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Calentando la(s) censura(s)

Fachada del Ayuntamiento de La Laguna.

El presidente del Gobierno de Canarias y sus asesores de comunicación (en nómina y fuera de nómina) desplegaron este fin de semana todas sus habilidades y el talonario de cheques para tratar de neutralizar la imparable aparición de informaciones que colocan a su alcalde-presidente, Fernando Clavijo, en posiciones más que comprometedoras. Si ya era del dominio público la sucesión infame de zancadillas propinadas al ex socio socialista mientras compartió gobierno con Coalición Canaria, su expulsión del poder está permitiendo confirmar que aquello era un infierno político y que la política está infectada de indecentes y de mentiras. Porque alguien tiene que estar mintiendo cuando se afirma que el alcalde-presidente pidió suprimir el tratamiento para los enfermos de hepatitis C y, desde el lado contrario, que esa conversación entre Clavijo y el exconsejero de Sanidad Jesús Morera, “jamás se celebró”. Es verdad que es la palabra de Morera contra Clavijo, pero ahora se sabe que esa negligencia con la vida de los 400 enfermos de hepatitis C también se lo permitió Clavijo con Patricia Hernández, quien alarmada llegó a comentarlo con José Miguel Barragán, el hombre fuerte de Coalición Canaria dentro del Gobierno. Y Barragán, que tiene la cabeza sobre los hombros, le aseguró que “eso no va a pasar nunca”.

No le conviene en absoluto al presidente de Canarias que sigan aflorando informaciones que lo convierten al menos en una persona de poco fiar, y las pruebas de momento no le socorren. Sus idas y venidas con la majadería del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), ese engendro llamado a “cambiar el modelo económico de Canarias” con 160 millones de euros al año en marquesinas, aceras y campañas publicitarias, alimentan las dudas de que sus acusaciones contra los ex socios socialistas tengan fundamento. El silencio que los ofendidos guardaron mientras formaron parte del Gobierno solo demuestra lealtad, y no el oportunismo que pretenden atribuirle ahora que ya no tienen sobre sus espaldas el yugo (y las flechas) que para ellos representaba Clavijo.

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Clavijo a Morera: “Aquí se viene llorado”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante su segunda intervención en el pleno extraordinario.

“Aquí se viene llorado”. La frase la pronunció el 26 de julio de 2016 el señor alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Se la dirigió al que por entonces era el consejero de Sanidad, Jesús Morera, del PSOE, en medio de una larga conversación telefónica en la que ambos discutían acerca del gasto sanitario (mira tú qué cosas para tratar por teléfono). Morera explicaba a Clavijo, a grandes rasgos, las principales partidas de gastos de su departamento, y cuando llegó al tratamiento para pacientes afectados por la hepatitis C, el alcalde-presidente estalló: “suprime ese gasto, o que los pacientes paguen una parte”, sostiene Morera que le soltó Clavijo. La reacción del consejero fue automática: “Eso no lo podemos hacer, mira lo que ha pasado en Galicia, donde hay dos altos cargos acusados de homicidio imprudente por retrasar el tratamiento y morírseles dos pacientes”. Y fue en ese momento cuando Fernando Clavijo profirió su cuñadismo del día: “Aquí se viene llorado”.

La sanidad copó una gran parte de la comparecencia ante el Parlamento del alcalde-presidente Clavijo este jueves. Lo hizo a petición de todos los partidos de la oposición y a la suya propia de él, según enfatizó. Tenía que explicar los motivos de fondo por los que se rompió el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE, ruptura que lo ha dejado en una clara minoría parlamentaria de 18 diputados porque, en una constatación más de la inconsistencia política que reina en esta ultraperiferia, nadie había negociado mínimamente un recambio, una alternativa. Esto, queridísimos, con Mauricio no pasaba.

Pero habiendo sido el asunto sanitario uno de los más recurrentes este jueves, no se abordó para encontrar soluciones al deterioro que viene padeciendo desde que estalló la crisis que trajo, con esa coartada, el recorte de partidas presupuestarias hasta dejar los servicios públicos esenciales por los suelos. Se abordó porque fue la sanidad pública uno de los caballos de batalla que acabó finalmente con el pacto de gobierno de Canarias.

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Cantinflas encuentra una colilla

Colilla de cigarro.

Ya lo decía Cantinflas con su proverbial desparpajo: “Democracia, mire usted, según la lengua española traducida al castellano, quiere decir demo, como quien dice dimo, y dimo con qué nos quedamos. Y cracia, que viene a ser igual, porque no es lo mismo”. Y lo remachó de modo sublime Groucho Marx cuando dejó para la posteridad aquello de “la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”.

Es decir, que la VI Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado español sirvió para que todos pasemos a entender desde ahora que "el sistema de financiación es un elemento instrumental [que] tiene que financiar algo; en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en ese algo". O para que nos entendamos mejor, hay que centrarse en las pensiones porque "todo parece indicar que la evolución demográfica va a hacer que la población sea cada vez mayor". Lo cual viene a significar, si no lo han detectado todavía, que "el gasto va a ser mayor y tenemos que preocuparnos por el gasto público, independientemente de quién tenga las competencias".

Lo dejamos aquí de momento porque ya son muchas las elevadas reflexiones de nueva hornada salidas de la boca del presidente de Canarias en declaraciones a la prensa tras la Conferencia de Presidentes. Ya unas cuantas horas más tarde, los servicios de comunicación de Presidencia del Gobierno se ocuparon muy eficazmente -como siempre- de ordenar tantas ideas y de traducirlas de modo digerible al castellano. Así, donde se dice eso de que lo que hay que definir es “ese algo”, Fernando Clavijo quiso decir que el nuevo modelo de financiación “ha de fundamentarse en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos”, una retahíla de términos que en ningún momento ordenó tan primorosamente el presidente, por mucho que se nos hayan ofrecido entrecomillados por sus muchachos de la prensa.

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Políticos, empresarios, periodistas, maletines…

Bandera de España, bandera de Canarias, un gnomo.

Se acaba de encender la primera luz roja y sonado la primera sirena de alarma. Sólo han pasado 48 horas desde que se pusiera en marcha la segunda etapa de la legislatura, la que marca el Gobierno en minoría de Fernando Clavijo. A poco más de una semana de su primera prueba de fuego parlamentaria en la que habrá de demostrar que 18 diputados de 60 son suficientes para la gesta que pretende el presidente de Canarias.

La señal de alarma la encienden los medios críticos con el sistema, los que no se resignan a un mal Gobierno, probablemente el peor Gobierno de la historia de la autonomía, y mira que era difícil superar aquellos en los que dejó su marchamo el fenecido José Manuel Soria. Les bastó al Diario de Avisos y a Canarias7 ponerle el micrófono delante a Asier Antona, presidente del PP canario, que se limitó declarar que la moción de censura no es descartable y que la única condición que impone es que sea él y sólo él el que presida el Ejecutivo resultante. Un hito que Antona coloca en el camino para empezar a negociar con quienes quieran sentarse a hablar de remover a Clavijo. Pero la confirmación al fin y al cabo de que si con el PSOE en el Gobierno la desconfianza provocaba inestabilidad, con Coalición Canaria en solitario, lo que reina es el caos más absoluto.

Clavijo llegó con la consigna nada disimulada de romper con el pasado. De hecho lo repitió el lunes en el solemne acto de toma de posesión de sus cuatro nuevos consejeros. Y la ruptura habría sido total si lo hubieran dejado, si no fuera porque algunos anclajes con ese pasado se lo impiden. Uno de ellos el nuevo consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, la voz de la conciencia que frena las ansias imperiales de Fernando Clavijo.

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No hay PSOE ni para una moción de censura

Toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno de Canarias. (ALEJANDRO RAMOS)

Una moción de censura, aunque solo sea para que cada grupo parlamentario se retrate frente el Gobierno que ha conformado Fernando Clavijo después de expulsar al Partido Socialista canario y dar por roto el pacto que a regañadientes firmó en 2015. Una moción de censura, clamaba este fin de semana en una entrevista publicada en el Diario de Avisos Juan Fernando López Aguilar, para muchos socialistas canarios la gran esperanza en medio de tanta zozobra. Una moción de censura que obligue al Partido Popular y a la Agrupación Socialista Gomera a salir en defensa de este Gobierno de Coalición Canaria en solitario, y que permita conocer hasta dónde llegan los encuentros y desencuentros entre el PSOE, Podemos y Nueva Canarias.

Sería un buen ejercicio parlamentario, un apetecible gesto político para que la ciudadanía pueda comprobar hasta dónde llega esa última boutade de Fernando Clavijo: “demostraremos nuestra capacidad para la capacidad de pacto”. Dicho en boca de quien dinamitó sin recato el suyo con el PSOE suena a chiste macabro, pero de material como ese se viene construyendo últimamente la política de Canarias.

Nos tendremos que conformar de momento con la comparecencia parlamentaria del presidente el próximo día 19, sin votación ni nada que se acerque mínimamente a un refrendo o a una recusación.

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Clavijo derechiza su Gobierno para insinuarse al PP

Barragán, Alonso, Julios y Clavijo, en la sede electoral de CC.

Como un calcetín. Fernando Clavijo ha aplicado una transformación extrema de su Gobierno con tan solo producir la sustitución de los cuatro consejeros socialistas que el pasado diciembre destituyó tras una insostenible situación de desconfianza mutua. Si el sello del PSOE proporcionaba al Ejecutivo cierto aroma de progresismo, con los cambios introducidos este miércoles por el presidente regional eso se acabó. El trabajo que se venía desarrollando en áreas como la dependencia y las políticas sociales, auténticas marías en las pasadas legislaturas; el rigor y la exigencia introducidos en Obras Públicas, o los intentos modernizadores (ciertamente poco apreciables) en Sanidad, se toparon de bruces con el empeño presidencial -desde el minuto uno de aquel pacto- por trasladar a la ciudadanía que el invento no funcionaba. Pero antes de echarse en brazos del PP había que demostrar la tesis, y para conseguirlo el clavijismo hizo de todo. Ya saben, para qué aburrirles con esa sucesión indecente de traiciones, humillaciones, mentiras y trampas tendidas al PSOE estos 18 meses.

Por eso el primer gesto que Clavijo quería transmitir públicamente tras la expulsión del PSOE debía ser necesariamente de derechización. De mayor derechización todavía. Una descarada insinuación al Partido Popular para que se fíe de Coalición Canaria, difícil empresa después de verle hacer lo que todos le hemos visto hacer. Hasta que Madrid decida, Clavijo y su Gobierno se arrastrarán para que el PP le preste su respaldo y, a ser posible, se incorpore al Ejecutivo. No dependerá de Asier Antona, y mucho menos del pobre Clavijo, que tardará poco en descubrir que echó por la borda el pacto que más le convenía.

Designar consejero de Sanidad a un dirigente de la patronal española de la sanidad privada es un paso intragable que jamás se hubiera atrevido a dar ningún dirigente del Partido Popular. Es de un descaro y de una desfachatez insuperables por lo que significa de desprecio absoluto a la gestión de lo público y por la completa postración del presidente de todos los canarios ante el lobby empresarial grancanario, personificado en el empresario Mario Rodríguez, uno de los líderes con más peso específico del Círculo de Empresarios y, por analogía, de la Confederación Canaria de Empresarios.

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Cuadernos del Albagate/ Alba y “el perfume de buen derecho”

Los magistrados Emilio Moya (c), Carlos Vielba (d) y Salvador Alba (i) en el juicio a Antonio Ojeda

Dos folios, en rigor solo dos folios, bastaron al magistrado Salvador Alba Mesa (respaldado como siempre por sus compañeros Emilio Moya y Carlos Vielba) para pasarse por el forro la esencia de una investigación judicial de más de tres años alrededor del “peor atentado ambiental” de la isla de Lanzarote, en expresión de la Fiscalía. Se trataba de aceptar o rechazar (por cuarta vez) la pretensión del poderoso empresario conejero Juan Francisco Rosa de levantar la orden judicial de cierre de la bodega Stratvs, precintada en 2013 por orden judicial por supuestas ilegalidades urbanísticas (un montón de ilegalidades urbanísticas) y por provocar daños ambientales severos en el espacio protegido de La Geria.

Y Alba lo hizo. En un auto que desprecia por completo un principio básico del buen Derecho, el de la motivación de las resoluciones judiciales, el polémico juez se abrazó a la argumentación que más se adapta a sus actuales circunstancias: Et quod manet in conventu, ego cacas in. Es decir, “para lo que queda en el convento me cago dentro”. Y el aroma que naturalmente desprende su evacuación en forma de auto es exactamente el contrario que pretendió el estudioso jurista que acuñó aquello de f umus boni iuris, que Alba también escribe como le da la gana, “fumas bonos iris”, expresión que seguramente le sobrevino al imaginarse encendiéndose un puro con un billete de 500 euros. Y una prueba más, dicho sea de paso, de que ni él ni los que con él firman sus resoluciones se toman la molestia de leérselas con el mínimo de atención exigible en quienes deciden sobre la hacienda y la vida de las personas, teniendo al lado a quien tienen. En fin.

Con este auto permitiendo la reapertura de la bodega Stratvs, Alba se adentra en lo que los más respetados juristas denominan “falsa motivación” de las resoluciones judiciales. Magistrados de la talla de Perfecto Andrés Ibáñez (Sala de lo Penal del Supremo)  llaman a recordar cosas tan olvidadas como el artículo 120 de la Constitución, que obliga a los jueces a motivar sus resoluciones como un auténtico esquema de control -democrático, constitucional- del razonamiento judicial.

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La responsabilidad de Clavijo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y Patricia Hernández, durante el Consejo de Gobierno tras el que fueron cesados los consejeros del PSOE. EFE/Elvira Urquijo A.

Fernando Clavijo y su equipo más allegado soñaron siempre con el momento de sacudirse de encima al Partido Socialista. Nunca pensaron, sin embargo, que la tarea resultara tan complicada: los socialistas se resistieron más de lo humanamente admisible y, a pesar de la incesante escalada de engaños, de insultos, de humillaciones, de amenazas y de navajazos en la plaza pública, solo tiraron la toalla cuando se alcanzó el punto de no retorno. La estafa mayúscula que ha supuesto el reparto mil veces retorcido de los fondos del extinto IGTE y la complicidad que iba a suponer para el PSOE abrazar definitivamente la deriva insularista de Coalición Canaria (sector ATI) hacían inviable mantener la dignidad en la misma mesa del Consejo de Gobierno.

Eso sí, los socialistas se marcharon dejándole aprobado a Fernando Clavijo el presupuesto para 2017, un error de estrategia del que se arrepentirán unos cuantos meses. Era la de los presupuestos una magnífica oportunidad para someter al presidente y a su partido a la confianza del Parlamento canario, con un PP que había enmendado las cuentas en su totalidad, y con un Fondo de Desarrollo Regional (Fdecan) que finalmente se ha consolidado como engañifa. Con los presupuestos en el alero y toda la oposición (salvo la Agrupación Socialista Gomera) en contra, al Partido Popular no le habría quedado otro remedio que retratarse por primera vez en esta crisis gubernamental.

Porque la segunda ocasión que se avecina no va a resultar tan evidente de cara a ese propósito: el Partido Popular de Asier Antona no solo respaldará la Ley del Suelo (actualmente en tramitación parlamentaria) sino que lo hará aplaudiendo con las orejas, en plena sintonía con los poderes empresariales que claman por la barra libre en el planeamiento, en el suelo rústico, en las operaciones estratégicas y en la ausencia total de control de legalidad.

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Extraño robo en Tafira

Vivienda del exministro Jose Manuel Soria en Tafira Alta. (ALEJANDRO RAMOS)

Por primera vez en la historia, José Manuel Soria no nos ha hecho ir a la quinta puñeta para contar una de sus historias. Ni a Jersey, ni a Punta Cana, ni a Washington ni a Moscú, el último destino laboral tras cuya pista nos pusieron recientemente fuentes diplomáticas. La noticia la teníamos cerquita, a escasos quinientos metros de la redacción de Canarias Ahora: robaron en Nochebuena en la mansión del exministro de Industria en el barrio de Tafira Alta, de Las Palmas de Gran Canaria.

Una llamada anónima nos puso en alerta la mañana de este lunes y durante más de cinco horas estuvimos indagando hasta conseguir información suficiente para ofrecerla a nuestros lectores.

Poco se sabe sin embargo de la versión que ha ofrecido a las autoridades la víctima de este presunto robo, José Manuel Soria. Básicamente porque se trata de un personaje que todavía resulta estar blindado por extraños mecanismos oficiales. En primer lugar, no interpuso su denuncia en la oficina correspondiente del Cuerpo Nacional de Policía, sino en la Supercomisaría y, más concretamente, en el despacho de algún gerifalte protegido de las miradas y los teléfonos móviles del público municipal y espeso. Segundo, porque desde la Delegación del Gobierno se ha levantado un tupido manto de silencio alegando la estupidez del año: “protección de datos”. Como si desde ese palacete de la Plaza de la Feria no se hubiera informado nunca, tanto abierta como clandestinamente, de las vicisitudes de cargos y personajes públicos, a veces con filtraciones delictivas.

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Zoido y Roldós

Mercedes Roldós, en un acto de campaña. (ALEJANDRO RAMOS)

Es una pena que el sectarismo siga a todavía a estas alturas instalado en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias. Por esa causa no voy a poder estar de cuerpo presente en la toma de posesión de la nueva delegada, Mercedes Roldós, que este jueves tomará posesión de su cargo en presencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, venido a esta ultraperiferia en viaje de estreno. Sabe Zoido que Roldós no es ni va a ser una delegada cualquiera, que su nombramiento viene de las más altas instancias, del mismísimo Rajoy, y que si se ha producido un relevo tan comentado en Canarias ha sido por algo más que algunas discrepancias de tipo orgánico.

De Roldós se espera justamente lo contrario de lo que vino haciendo el antecesor de Zoido en el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz. El nuevo ministro se ha adelantado a anunciar que tiene por delante la ardua tarea de desmontar la terrorífica imagen de ministerio franquista que su antecesor construyó durante cinco años y que en los estertores de su mandato le estalló entre las manos. Utilizar los instrumentos y mecanismos del Estado para perseguir a adversarios políticos puede no ser reprochable penalmente para la Sala Segunda del Tribunal Supremo (ole), pero a la ciudadanía le provoca un fuerte rechazo cuando no un crujir de dientes por lo mucho que ha apestado la cosa al más rancio totalitarismo modelo Torrente.

Pero mucho se habrá de esforzar el nuevo titular de esa cartera, porque antes de limpiar la imagen de Fernández Díaz deberá explicar algunos de sus comportamientos precedentes, tanto como alcalde de Sevilla como en su etapa de factótum del Partido Popular de Andalucía. El señoritismo andaluz que aplicó desde la alcaldía de la capital andaluza le acompañará durante mucho tiempo, como la frustrada persecución que emprendió su partido contra la jueza de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, llevada sin éxito ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en una pirueta que recuerda mucho a los modos de José Manuel Soria.

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