Sobre el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias

El protocolo publicado ayer por el Ejecutivo canario en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha sido objeto de duras críticas por su ineficacia a la hora de abordar la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados. En lugar de proporcionar soluciones concretas para la crisis de acogida en Canarias, el protocolo introduce una serie de medidas que parecen más orientadas a ralentizar los procesos que a mejorar la situación sobre el terreno. La burocracia impuesta por el documento exige un nivel de verificación y documentación que, lejos de agilizar la entrada de las personas menores de edad al sistema de protección, retrasa su acogida efectiva, lo que es especialmente preocupante en un contexto de emergencia humanitaria.

El gobierno de Fernando Clavijo parece haber optado por una vía de formalismo excesivo que ignora las realidades urgentes de las islas. En un momento en que la saturación de los centros de acogida es palpable y la presión migratoria no muestra signos de disminuir, el protocolo aprobado por el Ejecutivo añade más trabas al proceso de protección en lugar de simplificarlo. En lugar de centrarse en garantizar una acogida rápida y adecuada para las personas menores de edad, la normativa establece una serie de exigencias administrativas que resultan inoperantes en situaciones críticas.

Uno de los puntos más criticados del protocolo es su enfoque en la verificación exhaustiva de la documentación de las personas menores de edad, lo cual, en teoría, podría parecer positivo. Sin embargo, en la práctica, este enfoque provocará importantes retrasos en la asignación de plazas en los centros de acogida, lo que dejará a muchos niños, niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad. Mientras se espera la validación de documentos y la revisión de cada caso, los menores quedan en un estado de limbo, sin acceso a la protección y los recursos que necesitan con urgencia. 

La política de Fernando Clavijo, por tanto, parece desconectada de las necesidades reales de estos menores y de las condiciones específicas de una región como Canarias, donde el flujo migratorio es constante. No se puede aplicar la misma normativa que podría funcionar en comunidades con un número reducido de menores, como La Rioja, a una comunidad que recibe un volumen considerable de migrantes. Es una visión que, en lugar de responder a la realidad de las islas, parece diseñada para un contexto muy distinto, lo que genera una frustración comprensible entre los actores sociales que trabajan en primera línea de la crisis.

Este protocolo, en lugar de priorizar el interés superior del menor, parece estar diseñado para cumplir con formalidades que poco aportan a la solución real del problema. La infancia migrante necesita respuestas rápidas y un sistema de acogida que pueda adaptarse a sus necesidades particulares. La lentitud y rigidez impuesta por el gobierno de Clavijo no solo contradice los principios de protección integral de la infancia, sino que además agrava el problema de saturación en los centros, al generar cuellos de botella administrativos innecesarios.

La falta de previsión y la incapacidad del gobierno autonómico para gestionar de forma eficiente esta crisis está dejando a los NNA en una situación de vulnerabilidad extrema. Si bien es cierto que gestionar un flujo migratorio elevado supone un desafío, la respuesta no puede ser la de ralentizar el sistema con más burocracia. Es urgente que se revisen las políticas impuestas por el nuevo protocolo y que se apueste por una estrategia que combine eficacia y humanidad, sin comprometer los derechos de la infancia migrante ni su seguridad.

En definitiva, el gobierno de Fernando Clavijo, en lugar de avanzar en la protección de los menores migrantes, parece haber dado un paso atrás con la publicación de este protocolo. La normativa, lejos de proporcionar soluciones, se ha convertido en un obstáculo más para la acogida efectiva de los NNA, lo que pone en peligro su bienestar y su futuro en un momento de máxima vulnerabilidad. Urge una rectificación y un compromiso real por parte del Ejecutivo para garantizar que reciban la atención y el cuidado que merecen.

La respuesta de la Fiscal Superior de Canarias, Mª Farnés Martínez Frigola, al Protocolo Territorial de recepción de menores extranjeros no acompañados, emitida a través de un decreto dirigido a los fiscales de la comunidad autónoma, añade un nuevo y preocupante capítulo a la gestión de la crisis migratoria en Canarias. La intervención de la Fiscalía es una muestra clara de que las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico, bajo el gobierno de Fernando Clavijo, no solo han sido ineficaces, sino que además podrían estar vulnerando derechos fundamentales de las personas menores de edad, lo que ha obligado a la autoridad judicial a actuar para protegerlos.

El decreto de la Fiscal Superior es contundente en su crítica al Protocolo publicado por el Gobierno canario, que aparentemente permite la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias a acoger a menores extranjeros no acompañados. La Fiscalía no solo rechaza esta posibilidad, sino que establece directrices claras para los fiscales, exigiendo que se tomen medidas inmediatas para garantizar que estos menores sean ingresados en un centro de protección de forma urgente. Esto contradice directamente el enfoque del Ejecutivo autonómico, que ha sido acusado de “romper la cadena de custodia” de estos niños, poniendo en riesgo su protección.

El hecho de que el decreto ordene a los fiscales iniciar diligencias preprocesales de investigación por un posible delito de abandono de menores es particularmente grave. Esta instrucción implica que el Protocolo del Gobierno canario podría estar incurriendo en una omisión de responsabilidades que no solo afecta la protección de los menores, sino que además podría tener repercusiones penales para los funcionarios involucrados. La negativa de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias a hacerse cargo de estos menores, amparándose en la falta de capacidad o en la nueva normativa, no solo es inadmisible desde el punto de vista humanitario, sino que podría constituir un delito de abandono, lo que subraya la gravedad de la situación.

Este nuevo escenario añade una dimensión judicial a la crisis de acogida de personas menores de edad migrantes, que ya era de por sí compleja. La intervención de la Fiscalía deja claro que el Protocolo publicado por el Ejecutivo autonómico no puede servir como excusa para eludir la responsabilidad de protección de los menores. Las instrucciones impartidas a los fiscales para que coordinen con las fuerzas policiales medidas inmediatas de protección —como la provisión de comida y alojamiento— subrayan la necesidad de actuar con urgencia y sin dilaciones burocráticas que agraven la situación de los NNA. Las acciones de la Fiscalía confirman que el Protocolo no solo es ineficiente, sino que también podría estar incurriendo en prácticas ilegales al permitir que los menores queden desprotegidos durante un tiempo considerable, lo que compromete su bienestar y seguridad.

El Gobierno de Canarias, bajo la gestión de CC-PP, parece haber olvidado que la prioridad debe ser siempre el interés superior del menor. La situación de emergencia que vive el archipiélago no puede ser excusa para implementar medidas que desprotejan a los más vulnerables. La respuesta judicial deja claro que este enfoque es inaceptable y que, en lugar de adoptar medidas que ralenticen la protección, se deben reforzar los recursos para garantizar una acogida inmediata y adecuada. El Ejecutivo autonómico debe rectificar y asumir que la protección de la infancia no es una opción, sino una obligación legal y moral.