El exdirector del Puerto tinerfeño desvía hacia el Cabildo y el Ayuntamiento santacrucero la responsabilidad de la riada en María Jiménez

El exdirector de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Marcos Hernández achaca al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIA), organismo que depende del Cabildo, y al Ayuntamiento de cualquier posible responsabilidad en el desbordamiento en el año 2010 del barranco del Bufadero, en el barrio de María Jiménez, por lo que sostiene que las obras acometidas por la Autoridad Portuaria en la desembocadura para proteger de las escorrentías la ampliación del muelle, y los azudes para contenerlas antes de llegar a la zona urbana no fueron el detonante de la riada.

Así lo mantuvo ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde declaró el lunes como investigado por un delito contra la seguridad colectiva, en una causa denunciada por Alternativa Sí Se Puede -que ejerce la acusación popular, a través del abogado y concejal capitalino Pedro Fernández Arcila- y reabierta por la Audiencia Provincial tras ser archivada y recurrir el sobreseimiento dicha formación política.

Hernández, ingeniero de Caminos, Canales y Puerto y hoy jefe de área de Desarrollo Operativo del organismo portuario, manifestó a preguntas de la juez que el proyecto tuvo el visto bueno del CIA y que las inundaciones que afectaron al barrio chicharrero se produjeron porque “el encauzamiento del barranco no es suficiente para transportar” avenidas como la de 1 de febrero de 2010, lo cual se ve agravado por “puentes y pasarelas que invaden el cauce y dificultan la salida del agua”. A renglón seguido, dejó claro que se trata de “unos déficit en ese tramo [urbano] que es competencia del CIA y del Ayuntamiento” y que ese problema “ya existía antes de que actuase la Autoridad Portuaria”.

La línea argumental del exdirector portuario durante toda su declaración fue esa, tanto a preguntas de la juez como de la Abogada del Estado (no quiso responder a las de la acusación popular): que el CIA es el competente para autorizar los trabajos de canalización y azudes. Y en este sentido subrayó que este organismo del Cabildo avaló que estas obras “funcionan adecuadamente, de acuerdo a las prescripciones de la normativa y que no influyen en el comportamiento hidráulico en el tramo urbano”, donde ocurrieron las inundaciones.

Por ello, contestó a la juez, María de los Ángeles Zabala Sanz, que él “no ha infringido ninguna norma de seguridad” y prefirió acogerse a su derecho a no contestar cuando fue inquirido sobre si otros organismos (en alusión al CIA o al Ayuntamiento) tampoco se saltaron la normativa.

Parte del interrogatorio judicial, en el que no estuvo presente el Ministerio Fiscal, giró en torno al informe pericial encargado por el Juzgado a raíz de la reapertura del caso y firmado por el profesional Juan Jesús Cabrera Oliva, para quien “las obras de encauzamiento tienen que estar calculadas y diseñadas para periodos de retorno T500, según normativa, cuestión (...) que no ocurre en el presente barranco, debiendo realizarse un proyecto de obra urgente para minimizar los riesgos, que se estiman que son muy altos”.

Al respecto, Hernández indicó que las obras ejecutadas se diseñaron calculando “un periodo de retorno de 500 años con los caudales correspondientes” y que “el CIA dijo que estaban bien calculados. ”En ningún caso se acometieron obras sin la información del CIA, cuyo informe es preceptivo y vinculante“, reiteró.

En un intento de diseccionar por tramos lo ocurrido aquel tormentoso 1 de febrero de hace 11 años, cuando cayeron en María Jiménez 81,7 litros de lluvia por metro cuadrado con intensidad torrencial, el encausado explicó que los azudes que proyectó la Autoridad Portuaria (“y que informó favorablemente el CIAT”) están situados “mucho más arriba del tramo urbano”, en los barrancos de Valle Brosque y Valle Grande, y que a su juicio “afectan favorablemente al cauce al llegarle menos materiales”. Pero, según mantuvo,“la inundación se produce como consecuencia de una insuficiencia de capacidad en las infraestructuras de canalización en tramo urbano”, de lo cual eximió a la Autoridad Portuaria.

Como corolario, defendió que “la sobreelevación (resalto) que producen las obras de la canalización ejecutadas en el dominio portuario no producen sobrelevación del nivel de las aguas” fuera del entorno portuario, “y por tanto no pueden ser causa ni motivo de que se desborde la canalización de arriba”.

No lo cree así el perito en su dictamen, al concluir que “los desbordamientos del encauzamiento producidos el día 1 de febrero de 2010 (T50‐T100) son consecuencia directa de un déficit del perímetro mojado del canal, conjuntamente con las obras civiles transversales existentes (puentes vehículos y pasarelas peatonales). (...) ha sido coadyuvado por la presencia de rastrillos en la traza, que al disminuir la energía cinética y aumentar el calado del flujo, provocaron un mayor resalte hidráulico en los elementos transversales existentes, que de por sí ya realizaban. El informe pericial también llama la atención sobre que ”las precipitaciones acaecidas el 1 de febrero de 2010, aun siendo torrenciales, tienen que tomarse como usuales y no extraordinarias a efectos de cálculo de obras hidráulicas“.

Marcos Hernández ocupó el puesto de director de la Autoridad Portuaria de 2005 a 2014, durante las etapas en que presidieron este organismo Luis Suárez Trenor y Pedro Rodríguez Zaragoza (ambos de CC), y, ya en la actual periodo de Ricardo Melchior como presidente, desempeña la jefatura de área de Desarrollo Operativo, área para la que fue nombrado hace unos meses.

Se da la circunstancia de que el barranco del Bufadero es un punto de riesgo importante de inundaciones, como ha venido constatando el propio Consejo Insular de Aguas en diversos documentos públicos desde hace años, como el Plan Insular de Defensa frente a Avenidas y la Evaluación de Riesgos en la Demarcación Hidrográfica de Tenerife .