El perito del caso Riada en Santa Cruz declara que “ni barranco ni dársena cumplen” con el nivel de máxima lluvia

El perito judicial cuyo informe permitió la reapertura de la causa penal por las inundaciones de 2010 en el barrio de María Jiménez, en la capital tinerfeña, se ha ratificado ante el juzgado y ha advertido de que ni el barranco del Bufadero a su paso por este núcleo urbano ni “por tanto la dársena” portuaria cumplen con las dimensiones necesarias para canalizar la mayor avenida de agua previsible en 500 años, que es el cálculo exigido por la normativa.

Tal es así que, a su juicio, unas lluvias de esas características, que es obligatorio prever para obras en los cauces, provocarían “una situación catastrófica” con “daños muy graves” en el barrio, porque el puente sobre la avenida de San Andrés se obstruiría y actuaría a modo de presa.

En su declaración ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de de Santa Cruz de Tenerife, el perito, Juan Jesús Cabrera Oliva, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, insistió en que, “si el proyecto de la dársena”, ejecutado hace una década, “cuelga de un barranco mal dimensionado, todo el conjunto está mal dimensionado”.

Por ello, previno de que, aunque en las lluvias del 1 de febrero de 2010, que provocaron inundaciones en el barrio, la canalización del barranco en la zona portuaria “funcionó correctamente”, la realidad es que las precipitaciones de ese día no son las máximas en una recurrencia de 500 años, pues “para ese periodo el barranco está mal diseñado” y “se producen desbordamientos”, e incluso tomando como referencia 100 años “los rastrillos y obras transversables en el cauce -puentes, azudes y rastrillos- ”funcionan mal“.

Cabrera Oliva compareció ante la jueza instructora del caso, en el que está imputado el exdirector de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Marcos Hernández, por un delito contra la seguridad colectiva supuestamente provocado por las obras en el cauce de El Bufadero para proteger de escorrentías la dársena.

Esta causa fue denunciada por Alternativa Sí Se Puede -que ejerce la acusación popular, a través del abogado y concejal capitalino Pedro Fernández Arcila- y reabierta por la Audiencia Provincial tras ser archivada y recurrir el sobreseimiento dicha formación política.

“Influencia indirecta” de las obras del puerto

Sometido a una considerable andanada de preguntas tanto de la jueza María de los Ángeles Zabala como de la acusación particular (Arcila) y de la abogada del Estado (Belén Núñez), el perito puso el foco en la problemática global que suscita la estrechez y poca profundidad del cauce a su paso por el barrio, con rastrillos, azudes, puentes y pasarelas (obras transversales al cauce).

Así, indicó que “en las causas de los daños” de aquella riada de 2010 “la Autoridad Portuaria no tendría una influencia directa” pero sí “de forma indirecta”, pues “los rastrillos agravan el daño realizado por las obras transversales en los barrancos”.

Y la realidad es que sin esos elementos de protección para contener el agua que llega al puerto, la dársena, según Oliva, “cavitaría, es decir, se colapsaría”, en caso de la mayor escorrentía de agua prevista al menos una vez cada 500 años.

De cualquier modo, si ese episodio esperable en este periodo ocurriera, para el perito los daños en el núcleo urbano de María Jiménez serían “muy graves”, con o sin los elementos de frenado del agua y de los acarreos que hay en el cauce, y se daría una “situación catastrófica” con efectos para el declarante “imprevisibles”, porque el cauce, insuficiente para canalizar toda el agua, “también serían las calles”.

La lluvia puede ser superior a la de 2010

En este punto llamó la atención de que en la inundación de 2010 la intensidad máxima de lluvia caída ese día fue de 108 litros por metro cuadrado a la hora, pero el máximo que se puede repetir al menos una vez cada cinco siglos son 175 litros por metro cuadrado a la hora.

El testigo pericial dejó claro que “cualquier intervención en un barranco necesita de la aprobación del Consejo Insular de Aguas” de Tenerife (CIATF), adscrito al Cabildo.

En todo caso, la jueza solicitó al perito que amplíe su informe para saber qué organismo realizó el encauzamiento del barranco, cuál los puentes y pasarelas, y cuál los rastrillos, y si se cometieron infracciones en esas obras, aparte de determinar el periodo a partir del cual no funciona bien el diseño del barranco y de la dársena.

El único imputado desvió las responsabilidades

En julio pasado prestó declaración el único investigado de momento en esta causa, el citado Marcos Hernández, que achacó al CIATF y al Ayuntamiento santacrucero cualquier posible responsabilidad en el desbordamiento del año 2010 en el barranco del Bufadero. Sostuvo que las obras acometidas por la Autoridad Portuaria en la desembocadura para proteger de riadas la ampliación del muelle, y los azudes para contenerlas antes de llegar a la zona urbana, no fueron el detonante de las inundaciones.

Hernández ocupó el puesto de director de la Autoridad Portuaria de 2005 a 2014, durante las etapas en que presidieron este organismo Luis Suárez Trenor y Pedro Rodríguez Zaragoza (ambos de CC). Ya en el actual periodo de Ricardo Melchior como presidente, desempeña la jefatura de área de Desarrollo Operativo, puesto en el que fue nombrado hace unos meses.

Se da la circunstancia de que el barranco del Bufadero es un punto de riesgo importante de inundaciones,como ha venido constatando el propio CIATF en diversos documentos públicos desde hace años, como el Plan Insular de Defensa frente a Avenidas y la Evaluación de Riesgos en la Demarcación Hidrográfica de Tenerife.