El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.

La huelga indefinida de la educación infantil en Madrid escala a todo el Estado. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado, con el respaldo jurídico de CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo, seguido de una gran marcha de todos el día 23 en Madrid, para denunciar en todo el país las condiciones en que se da (y recibe) clase en el primer ciclo de Educación Infantil, para bebés de entre 0 y 3 años. CCOO se ha sumado a la convocatoria este martes.

Las trabajadoras de infantil son las profesionales con peores condiciones de toda la educación. El 0-3 es un sector atomizado, con diferentes modelos (hay públicos, privados y públicos de gestión privada) y responsables: hay escuelas municipales y las hay autonómicas e incluso hay diferentes figuras profesionales (educadoras y maestras) atendiendo a los bebés.

Pero hay un elemento transversal a todo el sector: la precariedad. Aunque en los centros públicos las condiciones son mejores que en los privados, hay mujeres (el 95% de las profesionales lo son en esta etapa) cobrando poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de ocuparse de varios bebés.

Con esta situación, y ante la evidencia de que la única mejora que han visto en los últimos años ha sido la derivada de la subida del SMI, el sector ha dicho basta. PLEI prendió una mecha con la convocatoria de un paro indefinido hace dos semanas que ahora se traslada a todo el estado.

PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

También exige la plataforma la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

La plataforma se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Milagros Tolón, y le ha arrancado a la responsable un compromiso para “empezar” los trabajos destinados a revisar las ratios en la etapa “antes del verano”. España tiene uno de los números de alumnado por aula más altos de Europa en la etapa del 0-3. Salvo alguna excepción, lo normal son ocho niños por clase entre 0 y 1 año, 12 entre uno y dos y 18 entre dos y tres. Y la normativa ni siquiera obliga a que haya una maestra por aula, solo una por cada tres, según los sindicatos, por lo que es posible (y pasa) que una educadora esté sola con hasta 18 bebés.

En los últimos años, el Gobierno ha invertido cientos de millones de euros (la mayoría, de fondos europeos) en financiar la creación de plazas de infantil en las comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero apenas ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadoras.

----------------------------------------------

*Este artículo ha sido modificado para señalar que la huelga la convoca CGT junto a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). CCOO se ha sumado a la convocatoria.

Si eres docente es fácil que andes algo enfadado. Hay una probabilidad bastante alta de que hayas sido convocado a una manifestación o incluso huelga en los últimos meses, y que hayas ido. Quizá estuviste este mismo domingo gritando en Madrid o igual fuiste a la manifestación histórica de hace unos meses en Barcelona. O has estado en Santander, València, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela o cualquiera otra de las muchas localidades que han visto al profesorado protestar recientemente.

Puede que te has manifestado porque te pagan mucho menos que a tu vecino de comunidad, que hace exactamente lo mismo que tú. O porque tienes 25 horas lectivas semanales y mucho más alumnado en clase del que puedes gestionar. Quizá no aguantes más la burocracia, los informes y las tablas interminables que te exigen para evaluar a cada alumno. O porque crees que le das mucho a la sociedad y esta no te corresponde y minimiza tu labor, o porque has perdido la autoridad que quizá tuviste algún día y ves que las familias tienden a ponerse de parte del alumnado y dejarte solo. Y todo es cada vez más difícil y tienes más obligaciones.

Como dice Rosa Rocha, directora de un IES en Madrid, te cae todo lo que la sociedad no es capaz de resolver, desde el acoso hasta la gestión de los móviles y las redes sociales pasando por el bienestar mental del alumnado. ¿Y el mío?, te preguntas. ¿Quién se ocupa del mío? Porque cada vez más profesores se cogen bajas por este motivo, raro es el docente que no conoce a un compañero que lo ha sufrido.

Y ves que pasan los cursos y los años y estás a punto de jubilarte y los recortes de la década pasada siguen sin revertirse del todo 15 años después después. Y oyes que el Ministerio de Educación llama a estos cuatro años “la legislatura del profesorado”, pero tú no ves ninguna mejora. Te acuerdas también de que en noviembre se aprobó un borrador para bajar las horas lectivas semanales y el número de alumnos por clase, pero nunca se volvió a saber. Y lo más probable es que ni siquiera te afecte, porque tu comunidad ya lo ha hecho motu proprio, pero ni siquiera ese gesto sale. Y piensas que a este ritmo cómo va a salir todo un estatuto docente antes de las elecciones.

El profesorado está cansado y lo está haciendo saber por toda España. Por el momento es una cuestión autonómica y muchas de las protestas de los últimos meses han logrado doblar la mano a la administración correspondiente, pero también hay visos para una escalada.

Las maestras y educadoras infantiles del 0-3 marcan el pulso en este momento con una huelga indefinida en Madrid que va a saltar a territorio nacional: este colectivo merece mención especial: muchas de sus trabajadoras (son prácticamente todas mujeres) vigilan a una decena de bebés cada día a cambio de poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como dice un profesor de Derecho del Trabajo, en este país se paga mejor cuidar coches que bebés. Es difícil no empatizar con esta huelga.

Estas trabajadoras, junto a las universitarias, fueron el corazón de la protesta del pasado domingo en Madrid. En esta ocasión se manifestaban en la región todos los educadores, en el sentido más amplio de la palabra: de 0 años hasta la universidad, todo el mundo estaba convocado para esta marcha en defensa de la educación pública, que también daba continuidad de alguna manera al referéndum simbólico que el jueves preguntó a la comunidad complutense si está de acuerdo con el plan de recortes aprobado por el rectorado de la UCM.

Por cierto, hablando de recortes y del estado de la educación pública, no solo en la Complutense cuecen habas: la Universidad de Sevilla también tiene un grave problema económico y necesita recortar 16 millones de euros, dice la nueva rectora: el plan es reducir clases, cerrar facultades por la tarde y prescindir de profesorado. Todo ello pese a que los centros acaban de validar la propuesta de la Junta para repartirse un total de 1.825,7 millones de euros este 2026.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid... En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir.

El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar.

Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés.

De Catalunya a Galicia

En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes.

Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes.

El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos).

El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias.

¿Qué está pasando?

¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento.

“Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75%, pero los recursos un 25%. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina.

Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene.

La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses.

Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”.

Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.

La comunidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido convocada este jueves para opinar sobre el plan de ajuste aprobado (PEF) por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de febrero ante la situación económica del centro, que roza la ruina. Ante la pregunta “¿Paramos el plan de recortes?”, estudiantes, docentes y personal administrativo votan si apoyan la suspensión de unas medidas que conllevan un recorte de más de 33 millones de euros en la universidad.

Este referéndum llega en un momento de gran tensión en el campus madrileño, tras la firma en marzo del Acuerdo de Financiación Plurianual entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas. Para la plataforma convocante del referéndum, este acuerdo no soluciona la asfixia presupuestaria, sino que obliga a universidades como la Complutense a consolidar los recortes que hoy se someten a votación: el PEF aprobado incluye un recorte del gasto del 35% para todos los departamentos, jubilaciones que no se repondrán y cierre de asignaturas y grados.

Así, se prevé que estudiantado, profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria muestren hoy su rechazo hacia ese Plan Económico y Financiero aprobado en la UCM. “Es un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. 

Las urnas para votar este jueves (hasta las 18:00 h) se han situado en distintos puntos de las facultades, desde Bellas Artes hasta Derecho. Algunas facultades se han quejado o intentado impedir esta votación, alegando que es ilegal y eliminando la publicidad colocada, pero sus estudiantes han dicho que “siguen adelante”. “Por poner una mesa con una silla y una urna no pueden hacer nada, en todo caso te pueden decir que la quites, pero sería un conflicto ya que son actividades que no son nada cruciales”, asegura Eva Aladro, profesora de la Complutense y miembro de la plataforma que ha organizado la votación, UCM por la pública. 

Durante esta semana, las seis plataformas de las universidades públicas están preparando diferentes actividades reivindicativas, como asambleas y marchas, para rematar el domingo 19 con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña. A pesar de la cifra “histórica” de 14.800 millones de euros para las universidades públicas anunciados por Isabel Díaz Ayuso el mes pasado, la comunidad complutense denuncia que siguen sufriendo una “asfixia económica cronificada”. 

Las plataformas de las universidades aseguran que en esta cifra, la Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones), la recaudación de las matrículas (3.340 millones) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones), por lo que el incremento real de la financiación acordado por ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros para seis universidades públicas en cinco años.

Respecto al plan de recortes de la propia UCM, los más de 33 millones de euros de recortes incluidos en el PEF se traducen en el cierre de grupos y asignaturas optativas, menos dinero para becas e investigación, o salarios congelados y falta de mantenimiento en los edificios.

“Están cerrando másteres y asignaturas, ya nos han dicho que los profesores que se jubilan este año no los van a cubrir con nuevos profesores, sino con sustitutos, que es una figura muy precaria, que además no son especialistas, con lo cual se degrada totalmente la docencia”, explica Aladro. “En la facultad de Ciencias de la Documentación, en Documentación, les dicen que ya no van a tener turno de tarde… Se quitan los dos grupos o tres grupos de tarde, lo cual es hasta ilegal, porque hay que tener grupos de tarde para la gente que trabaja”, afirma. 

Julia y Germán, estudiantes de tercer curso de biología en la Complutense, también han notado esta situación: desde techos de las aulas que se caen a pedazos, hasta material que no se puede renovar ni reparar porque no hay presupuesto.

“Antes de que le dieran el crédito a la Complutense, en la facultad redujeron el horario de la biblioteca”, afirman, “y las salidas de campo que quedan son cogidas con pinzas”. Antes, su facultad organizaba viajes formativos a lugares como Doñana o el desierto de Almería. Ahora, están mucho más reducidas y a sitios más cercanos. “La universidad en general no saca tantos proyectos de investigación como podría”, concluyen. 

Sin embargo, estos recortes, según el rector de la UCM Joaquín Goyache, son “necesarios” porque la universidad “debe dinero” a la Comunidad de Madrid. “No 'debemos' nada a una institución que nos infrafinancia. Tampoco a un rector que no nos representa cuando pacta nuestra miseria a espaldas de la comunidad universitaria”, afirman desde UCM por la pública. 

Ángel Zurdo y María Cadilla, profesores en la Facultad de Ciencias de la Información, aseguran que este referéndum es una reacción a “un plan de desmontaje de la propia universidad, y en este caso, desde dentro”. “Hasta ahora se ha prestado mucha atención a qué estaba pasando desde la Comunidad de Madrid (cuáles estaban siendo los problemas de financiación, los recortes, es decir, los problemas sistemáticos) pero en este caso, la situación es mucho más grave porque la agenda de la Comunidad de Madrid está siendo asumida plenamente por el propio rectorado”, explican. 

Ellos también han notado este plan de recortes desde dentro del aula: “Hay muchas tensiones y se está jugando muchas veces incluso con la contratación de sustitutos, retrasándolo todo lo que se puede desde el propio rectorado”, explican. “Se están cubriendo a menudo con sobrecarga docente. Ha pasado en nuestro propio departamento, hemos tenido que impartir clases para que los alumnos no se queden sin clases, asumiendo una carga docente mayor de lo que nos corresponde”, concluyen. “Se están internalizando costes que deberían de ser cubiertos por la propia universidad”. 

Desde la mesa de votación de la Facultad de Derecho, Víctor cuenta las trabas que la facultad ha puesto para poder votar allí. Tenían la autorización de la facultad para instalar las mesas de votación dentro, pero asegura haber recibido correos prohibiéndoles utilizar material de la facultad, e incluso amenazando con unas posibles sanciones que, dicen, no tienen fundamento ninguno. Finalmente, han montado la mesa fuera del edificio. “Esta urna es una caja que utilizan en las Facultades de Ciencias que tuvo que comprar una profesora con su dinero para poder realizar experimentos, y nos la ha cedido aquí para tenerla como urna”, explica. 

Como la votación se puede hacer tanto en físico como a través de una web, ya se pueden ir contabilizando votos: en apenas unas horas, ya había casi 790. Alrededor del mediodía se han registrado unos 3.000 votos.

Desde la Facultad de Filosofía y Filología, Jorge Pérez, estudiante, cree que es muy importante votar, ya que “por primera vez en muchos años, ante un proceso tan importante como es el de la aprobación de un plan de recortes que afecta al conjunto de la comunidad universitaria, es el propio estudiantado, las profesoras, el personal laboral, quien ha puesto una mano sobre la mesa y ha dicho que aquí se tenía que escuchar su opinión”. Confía en que la gente vaya acudiendo con más frecuencia a las urnas conforme se desarrolla la jornada. 

La votación del referéndum finalizará a las 18:00h, cuando se procederá al recuento de votos para dejar claro lo que la Complutense en su conjunto, piensa de este plan de recortes.

Desde este jueves 16 de abril, colegios e institutos públicos y concertados tendrán que dejar de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos. Hoy entra en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al finalizar el plazo de un año que se dio a los centros para adecuarse a su puesta en marcha. 

Existe un plazo adicional de otro año para implementar las medidas del decreto en los centros que enfrentan mayores desafíos en su cumplimiento, conforme a criterios preestablecidos. Esto permitirá la adaptación de los contratos de suministro de alimentos a las nuevas regulaciones.

Este nuevo decreto trae consigo la reforma del modelo de alimentación de muchos colegios e institutos, que ahora tendrán que incluir alimentos más saludables en los menús escolares, limitando el consumo de productos precocinados como pizzas y croquetas. También se priorizará el agua como única bebida. 

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), España enfrenta altos índices de obesidad infantil, sobre todo en familias con menores ingresos, y un bajo consumo de frutas y verduras entre los alumnos. El entorno escolar es clave para educar en hábitos saludables a largo plazo y garantizar el acceso a una alimentación equilibrada, cubriendo entre el 30% y 35% de la energía diaria.

Aquí los detalles de los cambios en institutos y colegios que trae el Real Decreto:

Menús escolares

Los menús escolares deberán priorizar alimentos y productos frescos, saludables y de proximidad. Al mismo tiempo, se limitarán las frituras a una ración como máximo por semana, y el consumo de platos precocinados como pizzas o croquetas, a una vez al mes. 

Así, se servirán como primer plato hortalizas y legumbres (de una a dos raciones por semana), y pasta y arroz (una vez por semana). Como segundo plato, deberá servirse pescado de una a tres veces por semana, los huevos de una a dos veces, y la carne tres veces por semana. Respecto a la carne roja, se limita a una vez al mes, y la carne procesada a dos raciones al mes. 

Los alumnos también comerán proteína de origen vegetal de una a cinco raciones por semana. Y en los centros que tengan menú vegetariano, los cinco segundos platos se basarán en alimentos que aporten exclusivamente proteína vegetal. 

Como guarnición de los platos, se servirán ensaladas tres o cuatro veces por semana, y patatas fritas, hortalizas y legumbres una o dos veces. De postre se servirá fruta entre cuatro o cinco veces a la semana, y otras opciones como yogur, cuajada sin azúcar añadido o queso fresco como máximo una vez. 

La comida se acompañará de pan integral dos veces por semana, y cuatro veces al mes por arroz o pasta integral. 

Además de todo esto, los centros tienen la obligación de garantizar menús adaptados a necesidades sanitarias (alergias e intolerancias como la celiaquía), éticas (vegetariano y vegano) o religiosas (halal).

Máquinas expendedoras

Las máquinas expendedoras tendrán que ofrecer alimentos y bebidas cuyo contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares no supere las 200 kilocalorías. Y solo el 10% de estas podrá proceder de grasas saturadas o azúcares añadidos. 

Además, deberán localizarse en zonas en las que no puedan acceder los alumnos de infantil y primaria, y no podrán poner ningún tipo de publicidad de alimentos o bebidas.

Cafeterías 

Respecto a las cafeterías, estas deben dar prioridad a alimentos más saludables, como legumbres, frutas, cereales (preferiblemente integrales), y productos vegetales típicos de la dieta mediterránea. 

Además, deben tener en cuenta el consumo moderado de proteínas de origen animal como pescados, huevos, lácteos y carne (preferiblemente ave y conejo). También se dejarán de vender productos envasados con un contenido de cafeína mayor a los 15mg/100ml.

Bebidas

Se priorizará el consumo de agua, y se facilitará el acceso a esta a través de la instalación de fuentes en espacios comunes y de recreo, para que niños y niñas puedan mantenerse hidratados durante toda la jornada escolar y extraescolar. 

En los comedores escolares, habrá jarras de aguas en todas las mesas de los centros. Será la única bebida disponible en los menús de las comidas. 

“Comedores sobresalientes”

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la AESAN han reunido en su guía “Comedores sobresalientes” diferentes iniciativas en centros educativos españoles que mejoran ya la calidad de la alimentación de sus alumnos. 

Por ejemplo, en el Colegio Público de Hurchillo “Manuel Riquelme” (Alicante) sirven alimentos frescos a diario, con una cocina casera y dieta mediterránea, y elaboran sus propias tortillas, varitas de merluza, nuggets… O el Institut Escola Marta Mata de Torelló (Barcelona), que tiene un comedor con cocina propia para elaborar recetas sanas y equilibradas con productos frescos y de calidad.

También existen cafeterías que han introducido alimentos y productos saludables y sostenibles, como la del IES Enric Valor (Valencia). Y en el IES Valle de Camargo (Cantabria), han impulsado el uso de su huerto ecológico, que fomenta una alimentación equilibrada y saludable, y donde los alumnos adquieren conocimientos de respeto por el medioambiente.

Desde el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y Mundubat (ONGD centrada en la justicia social), advierten de que el Real Decreto es insuficiente para transformar el modelo actual en sostenibilidad y calidad alimentaria escolar. Afirman que este modelo favorece a las grandes cadenas y no a productores locales y ecológicos.

Sarai Fariñas, responsable de compra pública del CERAI, asegura que “con el Nuevo Decreto, nos damos cuenta de que hay mucho dinero invertido en compra pública alimentaria, y en este caso comedores escolares, pero no llega a transformar la realidad agraria de nuestro país”. 

Ambas entidades ponen el foco en que el decreto excluye los comedores de 0 a 3 años, y en la posibilidad de aumentar ciertos mínimos como el 45% de frutas y hortalizas de temporada. “Y además, las comunidades autónomas no tienen, en la gran mayoría, unos calendarios de temporada, con lo cual ese porcentaje se rige por un calendario estatal del Ministerio de Agricultura, donde entran los productos de los invernaderos de Almería, por ejemplo”, afirma Fariñas.

Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

El futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada se empieza a jugar este miércoles. Los sindicatos se sientan con la patronal con el VIII convenio colectivo sobre la mesa y un objetivo casi imposible, a tenor de los precedentes: que se equiparen sus condiciones laborales a las de los empleados de la pública. El argumento de las organizaciones de representación del profesorado es simple: mismo trabajo, mismas condiciones, resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. Tal y como marca la ley, subraya.

En los últimos años, y pese a la normativa, la diferencia en las condiciones laborales entre unos y otros se está agrandando, aseguran los sindicatos. “Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año”, sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.

Profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos y, sobre todo, tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes que sus compañeros funcionarios o interinos. “No tiene ningún sentido”, lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse. “Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones”, opina.

Horas lectivas, ratios, salarios —algo menos porque ya son parejos— y la clasificación profesional de algunos trabajadores son los cuatro campos de batalla sindical. La patronal puede compartir sobre el papel las reivindicaciones de las organizaciones de profesorado, pero su prioridad es otra y no está en la mesa que se abre mañana: los titulares de los centros privados subvencionados por el Estado exigen al Gobierno que aplique la ley y abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar en consecuencia el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública, explican desde Escuelas Católicas, la entidad con la que la Iglesia gestiona sus centros, que suman el 70% de la concertada. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.

La diferencia entre un profesor funcionario y uno de la escuela concertada es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años

Enrique Ríos — Secretario general del sindicato FSIE

La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y uno de la pública a la hora de ejercer la profesión es que el primero ha pasado una oposición y el otro no. Pero ni siquiera es una diferencia significativa, rebate Luis: con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y eventualmente trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. Y en algunas disciplinas, incide, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en determinadas materias técnicas para las que no hay docentes.

Ríos, del sindicato FSIE, lo explica de otra manera: “La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años”, sostiene, porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y ella despide discrecionalmente, pese a que es el Gobierno el que fija y paga las nóminas.

La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad del Gobierno de igualar condiciones, subrayan los sindicatos. “Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas”, estipula el artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe.

El salario está cerca, el resto no

El salario base sí se ha ido acercando, conceden las organizaciones, y junto a los complementos autonómicos que dan las comunidades las nóminas finales son parecidas para un empleado sin experiencia. Pero con el paso de los años van apareciendo las diferencias en las partidas que completan los salarios. Por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos no acumulan sexenios de formación, como sí hacen los funcionarios, lo cual les resta un añadido de unos cien euros mensuales por cada seis años, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos.

Como sucede en la red pública, cada comunidad tiene su propia política salarial para la concertada, lo que provoca diferencias entre docentes. Hay gobiernos regionales que están decidiendo no pagar los trienios de antigüedad, como Andalucía, y otras que obvian el pago único de cinco mensualidades —una por quinquenio— que recibe un trabajador si acumula 25 años en un mismo centro, caso de Galicia. Los hay, como acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, que pagan jubilaciones parciales y tutorías, y otros que no.

Entre unas y otras, la brecha salarial entre docentes existe. Un estudio de FSIE de 2024 calculaba que un profesor con 18 años de experiencia ganaba en la pública entre 277 y 885 euros mensuales más que uno de la red concertada, en función de la etapa y la Comunidad Autónoma.

Pero la mayor diferencia entre unos docentes y otros está en el resto de condiciones laborales, subrayan los sindicatos. Sobre todo, en las horas lectivas semanales y también en las ratios de estudiantes por aula, mayores en la concertada, coinciden las tres organizaciones consultadas.

El profesorado de la concertada tiene asignadas 25 horas semanales, independientemente de la etapa. En la pública son un máximo de 25 en Primaria y 20 en Secundaria y el Gobierno ha aprobado ya un anteproyecto de ley para reducirlas a 23 y 18, respectivamente, que es la cifra que ya tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Pero no está claro que vaya a incluir a la red concertada; las organizaciones están pendientes de la redacción final del texto durante el trámite en el Congreso.

El Consejo Escolar del Estado cree que el Gobierno debe incluir a la red concertada en la rebaja de las horas lectivas y las ratios que prepara, pero los sindicatos temen que les dejen fuera y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si acaba sucediendo

“Si solo se cambia en un sistema creo que se está acabando con la concertada”, sostiene Enrique Ríos, de FSIE. “La atención que se puede prestar al alumnado y la calidad puede ser mucho mejor en un centro público que en uno sostenido por fondos públicos y creo que eso coarta la libertad de elección, porque si ofreces una cosa buena y otra menos buena estás induciendo a tomar una decisión”, argumenta. El Consejo Escolar del Estado dio la razón a la escuela concertada cuando evaluó la propuesta del Gobierno y concluyó que debería ser incluida en esta reducción, pero los sindicatos temen que les dejen fuera. FSIE no descarta acudir al Tribunal Constitucional si esto acaba sucediendo.

Además de la cantidad de horas lectivas semanales, el gran caballo de batalla de los docentes es cómo se cuentan. En la pública cada clase cuenta como una hora aunque dure menos. Esto es, un docente con 20 horas lectivas imparte 20 clases cada semana. Pero en la concertada, explica Gualix, se cuentan minutos. Y como muchas clases no duran una hora sino 45 o 50 minutos, los docentes acaban dando 27 o 28 sesiones cada cinco días. Ahí está el mayor agravio comparativo, insisten.

“Puede parecer poco desde fuera”, sostiene Luis, “pero una clase lleva bastante más trabajo que simplemente entrar al aula. Hay que prepararla, quizás evaluar trabajos, preparar exámenes y corregirlos...”. Gualix incide en la idea: “Para muchos docentes esto es una causa de agotamiento cuando se acerca la jubilación”, asegura.

La patronal, por el módulo

La patronal comprende e incluso apoya las reivindicaciones, según explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, pero tiene otras prioridades: que el Gobierno mejore el módulo, la cantidad económica que abona a los centros privados por integrarse en la red pública. Esta partida se fija anualmente vía presupuestos generales del Estado, pero hace años que no se actualiza más allá de alguna subida que compense el Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si el profesorado mejora sus condiciones, pero el colegio no tiene para pagar sus gastos, el edificio se desmorona”, valora Centeno. “Conseguimos ingresos del comedor, de las aportaciones voluntarias de las familias. Y los que ni siquiera así llegan viven de inyecciones de la entidad titular... hasta que deja de hacerlo y hay que venderlo, como está sucediendo en Catalunya. Nosotros apoyamos a los sindicatos en su reivindicación de que se igualen condiciones del profesorado, pero lo correcto sería que se igualasen las condiciones de financiación de la pública y la concertada. ¿Cómo puede costar un puesto 6.000 euros en la pública y 2.800 en la concertada?”, se pregunta. Los datos que ofrece Centeno son propios, no oficiales.

Gualix tiene una respuesta a la pregunta que el responsable de Escuelas Católicas lanza al viento. “Es un poco tramposa la afirmación”, opina, “porque si las condiciones laborales fueran las mismas, en horas lectivas, salarios y ratios, ya no sería tan barata. Es más barata a costa de los trabajadores. Y si se mira por hora trabajada, más aún”.

¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que hayas aprovechado para descansar. Vamos al lío, que con una semana sin boletín se nos acumula la faena.

Aprovechando la convocatoria de las becas para estudiar el próximo curso, proceso que ya está abierto y puedes ir mirando aquí, decidimos mirar un asunto que siempre me ha hecho ruido del programa de ayudas al estudio: hay una bolsa de gente que pese a que son oficialmente pobres, ganan demasiado como para optar a una beca completa, la que incluye una partida económica en mano que compense el coste de oportunidad de ir a la universidad y no ingresar un salario.

Resulta que esa bolsa de gente es bastante más grande de lo que me había imaginado. Los compañeros de Datos cruzaron información y son casi 400.000 personas en la edad típica universitaria (18-24) y más de tres millones en total. Es mucha gente y decidimos titular “El Gobierno deja fuera de las becas completas a 380.000 jóvenes...” y la fórmula, señalando al Gobierno, os molestó a algunos. “Si tan mal os parece, probad con el PP”, venía a ser la queja. La protesta tiene cierto argumento (la época del PP fue terrible también para esto). Es un tema difícil de gestionar para el Ejecutivo, que además ha hecho un buen esfuerzo desde que está Pedro Sánchez. Pero la realidad es que todavía es un esfuerzo insuficiente. Vamos a explicarlo todo bien, que es algo complejo, técnica y políticamente.

El Gobierno reparte tres tipos de becas en función de la renta. Todas incluyen el pago de la matrícula universitaria. Hasta el primer límite (umbral 1), se obtiene la beca completa, que incluye también varias ayudas económicas para gastos. Si se supera ese límite, y hasta el segundo (umbral 2), se pierde la principal ayuda económica, de 1.700 euros anuales, y se mantienen otras menores. Si se supera ese segundo límite y hasta un tercero (umbral 3), que marca el fin de las ayudas, no hay dinero en mano y el estudiante simplemente no paga la matrícula.

El problema es que los límites los fija el Gobierno a su voluntad, pero el primero, el umbral 1, está tan bajo que queda por debajo de la línea que marca el riesgo de pobreza. Eso provoca que haya familias que ganan más de lo que marca como límite este umbral 1, pero menos de lo que el propio estado, INE mediante, considera el mínimo para no ser pobre. En ese pequeño intervalo están esos 380.000 jóvenes.

Decía que es complicado para el Gobierno porque es verdad que la situación ha mejorado mucho, pero aún falta. Cuando Sánchez llegó al Ejecutivo el programa de becas estaba en la lona. El umbral 1 no es que estuviera por debajo del límite de la pobreza, es que había que ser indigente para tener derecho a la ayuda completa. Y el dinero en mano era una broma. El PSOE ha casi duplicado la partida que se destina a becas, subido las cuantías notablemente y elevado los umbrales para que mucha más gente pueda recibir la ayuda completa.

Pero sigue existiendo no poca gente que no puede permitirse ir a la universidad, quizá no tanto porque no puedan pagar la matrícula, sino porque no pueden permitirse el lujo de no ingresar dinero en las economías familiares durante tantos años, una situación que las ayudas en mano palían. Y, como dicen los estudiantes, un Gobierno progresista, “el más progresista de la historia”, no debería permitir que pase esto.

Esto –y más, como el problema con los plazos– os contamos en este artículo, que viene aderezado con gráficos, con los datos concretos de los umbrales o la línea de pobreza, que he preferido dejar fuera de este boletín por no hacerlo más engorroso, o con la historia de Laura, que se quedó sin beca completa porque a su padre le subieron mínimamente el sueldo y eso les costó salir del umbral 1 por una cantidad inferior a la que dejó de ingresar por sobrepasar ese límite.

Antes de seguir, os recuerdo, por si se quedó perdido entre tanto texto, que ya se pueden pedir las becas. Aquí está el portal web del ministerio, válido para toda España, excepto Catalunya, que ahora tiene las competencias y gestiona sus propias ayudas.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Una de cada tres facultades de Medicina en España es privada y nuestro país ya tiene el mayor número de centros por habitante en el mundo. De los 54 centros, 36 son públicos y 18 privados. Estas cifras explican el aumento de la demanda de unos estudios en auge, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una menor proporción de facultades de Medicina por habitante de las que tiene España. 

El aumento de la demanda de esta titulación está siendo respondido en las universidades privadas, que siguen creciendo de forma vertiginosa. Este 2026 se producirá un sorpasso: en España habrá más universidades privadas que públicas. A lo largo de la última década (2015-2025), se han abierto 16 centros privados, 13 de ellos con sede física en nuestro país. De ellos, seis están en Madrid y tres en Andalucía. Así, en el curso académico 2024-2025 se produjo un nuevo hito: en la Comunidad de Madrid, el número de alumnos de Medicina en facultades privadas superó al de las públicas.

Santiago Cuesta, responsable de Universidades de CCOO, alerta de las dificultades que tienen los alumnos para acceder a una plaza en las facultades públicas de Medicina: “Las comunidades autónomas están dando respuesta a la gran demanda a través de las universidades privadas, y esto afecta de lleno a las familias con menos recursos, que no pueden permitirse pagar un centro privado”, explica.

Los requisitos son otros

Abrir una facultad de Medicina implica exigencias especiales, no es como el resto de grados. Las universidades que las inauguran deben tener, al menos, un hospital general y tres centros de salud (de titularidad pública o privada) de referencia para que el alumnado haga las prácticas. Además, las instituciones sanitarias tendrán que disponer del personal y los recursos necesarios, según lo establezcan conjuntamente los ministerios de Sanidad y Universidades. De esta forma, de los 16 centros privados que se han abierto en la última década, tan solo uno de ellos imparte el grado de Medicina, la Universidad CEU Fernando III.

El auge de las privadas se concreta en el número de plazas que ofrecen los centros que se abrieron hace más de una década y que, poco a poco, se van consolidando en este campo: desde que comenzó este siglo han incrementado su oferta un 258%. Con carácter general, contando todas las nuevas facultades, mientras en 2001 se ofrecían 230 plazas privadas de Medicina en España, en 2024 fueron 2.078. Es un aumento del 803%, según recoge el último informe detallado sobre la demografía médica de la Organización Médica Colegial de España. 

Diferencias entre territorios

Mientras en Galicia o Asturias no hay ninguna facultad privada de Medicina, Madrid es la comunidad autónoma con mayor número, seis, frente a las cuatro públicas. Así, en la región, la Universidad Rey Juan Carlos ofreció 157 plazas públicas para estos estudios (en el curso académico 2024/2025), mientras la Universidad Europea (privada) sacó al mercado 230. 

Las universidades públicas han aumentado su oferta un 68% en las últimas dos décadas: mientras en 2001 se ofrecían 4.000 plazas, en 2024 fueron 6.728. Aunque la mayoría de los estudiantes de Medicina en España cursan sus estudios en las universidades públicas, las privadas luchan por incorporar esta titulación en sus centros, y la tendencia hacia los modelos de pago comienza a coger fuerza.

Tomás Chivato Pérez, vicepresidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, manifiesta la importancia de disponer de un registro nacional de profesionales de cada especialidad, ya que “más que aumentar el número de Facultades parece más lógico evaluar correctamente las capacidades de las existentes”, explica.

Ir a la privada, ¿elección u obligación?

Para estudiar Medicina en una facultad pública en España hay que tener en torno a un 13 de media en la prueba de acceso a la universidad, una calificación que sitúa al grado como uno de los más exigentes del sistema público universitario. Y esto genera una presión sobre los estudiantes, para los que el margen de error en esta prueba es ínfimo. “Hay familias que están haciendo esfuerzos titánicos, piden préstamos y se tienen que endeudar para que sus hijos estudien Medicina en la privada”, explica Cuesta. 

El coste de estudiar este grado en centros privados llega a superar, en muchos de los casos, los 20.000 euros anuales. Con una demanda elevada, sumada al valor de sus profesionales, el grado puede ofrecer una gran rentabilidad. La Universidad Europea (con sus diferentes centros por España) y la Universidad Alfonso X El Sabio, ambas con el grado de Medicina en su oferta educativa, hoy están en manos de fondos de inversión.

¿Hay chiringuitos?

Hace unos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “chiringuitos” a ciertos centros privados creados en los últimos años, especialmente online. Aunque el grado de Medicina implica presencialidad, y no se puede cursar online, también se verá afectado por la aprobación el pasado mes de octubre del Real Decreto, que tiene el objetivo de poner freno a la apertura de centros privados de dudosa calidad.

Hasta ahora, la apertura de universidades privadas ha estado en manos de las diferentes comunidades autónomas, que han tenido la última palabra a la hora de poner en marcha nuevos centros. La medida, que busca detener la “eclosión” de estos centros, según alegan desde el Ejecutivo, ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Junta de Extremadura. En el próximo curso académico (2026/2027) Extremadura tendrá su primera universidad privada, UNINDE, que cuenta con un informe negativo por parte del ministerio. La presidenta autonómica, María Guardiola, ya ha iniciado los trámites para aprobar una segunda universidad privada en la región.

Con el Real Decreto, para abrir una nueva universidad privada la comunidad autónoma deberá contar con un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas. Estas instituciones son, hasta ahora, las encargadas de evaluar la calidad teórica y práctica impartida en las diferentes facultades de Medicina tanto públicas como privadas de toda España, explica Chivato.

El sindicalista Cuesta incide en que el caso de Medicina es distinto al de otros grados. “No los llamaría chiringuitos como tal”, pero señala que “en buena parte de las privadas no se reúnen los requisitos de calidad de la pública”. Esto se observa, cuenta, en cómo la mayoría del alumnado tiene como primera opción la universidad pública, aunque pueda pagar la privada: “La media socioeconómica del alumnado de las facultades de Medicina es media-alta, si la pública no fuera buena se irían directamente a la privada”, apunta el responsable de Universidades de CCOO. 

Razvan Borza Porumb nació en Rumanía pero es español, tanto de nacionalidad como de sentimiento. Llegó a Logroño siendo un niño de apenas ocho años y estudió en un colegio público de un barrio obrero, el CEIP Vuelo Madrid-Manila. De ahí pasó a otro instituto público, el IES Tomás Mingot, y de ahí, a estudiar el grado de Biología en Salamanca y después un máster en la Autónoma de Madrid. “Durante el grado tuve la suerte de hacer mis primeras prácticas en el CIBIR, en Logroño. Fue mi primer contacto real con la investigación y fue clave que estuviera en mi ciudad porque económicamente no hubiera podido permitirme ir a otro sitio”, reconoce el joven logroñés, “existían las becas, pero llegaban a fin de año”.

Ese origen humilde está siempre presente, pero para Razvan, las limitaciones son, por encima de todo, psicológicas. “A veces se subestima, pero creo que es una de las mayores dificultades. Cuando no tienes referentes con los que identificarte, cuando no ves a nadie de tu entorno que haya hecho algo parecido a lo que tú quieres hacer, es difícil creer que es posible”, explica, “esa falta de referentes puede limitar las aspiraciones de los jóvenes mucho más de lo que pensamos”.

Por eso considera que es especialmente valioso que se visibilicen recorridos como el suyo. “No se trata de decir 'yo pude, cualquiera puede' de forma simplista, sino de que un chico o chica de una ciudad pequeña como Logroño, desde un colegio o un instituto público, sepa que ese camino es transitable. Por supuesto, con un sacrificio enorme por parte de mis padres, nada de esto habría sido posible sin ellos”.

Lo dice desde Ámsterdam, donde trabaja en un doctorado desde hace seis años en el Netherlands Cancer Institute, uno de los principales centros de investigación oncológica de Europa, con una importantísima red de colaboraciones internacionales. “También este salto fue gracias a mis padres, tanto por su esfuerzo, sacrificio y apoyo económico como por animarme siempre a elegir el camino que me apasiona”. Y esa pasión es justo lo que encuentra en el NKI: “este equipo, proyectos y entorno científico eran exactamente lo que necesitaba para seguir creciendo”.

Allí trabaja en biología estructural, una rama que estudia la vida en su nivel más pequeño y fundamental, el de las moléculas. Razvan lo traduce para el común de los mortales invitándonos a imaginar una ciudad enorme y compleja. “Las proteínas serían la maquinaria que la mantiene funcionando: las grúas, los camiones, las tuberías. Cuando algo falla en esa maquinaria, aparece la enfermedad. Mi trabajo consiste en hacer fotografías de esa maquinaria a escala molecular, con un nivel de detalle tan preciso que podemos ver exactamente dónde está el fallo. Y una vez que sabemos eso, podemos diseñar fármacos que actúen justo ahí, como una llave que encaja en una cerradura específica”.

Explica que, sin ese conocimiento detallado, diseñar un medicamento sería como intentar reparar un motor con los ojos cerrados. “Este tipo de investigación está en la base de muchos de los tratamientos modernos, y cada proteína que estudiamos puede abrir la puerta a nuevas terapias”, añade. Fue él quien obtuvo las primeras imágenes tridimensionales de Zincore, un 'interruptor molecular' completamente nuevo y todavía poco conocido, que regula qué genes se leen y cuándo. Lo hizo mediante cryo-EM, una técnica que permite “fotografíar” proteínas a escala atómica.

Cualquiera podría pensar que, con este recorrido y estos importantes hallazgos científicos, el investigador Borza Porumb habría cumplido todas sus expectativas; pero no es así como él ve las cosas. “Cada vez que alcanzo un objetivo, lo desplazo un poco más lejos. Siempre estoy superando mis expectativas, pero también siento siempre que queda camino por recorrer”, expone, “este año termino el doctorado y ya tengo claro que seguiré con un posdoctorado. No lo veo como insatisfacción, sino como motor; la curiosidad y las ganas de seguir mejorando son lo que me ha traído hasta aquí y lo que me seguirá empujando”.

Si en vez de poner la vista en el futuro le pedimos que mire atrás, su mirada se fija de inmediato en su etapa adolescente. “No destacaría ningún nombre en concreto, pero sí puedo decir que la formación que recibí en el instituto público Tomás Mingot de Logroño estuvo, en mi opinión, por encima de la media”, valora, “lo noté cuando empecé la carrera en Salamanca: había una base sólida que muchos compañeros de otros centros no tenían; y eso dice mucho de los profesores que pasaron por ese centro”.

A pesar de todos sus logros, defiende que su trayectoria es sólo un ejemplo de muchos, “no algo excepcional”. Cree que las limitaciones muchas veces se las pone cada uno, por falta de referentes o por desconocimiento. “Venir de una ciudad pequeña, de la educación pública o no tener todos los recursos, no es un techo aunque muchas veces pueda parecerlo”, argumenta, “el mayor peligro es compararse con otros o asumir de antemano que ciertos caminos no son para ti”. Ante esto, su consejo es firme: “Hay que centrarse en los objetivos, con esfuerzo, sin rendirse y aprovechando las oportunidades. Eso es lo que marca la diferencia”.

Cuando al padre de Laura le subieron el sueldo, en casa no se podían imaginar que iba a convertirse en una mala noticia. El salario anterior ubicaba a la familia dentro del umbral 1 que establece el Ministerio de Educación para repartir las becas al estudio. Es el grupo más bajo, donde entran las personas más vulnerables. Eso permitió a Laura recibir durante cuatro años la ayuda completa, que además del pago de la matrícula universitaria incluye ayudas económicas en mano para gastos. Pero esa mejora salarial, apenas 111 euros –“me acuerdo perfectamente de la cifra, porque generó mucha frustración”, cuenta la joven–, sacó a la familia del umbral 1 por exceso de renta y la encuadró en el 2. Y se esfumó el principal pago en metálico (1.700 euros este año).

“Fue un jarro de agua fría”, explica Laura. “Cuando pasas de umbral es un cambio muy grande. Cobras una miseria más y lo que pierdes es mucho. Una subida de sueldo que al año no supone tanto para la familia te deja sin el tipo de ayuda con la que contabas. Llegas a pensar: 'Preferiría que en mi familia ganáramos un poquito menos y seguir contando con la ayuda'”.

Laura, que actualmente está estudiando un máster, es una de las casi 380.000 personas de entre 18 y 24 años a las que el Gobierno considera demasiado ricas como para acceder a una beca completa, con ayudas directas, pese a que son hogares en riesgo de pobreza, según la definición oficial.

Esto sucede porque el umbral 1 de renta para acceder a las becas, el límite máximo de ganancias que fija el Gobierno para acceder a estas ayudas integrales, lleva años por debajo del que fija la línea de riesgo de pobreza familiar. El Estado reparte tres tipos de becas en función de la renta familiar y otros parámetros como el patrimonio, aunque los ingresos son el principal filtro.

Para ello, cada año se establecen tres límites de renta que fijan los derechos económicos de cada grupo: quien quede por debajo del umbral 1 tiene derecho a la ayuda completa, que incluye un pago directo de 1.700 euros, hasta 2.700 euros para residencia si se estudia en una comunidad autónoma diferente de la familiar, entre 50 y 125 euros en función del rendimiento académico y una cantidad variable de hasta 60 euros en función de una complicada fórmula matemática; los hogares que se sitúen entre el umbral 2 pierden la principal partida, los 1.700 euros; finalmente, por debajo del umbral 3 solo optan a la ayuda vinculada al rendimiento. En los tres casos se incluye el coste de la matrícula.

El problema para Laura y otros cientos de miles de personas en España que potencialmente podrían ir a la universidad si quisieran es que el Gobierno ha fijado este año el máximo de renta familiar que marca el umbral 1 en 23.286 euros anuales (en total, para una familia de cuatro miembros), mientras que la línea que establece el riesgo de pobreza está en 25.662 euros al año para esa misma familia.

Estas personas pueden acceder a la beca media o a la más básica. Pero ninguna de las dos llega a compensar el coste de oportunidad de estudiar (incluso podría cuestionarse con la completa). Y a la universidad va quien puede permitirse no trabajar durante esos años, como recuerda siempre Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Jaén y autor de varios informes sobre financiación universitaria.

El Gobierno ha aprobado este año la partida para becas más alta de la historia con 2.559 millones de euros que beneficiarán, calcula el Ministerio, a un millón de estudiantes. Aunque son para todas las etapas, la inmensa mayoría de ese dinero se destina a la universidad. Desde que el PSOE está en el Gobierno, el presupuesto para becas ha subido un 83% respecto al que aprobaba el PP. Las cuantías han subido y se han elevado los límites de renta que dan derecho a becas (con el PP el umbral 1 que daba derecho a la ayuda completa era de 14.613 euros anuales) hasta los 22.177 euros, ampliando así la base de los beneficiarios.

Pero con la subida del salario mínimo interprofesional y la buena marcha macro de la economía también ha subido la línea que marca el riesgo oficial de pobreza, que se fija de manera automática en un 60% de la mediana de ingresos (siempre ajustado al tamaño del hogar). ¿El resultado? Hoy, como ayer, el umbral 1 queda por debajo del de la pobreza, dejando a millones de personas en ese limbo. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación cuáles son los criterios para fijar los umbrales de renta, porque no van automáticamente ligados a ningún indicador, pero no ha obtenido respuesta.

“El sistema de umbrales deja que desear”

“El sistema de umbrales deja que desear en muchas situaciones, no evalúa bien a cada estudiante”, valora Andrés Campillo Ponce, responsable de becas de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. “Nosotros reclamamos que se revisen. Modificarlos, sí, pero también introducir otros requisitos para que la convocatoria sea más justa. Está bien que se eleven los umbrales de vez en cuando, pero nos gustaría que se haga respecto a algún indicador específico, por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Canae, explica Campillo Ponce, está trabajando en una propuesta integral para presentarla en el Observatorio de Becas, el foro de interlocución para este tema con el Ministerio de Educación.

“Nuestra idea ha sido siempre que los umbrales suban de manera que no dejen a nadie atrás. Todos los años nos encontramos subidas del SMI o de los salarios, pero luego estas subidas no se ajustan en los umbrales y de un año para otro ves que sales del umbral 1 al 2 sin haber hecho nada”, expone.

“Es una decisión política”, tercia Santiago Cuesta, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de CCOO en el Observatorio. “Debería haber un criterio para que los umbrales respondieran a la situación real de las familias. No puede ser que apruebes un umbral que está por debajo de cualquier referencia, no responde a las necesidades reales de las familias y estás excluyendo a personas. Va contra el propio concepto de la beca o ayuda, es un ejercicio teórico que deja fuera a familias que deberían tener derecho, sobre todo en el umbral 1”.

Cuesta cuenta que CCOO lleva “años pidiendo una reforma absoluta del sistema”, y aunque concede que es positivo que el Gobierno esté subiendo las partidas año tras año, insiste en que es necesario “cambiar los criterios, que tienen 20 años”. “No es que haya pérdida de talento, es que le estamos robando expectativas de futuro a los chavales. Si somos una sociedad avanzada como decimos, hay que demostrarlo aquí, en las políticas sociales, esto es básico para el ascensor social”, sostiene.

El problema viene de atrás y no se acaba de resolver. En 2023, las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas hicieron un estudio en la Universidad de Alicante que ya explicaba que el sistema de becas es “ineficaz” por esta misma cuestión y proponían que el umbral 1 se elevase como mínimo hasta la línea de pobreza para acoger a todo ese colectivo. Aquel informe advertía también de que el carácter lineal de todo el proceso, utilizar las mismas referencias para toda España, junto a la variabilidad de precios universitarios entre las comunidades autónomas, provoca que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar los estudios diverja entre autonomías en términos relativos. Esto es, dice el informe con el precio de las tasas y las rentas de 2023, para una familia catalana o madrileña, el coste universitario se fijaba en un 5,8% sobre la renta mediana; para una gallega en un 3,4%.

Este asunto lo ha abordado el PNV en el Congreso porque Euskadi es una de las comunidades con menos becarios debido a que, al ser una de las más ricas de España, más familias se quedan fuera de las ayudas por renta. “El Gobierno central pone unos umbrales para acceder a becas iguales para todos, pero las condiciones no son las mismas en todo el Estado”, argumentaba el diputado Joseba Agirretxea, “no es lo mismo igualdad que equidad. Y hacer una raya igualitaria en este caso no es equitativo”. El partido le ha pedido al Gobierno que ajuste los umbrales.

Cuantías escasas, plazos tardíos

También preocupan a familias y estudiantes las cuantías que se pagan a los becarios como los plazos de ejecución de las ayudas. “Las cuantías son fundamentales”, dispara Cuesta, de CCOO. “El objetivo de las administraciones es ampliar el espectro, hacer las ayudas accesibles a más personas. Eso está muy bien, pero lo que hay que pensar es cómo las distribuyes para quien más las necesite. El ejemplo de la ayuda de residencia de las becas universitarias es palmario. Tienes una ayuda máxima de 2.700 euros anuales. Es irreal. Sin hablar de Madrid siquiera, no hay prácticamente ningún sitio que baje de 450 euros al mes. Le vas a pagar cuatro meses, pero los estudios duran diez. ¿Eso es una ayuda?”, pregunta retóricamente. El mismo argumento repetirá para la cuantía fija para las becas mejor dotadas, 1.700 euros para todo el año, o la variable (hasta 60 euros).

“Ha habido alguna subida reciente”, concede el estudiante Campillo Ponce, “pero la situación de la vivienda va a peor. Si vives fuera de tu ciudad de residencia en una capital de provincia tienes difícil acceder a una residencia con esa beca. Es cierto que algunas universidades complementan las ayudas, pero no se puede estar dependiendo de las universidades”, elabora. La escasez de los montantes, contaban Martí y Ródenas en su estudio, provoca que estos estudiantes tuvieran que trabajar además de estudiar, “por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Y luego están los plazos. María Sánchez, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de AMPAs del país, explica que para muchos hogares es fundamental que se agilice la ejecución de las ayudas, que muy a menudo llegan a los bolsillos de los beneficiarios a mitad de curso. “El plazo de solicitud es amplio, pero eso supone que muchas familias acaban cobrando la beca en marzo y tienes que adelantar el gasto”, cuenta, lo que para algunos hogares se convierte en un obstáculo casi insalvable. “Hay familias que a día de hoy no han cobrado el 100% de la beca”, corrobora el portavoz de Canae. “Nuestra principal reclamación es que cuando empiece el curso, en septiembre, tengan ingresada al menos la cuantía principal para poder hacer frente al curso y que nadie tenga que adelantar dinero”, explica.

Laura cuenta que durante todo su periplo educativo ha vivido en casa de sus padres, “si no, habría sido todo mucho más complicado”. También tenía unos ahorros propios de haber trabajado previamente. “Pero aún así he notado que tengo que limitarme en muchas cosas que otros compañeros no”, explica.

“Si el objetivo del sistema de becas es que cualquier persona que quiera continuar sus estudios lo tenga garantizado, con este sistema, a día de hoy, no da”, cierra Cuesta. “No cuestionamos el esfuerzo inversor que ha hecho la administración, pero, si con ese esfuerzo no se llega, el sistema es fallido”.

La Comunidad de Madrid quiere blindar aún más la escuela concertada en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a aprobar una ley educativa ad hoc para proteger a los centros privados sostenidos con fondos públicos como reacción a la ley nacional, la Lomloe, está preparando un decreto con el que pretende extender la duración de los conciertos hasta los 14 años.

Será, si se aprueba finalmente el texto (o cuando se haga, más bien), la segunda subida en cinco años: el Ejecutivo de Ayuso subió la vigencia de estos convenios entre los centros y la administración en 2021 como parte de aquella respuesta a la Lomloe, y los fijó en diez años frente a los seis que marca la ley y que mantienen las demás comunidades autónomas. En este caso la justificación es que como se están reduciendo las ratios hay que ofrecer seguridad jurídica a los centros durante el tiempo que dure el proceso.

La escuela concertada es un pilar central del proyecto educativo del PP en la Comunidad de Madrid, bajo el argumento de que garantiza la “libertad de elección de las familias” que, según esta visión, consagra la Constitución (aunque la carta magna solo habla de la libertad de crear centros privados, no de que la administración los promocione). Ha sido así durante décadas, especialmente a partir de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, aunque para ello hubiera que saltarse la ley. El impulso a la concertada en la región se plasma en el reparto de alumnado y sus consecuencias: en Madrid hay menos estudiantes en los centros públicos que en los privados, un caso único en España, una política educativa que ha llevado a la comunidad a ser la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta: los ricos van a clase con los ricos, los pobres con los pobres.

Hay ejemplos de todo tipo del apoyo institucional a la escuela concertada por parte de los Ejecutivos populares durante las últimas dos décadas. Uno son las cesiones de suelo público para construir colegios a los que se garantiza el concierto antes de existir, una medida que iba contra la normativa (los conciertos se conceden a centros que ya existen) hasta el punto de que cuando el PP llegó a la Moncloa regularizó la práctica al incluirla expresamente en la normativa. El Gobierno trató de contrarrestarla después prohibiéndola, explicó, en la Lomloe. Pero no lo hizo expresamente y Madrid ha obviado esta disposición y continúa cediendo suelo y garantizando conciertos de forma anticipada.

De hecho la educación es uno de los campos habituales de batalla entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Conciertos, becas para las familias ricas que acuden a centros privados, financiación de los centros que segregan por sexo, el uso del castellano en la escuela (o, más bien, la confrontación por algo que en Madrid, sin lengua cooficial, no es polémico), el bilingüismo o, recientemente, la vuelta en Madrid de los niños de 12 y 13 años a los colegios, son algunos de los elementos por los que ambos Ejecutivos se han enfrentado.

El PSOE admitió durante la tramitación de la Lomloe que buena parte de las medidas incluidas en la ley estaban pensadas para contrarrestar las políticas del PP. La respuesta de Madrid fue aprobar la mencionada Ley Maestra para blindar a la escuela concertada y continuar con sus prácticas, como la cesión de suelo, ante la pasividad del Ministerio de Educación, que al menos con el anterior equipo, con Pilar Alegría al frente, optó por protestar verbalmente, pero no hacer nada. Uno de los últimos casos fue con esa vuelta de 1º y 2º de la ESO a los centros de Primaria, una medida que los directores de instituto rechazan por retrógrada y que Educación advirtió en su momento de que vigilaría porque iba contra la ley, pero que ha acabado ejecutándose sin problemas.

Cada esfuerzo que hace la Moncloa por controlar la escuela concertada es respondido por la Puerta del Sol reforzando aún más los centros privados sostenidos con fondos públicos. Al calor de este impulso nació y se desarrolló a partir del año 2000, aproximadamente, la llamada nueva concertada madrileña, un modelo propio de la región que, a diferencia de las escuelas con más tradición, ligadas habitualmente a la Iglesia a través de Escuelas Católicas, se articula en la forma de sociedades mercantiles, ofrece beneficios a sus dueños y dividendos a sus accionistas y altos salarios a las direcciones, profesionalizadas, mientras reciben dinero público. Un modelo que permite que centros subvencionados por todos se vendan por 200 millones de euros.

Ajuste de aulas, extensión de conciertos

El Gobierno regional explica en el borrador del decreto que prepara –técnicamente, lo que hace es modificar el Decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid– que como está ajustando las ratios de alumnado por aula tiene que alargar los conciertos en consecuencia. Así, dice el texto que “la Comunidad de Madrid ha iniciado un proceso de disminución de la ratio máxima de alumnos por aula (...) que finalizará en el curso 2030/2031”.

Debido a esta reconfiguración, continúa, “los centros concertados están adaptando su configuración jurídica de unidades y su concierto educativo en función de las necesidades de escolarización y la demanda de puestos escolares (...) condicionados por la disminución de la ratio. Asimismo, para la propia Administración educativa este proceso de ajuste de la ratio está afectando necesariamente en su actuación de programar anualmente la oferta educativa en centros sostenidos con fondos públicos”.

Y concluye: “Sólo una vez finalizado dicho proceso, los centros concertados habrán definido su configuración definitiva, y sólo entonces la Administración podrá tomar las decisiones necesarias en orden a la actualización de una «programación general de la enseñanza» adecuada y suficiente (...). Por todo ello, con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros, a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados (...) y a la propia Administración educativa, se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a catorce años, para que la fecha de renovación de los mismos coincida con la de la implantación completa de la disminución de ratio de alumnos por aula”.

Cádiz, marzo de 1976. España aún no era una democracia, los sindicatos seguían sin ser legales, y el sistema educativo continuaba anclado en los esquemas del franquismo. En ese contexto incierto, con el país apenas iniciando su transición política tras la muerte de Franco, unos 150 docentes se reunieron en el Colegio San Felipe Neri, en la capital gaditana, para debatir cómo debía ser la enseñanza en un futuro que todavía no estaba garantizado. Aquella cita, organizada por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más influyentes —y poco conocidos— en la construcción del modelo educativo de la España democrática.

El aniversario del congreso, que se conmemora este miércoles en Cádiz con un encuentro impulsado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) junto a UGT, sirve para recuperar aquella memoria y proyectarla hacia el presente. Se organiza en un colegio concertado y religioso, pero es un guiño para este centro cuya elección hace medio siglo no fue casual. La celebración del congreso en Cádiz fue posible gracias a la mediación de Javier Anso, entonces responsable del colegio mayor Chaminade, que facilitó aquel encuentro en un momento en el que cualquier reunión sindical se movía en los márgenes de la legalidad. Clave fue también un joven Manuel Chaves para elegir la capital gaditana como sede de este congreso estatal.

El encuentro se celebró entre el 19 y el 21 de marzo de 1976 en una suerte de limbo político. El franquismo había muerto con el dictador, pero seguía vivo en las estructuras del Estado. El Gobierno de Carlos Arias Navarro ensayaba una apertura limitada, sin romper con el régimen, y los sindicatos continuaban sin reconocimiento legal —UGT no sería legalizada hasta abril de 1977—. En ese escenario, la reunión de Cádiz fue posible porque el sistema empezaba a resquebrajarse, aunque el control y la incertidumbre seguían presentes.

“Lo hicimos ya tolerado. Ni autorizado, ni prohibido”, recordó años después el exdiputado Rafael Román en su libro Crónica de una generación, donde define aquel momento como una “democracia tutelada”. La expresión resume bien el equilibrio inestable en el que se movían quienes participaron en el congreso: podían reunirse, pero no sabían hasta dónde llegaban los límites.

El miedo formaba parte del ambiente. “Sensación de triunfo no había ninguno todavía. Al contrario, había miedo”, recuerda Carmen Romero, entonces joven docente y una de las participantes. La ausencia de libertades, la vigilancia política y la memoria reciente de la represión hacían que cualquier paso tuviera un componente de riesgo. Aun así, el congreso salió adelante y reunió a profesores de todos los niveles educativos —desde primaria hasta universidad— junto a representantes internacionales del ámbito educativo europeo.

Igualdad de oportunidades

Al ser clandestino, de aquel congreso no quedan fotografías, pero sí una pequeña nota en Diario de Cádiz, que refleja una asistencia de alrededor de 150 personas, organizadas en comisiones para debatir distintas ponencias: desde una “Alternativa socialista para la enseñanza” hasta un manifiesto pedagógico, pasando por cuestiones político-sociales, la formación profesional o la estructura organizativa del sindicato. Aquellos debates no eran meramente técnicos. En realidad, lo que se estaba discutiendo era el papel de la educación en la futura democracia.

Lo que salió de Cádiz fue una propuesta de transformación profunda. Los participantes defendieron una escuela pública, gratuita, laica y democrática, pero también introdujeron matices que marcarían el desarrollo posterior del sistema educativo. “No era una escuela estatal autoritaria, sino una escuela participativa y democrática”, explica Romero. “Meter ese funcionamiento democrático en la escuela era esencial”. La idea no era solo cambiar contenidos, sino transformar la propia cultura escolar, convertir los centros en espacios de participación y aprendizaje en libertad.

Otro de los ejes fue la coeducación, en ruptura con un sistema que había separado a niñas y niños durante décadas. También lo fue la voluntad de evitar la segregación social desde edades tempranas. Frente a modelos que diferenciaban itinerarios educativos según el origen o el rendimiento, los docentes apostaron por el llamado “ciclo único”, una enseñanza común que garantizara la igualdad de oportunidades.

“Había una educación para pobres y otra para ricos, y eso lo habíamos vivido”, recuerda Romero. “No queríamos que esa segregación empezara desde el principio”. La educación debía ser, en su planteamiento, un instrumento de cohesión social, no un mecanismo de reproducción de desigualdades.

El congreso también abordó uno de los debates que marcarían las décadas siguientes: el papel de la enseñanza privada. En aquel momento, la posición de los sectores más comprometidos con la escuela pública era clara, pero el desarrollo político posterior obligaría a matizarla. La Constitución de 1978, fruto del consenso, reconoció en su artículo 27 tanto el derecho a la educación como la libertad de creación de centros, dando lugar a un modelo mixto que sigue vigente. “Fue un pacto”, señala Romero. “Tuvimos que aceptar esa libertad, pero con la idea de que la educación pública debía ser el referente”.

“La clave no es hacer leyes, es financiarlas”

La influencia del congreso de Cádiz no se limitó al plano teórico. Muchos de sus participantes desempeñaron después un papel relevante en el desarrollo de la educación en democracia. El encuentro, presidido por un joven Manuel Chaves, fue un auténtico semillero de dirigentes políticos y sindicales. Estaban Romero, Román, Manuel Gracia, Javier Solana... Por sus filas pasaron nombres que más tarde ocuparían responsabilidades institucionales y contribuirían a diseñar el sistema educativo.

50 años después, buena parte de aquellas reivindicaciones forman parte del paisaje educativo español. Sin embargo, los debates de fondo siguen abiertos. La financiación de la educación pública, la situación del profesorado, el papel de la enseñanza privada o el desarrollo de la formación profesional vuelven a situarse en el centro de la discusión.

Romero insiste en que el principal problema no es normativo, sino material. “La clave no es hacer leyes, es financiarlas”, advierte. A su juicio, la falta de inversión y de planificación está generando nuevas desigualdades, especialmente en ámbitos como la formación profesional, donde el crecimiento de la oferta privada está marcando el acceso de muchos jóvenes.

A estos retos se suman otros completamente nuevos, como el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza o la transformación del papel del profesorado en un contexto de acceso masivo a la información. “Es un cambio brutal”, afirma. “El profesor tiene que orientar en un mundo en el que el alumno puede acceder a todo el conocimiento”.

La jornada reunirá a protagonistas de la época, responsables sindicales e historiadores, y actuales dirigentes y docentes, en un ejercicio que combina homenaje y reflexión, además de servir de encuentro intergeneracional. Una de sus mesas se llama ‘De la tiza a la IA’.

No pueden más. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, según ha comunicado este martes. La protesta comenzará el próximo martes 7 de abril, tras la Semana Santa, y se mantendrá “el tiempo necesario hasta que se produzcan mejoras que permitan garantizar una educación de calidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)”.

Desde la plataforma explican sus reivindicaciones básicas, que pasan con carácter general por darle a la etapa de facto la consideración educativa que ya tiene sobre el papel –y no meramente asistencial–, pero no acaba de aplicarse, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras (el 97% del sector son mujeres).

Para ello, PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

En lo laboral, las trabajadoras de las escuelas infantiles son el colectivo docente más precario del Estado y además es una etapa en la que conviven diferentes figuras laborales y modelos de gestión, desde lo público a lo privado pasando por modelos mixtos, por lo que hay varias realidades aunque cumplan la misma función. Y todas tienen en común unos salarios bajos, cercanos al SMI (las docentes de los centros de gestión directa de las administraciones tienen mejores condiciones). Las profesoras de esta etapa viven instaladas en una especie de huelga intermitente en los últimos años, en los que han sido convocadas a parar en varias ocasiones.

Equiparación salarial

Por ello, PLEI exige la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

El grueso de las reivindicaciones concluye con el espacio de trabajo, otro elemento a mejorar. “Queremos trabajar en escuelas seguras, espacios sin goteras, con una climatización adecuada, donde la calefacción funcione, no haya moho por todas partes y las paredes y techos no se caigan a pedazos. Con patios con sombra o toldos, persianas que funcionen y espacios exteriores pensados para vivir y no solares sin apenas naturaleza que sentir y explorar. Trabajamos con criaturas de 0-3 años, las condiciones donde permanecen la mayor parte del día son vitales para su desarrollo y salud física y emocional”, alegan.

La plataforma, que convoca los paros con el respaldo de CGT, explica que les bastaría con ser escuchadas. “Solo necesitamos que las instituciones políticas nos escuchen y hagan su trabajo, que es responsabilizarse del primer ciclo de educación infantil, creando un marco normativo a nivel estatal que unifique nuestras condiciones y garantice los recursos, tanto materiales como humanos, para poder ofrecer una educación de calidad acorde a las necesidades de estos primeros años de vida, tan importantes para el desarrollo humano. Queremos dejar de ejercer violencia institucional a la infancia por la falta de recursos y medios”, explica la plataforma en una nota.

“Hemos hecho de todo”, argumenta Rosa Marín las razones que llevan a un colectivo ya precarizado a convocar una huelga indefinida. “Parones, huelgas de un día, nos hemos unido con otras etapas para protestar, nos hemos manifestado, hemos ido a las juntas del distrito, nos hemos reunido con los partidos políticos, hemos ido al ministerio (¡y tardamos tres años en que nos recibieran!). Se acabó, es el último cartucho. Si con esto no conseguimos nada tendremos que dejar la profesión, porque no hay diálogo. Todo son buenas palabras de la administración: 'qué injusto, qué duro, qué bien lo estáis haciendo…' Pero no hay ningún compromiso de cambio ni de responsabilidad política. Así que vamos a intentarlo duremos lo que duremos”.

Una etapa en progreso... al menos parcial

Sin obviar lo expuesto, el primer ciclo de educación infantil también ofrece datos positivos. España está entre los diez países europeos con una mayor tasa de escolarización (un 55,8%, según datos del Ministerio de Educación, por encima del objetivo europeo del 45% para 2030) y ha registrado una subida de 20 puntos en una década. La apuesta del Gobierno central y las comunidades autónomas por esta etapa parece estar surtiendo efecto.

Pero ese dato medio, sin contexto, esconde diferencias regionales, no explica el efecto Mateo que se está dando y tampoco habla de los diferentes modelos que tienen las comunidades autónomas: algunas –sobre todo las 12 en las que gobierna el PP– están apostando por la gratuidad para las familias independientemente de en qué escuelas se matriculen los niños, otras por impulsar exclusivamente el sistema público. Los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2023-24, muestran que el reparto entre las redes es más o menos equilibrado: un 53% acude a un centro público, un 47% a uno privado.

Hablando ayer con mi compañero Pau Rodríguez, que aunque ahora cubre Local lleva muchos años echándole un ojo a la educación desde Barcelona, me dice que la huelga del pasado viernes en Catalunya fue poco menos que histórica. “No sé si había visto antes una mani de 35.000 personas solo docentes”, se sorprendía. Y eso que la concertada pinchó un poco, aunque también estaba convocada.

Todo esto pese a que se supone que hay un acuerdo firmado hace pocos días que tendría que haber desactivado la protesta. O quizá precisamente por eso, porque aunque dos sindicatos –UGT y CCOO– han firmado, el resto no –USTEC, ASPEPC, CGT y la Intersindical–. Y los claustros arden ante lo que consideran una cierta claudicación sindical. Illa, tienes un problema.

Los docentes catalanes se han pasado toda la semana de paros en lo que es la última muestra del malestar docente que, con huelgas convocadas o sin ellas, se vive –me atrevo a decir– en todo el país. En los últimos meses, os lo hemos venido contando puntualmente, ha habido paros, entre otros, en Asturias, Aragón, Euskadi (quizá el mejor ejemplo de cómo llevar una huelga) o Madrid, además de la citada Catalunya; en las próximas semanas habrá en la Comunitat Valenciana o Galicia (¡por sexta vez este curso!). La España docente se revuelve.

Cada paro tiene su por qué y sus peculiaridades, pero en general los docentes protestan por las condiciones en las que ejercen su trabajo, las suyas laborales propias, y las del sistema, que son un poco la misma cosa. Una creciente burocracia, ley tras ley, que les aplasta, aulas masificadas y las faltas de respeto son algunas de las quejas específicas que se suman a las genéricas sobre los salarios. El profesorado cree que la profesión se ejerce cada vez en peores condiciones y, como consecuencia, crecen los problemas de salud mental entre el colectivo.

Las protestas son cada una contra su consejería de Educación y coinciden en que no tienen ideología. Hay y ha habido para el PSOE, para el PP y hubo para el PNV. El Gobierno no tiene competencias sobre los funcionarios ajenos, pero la exministra Pilar Alegría se permitió llamar a esta la “legislatura del profesorado” y a su sucesora, Milagros Tolón, no le ha quedado otra que darle continuidad. Es un colectivo de casi 800.000 personas a nivel nacional sin contar la universidad; al Gobierno le sale a cuenta tenerlos contentos aunque solo sea por el cálculo electoral.

Educación lo confía todo al estatuto docente, que se comprometió a sacar durante este mandato, pero ni está claro que lo vaya a conseguir ni hay garantías de que con ello llegue la paz social. De momento está en trámite una reducción de las ratios y de las jornadas lectivas (las horas de clase semanales), pero no se espera un gran impacto porque en buena medida esta norma lo que hará será fijar a nivel nacional dos cuestiones que muchas comunidades ya han implementado.

Lo indiscutible es que las administraciones necesitan hacer algo. El problema es serio y no tiene pinta de estar en fase de resolución. En algunas materias, como las científicas, hace tiempo ya que faltan profesores, lo que está llevando a meter en un aula casi a cualquiera, y eso no parece la mejor idea. Claro que es peor tener al estudiantado sin profesor durante meses, algo que ya sucede en determinados casos. Y de los que están, uno de cada cinco se plantea dejarlo. Es un problema mundial, trasciende a España, pero ya se sabe que mal de todos...

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

“Han recortado a los más pringados de la Universidad. Lo único que van a conseguir es que nadie quiera investigar”. Como Juan, unos 70 jóvenes investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que están preparando su tesis denuncian que el centro, que vive una situación financiera límite, ha reducido un 11% los salarios de las ayudas para la contratación de personal investigador predoctoral en formación (PIPF) que otorga la Comunidad de Madrid, lo que ha dejado unos contratos que no eran boyantes en origen rozando el salario mínimo interprofesional (SMI).

Además, explican los afectados, lo ha hecho sin avisar del recorte hasta el instante mismo de la firma de los contratos, momento en el que ya tenían que haber renunciado a cualquier otro empleo que tuvieran porque estas ayudas exigen exclusividad, por lo que se habían quedado sin margen de maniobra. “Llegado a ese punto estás obligado a firmar porque ya has dimitido de lo que tenías”, corrobora Luis, que dejó un trabajo ligeramente mejor remunerado pensando que con el PIPF tendría las condiciones de anteriores convocatorias, para encontrarse después con el recorte.

Cuando le han pedido explicaciones a la Universidad, esta les ha respondido que la medida se ciñe a la legalidad porque la convocatoria no especifica que tenga que haber un salario concreto y las cifras que ofrece se atienen al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). También les dijo, nota mediante, que se ha tomado esta decisión para “garantizar la estabilidad presupuestaria de la UCM” porque, según la Universidad, “el aumento de costes durante el cuarto año [de contrato] provoca que el coste real para la UCM supere la financiación máxima establecida para la convocatoria”.

La Complutense ha tenido que pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para cerrar las cuentas del año y, como condición, ha tenido que aprobar un plan de austeridad que recurre a las jubilaciones y a la tijera –se van a cerrar estudios, por ejemplo– como vías para recuperar la estabilidad financiera. El centro no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el recorte en las ayudas a la investigación.

Los afectados dicen sentirse “engañados” porque no les informaron del recorte hasta que ya no podían dar marcha atrás y porque los 150 euros mensuales de menos respecto a anteriores convocatorias y lo que asumían que iban a ganar les hace la vida muy difícil en Madrid con 1.112 euros mensuales. “Entre el alquiler, facturas y gastos básicos te quedan 200-250 euros al mes para vivir”, describe uno de ellos una situación recurrente entre los demás. También está el agravio comparativo que sienten cuando miran a los compañeros de anteriores promociones y ven que están cobrando un 11% más que ellos.

2.000 euros menos

Los contratos PIPF son unas ayudas para jóvenes investigadores que concede la Comunidad de Madrid con 18.269,58 euros anuales, poco más que el SMI, que está en 17.094 euros. Hasta este ejercicio, la UCM complementaba la parte autonómica con un extra de unos 2.000 euros anuales, elevando la cuantía total hasta los 20.325,62 euros cada 12 meses. Con esta cifra contaban los investigadores cuando pidieron la ayuda para la convocatoria de 2024, que se tramita en 2025.

La sorpresa vino hacia finales de año, explica el colectivo de afectados en una nota, cuando fueron a firmar el borrador, habiendo renunciado a lo que pudieran tener antes, y descubrieron el recorte de 150 euros mensuales sin preaviso. “Lo que nos molesta es la falta de comunicación que ha habido con esto”, explica Guillermo. “Yo tenía un contrato PLI (de personal laboral investigador) y con esta ayuda pensaba que iba a poder cobrar ese pellizco más. Pensábamos todos que íbamos a poder tener un estilo de vida más relajado, porque con ese contrato va muy, muy justo en Madrid con 1.100 euros”. Ese extra mensual puede no parecer mucho, cuentan los investigadores, pero es una diferencia fundamental cuando vas tan justo.

“Me gasto la mitad en alquiler y con la otra mitad tengo que vivir, pagar los viajes a Sevilla para ver a mi familia”, relata Guillermo una situación que se repite. Cuando Alfonso supo que había ganado un contrato hizo planes con su novia. Ella, colombiana, vendría a España y se irían a vivir juntos. Alquiló una habitación doble, cuenta, para encontrarse la sorpresa del salario. “Pago 550 euros por la habitación, estoy bastante al límite con los gastos y estamos esperando para juntarnos porque no tengo capacidad de ahorro”, explica.

Una precariedad que amenaza las carreras investigadoras. “No es que te plantees dejarlo, porque estás haciendo lo que te gusta”, responde a la pregunta directa Alberto. “Pero tienes que trabajar, dar clase, corregir, si haces trabajo de campo lo haces gratis los fines de semana... Para que no haya un mínimo de compensación y en el momento en el que tenga cualquier percance o me suban el alquiler ya no es que quiera o no, sino que no podré permitírmelo”, explica.

Los investigadores están molestos porque la Complutense haya decidido recortar a los más débiles. “Es una situación un poco humillante”, pone voz Guillermo a lo que piensan todos. “La universidad recorta a los que estamos abajo del todo. No es una cantidad de dinero significativa para la UCM en su conjunto, pero para nosotros es un cambio muy grande”. “Esta situación [financiera] de la universidad es terrible, pero están cargando el peso en los más débiles, que somos los predoctorales recién contratados”, coincide Julia, otra afectada. “No es un buen reflejo de lo que tenemos que aspirar como sociedad. No se puede precarizar más a un sector que ya está bastante precarizado de por sí”, cierra Alfonso. Cuando se les pregunta cómo se sienten, las respuestas oscilan entre “estafados” y “humillados”, con una dosis de “ninguneados”.

La Universidad Complutense es el epítome de la situación de las seis universidades públicas madrileñas. El centro vive una situación financiera límite tras años de infrafinanciación por parte de la Comunidad de Madrid. En los dos últimos ejercicios, la UCM ha perdido 140 millones de euros, un estado de las cuentas que le ha forzado a cerrar estudios, ordenar un recorte del 35% en los gastos a todos los departamentos y, ahora, meter la tijera en la investigación. Tras dos ejercicios de un tenso tira y afloja con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, hace unas semanas las partes firmaron un acuerdo financiero para los próximos años que los rectores calificaron de “hito”, pero que las plataformas en defensa de la universidad pública ven como un parche que apenas mejora la financiación, que pasará del 0,4% del PIB al 0,5% en un escenario optimista.

Los afectados por este recorte aún tienen un argumento para considerarse afortunados: su convocatoria es, por el momento, la última que ha realizado la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional anunció hace unas semanas que suspendía la siguiente (y se ahorra los 29,1 millones de euros que conlleva), lo que implicará que si vuelve a sacar estas ayudas habrá el doble de aspirantes en la próxima convocatoria.

Los comedores escolares son esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, donde no solo aprenden hábitos alimentarios, sino también mejoran la socialización e integración con sus compañeros. También facilitan la conciliación de las familias y la capacidad de compaginar una jornada laboral con los horarios escolares de los niños y niñas, siendo un recurso fundamental. Aun así, solo el 44,8% de los alumnos asiste al comedor escolar, dejando a más de la mitad de niños y niñas fuera de la ecuación. El sistema de comedores escolares sigue teniendo muchas carencias en nuestro país: desde becas que no financian el 100% de los gastos a familias vulnerables, hasta el exceso de platos precocinados en los menús. 

La realidad es que España está todavía lejos de cumplir los objetivos de la Garantía Infantil Europea (GIE) aprobada en 2021 por el Consejo de Europa, que busca combatir la pobreza infantil y se compromete a garantizar el acceso a comedor escolar gratuito a todos los niños y niñas en situación de pobreza. En nuestro país, el 27,8% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza, pero solo el 11% accede a las becas comedor, según Educo, ONG que trabaja en más de 18 países y desde hace más de 30 años por el bienestar y los derechos de la infancia. Esto se traduce en aproximadamente un millón de niños y niñas vulnerables que no reciben becas y ayudas y por lo tanto, no van al comedor.  

La Plataforma Comedor Universal Por Derecho está impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer la primera ley de comedor universal para la escuela pública de la Comunidad de Madrid. Insisten en que acceder a una buena alimentación es un derecho fundamental para los niños y niñas, especialmente aquellos en riesgo de vulnerabilidad. La propuesta tiene cinco fases que finalizarán el próximo diciembre con la entrega en la Asamblea de Madrid de las más de 50.000 firmas que quieren conseguir, y pone sobre la mesa la ineficacia del sistema de becas y ayudas actual.

La plataforma está haciendo un llamamiento a la comunidad educativa de Madrid a participar en una lluvia de ideas para ayudar en la elaboración de la ILP y “escribir juntas la futura ley de comedor universal en la escuela pública”. La siguiente etapa será iniciar la campaña Becas Comedor y registrar la iniciativa en la Asamblea de Madrid.

El comedor en determinadas zonas es un vehículo de conciliación, porque la jornada laboral es más extensa que la jornada lectiva. Además, se puede meter en ese espacio que llamamos aulas matinales… Ambos tiempos son básicamente fórmulas de conciliación laboral

María Sánchez — Directora de CEAPA

Esta no es la única iniciativa que busca mejorar la situación de los comedores escolares en la capital. A comienzos de diciembre del año pasado, Más Madrid registró en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para establecer su gratuidad. La medida, dirigida a niños y niñas de 0 a 16 años que acuden a centros públicos, presta especial atención a las dificultades económicas que enfrentan las familias, sobre todo en Madrid. Su implantación sería progresiva durante los próximos cuatro años y el coste estimado de la medida asciende a 837 millones de euros al año.

Todas estas iniciativas comparten la misma denuncia: en España no existe un comedor escolar gratuito y universal. A pesar del sistema de becas dirigidas a familias vulnerables, la gratuidad total no existe, y en la mayoría de los casos solo reciben cierto porcentaje de esa ayuda. En Baleares, Cantabria, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra no se contempla nunca dar el 100% de la beca, ya que cada territorio se rige por sus propios barómetros para determinar si la familia es suficientemente pobre para recibir esta ayuda. Y en Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, la beca del 100% está condicionada a diversos requisitos.

En todas las comunidades autónomas hay una brecha significativa entre el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, y el porcentaje de niños y niñas que tienen becas comedor

Pilar Orenes — Directora de Educo

Desde Educo, insisten en que los baremos económicos de las becas deben estar construidos en base a los umbrales de pobreza del INE. “Desgraciadamente, cuando tú no das una beca completa, también es un desincentivo. Muchas veces para pedirla o cuando te la dan no haces uso de ella porque tampoco puedes cubrirla. Es necesario que los sistemas y la burocracia sean ágiles, que todas las personas puedan acceder a ellos”, explica Pilar Orenes, directora de Educo. “En todas las comunidades autónomas hay una brecha significativa entre el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, y el porcentaje de niños y niñas que tienen becas comedor”.

Las familias que se encuentran bajo el umbral de pobreza reciben diferentes ayudas dependiendo de la comunidad en la que vivan, e incluso dentro de la misma comunidad, puede variar. Este sistema, irregular e ineficaz, dificulta la conciliación familiar con la educación y bienestar de los niños y niñas. Educo insiste en que todos los niños, niñas y adolescentes de familias que viven bajo el umbral de la pobreza reciban el 100% de la beca y, por lo tanto, quede totalmente cubierta su asistencia al comedor sin tener que hacer ninguna aportación económica.

María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), explica que “el comedor en determinadas zonas es un vehículo de conciliación, porque la jornada laboral es más extensa que la jornada lectiva. Además, se puede meter en ese espacio que llamamos aulas matinales, gracias al que niños y niñas pueden acceder al centro para desayunar a partir de las 7:00, 7:30 de la mañana, hasta la hora de entrar al cole, que son las 9. Ambos tiempos son básicamente fórmulas de conciliación laboral”. Sánchez asegura que el comedor escolar “tiene ese componente de servicio de conciliación, pero también nos preocupa mucho y algo en lo que trabajamos en CEAPA desde hace años, es el componente de alimentación”. 

El año pasado se conoció que un tercio de los centros con comedores escolares ofrece más frituras y menos verduras de las recomendadas, lo que cuestiona si los niños y niñas están recibiendo una alimentación adecuada y de calidad. “Casi todas las comunidades autónomas decidieron ceder los contratos de comedores a macroempresas de catering… La mayoría de ellas lo que hacen es establecer unas cocinas centrales y cocinar en esas cocinas la comida de X centros, y cada día transportar la comida a los centros que atienden”, asegura Sánchez. “Creemos que eso es una merma importante en la calidad, a pesar de que las empresas sostienen que el proceso de congelación en ningún caso afecta a la comida, pero no es lo mismo comer todos los días congelado”.

Los niños se quedan en el comedor y cuando llegan a casa piden comer otra vez, porque se quedan con hambre

María Sánchez — Directora de CEAPA

Desde CEAPA, Sánchez también se preocupa sobre la reducción de las porciones que sirven en los comedores, y cómo “los niños se quedan en el comedor y cuando llegan a casa piden comer otra vez. Porque se quedan con hambre”. Asegura que a pesar de la subida de los precios en los últimos cuatro años, “hemos notado que hay comunidades en las que desde hace 8 o 10 años no aumentan el precio del comedor”. Lo que resulta en comidas, en muchos casos, insuficientes para los niños y niñas. 

Otra guerra prácticamente perdida es la de los comedores en institutos. Más de un 15% de colegios públicos de primaria no tienen comedor escolar, mientras que solo el 16,7% de los centros educativos de ESO cuentan con este recurso, según la Plataforma de Infancia de España. El 87% de los institutos carecen de comedor escolar, por lo que solo el 2,9% del alumnado de ESO en centros públicos accede a este, según CEAPA. “En todas las edades es clave esa garantía de comida y ese entorno seguro que da el comedor escolar”, afirma Orenes.

“En la adolescencia también, porque es cuando muchas veces se producen esos retos en torno al bienestar, en torno a los trastornos alimenticios. No tener ese espacio del mediodía también te resta de un espacio de socialización, hace que incremente la posibilidad de abandono escolar.” Cuando pasan al instituto, muchos alumnos dejan de asistir a los comedores, en la mayoría de casos porque su centro no dispone de uno. Esto dificulta, de nuevo, la conciliación familiar y el desarrollo de los adolescentes.

No tener ese espacio del mediodía también te resta de un espacio de socialización, hace que incremente la posibilidad de abandono escolar

Pilar Orenes — Directora de Educo

El año pasado se publicó el Real Decreto 315/2025, que estableció las normas para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos españoles. Como principal objetivo, establece una oferta alimentaria de calidad nutricional y sostenible, basándose en la dieta mediterránea. Sin embargo, no hace apenas mención a la gratuidad o universalidad de los comedores escolares, a pesar de afirmar que “el comedor escolar es una pieza clave para reducir la pobreza infantil”.

Desde Educo, Orenes asegura que “a nivel de esfuerzos, hay que tocar muchas teclas para que el comedor universal esté garantizado. El Real Decreto habla de los comedores escolares y de la alimentación que se tiene que asegurar en ellos, la calidad de la alimentación. Pero hay que vincularlo con la situación de pobreza y con los niños y niñas que se quedan fuera de ese comedor, porque si no, esa garantía de alimentación no va a llegar a todos”. 

El comedor universal y gratuito en España es todavía una realidad lejos de alcanzar. Además de alcanzar unos estándares de calidad y cantidad, y asegurar su presencia en institutos. Sin embargo, cada vez más plataformas, asociaciones y organizaciones unen sus esfuerzos para intentar establecerlo en nuestro país, siempre velando por el bienestar de los niños y de sus familias. 

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha bajado de 25 a 22 la ratio de alumnos por aula en educación Infantil para el próximo curso escolar, que el 1 de marzo abrió el proceso de matriculación. La medida ha generado expectativas en la comunidad educativa, pero también muchas dudas.

Se trata de una bajada de ratio “instrumental” aprobada por resolución para el próximo curso, revisable cada año, condicionada a la demanda de plazas y “dentro de los límites” del decreto de admisión de alumnos, que sigue manteniendo la ratio máxima como estaba (25 por aula), según consta en la orden dictada por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta.

La bajada de alumnos por clase se hará efectiva, por tanto, siempre que los colegios no reciban más demanda de plazas que oferta, en cuyo caso, rige el artículo 5.1 del decreto de escolarización (21/2020, de 17 de febrero): “En la programación de la oferta educativa, el número máximo de alumnos y alumnas a considerar por unidad escolar será de 25 en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria”. La orden de la consejería supedita la planificación escolar de 22 por aula a la “oferta educativa existente y a la disponibilidad de espacios públicos”, entre otros factores.

Un colegio concertado de Sevilla ha hecho una consulta a la Inspección Educativa porque, con el plazo de inscripción recién abierto para alumnos de nuevo ingreso (3 años), “ya tiene comprometidas 16 de esas 22 plazas por hermanos ya matriculados en su centro”. “Hay familias inquietas porque viven al lado del cole, pero sus hijos no tienen hermanos aquí, y no saben si tendrán plaza incluso con todos los puntos por cercanía de domicilio”, explica la directora.

Fuentes del departamento de Educación subrayan que la ratio escolar será de 22 niños por aula, pero admiten que la nueva orden permite “excepcionalmente” subir a 25 por clase si el número de solicitudes rebasa “la oferta de plazas de la zona”. La Junta no contempla que ocurra este escenario, porque la población escolar andaluza lleva encadenando seis años de descensos debido al desplome de la natalidad. La bajada de la ratio ya es, de hecho, una realidad de facto en muchos colegios provocada precisamente por el escaso número de nacimientos.

Pero la incertidumbre de las familias tiene una razón de ser: el Gobierno de Moreno no ha topado la ratio escolar por ley. De hecho, ha votado dos veces en contra de hacerlo en el Parlamento, una a principio de esta legislatura, cuando vetó una iniciativa legislativa popular impulsada por sindicatos y agentes de la comunidad educativa; y otra a finales del año pasado, a propuesta del PSOE.

Hace una semana, Andalucía se alineó con otras comunidades del PP (también alguna del PSOE) que rechazaron, en el seno de la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley del Ministerio de Educación para bajar de 25 a 22 el número de estudiantes por aula, una reforma legal pactada con los sindicatos docentes que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere empezar a aplicar de forma escalonada desde septiembre.

La Junta va por delante porque su bajada de ratio escolar también entra en vigor en septiembre, pero no está blindada por ley. Tiene “carácter instrumental”, es decir, “no establece un nuevo derecho ni cambia las leyes educativas principales, sino que actúa como un medio o herramienta para aplicar, gestionar o facilitar la ejecución de una norma superior, a la que seguirá supeditada”, explican fuentes de la Inspección Educativa. Se trata, por tanto, de una herramienta de gestión administrativa y organizativa del curso escolar, subordinada a una ley de rango superior que sigue fijando el tope máximo en 25 por aula.

¿Cómo se va a traducir esta medida en el proceso de escolarización en curso? El efecto real de la bajada a 22 niños por aula (a través de una modificación puntual de la orden de admisión) será desigual: se aplicará en los centros donde el descenso de la natalidad ya ha actuado recortando considerablemente el número de alumnos por clase.

Otro efecto colateral ha sido, de hecho, la eliminación de miles de unidades escolares y, en algún caso, el cierre de escuelas por parte de la Junta, una medida muy criticada por los sindicatos y formaciones de izquierdas. Pero está por ver cómo gestiona la Junta la nueva ratio en centros donde la demanda supere la oferta.

Según la resolución de la Consejería de Educación para la admisión de alumnos de nuevo ingreso el próximo curso, aprobada el pasado 27 de febrero, “se han habilitado 3.713 unidades, lo que supone un incremento de más de 150 unidades respecto al curso escolar actual 2025/2026, como consecuencia de la reducción de la ratio máxima de alumnado por grupo de 25 a 22”.

Es decir, la Junta cuenta con un colchón de 150 aulas disponibles para posibles “desdobles”, en caso de que el número de solicitudes rebase la oferta de plazas. Desde la consejería aseguran a este periódico que podrían llegar incluso a 250 unidades más, lo que implica contar con más profesorado. Una bajada de la ratio estructural, por ley, suele llevar aparejado un desdoble de aulas -donde antes había una clase de 25 niños, ahora habrá dos de 12 y 13 (hasta 22)-, y eso implica contratar más personal y sacar más plazas de empleo público.

La Junta no ha dado ese paso, es más, sus reticencias respecto al proyecto de ley de bajada de ratio del Gobierno va en ese sentido, de ahí que hayan pedido al Ministerio que aporten fondos extraordinarios para financiar una medida que compete a las comunidades autónomas.

“El derecho de familias a elegir plaza” donde no hay más plazas

La escolarización opera de forma muy distinta en el territorio andaluz. La Junta puede controlar los nacimientos que, en más del 95% de los casos, se traducen en solicitudes de ingresos en el sistema educativo a los tres años. Pero es más difícil controlar los movimientos de las familias con niños, de un barrio a otro, de una ciudad a otra, y menos aún la elección libre del colegio que les gusta.

El PP siempre ha defendido esa “libertad de elección de las familias del colegio de sus hijos”, un derecho que no existe como tal, porque topa con la limitación física de las escuelas. En la oposición, los populares tendían a presionar junto a muchas familias para que se aumentase la ratio en aquellos colegios con sobredemanda de plazas, habitualmente privados concertados ubicados en grandes urbes, en barrios de clase media alta, donde estas escuelas terminaban teniendo hasta 28 niños por clase en Infantil y Primaria.

Los populares han seguido defendiendo este criterio desde que gobiernan en Andalucía, hace ya seis años, aunque justo este periodo experimentó un descenso de la natalidad que ha amortiguado los problemas de muchas familias para encontrar plaza en el colegio elegido para sus hijos.

En el curso pasado, el 96,62% de las familias obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39% logró el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. En realidad estos datos siempre han estado en esos parámetros altos, superiores al 94%.

Aun así, a pesar de haber menos nacimientos, menos matrículas y una ratio inferior, sigue habiendo determinadas escuelas muy populares donde la demanda excede a la oferta. Las familias que no consiguen la plaza escolar que quieren para su hijo se concentran en un puñado de colegios de cierto renombre en las grandes ciudadanos (privados concertados), pero sus protestas siempre han encontrado un eco sobredimensionado precisamente por el PP y la prensa conservadora.

Para estos casos, los populares también han defendido siempre que se ningunee la ratio, apurando los márgenes que permite la ley estatal y aumentando hasta tres niños más por aula (hasta 28 en Infantil y Primaria). Por ley, la subida de la ratio se puede aplicar en un colegio concreto, con sobredemanda, o en todo su distrito escolar.

La Consejería de Educación sostiene, en conversación con este periódico, que ahora que la ratio está en 22 por aula, sólo se aumentará el margen en un colegio si no quedan plazas libres en otros centros del mismo distrito. “Si un colegio recibe 22 solicitudes, la número 23 se derivará al colegio más próximo con plazas disponibles. Sólo si no hay espacio en toda la zona escolar, nos plantearíamos aumentar la ratio”, advierten. En realidad esto siempre ha sido así.

Lo que genera dudas ahora no es lo que establece la nueva orden, sino su aplicación práctica, y las contradicciones del discurso político del PP en defensa del “derecho de las familias a elegir libremente el colegio de sus hijos”. Si una familia no logra plaza en el colegio que quiere, tendrá que conformarse con la escuela de al lado, ¿o la administración que defiende la libre elección de centro sacrificará su nueva ratio de 22 por aula para satisfacer ese “derecho”?

“Sólo carácter instrumental”

Sobre el papel, la orden que fija el tope en 22 niños por clase está condicionada a las necesidades de escolarización de cada distrito, también como ocurría antes. “La determinación del número de alumnos por unidad escolar a efectos del procedimiento de admisión tendrá en todo caso carácter instrumental para la planificación educativa y se efectuará dentro de los límites máximos establecidos en la normativa básica estatal y en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero”, reza la modificación de la orden de admisión, aprobada por la Consejería de Desarrollo Educativo el pasado enero.

La bajada de la ratio escolar es una constante en el debate educativo, una de las propuestas más consolidadas en la comunidad científica para mejorar el trabajo docente y el aprendizaje del alumnado. En esta legislatura, la iniciativa se ha estrellado dos veces contra la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz.

En 2022, los populares vetaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir de 25 a 20 el número máximo de alumnos por aula en Infantil y Primaria. En diciembre de 2025, el PSOE andaluz lo volvió a intentar, impulsando una reforma legal con el mismo objetivo, avalada por sindicatos de profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, de directores de institutos y de escuelas rurales.

La iniciativa, que llevaba aparejada la contratación de 13.000 profesores nuevos, era una réplica autonómica de la propuesta que días antes había anunciado el presidente Pedro Sánchez, mandatando al Ministerio de Educación a topar el número de estudiantes por aula, que ahora está en 25 para Infantil y Primaria; 30 para Secundaria y 35 en Bachillerato y FP. Los populares de Juanma Moreno volvieron a vetarla.

Sin embargo, dos meses antes, el mismo Gobierno andaluz había firmado un acuerdo con tres de los cinco sindicatos mayoritarios del sector educativo -CSIF, ANPE y UGT- con una serie de compromisos para la mejora de la calidad en la enseñanza, incluida una bajada de la ratio en Infantil. El Consejo de Gobierno del 4 de marzo aprobó una modificación parcial de la orden de escolarización de este curso, que incluía esa bajada, pero que dista mucho de las dos reformas legales discutidas y vetadas en el Parlamento andaluz.

La nueva redacción del artículo que se ha modificado establece que la Dirección General competente en materia de planificación educativa fijará mediante resolución anual, previa al inicio del procedimiento ordinario de admisión, dentro de los límites establecidos en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el número de alumnos y alumnas por unidad escolar que se utilizará en el proceso de admisión para cada curso escolar.