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El caso más reciente es el de Benidorm (Alicante). Su actual alcalde, Agustín Navarro, un tránsfuga, ha sido propuesto por los socialistas como candidato independiente para los próximos comicios. De nada sirve que el PSOE, para justificar esta tan controvertida como inasumible decisión, haya solicitado la destitución de los alcaldes del PP que accedieron apoyándose en votos de concejales que abandonaron las siglas con las que se presentaron ante sus respectivos electorados. El fraude a los ciudadanos es evidente, palpable, hasta el punto de que si en el episodio concreto de Benidorm, los ediles que propiciaron con su voto la alcaldía de Navarro fueron lógicamente expulsados del partido, ahora, con la candidatura de éste, habría que tomar una determinación similar con los responsables que avalan tal decisión.

Ansias y ambiciones ilimitadas de poder, intereses de distinta naturaleza -aunque casi siempre sustanciados por operaciones urbanísticas o adjudicaciones de servicios-, incapacidad interna de las direcciones de los partidos políticos para controlar y carencia tanto de escrúpulos como de formación son las causas que, materializadas en concejalías de dedicación exclusiva y prebendas del poder suplementarias, dinamizan alianzas contra natura o mociones de censura sin más justificación que el poder por el poder.

Constatado este fracaso del Pacto Antitransfuguismo, del que son corresponsables todos cuantos han intervenido de forma directa o indirecta -es difícil aquí introducir matices que aligeren o alivien la gravedad de la determinación de adulterar la voluntad del pueblo-, a los partidos políticos no les queda otra opción que legislar para hallar una solución. Cierto que van a topar con doctrina jurisprudencial y con criterios legales de difícil revisión -la concejalía es de quien la ocupa, no de la organización que la gana en las urnas- pero han de esmerarse para evitar agravios, sospechas y espectáculos.

Cuando se habla de calidad democrática, hay que pensar también en hechos como el que nos ocupa. La seriedad, la credibilidad y el rigor que tanto predican en ponencias y programas políticos no sólo son exigencias sino que han de llevarse a la práctica con hechos, con pruebas que la ciudadanía sabrá ponderar y valorar en su momento.

El transfuguismo es un mal de nuestra democracia que despide, en cualquiera de los casos, una pestilencia insoportable. Es un atentado a la ética. Ya se ha visto que un pacto entre los primeros agentes afectados (partidos) no lo cura; luego se trata de plasmar en normas una solución que también sea reflejo de la madurez de nuestra convivencia política.

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