Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro exigen que no se toque la triple paridad
Los presidentes de los Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, todos ellos de CC, se oponen a cualquier reforma electoral que se aparte del principio de la “triple paridad”, porque rompería los equilibrios internos de Canarias, en un error que consideran que “la Historia no perdonará”.
Pedro San Ginés, Marcial Morales y Belén Allende reaccionan de este modo al principio de acuerdo al que han llegado PP, PSOE, Podemos y NC para elevar el número de diputados del Parlamento de Canarias de 60 a 70, de forma que se asigne uno adicional a Fuerteventura (por su aumento de población) y se repartan los otros nueve mediante un colegio de restos, que “de facto” beneficiaría a Tenerife y Gran Canaria.
Desde su punto de vista, ello “rompería el equilibrio en cuanto a la representación en el Parlamento de las islas periféricas frente a las capitalinas”, garantizado hoy por la regla de la triple paridad (los mismos diputados por provincia, los mismos diputados para Gran Canaria y Tenerife y los mimos diputados para la suma de las islas capitalinas y para el conjunto de las no capitalinas).
Morales, San Ginés y Allende sostienen que la triple paridad es “un pilar del modelo de convivencia con que nació esta comunidad autónoma para evitar ahondar en el desequilibrio de las islas menos pobladas respecto a las capitalinas”.
“No compartimos la propuesta de incrementar el número de diputados en la Cámara regional si no se mantiene el equilibrio existente hasta ahora en cuanto a la representación de todas las islas”, plantean los tres políticos nacionalistas.
Además, llaman a todos los diputados de las islas no capitalinas a “no traicionar los intereses del Archipiélago, porque la Historia no los perdonará”, porque consideran que el reparto actual de escaños “conjuga los principios de equilibrio y solidaridad”.
Los presidentes de los Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro opinan que tampoco es el momento de aumentar el número de escaños del Parlamento autonómico, porque entienden que “la tendencia es a ir aminorando la administración pública” y que “el incremento de 10 diputados no resolverá los problemas de Canarias”.
Por ello, advierten de que la reforma electoral consensuada por parte de los grupos de la oposición en el Parlamento rompería el equilibrio entre islas y aumentaría el gasto público en 590.000 euros al año (cifra a la que calculan que ascienden diez sueldos adicionales de diputados y sus correspondientes dietas).
