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La activista antidesahucios Inma Évora abandona la acampada enfrente del Cabildo de Tenerife

La renuncia se produce sin que los políticos que gobiernan en la Corporación insular hayan atendido sus peticiones, de manera especial el vicepresidente primero del Cabildo tinerfeño, el socialista Aurelio Abreu

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Inma Évora, esta mañana de jueves, en el lugar donde acampaba, en Santa Cruz

Inma Évora, esta mañana de jueves, en el lugar donde acampaba, en Santa Cruz

La activista antidesahucios tinerfeña Inma Évora ha decidido dejar la acampada enfrente del Cabildo de Tenerife tras 25 días de protesta en ese lugar de la plaza de España de la capital muy cercano a la sede principal de la Corporación insular.

Esta renuncia se produce sin que los políticos que gobiernan en esa Administración pública hayan atendido sus peticiones, de manera especial el vicepresidente primero del Cabildo tinerfeño, Aurelio Abreu, del PSOE, que no tuvo el detalle de aceptar una entrevista personal. Con el presidente insular, Carlos Alonso, sí mantuvo una charla por fuera de la sede insular.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), asociación de la que forma parte Évora y de la que ha sido su cara más visible, este jueves se asumió la derrota, aunque no se descartó actuar con otro tipo de vías en defensa de sus intereses personales y laborales tras su despido de Cáritas Diocesana, donde trabajaba y a cuya ONG de la Iglesia ella ha demandando ante un Juzgado de lo Social.

Évora inició la acampada de protesta en las inmediaciones del Cabildo insular el pasado 9 de enero, tras ser rescindido su contrato por Cáritas Diocesana de Tenerife y luego presentar una demanda laboral por despido nulo, a través de un letrado del sindicato CNT.

La tinerfeña ha manifestado durante el tiempo que ha durado la acampada que la Corporación insular tiene responsabilidad moral en su despido, pues indujo a que se le contratara por parte de Cáritas y, posteriormente, a "que se le despidiera" de esa ONG.

La activista participaba desde el año 2015 en mesas de trabajo del Consejo Insular de Vivienda, a las que posteriormente se sumaron representantes de Cáritas. Évora explicó que es, a partir de ese trabajo previo en el Consejo, por lo que, a comienzos de 2017, resulta contratada por Cáritas Diocesana para realizar labores de intermediación en un proyecto llamado Base 25.

El proyecto, aunque es gestionado por Cáritas, está financiado por el Cabildo a través de dos áreas distintas. La financiación dice que suma en torno a 300.000 euros. Esa iniciativa pública, que aún no ha sido llevado a cabo en toda su amplitud, sirve, en teoría, para dar solución al problema de los desahucios en Tenerife.

Évora afirmó esta mañana de jueves en rueda de prensa que la decisión de levantar la acampada tras 25 días en las inmediaciones del Cabildo es una forma de asumir la derrota: “Es obvio que no vamos a recibir respuestas y por ello tomamos la decisión de abandonar esta protesta. Hay demasiada connivencia entre los grupos políticos. El abandono de la acampada visibiliza el triunfo de la corruptela y del tráfico de influencias -aseguró-, y gana el silencio cómplice de los partidos políticos”.

La activista ha presentado a todos los grupos políticos un informe con toda la documentación que estaba en sus manos, en el que se detalla por qué considera responsables “morales” de su despido al presidente del Cabildo y al consejero insular de Vivienda, Aurelio Abreu.

Campaña publicitaria en la vía pública del proyecto 'Base 25', que gestiona Cáritas

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Además, Évora avanzó que, como miembro del propio Consejo Insular de Vivienda, ha pedido que este órgano se convoque para “que se nos justifique la financiación del proyecto Base 25  y la justificación económica y de las acciones ejecutadas por Cáritas”.

La activista resaltó que la falta de transparencia hace sospechar que desde el Cabildo se quiere ocultar algo y que existe connivencia política con prácticas que son “poco éticas y pueden esconder hasta supuestos delitos”.

Ante la pregunta de si considera la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el caso de tener indicios delictivos, la activista ha explicado que esa es una de las razones por las que han pedido que se les muestre toda la justificación económica y la financiación del proyecto Base 25.

Evora resalta que no solo aprecia silencio por parte de todos los grupos políticos representados en el Cabildo y por la mayoría de medios de comunicación, sino que desde la Corporación insular se ha llamado a periodistas para mostrarles documentación: “El Cabildo ha llamado a periodistas para mostrarles el expediente que no quieren mostrarnos a nosotros, pero no se muestra la parte que nosotros queremos denunciar, que es la utilización de mi persona y del proyecto para financiar a Cáritas”.

Argumentos opuestos para el despido

Las razones que parece que ha argumentado Cáritas para el despido de la activista son que mantenía su actividad a pesar de contar con una baja laboral, desempeñando así un papel visible en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y en colectivos para la defensa de los animales.

Sin embargo, la activista explica que son las discrepancias en la forma en que se estaba desarrollando el proyecto las que hacen que poco a poco se le aparte de este y las que acaban provocando su despido. Una de las discrepancias que mantuvo Évora es que se solicita a las personas que necesitan la intermediación que cuenten con unos ingresos mínimos, con lo que se excluye a un amplio grupo de la población. 

Coincidiendo con la acampada de la activista, en las últimas semanas Cáritas ha desarrollado una campaña publicitaria en la que solicita viviendas libres para el desarrollo del proyecto Base 25. Sin embargo, hace dos años una de las novedades destacadas tras el nacimiento del Consejo Insular de Vivienda fue la creación de un banco de viviendas vacías para el alquiler social.

El consejero insular de Cooperación Municipal y Vivienda, Aurelio Abreu, entonces destacaba que formaba parte de un conjunto de acciones dirigidas a acabar con la problemática de los desahucios en Tenerife, y que existía el objetivo de contar con pisos tutelados para personas sin hogar y un total de 160 pisos vacíos cedidos por entidades bancarias para que, junto al resto de administraciones públicas (ayuntamientos y Gobierno de Canarias), se trabajara en una línea común.

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