El exalcalde de Arona, cuatro veces en el banquillo por prevaricación
José Alberto González Reverón se ha sentado cuatro veces en el banquillo de los acusados en poco más de cinco años. Y en todas las ocasiones ha sido por prevaricación. Los posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, que los podían haber llevado a prisión, nunca se han plasmado en fallos judiciales.
Pese a que las instrucciones judiciales lo han señalado como un generoso conseguidor de favores, en las tres sentencias que cosecha solo se le ha condenado por dictar resoluciones sin tener en cuenta la legalidad.
En el caso Arona 1, cuya vista oral duró cuatro meses y cuya sentencia se ha conocido este jueves, la Fiscalía tenía clara la acusación de tráfico de influencias, tanto que la mantuvo en su escrito de conclusiones definitivas. Se pedían dos años de cárcel para el exalcalde, pero la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no lo ha terminado de ver claro, porque, aunque el expresidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero, le pidió que colocara a una sobrina suya en la Policía Local, lo cierto es que la sobrina no pasó las pruebas iniciales y eso no pudo ser posible.
La primera vez que González Reverón fue enjuiciado le costó su cargo como alcalde. Fue condenado en firme en noviembre de 2012 por el conocido caso Enchufe, tras haber contratado a dedo a dos trabajadoras externas sin sacar a concurso público las plazas. Solo se apreció prevaricación, y lo castigaron con cuatro años y medio de inhabilitación después de que la Audiencia Provincial ratificase el fallo de un juzgado de lo penal.
González Reverón tuvo que regresar a su antiguo trabajo en una entidad bancaria. En diciembre de 2015, fue enjuiciado de nuevo por el conocido caso Sir Anthony. Se trata de lujoso establecimiento hotelero en el que el exregidor aronero podía disfrutar de habitaciones. El hotel llevó a cabo reformas que sobre el papel eran menores pero que terminaron en una rehabilitación integral del edificio, sin pagar a las arcas municipales los 300.000 euros que hubieran correspondido por licencias de obra mayor.
El entonces fiscal de esta pieza separada del caso Arona, Jaime Serrano-Jover, confesó a la prensa que no se explicaba cómo no se le había condenado por malversación de caudales públicos.
La cuarta vez que González Reverón tuvo que comparecer como acusado en juicio fue en noviembre pasado, siete meses después de que quedara visto para sentencia la pieza principal del caso Arona. Está acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Este juicio sigue pendiente de sentencia.
Una de las cuatro supuestas actuaciones al margen de la legalidad del exalcalde fue intentar amañar las oposiciones de 2007 al Cuerpo de Policía Local de Arona para “colar” a un policía interino, que finalmente logró la plaza.
También se le acusa de permitir la construcción de un chalet para un familiar suyo (Manuel Reverón) en una zona no urbanizable; de influir para que un amigo fuese representante de la Cámara de Comercio en la delegación del sur de Tenerife, lo que finalmente se logró, y de influir en la directora de una guardería municipal para que le asignase plaza a la hija de otro amigo, pese a no reunir los requisitos.
La Fiscalía pidió que fuese condenado a dos años de prisión por trafico de influencias (que no cumpliría por no tener antecedentes en ese delito), además de otros 15 de inhabilitación por prevaricar. Sin duda, la carrera política del que fue un hombre fuerte de Coalición Canaria en uno de los principales municipios turísticos de Tenerife ha tocado a su fin.
