente”, han explicado desde PLEI.

Enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Educación

El epicentro de la protesta es la Comunidad de Madrid, donde empezó la huelga y que presenta, probablemente, las peores condiciones de todo el país. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, cargó contra el Ministerio de Educación por no incluir el primer ciclo de Infantil en el proyecto de ley por el que bajará las ratios en Primaria y Secundaria (si lo aprueba el Congreso) y le exigió que regule el número de niños por aula también en esta etapa. El Ministerio ha recordado a la consejera que tiene competencias para hacerlo si así lo considera.

“La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa”, reza la carta, firmada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya estableció unas ratios en 2008, de 8, 14 y 20 para uno, dos y tres años, respectivamente

Desde PLEI exigen una reunión con la consejera que aún no se ha dado. Sí lo han hecho con la ministra de Educación, Milagros Tolón, que anunció que antes del verano iniciará los trabajos para revisar las ratios. En cualquier caso, avisa su portavoz Marín, no van a parar hasta que consigan sus objetivos. “No volvemos a las aulas. Con estas condiciones, no vamos a volver”, anunció ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.

Vamos a seguir hoy con el tema de los policías en los institutos catalanes, porque es probable que la Generalitat anticipara una cierta contestación a su plan de introducir mossos d'escuadra en algunos institutos, pero no sé si preveía el rechazo absoluto que ha generado. En todos los frentes. Por estigmatizar a los centros, por aplicar una solución policial a un problema educativo, por muchas razones.

Vamos en orden, porque la semana pasada, cuando se conoció el plan, había pocos detalles de una medida que, por mucho que insista el Govern, no es habitual. Lo que sabemos: los llamados Agentes de Convivencia empezarán en 14 centros, la mayoría institutos de Secundaria o institutos-escuela. Los mossos irán desarmados y de paisano y, a diferencia de lo que se dijo la semana pasada, no tendrán un destino permanente. Son seis en total para los 14 centros.

Tampoco está previsto que se relacionen con el alumnado y, de hecho, la Generalitat ha anunciado que el plan será voluntario para los centros. Aquí encuentras todos los detalles que se conocen hasta ahora.

Lo que también se ha ido conociendo con el paso de los días es que al menos cuatro de los 14 centros seleccionados para recibir a los mossos han rechazado participar en el plan. En otros ha habido protestas de familias y profesorado porque lo consideran innecesario y “un insulto”, en palabras de los docentes. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, explicaba una profesora. Es “un ataque racista y estigmatizador”, añade el alumnado.

Pero, ¿qué van a hacer los policías en los institutos? No está claro. El Departament d'Educació no lo ha dicho con claridad. Aportarán “una mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar lo pedagógico, intentó explicar en primera instancia. “Los centros tendrán flexibilidad”, añadió aludiendo al carácter de prueba piloto.

Las partes ni siquiera se ponen de acuerdo en el origen del plan. La consejera Niubó sostiene que nace de “una demanda”, pero el principal sindicato de la escuela pública dice que “nadie lo ha pedido”. Muchos docentes conceden que puede haber un aumento de la violencia en algunos centros, pero que nunca sería esa su solución. Y recuerdan: se eliminaron 120 educadores sociales porque no había fondos, pero sí los hay para mossos.

Un pequeño desaguisado de la Generalitat, al menos en la comunicación que se ha hecho de la medida. De hecho, el Govern quería informar del plan a posteriori, consciente probablemente de que no era lo más popular que podía hacer.

Esta medida viene a ahondar en el malestar del profesorado catalán que, no satisfecho con dos, ha convocado la tercera oleada de protestas en lo que va de curso. Mayo y junio vivirán cinco jornadas de protestas en la calle, tres comunes a todos y dos en cada territorio. Os recuerdo que la Generalitat pactó con CCOO y UGT tras las dos primeras rondas de protestas, pero los que ostentan la mayoría de la representación (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) rechazaron el acuerdo y mantienen la presión.

No son los únicos, por cierto. Os he hablado de la conflictividad generalizada entre el profesorado, y las protestas no paran. A los docentes catalanes se unen los gallegos, que este martes han convocado el sexto paro en lo que va de curso. Como sus compañeros del resto del país, el profesorado gallego se siente sobrecargado y denuncia que no ha visto una reversión completa de los recortes de la década pasada, además de tener el agravio propio de una instrucción de la Consellería que impone la “neutralidad ideológica”, un término que utiliza habitualmente la ultraderecha.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

No sé si te enteraste, pero la semana pasada la Generalitat de Catalunya anunció que va a desplegar Mossos d'Esquadra de paisano en institutos con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros.

Los agentes, ha explicado la Generalitat, no irán armados y tendrán una presencia estable en los institutos, donde contarán con un espacio propio y tendrán una función preventiva y de mediación. La prueba piloto empezará este mismo tercer trimestre, antes de finalizar el actual curso, en dos institutos con alta conflictividad situados en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. En total serán 13 centros en esta primera ronda.

El plan responde a una creciente preocupación entre el profesorado y la Administración por los incidentes de carácter violento. Desde la Generalitat sostienen incluso que es una demanda del profesorado y que busca reforzar la seguridad sin criminalizar al estudiantado. Una encuesta del sindicato USTEC, mayoritario en la educación pública, rebeló que de los 11.000 docentes que respondieron, el 14% ha recibido una agresión física y el 46%, verbal.

Hasta aquí, la información.

Vamos con las opiniones.

La Generalitat admite que esperaba cierta polémica, pero no sé si un rechazo tan generalizado como se ha dado.

Familias y docentes, esos por los que el Govern dice haber actuado, habían pedido nada ni siquiera remotamente parecido a esta medida. Ni en las mesas sindicales ni en los protocolos contra agresiones se había mencionado hasta ahora una aproximación policial al problema. “Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, valoró Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs.

Algunas familias han mostrado su sorpresa porque el verano pasado Educación eliminó plazas de educadores sociales porque, les dijeron, no había presupuesto. “Y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, explicaba Lidón Gasull, de la asociación de familias de alumnos AFFAC.

En general existe un consenso entre la comunidad educativa de que sí, existe un problema, pero no, la solución no es la policía. El sindicato Proffessors de Secundària sostiene que “la autoridad en el aula debe ser el docente”; AFFAC apunta al origen del problema, la pobreza y marginalidad en que vive buena parte del alumnado, aseguran, que se arreglan con “políticas de vivienda, de salud mental, equipamientos, inversión en educación”...

La medida, que cruza una línea hasta ahora no traspasada, se enmarca en un ambiente de protestas docentes en Catalunya por el deterioro del sistema en general. Con esta propuesta, la Generalitat parece lanzar un hueso a los docentes en un intento de pacificar un sector que hace un mes realizó una manifestación histórica por las calles de Barcelona.

En esta misma línea va el acuerdo entre la Generalitat y dos sindicatos para abonar 50 euros por noche al profesorado que se vaya con sus estudiantes de excursión con pernoctación incluida. Lo pongo otra vez, no era una errata: 50 euros por cuidar un día entero a unas decenas de adolescentes. Luego nos sorprendemos porque nadie quiere hacer estas actividades.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.