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El Cabildo grancanario acoge la presentación de un libro que refleja el conflicto del Sahara Occidental a través de la mirada de una niña

El Cabildo grancanario acoge la presentación de un libro que refleja el conflicto del Sahara Occidental a través de la mirada de una niña.

El Patio del Cabildo acoge la presentación en Gran Canaria del libro Duele decir adiós, una novela basada en el conflicto del Sahara Occidental y que relata acontecimientos reales a través de los horrores que vive una niña, un personaje ficticio que refleja a todas las personas que sufrieron una historia semejante.

Este acto, enmarcado en el programa Gran Canaria Solidaria, tendrá lugar el viernes 16 de febrero a las 19.30 horas, con la intervención del consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo, Carmelo Ramírez, y el profesor de Educación Primaria y militante del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Juan Antonio de la Hoz, quienes presentarán a la autora del ejemplar, la escritora lanzaroteña Domi Guadalupe.

Duele decir adiós relata los acontecimientos reales ocurridos tras la entrega de los territorios a Marruecos y cómo la vida de Fahla, la protagonista, se convierte en un calvario de un día para otro debido a la continua violación de los derechos humanos, explica la escritora.

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Reivindicación en pleno Carnaval

Mucho mérito tienen, desde luego, quienes se concentraron en las dos capitales canarias el pasado sábado, desafiando a las inclemencias y la resaca carnavalera,  para pedir el fin de la precariedad laboral y unas condiciones de vida dignas. Convocaba la plataforma No + precariedad, aglutinante de entidades cívicas y asociaciones que reivindican derechos y conquistas sociales en un proceso que durará meses hasta culminar con una gran marcha en Madrid para cuando el buen tiempo haga acto de presencia allá a finales de mayo.

Es un 'no' a las políticas de recortes y austeridad. Se trata de una lucha difícil, sin duda, pese a algunos anuncios optimistas hechos desde instancias gubernamentales y empresriales en el sentido de que había llegado la ahora de incrementar los salarios. Los portavoces de algunas organizaciones han coincidido a la hora de señalar mientras se han ampliado las jornadas de trabajo, los derechos se han reducido, en tanto que las condiciones de vida de jubilados y dependientes se han visto sensiblemente mermadas.

Para la plataforma social citada, “la precariedad impide el acceso a una vivienda, a una sanidad, a una educación digna y a unos servicios públicos de calidad”. Llega más lejos: “Nos privan de la cultura, del deporte y el ocio, y atentan contra el medio ambiente y el patrimonio natural”. Su malestar, entonces, es evidente: hay amplios sectores de población que no han salido de la crisis. Y lo que es peor: las determinaciones políticas no terminan de satisfacer. Al contrario, es como si hubieran empeorado las circunstancias, especialmente las que afectan al ámbito social. Recordemos que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el régimen retributivo de los trabajadores españoles es aún inferior al de principios de la crisis.

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Secretario de la Asociación 'Viera y Clavijo'

Alcanzado un nuevo objetivo en nuestra andadura hacia el éxito final, esta asociación por la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, se demuestra a sí misma, una vez más, que la perseverancia y firmeza en su “participación ciudadana” son fundamentales para cumplir el requisito evidente de que “solo la sociedad civil está capacitada para resolver sus propios problemas”.

Ha sido una actividad denodada y perseverante hasta conseguir que, por fin, se retiren las ilegales vallas publicitarias de la fachada principal del Viera y Clavijo.

Desde 09/07/2012, fecha de la primera reclamación ante la Gerencia de Urbanismo, tras una ardua tarea de seis años, hasta hoy; que hemos conseguido presentar como única solución viable que el Excmo. Sr. Alcalde ordene su retirada, sin paliativos ni medias tintas, (tan sencillo como la retirada de la vía pública de un vehículo mal aparcado). Cumplimos así con la parte de nuestro ideario en que es imprescindible ofrecer soluciones para acompañar el problema planteado. En este caso era aparentemente fácil, pues se trataba de una flagrante ilegalidad que incumplía lo establecido en la Ley Canaria de Protección del Patrimonio Histórico (Título II, Capítulo V, Sección 2, Art. 55, punto 1 y 2), y lo más llamativo, atentando contra la propia Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano (Art. 7, puntos 2 y 3). Inconcebible que el mismo Ayuntamiento siguiera incumpliendo la normativa que impone a los ciudadanos bajo su férula.

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Gas por un tubo

El Gobierno de Clavijo quiere que tengamos gas por un tubo. Para ser más precisos, por muchos tubos. Se calcula que se necesitarán aproximadamente 3.000 kilómetros de tuberías para trasladar gas (ahora aire propanado) hasta los hogares en las urbes más pobladas de nuestro Archipiélago. Todo ello se pretende poner en marcha sin que exista demanda ciudadana y solo como inmediata y ágil respuesta del Ejecutivo canario al interés de negocio de algunas empresas. Sin que, tampoco, se hayan molestado en solicitar la opinión a la ciudadanía, a las corporaciones locales y al propio Parlamento. Sin pensar, en ningún momento, en el interés de la mayoría social sino en las exigencias de minorías. 

Cuando en todo el mundo existe una enorme preocupación por el futuro energético y las consecuencias de los combustibles fósiles en el cambio climático. Cuando la supervivencia del planeta exige actuaciones urgentes para evitar una mayor degradación que dificulte gravemente la vida en las próximas décadas y que la haga inviable a medio plazo. 

Cuando las consecuencias del modelo energético actual no solo son de carácter económico -por la enorme dependencia del precio de los combustibles fósiles utilizados, que suponen un alto coste para los estados- sino también medioambientales y de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula unos siete millones de muertes anuales en el mundo por la contaminación atmosférica. En España, se estiman por encima de 15.000 fallecimientos al año. 

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Un 2018 azul para Gran Canaria

Tras la celebración de la  conferencia global de la ONU sobre desarrollo sostenible "Río + 20", conceptos como "Economía azul" y "Crecimiento azul" comenzaron a hacerse visibles en el discurso político internacional junto con términos afines como "economía verde" y "economía circular".

Los océanos y los mares cubren el 70% de la superficie de nuestro planeta, y ya juegan un papel relevante en la economía global, pero a medida que los recursos terrestres se vuelven más escasos, aquéllos se hacen cada vez más atractivos. La creciente comprensión del potencial económico desaprovechado del mar está impulsando un número creciente de iniciativas que tienen el concepto de "economía azul" en su núcleo. En este sentido, el Cabildo de Gran Canaria ha tomado parte activamente en las últimas ediciones de la Convención del Negocio Biomarino celebradas en Noruega y Canadá.

Dicha participación se enmarca dentro de nuestro P royecto de Ecoisla, una estrategia que promueve un modelo de desarrollo basado en tecnologías limpias, energías renovables y materiales reciclables, para asegurar la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Ahora bien, ésta solo se entiende si somos capaces de diversificar nuestra economía y es ahí donde el sector biomarino puede jugar un papel fundamental.

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Una Mesa parlamentaria sin patas

No está el Parlamento de Canarias dando un buen ejemplo democrático ni de funcionamiento coherente. El espectáculo bochornoso de la elección de las dos candidatas para el Consejo Rector de RTVC, Marta Cantero por Coalición Canaria, y de Carmen Zamora por el PSOE, rechazadas una vez más al no obtener los 36 votos, las tres quintas partes requeridos, ponen en una difícil situación a Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios, que andan cada vez más enfurruñados con su jefe de filas que no da una a derechas ni tampoco a izquierda, porque es evidente que Coalición Canaria les está tomando el pelo.

La quisicosa queda de nuevo para el mes de marzo, a ver si en una nueva ocasión no hay fuga de votos, como la ocurrida en esta oportunidad, que faltó uno para cumplimentar el número 36, y me chisman que se sospecha de José Miguel Barragán, que horas antes de la votación había asegurado en la Cope que Santiago Negrín seguiría al frente de RTVC hasta el final de su mandato, y dos telediarios. Barragán no se corta un pelo para mostrar sus cartas y dejar más en ridículo a Torres.

Pero en el Parlamento de la chicharrera calle Teobaldo Power están ocurriendo cosas que están dejando a otra socialista, Carolina Darias, en muy mal lugar. Para referirnos sólo a la última cuestión y muy gorda radica en también otro ridículo que ha originado la sentencia del Tribunal Constitucional que ha certificado que el Parlamento de Canarias vulneró los derechos de los diputados de Podemos en la tramitación de la Ley de Islas Verdes, debido a lo cual la secretaria general del partido morado, Noemí Santana, ha pedido con muy buen criterio que la Mesa del Parlamento debería renunciar porque la sentencia del Constitucional ha dejado claro que las prácticas que han hecho en el desarrollo de su labor no son las que se corresponden con su responsabilidad, y cuatro patas.

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¿Iguales ante la ley?

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha declarado prescrita la condena de tres años de cárcel que impuso en 2011 al empresario Miguel Ángel Ramírez por realizar unas obras consideradas ilegales en la finca de su vivienda dentro de un espacio protegido de La Milagrosa. A Josefa Hernández, la abuela de Betancuria la echaron de su casa y el juez autorizó derribar su vivienda por levantarla en una zona no urbanizable.

El Gobierno español desestimó la petición de indulto de una joven militante de Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) que fue condenada a cuatro meses de cárcel por una pintada realizada en 2014 que decía "75% de paro juvenil en Canarias".

Todos somos iguales ante la ley.

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MetroGuagua. Así no

Durante el mandato 2011-2015, el gobierno municipal del Partido Popular impulsó notorias acciones en políticas de movilidad para conseguir una Ciudad más amable. La primera fue darle la vuelta a la gestión de Guaguas Municipales: gerencia, modernización, renovación de la flota, cambio de la red de líneas, introducción del transbordo gratuito, unificación de tarifa con Global, mejora de la información al usuario, entre otras. Los resultados no tardaron en llegar: recuperación extraordinaria de viajeros y mejora objetiva de la calidad del servicio prestado, puesta de manifiesto en las encuestas realizadas a nivel nacional. Cumplidos o encauzados estos objetivos vimos la necesidad de colocar en el horizonte un nuevo reto: potenciar la oferta mediante un sistema que permitiera mejorar la capacidad,  velocidad y regularidad, sin incurrir en excesivos costes. Nació la idea y la filosofía del BRT que presentamos en 2014, en el transcurso de unas jornadas informativas. 

Así las cosas, en 2015 llegó el tripartito al gobierno municipal y, sin pensárselo dos veces, se subió al caballo de la BRT, previo cambio de denominación, y le dio la fusta necesaria para ponerlo al galope en una innecesaria carrera contra el tiempo. Hoy, el resultado es que el potro está desbocado, están gastando dinero a espuertas y lo peor es que van a convertir una idea ilusionante en un auténtico problemón para la ciudad. La razón principal de este pesimista augurio radica en que no se han cumplido las condiciones previas necesarias para ejecutar el proyecto en los términos presentados en 2014. ¿Cuáles son esas condiciones? Como mínimo tres imprescindibles.

En primer lugar, no están ejecutadas, ni se le esperan, las infraestructuras viarias necesarias que, en todo caso, deberían realizarse antes que las obras de la línea MetroGuagua y, entre ellas, de forma prioritaria, el enlace de Torre Las Palmas que junto al ensanche costero de Vegueta, Bravo Murillo e Istmo son obras estratégicas para no colapsar la ciudad. Sin resolver Torre Las Palmas, por ejemplo, es una locura peatonalizar por completo Mesa y López, como concluyen los estudios técnicos realizados en 2013.

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La Gomera: un cero energético

Esa es la calificación que, lamentablemente, tiene La Gomera en estos momentos en materia de energías renovables o energías limpias. 

Hablamos de una isla con un parque nacional, con el 33% del suelo protegido, declarada Reserva de la Biosfera y con un importante instrumento de aplicación al turismo como es la Carta Europea de Turismo sostenible. Sin embargo, no encontramos ni rastro de alguna inversión en energías limpias. 

Estos días teníamos conocimiento de que uno de los aerogeneradores de Epina era arrasado por el viento. Paradójica realidad. 

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Gas natural licuado: un paso atrás

El debate sobre la posible instalación del gas natural licuado (GNL) en Tenerife demuestra que en Canarias no existe una política medioambiental basada en las energías limpias y renovables, sino una apuesta decidida hacia un modelo de suministro energético que contradice los distintos acuerdos internacionales en materia energética y ambiental, rechaza el desarrollo de una sociedad sostenible y, una vez más, garantiza la vinculación del poder con las empresas productoras de energía.  

Al respecto, no han pasado desapercibidas las declaraciones del director insular de Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, cuyo discurso incide en la importancia de implantar el GNL a lo largo de la Isla, a pesar de la abierta oposición de muchos municipios como La Laguna y La Orotava. Su planteamiento se circunscribe a términos mayoritariamente económicos, donde importan más las finanzas que la política medioambiental y la calidad de vida de las personas; para ello, ha enfatizado que es más barato y menos contaminante producir electricidad con gas que con fuel y diésel (o gasóleo), apoyándose en el paradigma de la iniciativa llevada a cabo en Adeje, donde se suministró gas propano a los hoteles, con unos resultados que calificó de excelentes.

La respuesta a este interés es una mezcla de intereses entre el Gobierno regional y el banco Goldman Sachs, la entidad más influyente del mundo en materia económica. Dicha entidad es propietaria de Redexis Gas, un grupo empresarial centrado en el gas natural y el gas licuado en España, que ha recibido el espaldarazo de aquel para lanzarse a la conquista de este sector en nuestro territorio.

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