Dinamarca quiere autorizar el uso de la fuerza en las aulas contra los alumnos: “Es una solución desesperada e ineficaz”

El Gobierno de Dinamarca ha presentado un polémico proyecto de ley en el Parlamento para autorizar a los profesores a utilizar la fuerza física contra un alumno que acose a otro o perturbe la clase “de manera significativa”. La propuesta señala que la intervención física por parte del profesor “siempre debe ser el último recurso”, pero, en caso de que sea necesario, los profesores podrán “agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o llevarlo fuera del aula en contra de su voluntad”.

La reforma es una de las iniciativas más controvertidas de los últimos años en Dinamarca, cuyo sistema educativo ha sido reconocido durante décadas por dar autonomía a los alumnos y promover la confianza y el igualitarismo entre profesores y estudiantes.

El anterior Gobierno socialdemócrata ya intentó sacar la polémica ley adelante hace un año, pero la convocatoria anticipada de elecciones obligó a aplazar la votación. Ahora, la propuesta ha sido presentada mediante un acuerdo entre las cuatro formaciones que integran la coalición de Gobierno de centroizquierda, que incluye a los socialdemócratas, el Partido Popular Socialista, el Partido Social Liberal y los Moderados.

Desde el Ministerio de Educación se defiende la medida con el argumento de que la ley brinda seguridad a los profesores al establecer “normas claras sobre cuándo pueden intervenir físicamente en situaciones de violencia y comportamientos disruptivos en el aula”.

En un comunicado del Ministerio, se ponen ejemplos de cuándo el profesor podrá usar la fuerza, como en el caso de que “un alumno golpea a otro, destruye objetos o se pone en peligro a sí mismo o a otros compañeros”. El texto también recoge que, en situaciones menos graves, el profesor primero debería intentar resolver la situación de otras formas, por ejemplo, mediante una conversación o alejando al alumno de la situación conflictiva. Además, cualquier intervención física “deberá limitarse al mínimo imprescindible, tanto en intensidad como en duración”, y llevarse a cabo preservando la integridad personal del alumno, según el texto.

Para justificar la necesidad de esta ley, el Ministerio de Educación apunta al deterioro de la convivencia en las aulas y aporta datos al respecto. “Más de uno de cada cuatro profesores cree que la violencia ha aumentado dentro de las aulas y uno de cada cinco profesores ha sufrido actos de violencia, unas cifras que han ido en aumento en los últimos 12 años”. A estos datos se suma un estudio publicado por el diario Berlingske, según el cual en el 55% de las clases hubo algún episodio de violencia durante el último año, mientras que en el 36% de las clases estos incidentes se producen al menos una vez al mes.

Profesores a favor y en contra

El proyecto de ley ha suscitado duras críticas entre profesores y expertos en educación, que advierten del riesgo de erosionar la confianza entre profesores y alumnos y de normalizar el uso de la fuerza como respuesta a los conflictos en las aulas. Otros sindicatos y organizaciones de docentes, en cambio, defienden que la reforma es necesaria ante las dificultades a las que se enfrentan cada día.

El ministro socialdemócrata de Educación, Magnus Heunicke, defiende que, para que haya paz, orden y un buen ambiente de trabajo en las escuelas, “los profesores no deberían tener dudas sobre lo que deben hacer cuando una situación empeora. Y ningún profesor debería tener miedo a ser despedido por haber intervenido cuando era necesario en una situación violenta”.

Hasta ahora, la ley solo permitía a los profesores sujetar físicamente a los alumnos cuando existiera un riesgo para su seguridad o la de otras personas. Sin embargo, cuando el nuevo proyecto de ley salga adelante, los docentes podrán volver a recurrir a la fuerza en más supuestos, casi 60 años después de que Dinamarca prohibiera los castigos corporales en las escuelas.

El sindicato danés de profesores (Danmarks Lærerforening) lleva tiempo reclamando más herramientas para gestionar los problemas de convivencia en las aulas, especialmente ante los alumnos que interrumpen las clases y se niegan a seguir las indicaciones de los docentes o a abandonar el aula. El presidente del sindicato, Gordon Ørskov Madsen, celebra el proyecto de ley y cree que “se trata tanto de fortalecer la seguridad jurídica de los profesores como, en gran medida, también de garantizar el derecho de todos los estudiantes a una buena educación”, según afirmó en un comunicado. Según una encuesta del propio sindicato, el 58% de los profesores se plantea cambiar de profesión, no porque no les guste su trabajo, sino por el agotamiento que sienten ante la situación en las aulas.

Deterioro de la situación en las aulas

En la última década, Dinamarca ha impulsado una retahíla de reformas educativas para tratar de adaptar los centros al uso de las nuevas tecnologías, mejorar las condiciones laborales de los profesores y afrontar los problemas de convivencia en las aulas. El anterior ministro socialdemócrata de Educación, Mattias Tesfaye, convirtió el regreso de la “disciplina” y la “autoridad” en las escuelas en una de sus prioridades. También criticó a los padres cuyos hijos tenían “PDO”, según dijo el ministro, siglas de la expresión danesa pissedarligt opdragede, literalmente traducida como “unos maleducados de mierda”.

En este contexto, Louise Klinge, una de las voces más habituales en los medios daneses en materia educativa, se ha mostrado muy crítica con la nueva reforma y las políticas impulsadas por el Gobierno en los últimos años. “Es una solución desesperada e ineficaz para un problema mucho mayor y conlleva el riesgo de crear un entorno más inseguro en los centros”, defiende.

Klinge apunta que existe un problema de fondo que se ha ido gestando a raíz de las reformas educativas introducidas en Dinamarca durante los últimos 15 años. La investigadora sostiene que estos cambios han restado tiempo a los docentes para preparar las clases, han favorecido la incorporación de personal sin formación pedagógica (que representa el 20% de la plantilla) y han acelerado la digitalización de las aulas, donde los alumnos pasan una media de tres horas y media diarias frente a una pantalla. Para la investigadora, la receta para mejorar las escuelas pasa por tener más recursos y una mejor formación de los profesores, que hoy se sienten desbordados por la situación. “Los políticos no deberían inventar más reformas. Simplemente deberían priorizar los recursos y el dinero para las escuelas”, dice.

Para Rasmus Kjeldahl, director de la organización de defensa de los derechos de la infancia Børns Vilkår, el proyecto de ley es “un paso retrógrado” que permite a los profesores “ser más duros con los estudiantes”. Kjeldahl subraya que detrás de los comportamientos disruptivos de algunos alumnos puede haber, en muchos casos, situaciones de vulnerabilidad, por lo que “si la respuesta es simplemente sacarlos por la fuerza del aula, solamente aumentará el número de problemas”. En cambio, Kjeldahl defiende que “la verdadera autoridad del maestro es básicamente ser capaz de crear una educación emocionante y atractiva para los niños, pero para esto se necesita destinar los recursos adecuados a las escuelas”.