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El PSOE elige: mamporrero de CC

Programa 'El Foco' de la Televisión Canaria

Nadie sabe señalar con precisión el nombre de la persona que está asesorando a la Ejecutiva Regional del PSOE en materia de radiotelevisión pública. O en qué preciso momento dejaron de ser de interés los informes de Manuel Fajardo (ponente de la ley 13/2014 de Radiotelevisión Canaria), Julio Pérez (el abogado más pacífico a este lado del río Pecos) o María Lorenzo, la vocal del consejo rector del ente público propuesta por el PSOE. Porque ninguno de esos tres asesores propuso jamás el acuerdo que la Ejecutiva de los socialistas canarios adoptó este lunes: abstenerse en la votación parlamentaria del miércoles en la que se decidirá la destitución o la continuidad de Santsiago Negrín, presidente de RTVC. Todos esos asesores, expertos en leyes, en política y en la dinámica disparatada de Negrín, han recomendado desde el principio no permitir que continuara ni un segundo más al frente de esta corporación pública por los efectos catastróficos que puede producir.

Y no se trata solo del fabuloso y controvertido concurso de informativos, importante por su cuantía (144 millones de euros en ocho años) y por las empresas potencialmente interesadas (Videoreport-Inforcasa; Socater-Prisa-Editorial Prensa Canaria). E importante por el descaro con el que el Gobierno ha manejado a Negrín para que lo promoviera a toda costa, incluso por encima de los informes jurídicos propios y de la Ley de RTVC. Pero no, no se trata solo de ese concurso. Se trata de la perversión con la que el Gobierno de Fernando Clavijo ha mangoneado RTVC desde que entró en vigor una ley inicialmente pensada precisamente para alejar del Ejecutivo el control de los medios públicos.

Desde diciembre de 2015 empezaron a encenderse las primeras alarmas por la aberrante deriva que tomaba la gestión del presidente de RTVC. Dos de sus consejeras, una de ellas nombrada a propuesta de Coalición Canaria, el mismo partido que designó y mantiene a Negrín, se echaron a correr para no ser corresponsables de aquellos desvaríos. El PSOE, que entonces gobernaba con CC, empezó enseguida a hablar de modificar la ley para renovar el consejo, y poco a poco fueron subiendo en intensidad las voces críticas.

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El desconcertante PSOE de Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias.

El manual de política para principiantes dice claramente que cuando un político lo hace bien pero su acción (su relato, por emplear el término más vanguardista) no llega a la ciudadanía es que tiene un problema de comunicación. La experiencia dice lo contrario: cuando la acción de un político no llega es que no tiene acción, o siendo benévolos, su acción no es atractiva, está fuera del mercado o se ha quedado caduca. Puede que a Ángel Víctor Torres, nuevo secretario general del PSOE de Canarias, le esté pasando algo parecido a esto: no es que no tenga relato, ni que se le haya quedado viejo, es quizás que por un exceso de prudencia ni siquiera se haya atrevido a tomar una decisión que dé lugar a un relato transformable en noticia. O dicho de otro modo: Torres no es noticia por acción, por su acción, sino noticia por su inacción.

Este aruquense de 51 años es secretario general del Partido Socialista Canario desde julio pasado, cuando ganó unas primarias frente a Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar, y ya desde entonces se negó a actuar hasta tener configurada una Comisión Ejecutiva, que no fue elegida hasta septiembre. Un primer síntoma de la parsimonia con la que se toma las cosas. El segundo síntoma vino a continuación, cuando tardó más de un mes en decidir qué hacer con el buque insignia de cualquier partido regional, su grupo parlamentario, que removió mediante una escabechina que inmediatamente le estalló en la cara: se proclamó presidente del grupo parlamentario sin ser diputado y purgó al equipo de su contrincante en las primarias, Patricia Hernández, que pasó de ser la candidata socialista que ganó las elecciones de 2015 a presidenta del grupo y, acto seguido, diputada de a pie. El manual básico de política también dice que debes dejar una escapatoria a tu contrincante para que no se sienta humillado, y en eso también ha fallado Ángel Víctor Torres y su equipo de jóvenes sobradamente vengativos. Las primeras consecuencias ya las debe estar notando en la imprudente división que sufre ese grupo parlamentario, y las va a notar mucho más a partir de este domingo si, como preconizan los gurús del socialismo, gana las primarias tinerfeñas el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, cabeza visible del poder municipal del Sur de la isla y candidato de cabecera de la defenestrada Patricia Hernández.

En un giro teatral inverosímil, Martín, Patricia, Rodríguez Fraga y los suyos de ellos se han convertido en oposición de lo que ellos mismos opusieron, y si antes fueron los ejecutores de los críticos en La Laguna hasta el punto de expedientar y sustituir a su secretario general en la firma del pacto con Coalición Canaria, ahora anuncian una drástica moción de censura contra el alcalde Díaz en cuanto se cierren las casas del pueblo tras la votación.

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PSOE y PP, cómplices de Fernando Clavijo

Unidad móvil de la Televisión Canaria

Ángel Víctor Torres y Asier Antona lo niegan, pero los hechos son muy tozudos. El Partido Socialista y el Partido Popular van a permitir a Coalición Canaria un plácido año pre-electoral, cada uno por distintas motivaciones. Asier Antona, atado por los acuerdos nacionales, acaba de dar el aval del PP a la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, mientras el PSOE pone como condición un mayor acento social para hacer lo propio con mucho gusto en cuanto sea preciso. Fernando Clavijo está en la gloria: gobierna Canarias con tan solo 18 diputados de 60 y con menor apoyo electoral que el PSOE y que el PP. En un alarde propagandístico, el presidente empezó a cumplir este viernes con la petición socialista reuniendo en los lujosos salones del hotel Mencey, bajo soberbias lámparas de cristal de roca, a un selecto grupo de empresarios para pedirles que, porfa, si lo tienen a bien, contraten a empleados canarios y suban el sueldo a los que ya tienen en nómina. Esa fórmula mágica ha sido inmediatamente transmitida y aplaudida por los medios afines al régimen y será objeto de más ditirambos en el futuro próximo.

La política social de Fernando Clavijo es eso, pura propaganda, porque a tenor de lo que dicen los presupuestos para 2018, l e sigue importando un pimiento que esta tierra esté a la cabeza en pobreza, en miserables salarios, en las más bajas pensiones y en la cola en la aplicación de la ley de dependencia. Los últimos informes sobre pobreza ni siquiera le han animado a incrementar las partidas para la prestación canaria de inserción porque él cree que basta con pedir a los empresarios que contraten a los canarios en lugar de a los foráneos que llegan mejor formados. Porque la propaganda está impidiendo comprobar lo poco que le interesa también la educación de los canarios: se ha pasado por el arco del triunfo un acuerdo parlamentario del pasado 11 de octubre que le obligaba a alcanzar el 4% del PIB en la materia. Subió dos décimas en lo que él mismo llama los mayores presupuestos de nuestra historia, los que hacen justicia con Canarias. Él, desde luego, no la hace con los canarios.

Fernando Clavijo se siente cómodo con la oposición que le ha tocado padecer. Y la prueba la encontramos cada día en la desidia con la que Torres y Antona están tratando el escándalo de la Radiotelevisión Canaria. Hasta el momento la única denuncia que hay en relación con las irregularidades que se han detectado alrededor del concurso de informativos (144 millones de euros) es la que el presidente de RTVC interpuso hace dos semanas ante la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, alegando que se siente presionado, coaccionado, intimidado, cohibido, por las duras críticas que determinados medios de comunicación -este incluido- han proferido por su atolondrado proceder.

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¿Esto era volver a la legalidad?

Guillermo García-Panasco toma posesión del cargo de Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica en un acto presidido por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

Volver a la legalidad y recuperar la normalidad democrática. Esos fueron los principales argumentos esgrimidos a partir del momento en el que la resolución del conflicto catalán entró en la fase actual de aplicación política de la ley, que es lo que realmente está ocurriendo con la entrada en vigor del  artículo 155 de la Constitución y con las instrucciones del Gobierno que de manera desproporcionada está ejecutando la Fiscalía General del Estado y proveyendo la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La destitución de todo el Govern catalán, la intervención de la autonomía, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, son decisiones políticas amparadas desde luego por el artículo 155 de la Constitución, tan abierto como exigente: ninguna imposición, instrucción o extinción debería exceder los límites mismos de la Carta Magna, lo que algunos juristas han puesto en solfa. Con esas medidas -era de suponer, o al menos eso es lo que se nos tiene prometido- habría de restablecerse el orden constitucional, el funcionamiento normal y adecuado de las instituciones.

Las elecciones, por su parte, se imponían como una vía democrática -de eso no hay duda- destinada a despejar una situación enquistada como consecuencia del empeño de una mayoría parlamentaria por conducir a Catalunya a una república independiente. De acuerdo, todo aparentemente encajeble en los preceptos legales.

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¡Oh, la Fiscalía!

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza

Primero. La Fiscalía no prevarica, ni por acción ni por omisión. Esto es muy importante que quede fijado para poder entender todo lo que viene a continuación. Prevaricar, según el ordenamiento jurídico español, requiere dictar una resolución injusta a sabiendas, y los fiscales españoles no resuelven: sugieren, informan, dictaminan… pero no resuelven, no deciden. Véanse los recientes autos del Supremo dando carpetazo a la querella contra el impagable Manuel Moix por negarse a investigar el escándalo del Canal de Isabel II. De este modo es comprensible que los miembros de la carrera fiscal, particularmente los que en estos momentos actúan adscritos al fiscal general del Estado en el conflicto de Catalunya, lo estén haciendo con absoluta tranquilidad, y por lo tanto, con total impunidad. Jamás ninguno de sus informes será objeto de un procesamiento penal, nadie los revisará en el hipotético caso de que no prosperen ninguna de las llamativas acciones que están emprendiendo. Ni siquiera conoceremos los nombres del fiscal o fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que han redactado informes tan decisivos como el que avaló la competencia de la Audiencia Nacional para investigar por sedición a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, a pesar de los abundantes antecedentes que operan en contra. Del mismo modo que jamás sabremos qué fiscal o qué fiscales han preparado los dictámenes previos para colocar en Madrid y no en Catalunya las muy anunciadas querellas contra Carles Puigdemont, Carme Forcadell, los miembros de la Mesa del Parlament y los ya destituidos consellers del Govern catalán.

Segundo. No, por mucho que pueda resultar atractivo sostenerlo en momentos tan convulsos, en España no hay presos políticos. Nadie está en la cárcel por sus ideas políticas. Ahora bien, sí hay al menos dos presos que en estos momentos están en prisión preventiva -en Soto del Real- por una decisión política, por una orden política ejecutada por la Fiscalía General del Estado. El brazo ejecutor de la política penal del Gobierno de España no ha escatimado en iniciativas de todo tipo, la mayoría muy discutibles, para que el ingreso en prisión de los Jordi fuera posible. La jueza Carmen Lamela, que tiene cogidos por los pelos su competencia en esta materia de sedición, solo podía tomar esa determinación si alguna de las partes lo solicitaba (artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y la Fiscalía, la única acusación personada, lo solicitó. Era una decisión cantada y se conocía en los círculos políticos y periodísticos de Madrid con varios días de antelación, como se conocían sentencias - en una de las cuales participó el mismísimo José Manuel Maza en el Supremo- que concluyen que la Audiencia Nacional no es competente para instruir y juzgar el delito de sedición por el que están encarcelados los Jordi y muy probablemente pronto estén ex altos cargos de la Generalitat. En España está permitido criticar las resoluciones judiciales, y la decisión de la jueza Lamela de decretar prisión para Sánchez y Cuixart tiene todos los ingredientes de ser una resolución con una profunda carga política que ya llegaba con esa marca al despacho de la magistrada desde que se decidió que fuera la Audiencia Nacional la que investigara, y no el juzgado correspondiente de instrucción del lugar en el que presuntamente se produjeron los hechos, Barcelona.

Tercero. El Gobierno de España y la Fiscalía General del Estado han intentado por todos los medios alejar de los juzgados catalanes las investigaciones penales relacionadas con el proceso independentista. Sin embargo, les está resultando muy provechosa la actividad del juez Juan Antonio Ramírez, de Instrucción 13 de Barcelona, un veterano en trance de jubilación que lleva meses teniendo sobre su mesa una causa secreta que abrió a raíz de las indiscreciones del senador de Esquerra Republicana y exmagistrado Santiago Vidal, que contó en una charla pública que existía una base de datos preparada para el procés y que ya había una lista de jueces y fiscales catalogados por sus simpatías o antipatías al independentismo, entre otras ocurrencias. De esa causa secreta han salido rumbo a la Audiencia Nacional atestados de la Guardia Civil y conversaciones intervenidas para engordar el procesamiento de los Jordi y del major Josep Lluis Trapero, sin que hasta el momento se haya explicado pública y convincentemente cómo se produjo esa traslación.

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Una pandilla de tramposos. (Otra de CC)

El presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, conversa con el diputado del Grupo Nacionalista Canario y presidente de la Comisión sobre el ente, José Manuel Pitti.

¡Todos a la fiscalía! Ese fue este pasado domingo el desgarrador grito proferido por el presidente de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, al publicar el periódico Canarias7  que había desoído descaradamente las recomendaciones del asesor jurídico del ente público, Martín Orozco, que le indicaban que no podía convocar en plan Llanero Solitario el concurso de servicios informativos de Televisión Canaria por 144 millones de euros. Negrín dijo que aquella era la gota que colmaba el vaso y que desde que se iniciaron los trámites para convocar ese polémico concurso no ha parado de recibir presiones.

Está en su derecho Negrín de acudir a las instancias judiciales que desee en defensa de su integridad profesional, personal y moral, o bien para preservar los derechos y libertades que le puedan haber sido vulnerados. Ya tiene experiencia el presidente de RTVC en acudir a los tribunales digamos que con cierta precipitación: a poco de llegar al cargo hizo que la corporación pública se personara en una causa, la que se sigue contra su antecesor, Willy García, a lo largo de cuya instrucción se están descubriendo suculentas realidades, como por ejemplo que Negrín contrata bienes y servicios exactamente mediante la misma modalidad de contratación que García, y que las pretendidas productoras beneficiadas por el depravado Willy contratan más en la actualidad que en aquellos aciagos años ahora bajo la lupa de una jueza que impone en la instrucción que el prime time de la televisión es en horario matinal. Chupito y aparte.

Santiago Negrín se ha metido en un tremendo lío. O mejor dicho, el presidente del Gobierno y sus coros mediáticos han metido a Santiago Negrín en un tremendo lío. Es natural sabiendo como ya sabemos que este Gobierno y sus máximos responsables son una auténtica pandilla de tramposos que vienen actuando de manera negligente (y seguramente rebasando en ocasiones los límites legales) cada vez que se han visto demasiado encorsetados por la Ley.

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Charlotada Canaria

Fernando Clavijo, a punto de saludar a los Reyes (@equipoClavijo)

La amplitud de miras del llamado “nacionalismo canario” está quedando plenamente retratada en estos días de soberanismo, patriotismo y furia que vive España. Las caras visibles de Coalición Canaria se han colocado en el extremo más alejado de los partidos que han promovido el referéndum catalán y de aquellos como el PNV que están intentando que la resolución del conflicto no se salde con vencedores y vencidos al grito de una, grande y libre.

A la vista del oportunismo político por el que siempre ha transitado Coalición Canaria, cabría pensar automáticamente que su posición del lado de lo que Ana Oramas llamó este miércoles “fuerzas constitucionalísticas” responde sencillamente a la luna de miel que vive ese partido con el PP, con la chequera de Montoro abierta de par en par para conseguir el voto de la referida Oramas y del otro diputado nacionalista canario, empotrado en las listas del PSOE, Pedro Quevedo.

Una postura a priori coherente si no fuera por la que ha adoptado estos días el Partido Nacionalista Vasco, abiertamente partidario de la negociación y del entendimiento antes que de la imposición con la que pretenden actuar las llamadas “fuerzas constitucionalísticas”, a las que se ha sumado con esa zalamería propia de los grandes momentos Coalición Canaria.

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El incesante bochorno en Televisión Canaria

Pliego técnico para el concurso de informativos de Televisión Canaria revisado por Daida

En busca de corregir sus estrepitosos errores, producto de la precipitación y la opacidad, el Gobierno de Canarias está protagonizando un bochornoso ridículo nacional e internacional en la convocatoria del concurso más goloso de la Radiotelevisión Canaria: el de los informativos de la tele, presupuestado en 144 millones de euros en cuatro años. El cuajo que le echó el presidente del consejo rector de la corporación, Santiago Negrín, cuando en su última comparecencia ante el Parlamento retó a los representantes de los grupos parlamentarios hasta provocar la estampida de la mayoría, empieza a tornarse reculada a la vista de las tres sucesivas modificaciones que de momento han sufrido los pliegos de condiciones de esa licitación.

Aquel cuajo, aquella seguridad -y también chulería- que mostraba Negrín en la comisión de control parlamentaria, cuando agitaba en el aire los informes jurídicos del prestigioso cátedro Martín Orozco, empezaron a menguar a partir del momento en el que el ilustre asesor jurídico pidió su liquidación y se mandó a mudar cabreado por la manipulación pública que se hacía de sus informes. Unos informes, dicho sea de paso, que guardan en RTVC como si se tratara del Santo Grial, conocedores sus templarios de que algunos extremos de sus conclusiones echarían por tierra la capacidad de Santiago Negrín para licitar concursos por encima del millón de euros.

Lo que empieza mal tiende a terminar peor, y por el camino podría considerarse un relajo si no fuera porque se trata de contratar un servicio público por un importe enorme al que pueden acceder empresas de toda la Unión Europea. Por eso resulta bochornosa esta tercera modificación del pliego de condiciones, forzada, al parecer, por las continuas dudas que plantean las productoras potencialmente interesadas.

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Ganar la calle; perder las instituciones

Policías nacionales se enfrentan a ciudadanos que quieren votar en Sant Juliá de Ramis, cerca de Girona. FOTO: AP Photo/Francisco Seco.

Albert Rivera redujo este lunes a la consideración de “imágenes desagradables” la amplia colección de vídeos y de fotografías que captaron la brutalidad policial aplicada este domingo durante la jornada del referéndum de Catalunya.

Centenares de personas se concentraron este mismo lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para increpar ruidosamente al defensa central de la selección española de fútbol, Gerard Piqué, uno de los numerosos deportistas catalanes que se pronunció a favor a la consulta y condenó enérgicamente las cargas policiales contra vecinos y vecinas que solo pretendían votar.

Lejos de dimitir ante la desproporcionada actuación policial, afeada por una inmensa mayoría de medios de comunicación internacionales, cuestionada por organismos como la Unión Europea y por la ONU, el ministro del Interior de España mantenía este lunes su agenda protocolaria, que entre otros decisivos hitos incluía imponer unas condecoraciones a unos agentes policiales que le sirvieron de escolta en alguna ocasión.

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VÍDEO | Juez Alba: “Yo antes de estudiar Derecho me dediqué a la música”

En el negociado que aún le da de comer abrían el año judicial; él daba por clausurado el verano con un recital en una terraza de la playa de Salinetas, en Telde (Gran Canaria). Podría considerarse el debut artístico del juez Salvador Alba Mesa si no fuera porque de repente reveló que “antes de estudiar Derecho me dediqué a la música” durante “mucho tiempo” y de hecho se pagó algunos estudios gracias a la música. Parecería imposible pensar que alguna vez cobró por este desempeño si no fuera porque lo él lo dice: la judicatura le debe a la música la presencia en ella del magistrado Salvador Alba.

Lo que sí parece claro es que este juez debutaba ante el público de la terraza donde ha pasado estos últimos tiempos bastantes horas: La Gabarra, en Salinetas, el barrio donde muchas familias de la ciudad de Telde tienen su segunda residencia para pasar los agradables meses del verano. Una de esas familias es la de los Soria, con cuyo primogénito, José Manuel, se pudo ver al juez cantante en alguna ocasión en esta terraza, propiedad de un pariente de la esposa del exministro, María del Carmen Benítez.

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