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PSOE y CC llevan la reforma local al Constitucional

Ambos partidos promueven una vía para legitimar a los ayuntamientos a presentar un recurso por invasión de competencias. 

El recurso debe ser presentado por, al menos, una séptima parte de los 8.116 ayuntamientos que hay en España. 

Además, los consistorios recurrentes deben represantar al menos a una sexta parte de la población española.

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PSOE y CC han anunciado este jueves que han creado un grupo de trabajo para redactar los tres recursos de inconstitucionalidad que estos partidos promoverán contra la "mal llamada" Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.

En rueda de prensa, el secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, y el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, explicaron que una de las vías para recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional es que lo firmen cincuenta diputados.

La segunda vía la promoverán los gobiernos y parlamentos autonómicos porque se trata de una "clara agresión" al Estatuto de Autonomía, dijo Gaspar Zarrias, quien añadió que el tercer recurso es novedoso por cuanto nunca se ha hecho en España.

Se trata de legitimar a los ayuntamientos para que presenten un recurso de inconstitucionalidad por invasión de sus competencias, para lo se exigen dos requisitos.

Una de las exigencias es que el recurso lo presenten al menos una séptima parte de los 8.116 ayuntamientos que hay en España, por lo que se necesita el aval de como mínimo 1.160 corporaciones municipales, algo que Gaspar Zarrías consideró "bastante posible".

La segunda exigencia es que los ayuntamientos que presenten el recurso representen al menos a una sexta parte de la población española, para lo que se precisa que entre todos sumen más de 7.700.000 habitantes, y en este sentido el dirigente socialista indicó que desde Canarias se aportará más de un millón de personas.

Gaspar Zarrías manifestó que hay tres meses de plazo para recurrir una ley que calificó de "chapuza", que tiene como objetivo "introducir la iniciativa privada en los servicios sociales", pues a su juicio se trata de una operación para privatizarlos o desmantelarlos.

Comentó que todas las grandes empresas de la construcción que tienen dificultades económicas han creado una división para gestionar servicios sociales, y señaló que si de verdad se arreglan los problemas con ella cómo es que su entrada en vigor se aplaza para después de las próximas elecciones locales.

José Miguel Barragán reiteró que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y con esta ley recibirán peores servicios.

Gaspar Zarrías afirmó que con la entrada en vigor de esta ley los ayuntamientos serán "meras" oficinas administrativas en las que la mayor obligación del alcalde será acudir a las procesiones, con lo que se volverá a que ese puesto sólo lo ocuparán personas con recursos económicos como a principios del siglo pasado.

El secretario general de Coalición Canaria dijo que con esta ley se quitará a los ayuntamientos competencias, por lo que el Gobierno canario trabaja para que no sea así y que los servicios sociales los presten las corporaciones locales.

El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE aseguró que su partido no quiere unos servicios sociales de beneficiencia sino derechos para que los ciudadanos no tengan que vivir de la caridad.

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