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La trabajera

El vicepresidente del Gobierno, con el número 14 en su camiseta y el 13 en su calzón, dispara a puerta en un partido benéfico.

Pleno del Parlamento de Canarias. La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, afea cruelmente al vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas su escasa capacidad de gestión. No se ha gastado, dijo Navarro, ni la mitad del dinero del que dispone para carreteras a pesar de los graves problemas de movilidad que acucian a miles de ciudadanos, particularmente en la isla de Tenerife.

La dura intervención de la portavoz popular, a la que poco o nada pudo contrarrestar Rodríguez (Coalición Canaria) dejaba en evidencia a quienes tan solo un par de días antes habían aventado que la muchachada canaria del PP tenía instrucciones de la dirección nacional de no perturbar la paz que reina en un Parlamento donde un partido con 18 diputados y el 18% de respaldo popular, gobierna a sus anchas sin mejorar las condiciones de vida de sus administrados.

 

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Ángel Víctor, monaguillo de La Candelaria

Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo.

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, acaba de culpar a los pacientes, es decir, a sus clientes, del caos en las urgencias hospitalarias de Canarias. “Es que hacen un mal uso de las urgencias”. Algo calcado a la excusa que encontró hace unas semanas el director general de Tráfico cuando se colapsó la AP-6 en medio de un tremendo temporal: la culpa fue de los usuarios que no llevaban cadenas. Las que le sobran a tamaño fantasma. En fin.

Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias, culpó este miércoles a los demás partidos presentes en el Parlamento de Canarias de no tener la sabiduría suficiente para entender la inteligente estrategia que viene aplicando ante el caos que reina en la Radiotelevisión Canaria producto de una desquiciada gestión por parte de su presidente, Santiago Negrín, y del desentendimiento del Gobierno de Fernando Clavijo y de la Cámara regional. Ocho meses después de haberse puesto al frente del Partido Socialista, Torres sigue atrapado en la densa enredadera en la que lo metió desde el primer día Coalición Canaria mediante un acuerdo que nadie ni dentro ni fuera del PSOE logra descifrar con una mínima lógica. “¿Qué ganamos con esto?” fue la pregunta que más veces salió este miércoles de la boca de dirigentes y diputados y diputadas socialistas tras conocerse que Coalición Canaria les había vuelto a tomar el pelo: el presidente de RTVC terminará su mandato como si nada hubiera pasado.

El esperpento se fue levantando desde primera hora de la mañana, cuando el secretario general de CC y consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, ya anunciaba en la Cope que Negrín acabaría su mandato tan ricamente, con la quema en la plaza de España de un castillo de fuegos artificiales de agradecimiento por los servicios prestados. La cara de los parlamentarios socialistas cuando leyeron la noticia era un poema: si hemos llegado hasta aquí para remover a Negrín y nuestro socio en esta aventura nos sale con éstas, ¿qué coño estamos haciendo?

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Abogados al límite

Los abogados Carlos Carbrera y Esteban Sola

Un aviso de bomba que resultó falso y que obligó a evacuar los juzgados de La Laguna, frustraron una de las jornadas más prometedoras de cuantas se han vivido hasta ahora en la instrucción del caso Grúas. Una instrucción accidentada, hay que reconocerlo, que comenzó con el más absoluto escepticismo por parte de la jueza instructora y que sin embargo se ha tornado causa de interés tras la práctica de las primeras pruebas ordenadas, eso sí, por la Audiencia Provincial en un auto que engrosará los anales de las reprimendas corporativas judiciales.

Si el interventor general del Ayuntamiento de La Laguna ya provocó algunos latigazos en las respectivas espinas dorsales de los actuales y anteriores mandamases municipales por su áspera declaración, lo de este martes con el catedrático de cabecera del exalcalde y actual alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puede considerarse todo un cataclismo. Que se levantaran severos reparos del interventor a partir de informes teóricos de esta insigne figura del derecho administrativo, coautor entre otras cosas de la rutilante Ley del Suelo de Canarias, resulta verdaderamente escandaloso. Y que esos informes se hicieran sin tener el más mínimo conocimiento de la situación de la empresa Autogrúas Poli, la mercantil que le tenía robado el ombligo al alcalde Clavijo, demuestra una vez más lo pernicioso de los informes de parte pagados al peso. Y este del catedrático Francisco Villar pudo rondar un precio de 10.000 euros si a los 4.100 que cobró él le vamos sumando lo que se quedó la Fundación General de la Universidad de La Laguna, que fue la que cobró y luego pagó a sus destinatarios los trabajos de Villar y del otro catedrático prêt-á- porter, el famoso Fernando Clavijo, pariente a todas luces cercano del señor alcalde-presidente de Canarias.

La grúa-bomba que jamás encontraron los artificieros en los juzgados de La Laguna impidió la declaración del segundo catedrático, pero dejó algunos detalles dignos de mención. Como, por ejemplo, que la señora magistrada resolviera in voce un interesante recurso de la acusación popular, promovida por concejales de la oposición en La Laguna, contra la decisión de citar a declarar a Villar y a Clavijo como testigos/peritos y no exclusivamente como testigos. La cuestión no es baladí porque no es lo mismo acudir ante una jueza a contar lo que pasó que a peritar lo que pasó como experto en las cosas que pasaron. La jueza Blanco dio la razón a los recurrentes alegando que se había equivocado en la citación (ejem), a lo que el fiscal añadió que en realidad el equivocado había sido él al pedir expresamente que los dos cátedros acudieran como peritos a sabiendas de que el tamaño del calzador para tal ventura no cabría por el arco de seguridad del palacio de Justicia. Y perdón por no poner palacio en mayúsculas.

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A Santi Negrín, con cariño (de momento)

El presidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín.

Querido Santi:

Lo primero es lo primero: te sigo respetando en lo personal, pero me resulta imposible hacerlo en lo institucional, porque ése es el espacio, el del rango institucional que ocupas, donde me parece que te estás equivocando aparatosamente y donde no tengo otro remedio que actuar de modo muy crítico.

Tú y tu equipo más allegado están poniendo en peligro justo lo que con grandes solemnidades proclamas cada vez que vas al Parlamento: la defensa del servicio público por parte de los medios que diriges, la garantía de continuidad de los puestos de trabajo de la radio y la tele públicas y el fortalecimiento de la industria audiovisual canaria. Tu gestión es nefasta, criticable desde el punto de vista profesional, industrial y político, y muy probablemente reprochable desde el punto de vista judicial, tanto en lo que concierne a lo contencioso-administrativo como a lo estrictamente penal. Y no es una amenaza, que no estoy ni estaré en ninguna acción contra ti o tu gestión ante la Justicia, es simplemente una advertencia.

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Con Alba ganan los malos

El juez Carlos Vielba habla con Salvador Alba durante el juicio por el caso Faycán. (ALEJANDRO RAMOS)

Hay una norma no escrita que impone que se puedan criticar las resoluciones judiciales pero no a quienes las dictan. Como toda norma, esta también tiene sus excepciones, y una de ellas es el magistrado Salvador Alba Mesa. Su trayectoria profesional en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas está llena de comportamientos extraños y muy criticables que empezaron a adquirir explicación y contexto a partir de que toda España lo escuchara en una grabación conspirar descaradamente contra la diputada de Podemos Victoria Rosell, en aquellos momentos adversaria política de uno de los padrinos del juez, José Manuel Soria, exministro de Industria y presidente del Partido Popular de Canarias.

De Soria sabemos –incluso por confesión propia de Alba- que movió ficha para que el magistrado viera saciada su vocación de servicio público en una plaza de relumbrón en el Consejo General del Poder Judicial, o como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que optó en la última convocatoria. Algunas fuentes incluyen la Audiencia Nacional en el repertorio de cargos que llegaron a sonarle al oído a músicas celestiales. Y para facilitarle a Soria que prosperara  su querella contra Victoria Rosell en el Tribunal Supremo, Alba operó emitiendo informes, fabricando pruebas y recorriendo los estudios de radio y los platós de televisión asombrando al mundo con la profesionalidad de sus investigaciones y la maldad de la jueza a la que quería echar de la carrera judicial.

Alba nunca actuó solo. Es imposible. Para sustituir y revisar las causas de Victoria Rosell en su juzgado cuando ya tenía completo el cupo de sustituciones del año 2015, fue necesario que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, pidiera una excepción especial al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la concedió; para que pudiera ejecutar lo que pactó en aquella conversación obscena con Ramírez, necesitó que la fiscal Evangelina Ríos se lo permitiera; para que nadie en la Sección Sexta le reprochara su reunión clandestina con el empresario, fue necesario que el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, estuviera al corriente y desde su despacho fuera grabado diciendo “¡ palante!”. Alba estaba protegido y bien protegido, lo que seguramente fue decisivo para que el CGPJ no lo expulsara de inmediato de la carrera al estallar aquel escándalo.

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El síndrome Manolín en Coalición Canaria

El alcalde de Firgas y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ambos de Coalición Canaria

Coalición Canaria es experta en enchufismo al más puro estilo bananero. Es un partido montado desde el poder y se ha podido mantener en él durante estas tres décadas gracias a que ha podido conservar la capacidad para mantener amamantada a una amplia tropa asalariada con fondos públicos. Estos treinta años dan para un amplio relato de casos de auténticos ineptos y abrazafarolas cuyos méritos han sido únicamente la militancia y el sostenimiento del pesebre.

No hace muchas semanas publicábamos aquí cómo la inmensa mayoría  de la ejecutiva de Coalición Canaria de Gran Canaria está colocada en puestos de libre designación del Gobierno de la mano de su vicepresidente y secretario general del partido en la isla, Pablo Rodríguez, quizás el ejemplo más palmario de que cualquier indocumentado puede llegar a los más altos puestos de esta autonomía.

Junto a él ocupan cargos decisivos personas que no durarían ni quince segundos en una empresa privada, como la viceconsejera de Medio Ambiente, colocada por el presidente Clavijo en un puesto clave por el único mérito de haber sido concejala con él en La Laguna y de mantenerse en política pese a haber sido detenida por la Policía Local al pretender darse a la fuga cuando la mandaron parar por conducir ebria en dirección prohibida. Blanca Pérez no ha dado un palo al agua en estos más de dos años de gestión del medio ambiente de Canarias, uno de los más sensibles del país, y las consecuencias las terminaremos pagando más pronto que tarde.

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Primer fracaso del conchabo Torres-Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el secretario general del PSOE de Canarias,Ángel Víctor Torres

Desde que fue elegido por las bases nuevo secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres echó gofio en todos los engranajes del partido para que la maquinaria se frenara un poco en lo que él se hacía con el control. O con el descontrol. Porque, efectivamente, el PSOE de Canarias había entrado en una suerte de sinrazón, de desgobierno o quizás de disparate, desde que José Miguel Pérez dijera aquello de “ahí se quedan ustedes con sus miserias”. Pérez dejó un partido descabezado, supuestamente dirigido por una lideresa virtual que -para mayor confusión- obtuvo unos buenísimos (e inesperados) resultados electorales, que firmó un pacto imposible con Coalición Canaria y que acabó mordiendo el polvo de la traición de su socio tras meses de desplantes y humillaciones intolerables. Fueron tiempos de sálvese quien pueda que aprovecharon todas las facciones conocidas y desconocidas dentro del PSOE para sus correspondientes navajazos y para una suerte de reposicionamientos que solo se entendieron cuando se abrieron las urnas de aquellas primarias que en verano ganó el aruquense Ángel Víctor Torres.

En medio de aquel caos, Torres prefirió inyectar pachorra, tanta que los acontecimientos y su propia incapacidad para analizarlos lo desbordaron casi de inmediato. Donde había urgencias trató de inyectar prudencia; donde había incendios, quiso ejercer de bombero. Pero se equivocó en todos los frentes, y acontecimientos como el congreso insular de Tenerife y sus resultados no hicieron otra cosa que demostrarle lo equivocado que estaba. Pero ya era tarde para algunas cosas.

Una de ellas fue la pésima gestión que ha hecho Torres de la grave crisis en la Radiotelevisión Pública de Canarias (RTVC). Todas y cada una de las decisiones que había tomado su propio partido, incluso líderes y lideresas de su cuerda, fueron completamente abolidas y desautorizadas de un plumazo. La petición clamorosa de dimisión (o destitución en su defecto) del presidente del consejo rector del ente, Santiago Negrín, se sustituyó sorprendentemente por una prórroga a su gestión con la lamentable excusa de cubrir primero ese órgano de gestión con la elección de las dos vocalías que habían quedado vacantes precisamente por la dimisión de sus dos titulares tras graves discrepancias con la gestión de Negrín.

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Un mal día para Clavijo

Grúa de la concesionaria en San Cristóbal de La Laguna cuando Fernando Clavijo era alcalde

Un mal día lo tiene cualquiera, pero el que debió pasar este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no lo podía tener otro más que él. Porque ha sido él mismo el que se ha metido en los dos líos que tuvieron este 4 de diciembre acontecimientos decisivos que pueden colocarlo en situaciones políticas y judiciales bastantes comprometedoras.

En los juzgados de La Laguna se daban cita un imputado (ahora investigado) y dos testigos. El primero es, nada más y nada menos, que Antonio Pérez-Godiño, resplandeciente portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna y experto en blasones de honorabilidad y buenas costumbres. Acudía por haber sido el concejal -fíjate tú qué cosas- que en agosto de 2014 estampó su firma en la prórroga del contrato del servicio municipal de grúas, una de las tres decisiones que están siendo investigadas (o algo así) en un juzgado de La Laguna a la espera de la remisión de la causa entera al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si fuera menester, dada la condición de aforado del actual presidente regional, a la sazón alcalde de la ciudad de Los Adelantados.

Godiño (con perdón) se negó a contestar a los abogados de los denunciantes, es decir, a los abogados de los partidos de la oposición municipal, lo cual ya refleja una clara voluntad de colaboración con la justicia y un afán por la transparencia. Muy en sintonía con la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento para analizar este asunto y cerrada como cierra Coalición Canaria este tipo de conchabos: todo se hizo por el bien del pueblo, riqui-raca-simbombaca-hurrá-hurrá-hurrá, Clavijo, Clavijo y nadie más.

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Una piedra (de traquita) en el zapato

Mario Cabrera, diputado en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria

Cuenta la leyenda que fue el marqués de las Dunas de Corralejo, Domingo González Arroyo, el que los bautizó como “las ardillas”. El eterno cacique luego reconvertido en carismático líder democrático del Partido Popular hasta que Águeda Montelongo lo recluyó a una formación política residual, se refería así de despectivamente a los miembros de Asamblea Majorera: como una plaga difícil de controlar contra la que solo cabía la aniquilación. La plaga no solo ha sobrevivido al marqués sino también a la mujer que lo sucedió al frente del PP, reducida casi a la clandestinidad tras el advenimiento del post-sorianismo, otra plaga que tuvo sus correspondientes secuelas en Fuerteventura. Pero ésa es otra historia.

El caso es que, como decíamos, las ardillas crecieron y se multiplicaron, y lograron conformar en torno a un puñado de personas una alternativa política que con el paso de los años llegó a tener mando en plaza hasta el punto de llegar a desplazar a la autoridad (militar por supuesto) con mando en plaza.

Su lucha fue la de un pueblo que se rebelaba contra el olvido y la marginación, contra el caciquismo y la falta de oportunidades. Contra la condena a ser la última isla en incorporarse al desarrollo económico. Se llamó Asamblea Majorera desde el principio porque desde el principio adoptó el modelo asambleario que luego quedó eclipsado por los oropeles del poder de la mano de Coalición Canaria. Eso y algunos casos muy dolorosos de corrupción alimentados por la primera explosión desarrollista desinflaron pasiones y alimentaron la decepción.

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Resetear La Laguna

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), junto al alcalde, José Alberto Díaz / Ayuntamiento de La Laguna

Hace muchos años que el Ayuntamiento de La Laguna entró en barrena. Habría que remontarse a los años en los que ocupó su alcaldía la veterana Ana Oramas, hoy decisiva diputada en Madrid, que se marchó antes de terminar su segundo mandato dejando un agujero económico de 70 millones de euros producto de una pésima gestión en la que se inauguró la mala práctica de confundir gastos corrientes con inversiones electoralistas y actos institucionales con desayunos y chuletadas a mayor gloria de Coalición Canaria. Entonces asomaba la cabeza con la ambición necesaria un concejal de nombre Fernando Clavijo que desde el primer momento empezó a apuntar maneras como perfecto ejecutor de las prácticas clientelares -situadas en el punto inmediatamente anterior al delito- que han permitido a su partido mantenerse en el poder tantos años y en tantos y tantos municipios sin tocar banquillo. De momento.

Los 70 millones que dejó Ana Oramas de deuda ya ha alcanzado los 100, según ha reconocido recientemente su actual alcalde, José Alberto Díaz, y los chanchullos de Fernando Clavijo y sus compañeros de correrías vuelven a tocar a la puerta de los tribunales de justicia mientras la oposición -mayoritaria- se muestra incapaz de romper el bloqueo que mantienen tres concejales del PSOE atenazados por la hipoteca que la dirección socialista local tiene firmada con Coalición Canaria en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Allí, desde hace ya muchos años, funciona una oficina de colocación dirigida por el líder del PSOE lagunero, Pedro Ramos, el hombre de Pedro Sánchez en Tenerife. Afilia brazos de palo al ritmo que promociona personal en el HUC y, con la ayuda de su compadre José Luis Martín, mantiene a raya cualquier amenaza de moción de censura contra el alcalde nacionalista. Ambos, Martín y Ramos, se conjuraron hace años contra su propio partido creando un movimiento vecinal, Masca, financiado por Coalición Canaria con el único fin de impedir el triunfo del candidato socialista, Santiago Pérez, cosa que consiguieron. Masca se disolvió y José Luis Martín vio cumplida su venganza contra Pérez, que lo había metido un poco antes en el lote de concejales socialistas que coadyuvaron al pelotazo en la playa de Las Teresitas. Es Mónica Martín, su hija, la vicealcaldesa de la ciudad y ni con agua caliente está dispuesta a abandonar ese puesto de privilegio desde el que ha conseguido sobrevivir al anterior secretario general, Javier Abreu, expedientado y con orden de expulsión del PSOE, y a Zebenzuí González, el concejal de los WhatsApps machistas, ya expulsado pero con su acta de concejal intacta a la espera de que Coalición Canaria lo recoloque en algún puesto (público o privado) desde el que se compre su voto de sostén al escuálido y desprestigiado grupo de gobierno.

Ese tapón promovido por los tres concejales socialistas permitió que la comisión de investigación del caso grúas ( del que ha informado ampliamente este periódico) acabara en chirigota, con el Partido Popular de cómplice circunstancial anunciando al mundo que tampoco en aquel asunto había nada reprochable. Tuvo que ser de nuevo la oposición la que llevara el escándalo a los juzgados de La Laguna, donde una jueza se apresuró a archivar el caso sin practicar las más esenciales diligencias. En un auto más que contundente, la Audiencia Provincial no solo la ha obligado a reabrirlo, sino que ha hecho una descripción tan descarnada del comportamiento de unos concejales y un alcalde, que hasta los más conspicuos defensores de Fernando Clavijo han empezado a ponerlo en remojo y a lanzarle muy sutiles recaditos al fiscal jefe de Canarias para que esté atento y haga lo que pueda cuando el caso llegue al palacio de San Agustín.

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