El Estatuto de Canarias inicia su reforma en el Congreso con el voto en contra de Podemos

El 25 de marzo de 2015, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias solo tuvo el respaldo de CC y el PSOE en el Parlamento de Canarias, puesto que el PP votó en contra y Nueva Canarias (NC) se abstuvo. Más de año y medio después, y aunque Podemos ha votado en contra de su tramitación en el Congreso de los Diputados, los conservadores se han sumado al carro de construir un Estatuto de nueva generación, así como Nueva Canarias (NC) y PNV, mientras que Ciudadanos (C's) se abstuvo.

Por 236 votos a favor (dos emitidos telemáticamente), 97 en contra y 8 abstenciones, la reforma estatutaria pactada a dos sigue adelante en busca del más amplio consenso posible.

Ante una nutrida representación canaria, encabezada por los presidentes del Gobierno y del Parlamento canarios, Fernando Clavijo y Carolina Darias, respectivamente, el nacionalista José Miguel Ruano y el socialista Ignacio Álvaro Lavandera han recogido en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo el testigo de José Miguel González (CC), el fallecido Juan Carlos Alemán (PSOE), y la portavoz del entonces Grupo Mixto de la Cámara canaria, Isabel Déniz, quienes en 2007 protagonizaron la defensa del primer intento por modificar el Estatuto vigente desde 1996.

Quizás por eso, tanto Ruano como Lavandera apelaron al diálogo.

“Del debate y votación en esta Cámara esperamos que podamos enriquecerlo y mejorarlo a lo largo de su tramitación posterior para conseguir un Estatuto que todos podamos defender y apoyar, y se convierta en una herramienta útil para el desarrollo de Canarias dentro del marco constitucional español”, afirmó el nacionalista.

“Algunos podrán ver la actual configuración de esta Cámara como una dificultad. Permítanme que la contemplemos como una oportunidad para que otras fuerzas políticas que ahora tienen representación en el Parlamento de Canarias o en esta Cámara se sumen a la construcción de nuestra Autonomía. Un Congreso sin mayorías absolutas debe ser una oportunidad y no un obstáculo para el entendimiento”, sentenció el portavoz socialista.

Y es que el disenso malogró la reforma de 2007, pues en el invierno de ese año el entonces presidente Paulino Rivero y sus socios del Partido Popular (PP) decidieron retirar un texto idéntico al que este martes se ha aprobado de su tramitación en las Cortes para evitar que la mayoría socialista imperante entonces en el Congreso de los Diputados introdujera una reforma del sistema electoral por la que no abogaban ni nacionalistas ni conservadores.

Y precisamente la Disposición Transitoria del Estatuto referida al sistema electoral fue la que más minutos protagonizó este martes 13 de diciembre en las intervenciones de los distintos portavoces para evidenciar que la misma será de nuevo, como ya sucedió en la reforma de 1996 y en el fallido intento de 2007, el escollo que dificultará que la nueva Carta Magna isleña concite la unanimidad de las Cortes.

Diez años de retraso

El primero en reprochar el retraso de 10 años en la aprobación de un nuevo Estatuto fue el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Pedro Quevedo, para quien “la pérdida de esa oportunidad no se produjo tras un profundísimo debate o una discrepancia tremenda” en sus contenidos, sino “por el temor de CC y PP a que se produjera una reforma del sistema electoral”.

“Yo defiendo que no es razonable que este Congreso desarrolle un sistema electoral que está previsto que sea fruto de una Ley del Parlamento, pero el problema es que lleva 34 años de transitoriedad, lo que va camino de la eternidad porque no hay voluntad de corregirlo”, afirmó el diputado de NC.

Quevedo insistió en que tampoco es suficiente la rebaja de las actuales barreras electorales que propone el nuevo texto ni mantener un sistema de triple paridad que permite que el 83% de los votantes elija a la mitad del Parlamento y el 17% a la otra mitad. “Tenemos que aprovechar la oportunidad de tratar de resolverlo aquí, porque no nos creemos la voluntad de resolverlo en Canarias”.

Con todo, Quevedo reconoció que el texto “tiene claros elementos superadores del Estatuto actual desde el punto de vista del autogobierno, del fortalecimiento de nuestro REF y la inclusión de un amplio capítulo de derechos y deberes novedoso y de la definición de nuestro territorio”, motivo por el que apoyó su toma en consideración.

También el socialista Sebastián Franquis usó la reforma electoral para acusar a CC y al PP de haber retrasado una década que las Islas tengan un Estatuto de los llamados de segunda generación: “hoy todos los ciudadanos de Canarias saben que los socialistas somos los que hemos contribuido de forma determinante a la puesta en marcha de la reforma del Estatuto de Autonomía, que llevaba nueve años parado y uno de bloqueo institucional”.

Porque para Franquis, “la principal dificultad para que Canarias no cuente hoy con un Estatuto de segunda generación ha sido el actual sistema electoral” cuya modificación “no sólo es necesaria, sino que ésta debe hacerse en el Estatuto de Autonomía”.

“No es posible una reforma del Estatuto que no incluya como objeto inexcusable la reforma del sistema electoral”, concluyó.

También Melisa Rodríguez, diputada por Santa Cruz de Tenerife y portavoz de C's en el debate, se refirió al sistema electoral, pues el actual impide que todos los canarios sean iguales en base a la proporcionalidad de su voto y al permitir que “el 13% de los votos de las pasadas autonómicas se quedaran en la papelera, o en el mar”.

“Nosotros si queremos que se represente a todos los canarios, y no solo a algunos”, dijo la portavoz de la formación naranja.

Copia y pega desfasado

Pese a ello, las críticas más duras de C's al texto del nuevo Estatuto se centraron en otros aspectos, tales como que “nos parezca un disparate como está redactado el apartado de la administración de la Justicia” o a que se pidan más competencias cuando el problema, para Rodríguez, es que no se ha sabido administrar bien las que ya se tienen en sanidad, educación o políticas sociales.

“Nos parece que este Estatuto es un copia y pega de algunos estatutos de autonomía que han habido, incluso nos recuerda en muchos aspectos al catalán antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un Estatuto de máximos que en ocasiones pretende la desaparición del Estado de la Islas. Es un texto desfasado que choca incluso con la reforma constitucional que todos creemos que necesita nuestra Constitución”, afirmó Rodríguez desde el estrado.

Pese a las críticas de ser un texto “que reclama más nacionalismo, más fractura, más desigualdad”, la portavoz de C's si dijo que compartía “que a Canarias se le mantenga el reconocimiento de región ultraperiférica y que se siga defendiendo el REF de las Islas”.

No es de siete estrellas

Pero, sin duda, la intervención más dura contra la reforma del Estatuto de Canarias se ha remitido a las Cortes para su tramitación vino por parte de la portavoz de Podemos y diputada por Las Palmas, Meri Pita:“vamos a votar que no a la toma en consideración porque queremos que el Estatuto vuelva a las instituciones donde reside la soberanía del pueblo canario y que allí crezca como parte de un proceso constituyente legitimado por la mayoría social”.

Y es que para la formación morada la modificación estatutaria se aprobó con una composición parlamentaria distinta a la actual y con el rechazo de los dos partidos que en la pasada legislatura eran la oposición del Parlamento. Un texto, por tanto, impuesto que debe ser reelaborado, remitido de nuevo a las Cortes y refrendado por la sociedad canaria.

“Canarias necesita un texto mejor que este. Merecemos una Constitución autonómica en la que haya participado activamente nuestra gente y no este simulacro de democracia. Canarias se merece un Estatuto de siete estrellas, y este no lo es”, sentenció.

Paulino Rivero como Artur Mas

Al conservador Pablo Matos, diputado por Santa Cruz de Tenerife, le tocó defender el tránsito del PP desde su oposición a la reforma de 2015 (“ni hartos de grifa”, dijo en el Parlamento el diputado Miguel Cabrera Pérez-Camacho) a su apoyo actual. Y lo hizo cogiendo como particular cabeza de turco al ex presidente Paulino Rivero:“entre 2011 y 2015 el clima político era de un enfrentamiento brutal entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación”.

“Paulino Rivero, entre todas las opciones que podía haber elegido para enmarcar su acción política, optó por el enfrentamiento. Entre todos los modelos posibles, eligió en convertirse en nuestro particular Artur Mas”, afirmó Matos.

Ese enfrentamiento, esa situación política “irrespirable”, hizo que el PP ni participara ni apoyara la reforma estatutaria que se sancionó “a dos meses de elegir un nuevo Parlamento” y a siete meses de que se disolvieran las Cortes. Pero todo cambió con la llegada de Clavijo y de la vicepresidenta Patricia Rodríguez a los 'bancos azules' del Gobierno de Canarias en el verano de 2015, con los que se ha podido entablar un diálogo insitucional y político que ha permitido llegar a acuerdos para que los conservadores tramiten y participen en el debate en el Congreso de los Diputados.

Mejorar el encaje en España

Un texto que, como aseguró el nacionalista Ruano durante su defensa de la tramitación, “pretende ser la norma institucional básica para el autogobierno en nuestro Archipiélago Atlántico, que reconozca nuestros hechos diferenciales, nuestra identidad singular y que nos facilite la convivencia con el conjunto de los pueblos de España”.

Para el nacionalista, la reforma “mejora el autogobierno y el encaje de Canarias en España, como una nacionalidad singular, diferenciada, lejana e insular, que hoy tiene reconocimiento expreso en el Derecho primario de la Unión Europea”.

En parecidos términos, la portavoz de CC en el Grupo Mixto, Ana Oramas, afirmó el nuevo Estatuto “garantiza nuestras singularidades y nos equipara a los ciudadanos españoles y europeos” y, además de blindar los derechos isleños en la Constitución “blinda los derechos de la ciudadanía”.

O como incidió el socialista Lavandera, “reivindicamos ampliar nuestras competencias y proponemos un nuevo catálogo de derechos para nuestros ciudadanos y ciudadanas, con el fin de robustecer la protección social en nuestra Comunidad Autónoma, en los ámbitos de la salud, de la educación, de la igualdad, de la familia, en el acceso a la vivienda, en el ámbito laboral o en el derecho a una renta garantizada de ciudadanía”.

Un Estatuto, en definitiva, “que responda mejor a nuestros problemas, que reconozca con mayor intensidad nuestras propias peculiaridades, que pretende mejorar el desarrollo de nuestro sistema constitucional y que corrige también las insuficiencias de nuestras instituciones autonómicas” para “alcanzar un mayor desarrollo económico y una mejor cohesión social en nuestras islas”.