Las comunidades podrán autorizar de nuevo universidades online: qué significa el varapalo del Supremo al Gobierno

Varapalo al Gobierno y victoria (de momento) para el PP. La anulación por motivos de forma, no de fondo, por parte del Tribunal Supremo del decreto con el que el Gobierno pretendía limitar la apertura de universidades privadas tras un recurso de los populares supone un revés para el Ejecutivo, que en los últimos años intenta hacer bandera de la lucha contra la privatización educativa.

El endurecimiento de los requisitos que se exigen para abrir una nueva universidad es, probablemente, la principal reforma que ha aprobado el Ministerio de Universidades en toda la legislatura. La importancia que el Ejecutivo daba a esta medida se refleja en que fue el presidente, Pedro Sánchez, quien la anunció, un despliegue que el Gobierno reserva para las normas que considera especialmente relevantes. Aquel día, y otros después, Sánchez habló de “chiringuitos” y de “fábricas de títulos” ante la eclosión de campus privados por todo el estado.

En todo el siglo XXI no se ha abierto ninguna universidad pública, mientras las privadas se cuentan por decenas. Solo desde 2015 se han aprobado 19 campus de iniciativa particular por toda España. El sorpasso es inminente: hoy hay 49 privadas por las 50 estatales, una evolución que lleva al Ministerio de Universidades a concluir que “la necesidad de este Real Decreto era y sigue siendo clara y urgente”.

Con la normativa actual, hay comunidades autónomas que han aprobado universidades con informes desfavorables del Ministerio, que tienen como sede un garaje o un local comercial, sin profesorado suficiente o con 3.000 euros de capital.

Pedro Sánchez también ha reaccionado al varapalo a través de X: “La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes”, escribió, y anunció que el Ejecutivo está “trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio”.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Universidades qué significa esta afirmación, dado que con la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre en principio no dan los plazos legales para aprobar un decreto por la vía normal, pero el departamento que dirige Diana Morant no ha ampliado la información.

Con la caída del texto, las comunidades recuperan las competencias sobre las universidades online, ya no hará falta un informe positivo ni los centros privados tendrán que dedicar un 5% de su presupuesto a investigar

Con la caída del texto, aprobado en 2025, las comunidades autónomas recuperan las competencias para aprobar universidades online, una capacidad que el decreto les había retirado para dársela al Congreso, porque el Ejecutivo cree que hay Gobiernos regionales demasiado laxos con este tipo de centro. Y esas universidades, recuerda, operan en todo el estado se radiquen donde se radiquen.

También imponía la norma la obligación de que una agencia independiente (o la Aneca, estatal, o alguna de las regionales que existen) elaborara un informe positivo sobre las futuras universidades, requisito que ahora no existe; a tener al menos tres doctorados; a contar con un 50% de doctores en su profesorado; y a dedicar un mínimo del 5% de sus presupuestos a la investigación, una de las patas por la que cojea la universidad privada.

El decreto se tumba por una cuestión formal, no de fondo: el Ministerio realizó el trámite legal de manera urgente, medida que tanto la presidenta de Islas Baleares, Marga Prohens, como la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recurrieron. El Supremo finalmente ha dado la razón a la balear este jueves: “El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido”, razona el TS para anular el decreto.

Los únicos en oponerse

El PP y un pequeño grupo de universidades extranjeras privadas fueron básicamente los únicos en oponerse a una norma que la comunidad universitaria veía y ve oportuna y pertinente. Estudiantado, sindicatos y rectores defendieron en su momento el decreto por necesario.

La CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas) fue uno de estos organismos. Este jueves ha recordado que “la sentencia anula el Real Decreto 905/2025 por una cuestión de forma, no de fondo. Este hecho no colisiona con la defensa de la calidad del Sistema Universitario Español que siempre ha mantenido CRUE. Cualquier iniciativa normativa orientada a reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del sistema universitario es positiva, si contribuye a garantizar que todas las instituciones, con independencia de su titularidad, cumplan los mismos estándares de excelencia académica, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social”, ha expresado mediante un comunicado.

Creup, la principal federación de asociaciones de estudiantes del estado, cree que la decisión del TS es “preocupante” porque el decreto es “absolutamente necesario”, y lamenta que “en la práctica, deja nuevamente desprotegido y sometido al sistema universitario público y al conjunto del estudiantado”.

El Ministerio ha defendido la necesidad de la norma a la vez que insiste en que trabaja para aprobar otra similar. “La norma introduce, entre otras medidas, requisitos más exigentes en materia de investigación, profesorado, oferta académica, solvencia económica y alojamiento, así como un sistema de evaluación de la calidad más riguroso (...). Por tanto, el Ministerio considera importante recordar que se trata de una norma cuyo propósito es garantizar que las universidades que operan en España cumplen unos estándares adecuados de calidad y solvencia, en beneficio de los estudiantes, las familias y del conjunto del sistema universitario”, sostiene el departamento que dirige Diana Morant.

Según su punto de vista, “la urgencia de la regulación es evidente” porque “el crecimiento del sistema universitario debe ir acompañado de garantías de calidad”, la universidad pública “no puede quedar desprotegida”.

Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) ha valorado “muy positivamente” la sentencia del Supremo porque la reforma se había hecho sin diálogo ni consenso. “Constituye un recordatorio de que la mejora de la calidad del sistema universitario, objetivo compartido por todo el sector, debe abordarse desde el respeto a los procedimientos legalmente establecidos, la participación de los agentes implicados y la seguridad jurídica”.