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Pedristas que trabajan para Coalición Canaria

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

Quizás estén siendo los derrotados susanistas del PSOE de Canarias los que anden encajando con mejores modales la derrota que la presidenta de la Junta de Andalucía sufrió el pasado domingo en las primarias socialistas. La mayoría guarda un silencio de luto, un monacal recogimiento a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Esa posición de prudencia la ha quebrado por la vía de los hechos la gestora regional, de mayoritaria tendencia susanista, que está tratando por todos los medios de marcar un calendario express para el próximo congreso regional en la errónea creencia de que acelerando los plazos pueda terminar por quebrarse la insoportable fragilidad de los pedristas.

Porque, al contrario de lo que sucede en otras federaciones socialistas donde todo es jolgorio e incluso arrepentimiento y autocrítica entre los seguidores de Susana Díaz, en Canarias estamos asistiendo a un lamentable espectáculo de los ganadores de la consulta a las bases. Tan solo en tres días han aparecido media docena (o más) de guardianes de las esencias más puras de los principios fundamentales del secretario general electo, Pedro Sánchez. Algunos, como Ángel Víctor Torres (secretario general de Gran Canaria) y Chano Franquis (secretario general de Las Palmas de Gran Canaria) se han manifestado con prudencia, pero otros como Manuel Martínez, consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife y responsable de llevarle la agenda de actos en Canarias a Sánchez en esta reciente campaña, se han subido a la parra de una manera ridícula. A él se han unido otras voces, como la de Pedro Ramos, factótum de la gestora de La Laguna, para imponer cuáles habrían de ser las cualidades irrenunciables de un buen pedrista, condición que él aparenta cumplir sobradamente.

A Ramos cabe atribuir la imposición de Héctor Gómez (presidente de la gestora socialista de Tenerife, mira que hay gestores, oye) como la persona que habrá de encabezar los nuevos tiempos del PSOE en Canarias, es decir, el secretario general al que la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez habría de encargar la dirección del partido en las Islas. Lo que aparentemente podría considerarse una designación de privilegio en realidad puede convertirse en un verdadero estigma porque, como empieza a ser tradición en el PSOE, los candidatos impuestos por la oficialidad terminan siendo los grandes derrotados.  Y acaba de ocurrir hace escasos días, parece mentira que no lo hayan asimilado aún.

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Dos María Lorenzo

María Lorenzo, miembro del Consejo Rector de RTVC. EFE/Cristóbal García

Una se llama María Lorenzo Hernández, es licenciada en Derecho, experta en televisión, y todavía aguanta estoicamente su posición de vocal del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC). La otra se llama María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Fabrizo, y es la magistrada titular de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, donde cayó por reparto la querella de la Fiscalía producto de una denuncia previa del Partido Popular contra los anteriores gestores de la misma RTVC, para entendernos, el caso Willy García.

La primera, María Lorenzo, compareció este lunes ante la Comisión de Control de la Radiotelevisión Canaria en el Parlamento de Canarias, en lo que seguramente supuso para ella un importante desahogo después de haber tenido que soportar las comparecencias que en el mismo formato ha hecho el presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín, al que acusó abiertamente de mentir como un poseso. Y no fue la única acusación: también relató una serie de hechos que probablemente resistirían una querella similar a la que llevó a la Fiscalía a creer lo que decía la diputada del PP Águeda Montelongo contra Willy García, o mejor dicho, contra Paulino Rivero en el culo de Willy García, que es exactamente la intención de esa denuncia cuya instrucción de repente ha sufrido un apagón informativo en los medios clavijistas, seguramente porque los testimonios que se están prestando en estos momentos desmontan estrepitosamente aquellos de los que llegaron como correveidiles ante la jueza sustentados solo en rumores y en apreciaciones personales.

María Lorenzo, la del Consejo Rector, estuvo valiente y no se mordió la lengua. Tiene su mérito porque a pesar de desempeñar un cargo público designado por el Parlamento de Canarias, no cobra por su desempeño ni un puñetero euro, y encima tiene que soportar insinuaciones de bloqueo o de rencillas personales que no se compadecen en absoluto con la realidad de un Consejo Rector del que ya han dimitido dos vocales, una a propuesta del PP y la otra a propuesta de Coalición Canaria. Y más o menos por los mismos escándalos y desafueros que María Lorenzo denunció este lunes ante sus señorías.

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VÍDEO | Paisaje tras el revolcón, por Carlos Sosa

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Chavanel difama; la mafia paga

Chavanel, entrando a los Juzgados de Arrecife. Fotos: De la Cruz.

No se deprima. Si es usted de los que gusta del troleo y del periodismo de bacinilla, sepa que la condena que le acaban de endosar al comunicador Francisco Javier Chavanel no lo va a hacer callar. Seguirá berreando, tranquilo. De momento recurrirá los 50.000 euros que le ha empapuzado un juez de Primera Instancia de Arrecife por haber ejecutado una atroz campaña de desprestigio contra el fiscal Ignacio Stampa, terror de los corruptos de la isla de Lanzarote, particularmente de los dedicados a pasarse por el forro de sus cachivaches la legislación urbanística en todas sus variables.

Chavanel se ha convertido, para su desgracia, en un mercenario al servicio exclusivo de quien quiera pagarle los trabajos más sucios. Y continuará existiendo mientras haya empresarios poderosos que pretendan creer que basta con tener un doberman con un micrófono para convertir en inmaculadas actividades de generación de riqueza lo que en realidad son operaciones especulativas al margen de la ley.

A la sentencia por la campaña difamatoria contra el fiscal Stampa seguirá en breve otra por los mismos motivos producto de la demanda que contra el mismo vocero promovió el magistrado César Romero Pamparacuatro, instructor del caso Unión, que sufrió una implacable persecución mediática promovida por algunos de los imputados y por su entorno mafioso, entendiendo mafia en la tercera de las acepciones que contempla la RAE: “Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Porque eso es lo que está pasando en Lanzarote: un grupo organizado de empresarios se ha puesto de acuerdo para llevarse por delante a los agentes de la Ley mediante varios métodos carentes de escrúpulos y utilizando a mercenarios, también carentes de escrúpulos, para ejecutar su plan. Y uno de esos mercenarios -desgraciadamente no el único, para desgracia de esta profesión- es el condenado Chavanel.

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Por qué Coalición Canaria debe pedir perdón por Las Teresitas

Una valla publicitaria en los tiempos en los que todos hacían piña con Zerolo. Negaron antes a Paulino Rivero que el exalcalde corrupto.

Sólo Ricardo Melchior se ha atrevido a criticar públicamente la sentencia del caso Las Teresitas. Tiene sus motivos, quizás porque de alguna manera tiene que rendir tributo al partido que, en vez de mandarlo al paro tras su paso por la presidencia del Cabildo de Tenerife, lo ha premiado con el puesto de presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. A mayor gloria de su base de cotización.

Melchior dijo el otro día en la Ser que no le gustaba la sentencia, que le parecía un exceso de años los endilgados a Miguel Zerolo (el exalcalde que rivaliza en corrupción con el de Yaiza) porque, al fin y al cabo, no había metido la mano en la lata del gofio. Luego lo tradujo a lenguaje forense: “Le quitaron el cohecho”. Esa y no otra es la postura de Coalición Canaria porque, lejos de pedir disculpas por ese escándalo que todavía sigue costando a las arcas públicas más de 52 millones de euros (intereses aparte), sus dirigentes parecen empeñados en reducirlo todo a un problema de gestión y, si es posible, borrar a Zerolo de la historia del partido. 

Lo dijo esta semana en el Parlamento, sin sonrojarse y sin nombrar al delincuente, el mismísimo presidente de Canarias, Fernando Clavijo: “Pido disculpas como militante de Coalición Canaria por la incorrecta gestión del dinero público” en el caso de Las Teresitas. Es decir, como no quedó probado que los actores de ese “pelotazo de libro” se enriquecieran ilícitamente de la mordida que se llevaron los dos empresarios del régimen (Antonio Plasencia e Ignacio González), todo queda reducido a un error de gestión, a un mal cálculo en la inversión del dinero público. 

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Panorama después de los avales

Gustavo Matos, Patricia Hernández, Sebastián Franquis y Dolores Corujo

Una gran parte de los militantes socialistas de Canarias se ha rebelado contra la quietud. Los nuevos tiempos ya no son del aparato, ni de los medios de comunicación que apoyan al aparato; ni de los poderes salvajes que apoyan a la candidata del aparato y de la quietud, la de la respetable alternancia del bipartidismo. Esos tiempos ya han cambiado: en la política de Canarias ya no existe José Manuel Soria, y aunque a su sucesor se le escapen de vez en cuando algunos ramalazos autoritarios, ya no chirría en absoluto pensar en un Gobierno entre socialistas y populares que acabe con la resignación canaria de Coalición Canaria. La reforma electoral se pone a tiro de piedra y ya empiezan a entrar en la cárcel los corruptos del régimen y los empresarios corruptos del régimen.

La militancia socialista canaria no es ajena a los peligros que acechan al PSOE a escala federal, con una inquietante amenaza de sorpasso torpemente contestada por la vieja guardia con más de lo mismo. Y tampoco es ajena a la orfandad en la que está sumido el partido en Canarias desde que se marchó José Miguel Pérez y dejó en manos de una gestora con escaso punch político los designios del aparato.

La gestora socialista canaria es la gran derrotada en este primer acto de las primarias del PSOE. Fue montada para reforzar a la candidata a la presidencia del Gobierno, por entonces vicepresidenta, y cogida con ella de la mano se están cayendo con todo su equipo. Puede no haber sido de su exclusiva culpa perder el Gobierno, compartido con un socio mentiroso y desleal, pero tras aquella última humillación de diciembre, la dirección del partido y del grupo parlamentario no han conseguido establecer una estrategia clara de combate contra Coalición Canaria: ahí está la vergüenza permanente de La Laguna, con un gobierno municipal en el que el PSOE forma parte de la manera más extravagante posible, tres concejales dentro, dos fuera, incapaces todos ellos de desenmascarar una gestión cargada de más sospechas que aciertos.

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El disputado voto de Quevedo: algo más que presupuestos

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2017

Ni Román Rodríguez ni ninguno de sus compañeros de la dirección de Nueva Canarias dudaron jamás de la rentabilidad del acuerdo electoral que alcanzaron para concurrir en la lista del PSOE a aquellas elecciones generales de 2015. Ni a las de 2016. Ni tuvo ninguna duda el PSOE de Canarias, que pudo sumar un supuesto diputado a sus resultados en unos aciagos momentos en los que Podemos le pisaba (y le pisa) peligrosamente los talones. Ninguno de los dos partidos llegaba en solitario y ambos se hicieron de muleta.

Pero, como siempre, ha sido Nueva Canarias la que ha sacado petróleo de sus acuerdos con el PSOE, como ocurriera en el mandato de José Miguel Pérez y Román Rodríguez al frente del Cabildo de Gran Canaria, que finalmente -previo paso fugaz del PP- ha desembocado en una disposición de poder inversa, con un presidente nacionalista al frente de la Corporación y el PSOE de segundo socio de tres. O con otro gobierno tripartito al frente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde Nueva Canarias ya tiene una presencia destacable pese a ser el más débil del equipo que comanda el socialista Augusto Hidalgo.

Nueva Canarias siempre saca tajada. Lo está haciendo también en el Parlamento de Canarias, donde hace valer de una manera altamente rentable su cualidad de penúltima fuerza política, solo por delante de la Agrupación Socialista Gomera, de Casimiro Curbelo. En ocasiones da la sensación de que es Román Rodríguez el líder de la oposición, el que encabeza acciones tan decisivas como la reforma del sistema electoral, la remoción (cada vez más urgente) de la dirección de la Radiotelevisión Canaria, la renovación en los organismos dependientes del Parlamento (Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo) y hasta una moción de censura al Gobierno de Fernando Clavijo.

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El papelón de la Fiscalía de Canarias

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido (d), acompañado de los fiscales jefe provinciales de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, y de Santa cruz de Tenerife, Carmen Almendral, en la presentación de una Memoria de la Fiscalía. Efe.

Son cosas de la justicia fronteriza, la que trata de impartirse a tantos centenares de kilómetros de los centros de decisión, estos días saltando escocidos de escándalo en escándalo al descubrirse (o mejor, confirmarse) que el Partido Popular no solo le ha dado al saqueo sin cuartel, sino que en busca de la impunidad ha implicado a magistrados, magistradas, fiscales y fiscalas. Visto ese panorama desde la ultraperiferia, algunos incluso sueltan un resoplido de alivio porque, revueltas las moquetas de la metrópoli, a nadie se le ocurrirá purgar más allá de la M-30. O no, oye, que ya puestos a revisar lo que se ha hecho estos últimos años de confusión entre el poder ejecutivo y el poder judicial, es probable que todos alcancen lo que se merecen. Por eso, dicen en la villa y corte, se cargaron a Consuelo Madrigal, la fiscala general del Estado que no quería saber nada de componendas. Y de las componendas de Canarias tenía cumplida información.

Nadie da un duro en Madrid por la renovación en sus cargos de Vicente Garrido, fiscal jefe de Canarias, y de su delegado en la oficina de Las Palmas, Guillermo García-Panasco. El esfuerzo que hubo que hacer por tapar el escándalo que supusieron las diligencias pre-procesales contra Victoria Rosell, encargadas en plena campaña electoral de 2015 a la dúctil y maleable Evangelina Ríos, pesan todavía como un baldón en la Fiscalía General del Estado, que autorizó a regañadientes el recurso contra la sentencia del TSJ de Canarias que declaraba ilegales (por vulnerar derechos fundamentales) aquellas investigaciones. Nadie duda ya a estas alturas, sobre todo al conocerse el resto de la trama (con perdón) que fueron ordenadas (inducidas, sugeridas o solicitadas, tachen lo que quieran) por José Manuel Soria, a la sazón ministro del mismo Gobierno que ya estamos comprobando (por si quedaban dudas)  que utiliza el aparato del Estado para todo aquello que considera le puede servir para tapar sus desvergüenzas o acusar a un adversario político. ¡Y pensar que Soria se ofendió -modo víctima de las hordas comunistas- cuando se le acusó precisamente de eso! Todo un jeta caribeño, como ha quedado suficientemente acreditado.

Tenemos en Canarias una Fiscalía herida y contaminada. Herida por las marcas que a lo largo de tantos años de impunidad le han hecho algunos que no han temido sus abusos y arbitrariedades. Contaminada por ese excesivo restriegue con el poder político y empresarial que, en algunos casos, la ha colocado en el límite mismo del Código Penal. Resulta increíble que el delito de prevaricación no se pueda aplicar contra quienes tienen en su mano la vida y la hacienda de los justiciables, tanto para acabar con ellos como para perdonarles sus andanzas. En teoría no toman resoluciones injustas a sabiendas, pero una intencionada legislación y una muy teledirigida jurisprudencia obliga a los jueces a hacer lo que pide el Ministerio Público ante la ausencia de otras acusaciones; o lo que no quiere el Ministerio Público que se haga incluso habiendo acusaciones particulares o acciones populares. Las resoluciones las toma el juez o la jueza y los fiscales y fiscalas se marchan cada mediodía a casita con la tranquilidad de haber cumplido con las órdenes (cuando las hay) o con su conciencia (cuando la hay).

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Adiós, Zerolo; hola, Clavijo

Fernando Clavijo y Miguel Zerolo en una reunión cuando ambos eran alcaldes de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.

La fecha del 27 de abril de 2017 quedará marcada en el calendario político de Canarias como la de la sepultura de una manera burda de hacer política. Ese día, este jueves, se dio a conocer una de las sentencias más esperadas de la historia reciente del Archipiélago, la que ponía punto final al que la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, llamó “un pelotazo de libro”, perpetrado todo él en el frente de playa de Las Teresitas, con remedo especulativo en el Valle de Huertas, la continuación del frente de playa que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, proclamó a todos sus vecinos y vecinas que había salvado del hormigón.

Era el indiscutible heredero de los fundadores de la Agrupación Tinerfeña de Independientes y el delfín del que fuera admiradísimo alcalde, Manuel Hermoso, convertido en presidente de toda Canarias por la carambola que supuso la transformación de once formaciones (la mayoría insularistas) en Coalición Canaria. Zerolo venía de llamativas excentricidades al frente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, momento a partir del cual creyó que todo el monte era orégano y que con la mayoría absoluta que los chicharreros le habían otorgado se podía poner el mundo por montera.

La sentencia no deja muchos resquicios a la duda: la operación de Las Teresitas fue perfectamente ideada para que dos de los empresarios de cabecera del régimen -Antonio Plasencia e Ignacio González- hicieran un negocio que se acercó a los 100 millones de euros mediante la venta del frente de playa (que ya era propiedad del Ayuntamiento) y la recalificación de unas parcelas en Valle de Huertas para compensarles por el bien que los vecinos y vecinas de Santa Cruz habían recibido del pelotazo litoral. En medio, una operación calamitosa en CajaCanarias que al ponente de la sentencia le parece un escándalo imposible de juzgar por haber llegado sin calificar al juicio oral. No se pierdan la página 27 de la sentencia porque allí está todo contado con la solemnidad y el rigor judicial inabarcables en este texto.

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La tele canaria, a negro

Santiago Negrín, presidente de la RTVC

Resulta imposible acumular mayor nivel de despropósito en la gestión de la Radiotelevisión Canaria. Y eso que el listón parecía insuperable tras el paso por la casa de Willy García, núcleo gordiano de una instrucción judicial en la que siguen ocurriendo cosas grandiosas, la última de ellas la afirmación tajante de la jueza instructora de que el prime time es por la mañana. Chupito.

Al frente de RTVC colocó Fernando Clavijo a un buen profesional de la radio que ha resultado ser un deplorable gestor, seguramente por haber aceptado un cargo que le venía grande y que llevaba incluidas unas imposiciones que el pobre Negrín no acierta ni siquiera a explicar. Cuando se atreve a intentarlo.

Verlo en la última comisión parlamentaria de control de la empresa que tiene la obligación de defender resultó sencillamente patético. Nunca se ha creído sus propias afirmaciones, y ahora ya ni siquiera se cree sus propias bravatas. Su anuncio de que va a interponer querellas y demandas (acciones penales y civiles, entendemos) contra el periódico Diario de Avisos y que lo hace por su familia no ha sido más que un penoso intento de transmitir a los que día tras día le obligan a humillarse que todavía está vivo, que tiene agallas y que llevará este esperpento hasta el final.

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