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A propósito de la prostitución

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Este parece ser el caso del Gobierno municipal de nuestra ciudad, pretendiendo aprobar una ordenanza que regule los “comportamientos antisociales”, en la que se mete en un mismo saco el ejercicio de la prostitución callejera, la mendicidad, los actos vandálicos de diverso tipo y hasta orinar en la calle. La manera de plantear la prostitución como un problema antisocial trae a mi memoria aquella triste ley contra “vagos y maleantes” del franquismo, porque, efectivamente, igual que aquella ley, esta ordenanza está impregnada de las ideas más rancias, moralistas y patriarcales que castigan y dejan en la desprotección más absoluta a un importante número de mujeres. Como bien dice la alcaldesa, su preocupación es cuidar la imagen turística que tiene una ciudad como la nuestra. No dice nada, sin embargo, acerca de la preocupación que como regidora de la ciudad debiera tener por la elaboración de políticas sociales que, entre otras cosas, sirvan para reconocer los derechos que tienen las trabajadoras del sexo. Su preocupación es dar una imagen de la ciudad que le sirva para ganar las próximas elecciones, aunque para ello se base en modelos represivos regulados con ordenanzas como las que propone. A las prostitutas que captan su clientela en la calle, y que son el sector más vulnerable de ellas se les pretende negar derechos elementales como el de circular libremente o el respeto a su dignidad, empeorando aún más su situación. Castigar la prostitución de calle a lo único que lleva es a que esa situación se desarrolle en la ilegalidad y, por lo tanto, en peores condiciones. Aunque la prostitución es una realidad que existe y que no constituye ante la ley delito, la mayoría de la sociedad no la admite ni la considera una actividad normal, porque se la enjuicia desde la moral. Las valoraciones morales que se hacen sobre la prostitución conducen a que se considere indigno prostituirse, porque la sexualidad sigue sacralizada y magnificada en nuestra cultura. Por eso, ofrecer servicios sexuales se considera la mayor de las indignidades, especialmente si es una mujer quien lo hace. Porque en nuestra sociedad, hemos de decirlo, a pesar de los avances que se han dado en este terreno, sexo y mujeres siguen teniendo una relación contradictoria en las ideas dominantes sobre la sexualidad. Para las mujeres siguen rigiendo mandatos más estrictos que los que rigen para los hombres, estableciéndose socialmente ciertos límites a la iniciativa sexual de ellas que no existen para ellos. Es en este sentido en el que la estigmatización y la condena moral que recae sobre las prostitutas constituyen la expresión del castigo con el que la sociedad responde a la trasgresión de estos mandatos sexuales. Ciertamente, la prostitución no es una actividad como cualquier otra. Por la importancia que en nuestra sociedad se da a la sexualidad y porque la relación con la sexualidad sigue siendo algo contradictorio para las mujeres, no es lo mismo ofrecer servicios sexuales que otro tipo de servicios. Pero una cosa es decir que las condiciones en las que se ejerce la prostitución son, en muchos casos, indignas y otra muy diferente considerar que lo indigno es ejercer este trabajo. El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de desarrollar esta actividad se las considere una categoría particular de personas: mujeres traumatizadas, trastornadas, víctimas extremas de las circunstancias, sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Las prostitutas no son consideradas como trabajadoras, sino como putas y toda su vida es valorada desde este prisma. Hay quienes consideran la prostitución como una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género y la conceptualizan como esclavitud sexual. En la práctica esta generalización impide ver cómo son las cosas en realidad, contribuye a ocultar la verdadera esclavitud en la que se encuentran fundamentalmente mujeres y niñas que son obligadas por las mafias a prostituirse y que las explotan en régimen de esclavitud. Se hace necesario acabar con la hipocresía de las declaraciones públicas de rechazo de estas prácticas inhumanas y poner los medios para acabar con ellas. Las medidas que hay que tomar en estas situaciones nada tienen que ver con las políticas que hay que aprobar para dignificar las condiciones de trabajo y aportar mayor seguridad al resto de las prostitutas, que, por lo demás, parecen ser mayoría. Las mujeres que ejercen la prostitución tienen rostro, ojos, voz, historias personales llenas de vida, de contradicciones, de sufrimiento y de grandeza, su visibilidad se hace necesaria para cuestionar muchos de los prejuicios y mitos que sustentan, porque pertenecen a uno de los sectores de mujeres más estigmatizados y discriminados en nuestra sociedad, especialmente si, además, son pobres o inmigrantes. Estaría bien que desde los diversos sectores del feminismo nos interrogáramos acerca de cómo hacer para mejorar su situación, para igualarlas en derechos con el resto de la ciudadanía, para dotarlas de instrumentos que amplíen sus márgenes de autonomía y libertad. Uno de los objetivos fundamentales del feminismo es la construcción de mujeres como sujetos autónomos, no dependientes de los hombres y con capacidad de decisión, aunque los márgenes para que esta capacidad pueda actuar varían enormemente de unas mujeres a otras. Es en este sentido en el que creo que las propuestas feministas tienen que contribuir a ampliar estos márgenes, a hacerlas ganar en autonomía y poder para cambiar sus condiciones de vida. Desde ahí, desde el feminismo, estaría bien exigir que se cuente con la voz de estas personas trabajadoras del sexo en todas las medidas legislativas que se tomen en relación a la prostitución. Como podemos constatar en los países y lugares donde se llevan a cabo prácticas abolicionistas, las políticas que pretenden acabar con la prostitución provocan que esta actividad se desarrolle en la clandestinidad, lo que favorece la vulnerabilidad de las prostitutas, así como un mayor desarrollo de las mafias y chulos que actúan con más impunidad al no haber una división clara entre lo que debería ser legal (la prostitución voluntaria) y las prácticas delictivas (la prostitución obligada), que encuentran un terreno abonado para desarrollarse amparadas en las prohibiciones de las legislaciones abolicionistas. * Miembro de la corriente Otras Voces Feministas y de Canarias Alternativa

María Nebot *

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