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La juez deja en libertad con cargos al ex alcalde de San Miguel de Abona

El ex alcalde de San Miguel de Abona Arturo González Hernández ha quedado en libertad sin fianza e imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, tras prestar declaración este miércoles ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrcción número 4 de Granadilla de Abona.

El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó la tarde de este jueves que la juez Elisa Isable Soto Arteaga dejó asimismo en libertad sin fianza al ex interventor del Ayuntamiento, Nicolás Rojo Garnica, también imputado como cooperador necesario en los mismos delitos que el ex alcalde, además de falsedad en documento mercantil.

En cuanto a los empresarios José Luis Bello Pérez y Wenceslao Rodríguez Santos, también se les imputa por cooperadores necesarios en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Todos tienen la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Las actuaciones continúan bajo secreto de sumario.

La investigación judicial en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, municipio situado en el sur de la isla de Tenerife, se abrió tras una denuncia sobre obras y facturas realizadas por el anterior gobierno municipal, encabezado por Hernández González.

En el pasado mandato municipal, Coalición Canaria, que ahora se encuentra en la oposición, gobernaba con mayoría absoluta este ayuntamiento tinerfeño.

A principios de año

La denominada Operación Mikel, desarrollada en San Miguel de Abona, comenzó a principios del presente año después de que la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife encomendase una investigación a la Guardia Civil que apuntaba a la comisión de hechos delictivos en la adjudicación de obras públicas por parte del anterior alcalde del San Miguel, estando involucrados varios empresarios y dos funcionarios, según informó este martes la Guardia Civil en una nota.

Hasta el momento, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa Cruz, y en concreto el Equipo de Delitos Urbanísticos (EDU) ha detenido en el seno de esta Operación a cuatro personas y ha imputado a una quinta de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y usurpación de funciones.

Previamente, en el transcurso de las investigaciones policiales, a finales del mes de mayo los agentes de la Guardia Civil tomaron declaración de imputados al anterior interventor municipal y a la aparejadora municipal. Precisamente, esta mañana, a raíz de los nuevos datos obrantes en la investigación, el citado interventor fue también detenido.

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