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El PP se queda solo en sus críticas al fiscal por retirarse de la causa a Otegi

LA DECISIÓN ''NO ES UN PARIPÉ'', DICE EL MINISTRO DE JUSTICIA

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El PP se quedó este jueves solo en sus críticas por la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos de retirar la acusación contra el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, resolución que tanto el Gobierno como el resto de grupos del Congreso de los Diputados consideraron "acertada" y "ajustada a Derecho".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que "las razones técnico-jurídicas de la Fiscalía" para tomar la decisión "habrán sido poderosas", y sostuvo que "lo que daña la imagen de la Justicia son determinadas lecturas interesadas de algo que es normalidad pura y dura". El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, deploró también las críticas al PP, al que acusó de "pretender derribar al Gobierno debilitando al Estado".

Por el contrario, para el secretario general del PP, Ángel Acebes, la absolución de Otegi es una decisión "tan grave o peor" que la "excarcelación" de De Juana Chaos, y subrayó que "no se puede estar intentando comprar un comunicado de ETA dando la impunidad" al preso etarra y al líder de Batasuna. Acebes destacó el contraste entre "dos formas de entender la política antiterrorista": la de los jueces y la Guardia Civil con "toda firmeza" deteniendo a Otegi y la de la "debilidad" y "cesión ante ETA" en la que se ve al fiscal general del Estado "por orden" del Gobierno "salvando y protegiendo" al portavoz abertzale.

En similares términos, el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, interpretó que el "tristísimo" episodio que, a su juicio, supone la decisión de la Fiscalía tenía como objetivo "tapar la boca" a la Justicia, en el marco de las "cesiones a la desesperada y sin escrúpulos" de un Gobierno que "nunca había caído tan bajo". El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, calificó la absolución de "auténtica burla a los españoles del trío calaveras: Otegi, Pumpido y Zapatero", mientras que para el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, el presidente del Gobierno "ha dado un indulto preventivo a Otegi para despejar obstáculos y garantizar la presencia de ETA-Batasuna en las elecciones de mayo".

"Falta de respeto a las instituciones y al Estado de Derecho"

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, señaló que la decisión del fiscal es "estrictamente jurídica", adoptada de forma "autónoma e imparcial", y sostuvo que entra dentro de la "lógica" ya que, por el mismo caso fueron absueltas otras dos personas encausadas junto a Otegi.

López Garrido deploró las "palabras gruesas" y "siempre extremistas del PP" sobre esta decisión, que constituyen -dijo- una "falta de respeto a las instituciones y al Estado de Derecho". El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, expresó su respeto a la decisión del fiscal, pero opinó que era "innecesario" montar "esa especie de circo de viajes de ida y vuelta", en referencia a la detención del portavoz abertzale.

Los grupos parlamentarios coincidieron al expresar el respeto a la decisión del fiscal; así, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, negó que el Gobierno esté haciendo "concesiones" a ETA y su entorno, y vaticinó que al final se demostrará que algunas de las cosas que se han dicho "alarmando a la ciudadanía" no son ciertas. El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, afirmó que "lo hecho, bien hecho está"; la misma postura expresó el presidente de su partido, Josu Jon Imaz, quien coincidió en que se trata de una decisión jurídica "sustentada".

También consideró "ajustada a Derecho" la decisión el líder de IU, Gaspar Llamazares, quien además lamentó el "rocambolesco" episodio de su traslado a Madrid y acusó al PP de respetar únicamente "aquellas sentencias que coinciden con su visión y su lógica de excepción". El portavoz de ERC en el Congreso, Agustí Cerdá, se sumó al respeto a la absolución, que calificó como "acertada" y que puede contribuir a "distender" la situación eliminando "un elemento más de crispación".

Desde el País Vasco, la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, dijo que con la decisión de la Fiscalía "el Gobierno da pasos lógicos para un proceso de pacificación y normalización" política.

"Esperpento judicial"

Si los partidos expresaron su respeto por la decisión, a excepción del PP, las críticas llegaron desde asociaciones como el Foro Ermua, que pidió la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que considera el "mejor abogado de ETA".

Por su parte, el Centro Jurídico Tomás Moro presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Conde-Pumpido, y contra el fiscal Fernando Burgos por el delito de omisión del deber de perseguir delitos al haber retirado la acusación contra Otegi.

De la misma forma, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) estudia emprender acciones judiciales contra Conde-Pumpido, y los fiscales de la Audiencia Javier Zaragoza y Fernando Burgos, por una decisión que califica de "esperpento judicial" y que es -asegura- "una prueba más" de que el Ministerio Público está "absolutamente involucrado en el proceso de rendición ante ETA comandado por el presidente del Gobierno".

Concentración ante la Fiscalía

Sin embargo, cientos de personas se concentraron por la tarde frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, como protesta por la decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional de retirar la acusación contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por enaltecimiento del terrorismo.

La protesta fue convocada por el Foro de Ermua y por la Nuevas Generaciones del PP, y asistieron los presidentes de ambas organizaciones, Mikel Buesa y Pablo Casado, respectivamente, así como la eurodiputada socialista Rosa Díez, entre otros. La concentración comenzó a las ocho de la tarde aunque media hora antes ya había decenas de personas a las que algunas de ellas la Policía pidió el DNI porque la protesta no estaba autorizada.

Pasadas las ocho de la tarde ya eran cientos los asistentes a la concentración frente a la Fiscalía que portaban carteles en los que se podía leer "Otegi a prisión" y "ETA/Batasuna, fuera de las instituciones". Además, pidieron la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y gritaron consignas como "Ista, ista, ista, Zapatero terrorista", "Otegi, capullo, tu sitio está en el trullo" o "ETA y ZP, la misma mierda es".

Por su parte, Mikel Buesa aseguró a los periodistas que los españoles "estamos en manos de un Gobierno de dementes que se dedica a escoltar y a defender a terroristas sin ninguna contrapartida" a cambio, en referencia a la decisión de la fiscalía sobre el dirigente abertzale. "La Fiscalía ha defendido a Otegi en vez de ser la defensora de los derechos e intereses de los ciudadanos", dijo Buesa, para quien esta decisión supone una "completa tergiversación del papel" de este órgano porque "no queremos fiscales para que defiendan a los delincuentes".

Algunos miembros de las Nuevas Generaciones acudieron con una venda en los ojos y la boca tapada con esparadrapo como puesta en escena de lo que rezaban las tres pancartas que portaban: "ZP no ve", "ZP no escucha" y "ZP nos calla".

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