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Un concurso limpio en la tele canaria

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín

Puede que Santiago Negrín no midiera bien su estrategia para agarrase como una lapa a la presidencia del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria cuando envió su artículo dominical de lamentaciones exclusivamente a los dos periódicos de Editorial Prensa Canaria , La Provincia y La Opinión de Tenerife. De alguna manera estaba delatando al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y a su viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, el director en la sombra de los medios de comunicación públicos. Y de una parte de los privados.

El artículo en cuestión se publicó este domingo en exclusiva en esos dos periódicos, los únicos que debemos entender que no han atacado al presidente de RTVC ni lo han insultado, ni han colaborado de manera mafiosa al descrédito que sufre la televisión pública y quien está a su frente desde hace dos años. Porque, a tenor de lo que dijo Negrín el viernes en la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento de Canarias, es víctima de una cacería implacable en la que, al parecer, se encuentran periódicos y periodistas y una nutrida representación de partidos políticos, concretamente los partidos políticos que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, un 80%, ley electoral mediante.

A lo largo de ese artículo, de 1.262 palabras, el máximo responsable de RTVC anuncia que no piensa dimitir, que está en el cargo para defender no se sabe muy bien qué cosa de una televisión decente y de calidad. Y acusa a los que no le respaldan de ponerle palos en la rueda, de insultarle y de no respetar el magnífico trabajo que está realizando. Su escaso respeto por las fuerzas parlamentarias de la oposición es antológico, incluso les reprocha que abandonaran la sala del parlamento cuando en la comisión de control empezó a faltarles el respeto de una manera intolerable y, eso sí, después de presumir de haberles respetado siempre. El presidente de esa comisión, José Manuel Pitti, que se fundió en un abrazo con el compareciente al término de su heroicidad, ya sabía que Negrín se iba a despachar a gusto. Por eso desoyó las peticiones de amparo que le formularon algunos de los diputados cuando comenzó la balacera.

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Maza protege al fiscal que vulnera derechos

José Manuel Maza, fiscal general del Estado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha vuelto a lucirse. Y tampoco en este caso puede alegar ignorancia. Si patinó estrepitosamente eligiendo fiscal anticorrupción a Manuel Moix en contra de cualquier criterio racional, haber ascendido a Guillermo García-Panasco a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado va a provocarle otra crisis también de calado. Y no solo entre la carrera fiscal, que va a manifestarse muy crítica ante este nombramiento, sino también en la carrera judicial, indignada por la sentencia del Supremo que solo (por decirlo de algún modo) concluyó que la fiscalía de Las Palmas a cuyo frente estaba García-Panasco hasta ahora, se había excedido y vulnerado derechos en su investigación en plena campaña electoral a la magistrada Victoria Rosell.

Guillermo García-Panasco Morales no ha dimitido, como debía haber hecho al quedar claro en dos sentencias consecutivas (aunque la segunda anulara la primera) que vulneró derechos fundamentales de una magistrada y candidata a unas elecciones generales por indicaciones (directas o diferidas marca de la casa) del exministro José Manuel Soria. Ocupaba un cargo de libre designación -fiscal provincial de Las Palmas- y por lo tanto, un cargo político dentro del Ministerio Público, el brazo ejecutor del Gobierno, y ante la evidencia de que no cumplía correctamente ni con el Estatuto del Ministerio Fiscal ni con la Constitución, lo mínimo que debía haber hecho era abandonar ese puesto.

La sentencia de la Sala Tercera del Supremo que así lo ha dejado establecido para la posteridad lo dejó absolutamente desarmado y a expensas de que cualquiera pudiera reprochárselo en el futuro ante la primera veleidad que pudiera o pudiese cometer, algo altamente probable si tenemos en cuenta la facilidad con la que se llevó por delante esos derechos fundamentales que está obligado a preservar.

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Bochorno en Casa África; vergüenza en La Laguna

Alfonso Dastis, Fernando Clavijo y Luis Padrón, durante la celebración del Consejo Diplomático celebrado en la sede de Casa África.

Es lo que pasa cuando al frente de un puesto diplomático pones a un hombre de negocios. De negocios propios y de negocios ajenos. Y es lo que pasa cuando un Gobierno como el de Canarias solo se interesa por un instrumento potentísimo como Casa África para el postureo y la fotografía. Cumplía la casa diez años desde su fundación y con tal motivo se dieron cita en Las Palmas de Gran Canaria hace ocho días el medio centenar de embajadores españoles en África, así como todos los representantes diplomáticos de África en España. Una ocasión solemne y protocolaria, cierto, cargada de simbolismo y, a su vez, una oportunidad -otra más- para fijar el papel de Canarias como socio de fiar, como acompañante de toda la política diplomática española hacia el continente, como plataforma desde la que cooperar, intercambiar, crecer y potenciarse. Y una vez más la volvimos a armar.

Se celebraba en la sala de juntas de Casa África el Consejo Diplomático con la presencia del ministro español de Exteriores y Cooperación y bajo la presidencia de Fernando Clavijo, presidente de turno del consejo rector de la Casa. En presencia, todos los embajadores africanos acreditados en España para abordar asuntos trascendentales como el plan estratégico, la programación del organismo, la memoria del año pasado y las propuestas que cada uno quisiera hacer. Demasiado trabajo para un político, así que el ministro y el presidente de Canarias, que tenían que cumplir una agenda de muchos actos, se ausentaron de la reunión. Y lejos de ceder la presidencia de un momento así a quien ostenta la vicepresidencia de la Casa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, allí representado por el secretario de Estado, a Clavijo no se le ocurre otra cosa mejor que la de poner al frente de la reunión a su consejero de Economía, Pedro Ortega.

La delegación del Ministerio de Exteriores no disimuló lo más mínimo su incomodidad. Allí había un secretario de Estado que podía dirigir de manera eficaz y altamente profesional una reunión diplomática como aquella, y una directora de Medios y Diplomacia Pública que no dudó un solo instante en hacer patente el malestar que aquella situación provocaba. Ya venía con ella la cosa caliente porque el director de Casa África, Luis Padrón, la debió confundir con la jefa de prensa y no la colocó en el lugar protocolario que le correspondía en los actos solemnes, así que Ana María Rodríguez tuvo algunas palabras tensas con él. Y él no sabía cómo disculparse.

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Motivos por los que debe dimitir el fiscal jefe de Las Palmas

El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco

“Tenemos a vuestro chico en Canarias pillado en un cohecho de libro”. La frase la pronunció la noche del 1 de diciembre de 2015 el abogado de José Manuel Soria, Nicolás González-Cuéllar Serrano, coautor de varios libros y organizador de varios bolos judiciales junto al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el todopoderoso Manuel Marchena, y uno de los letrados más influyentes en el foro madrileño. El destinatario de aquellas palabras fue el abogado Gonzalo Boye, representante legal de eldiario.es, periódico al que está asociado Canarias Ahora. Por lo tanto, “el chico en Canarias” al que el 1 de diciembre ya se refería con aquella acusación absolutamente infundada el letrado González-Cuéllar era yo.

Nadie había publicado hasta entonces una sola línea de la investigación preprocesal que había abierto el 23 de noviembre de 2015, tan solo una semana antes, la Fiscalía Provincial de Las Palmas a la magistrada Victoria Rosell a partir de un contrato que yo había firmado con el director general de la Unión Deportiva Las Palmas Patricio Viñayo, el 28 de octubre del mismo año. Y nadie lo había publicado porque hasta aquel momento aquellas “ preprocesales” solo las conocían la Fiscalía y el abogado de José Manuel Soria, inductor del sobre “anónimo” (vamos a llamarlo así) que alguien hizo llegar al Ministerio Fiscal para que se abriera aquella investigación que el Supremo acaba de declarar ilegal por vulneración de derechos fundamentales. Casi nada.

Lo que ocurrió -y lo que sabía el abogado González-Cuéllar- fue que el entonces ministro de Industria activó a la Fiscalía de Las Palmas para que investigara a la que unos días después iba a ser su principal rival en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. La intención de activar a la fiscalía no era un expediente disciplinario, sino una causa penal en toda regla, por eso la Fiscalía de Las Palmas se excede, como dice ahora el Supremo, y lleva sus indagaciones al extremo de recabar documentación de todo tipo, incluida la bancaria y la mercantil, y los interrogatorios a media docena de personas en busca de posibles ilícitos penales.

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Las cuentas en Suiza que nunca ha negado José Manuel Soria

Uno de los extractos de una cuenta en Suiza aportados por la esposa de Soria a un proceso civil.

No es la primera vez que sale a la luz la existencia de una cuenta en Suiza vinculada al exministro de Industria José Manuel Soria. Un fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota,  investiga en estos momentos -según La Sexta- las operaciones que en paraísos fiscales haya podido realizar el expresidente del PP de Canarias a través de las empresas detectadas en los papeles de Panamá y en las investigaciones realizadas a partir de aquellos primeros hallazgos. Hasta el momento está confirmado que tuvo empresas activas al menos hasta 2006, es decir once años después de haber comenzado su actividad política.

José Manuel Soria jamás ha dejado de hacer negocios. Los hizo antes de ser elegido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995) y los continúa haciendo en la actualidad. Y muchos de esos negocios han consistido en operaciones fuera de España, como pusieron de manifiesto los papeles de Panamá, revelados en España por La Sexta y El Confidencial y alimentados recientemente por él mismo a través del supuesto borrador de  un más que hipotético libro de memorias que estaría preparando para cobrarse venganza a los que lo apartaron del poder cuando él creía que ya era invencible.

Ahora sostiene que se vio forzado a dimitir no ya por haber sido descubierto en una sucesión vergonzosa de mentiras; ni por haberse olvidado de que tenía activas algunas empresas en paraísos fiscales.  Su nueva versión de los hechos es que Montoro le había descubierto una cuenta en Suiza a nombre de su madre y que de ello el ministro de Hacienda había informado a Mariano Rajoy.

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La solución para Catalunya pasa por Pedro Sánchez

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Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en la Generalitat.

No es miopía, es ceguera. Enrocarse en que el conflicto catalán es un asunto de unos locos independentistas, antiespañolistas o cantamañanas es dar la espalda a lo que viene sucediendo en Catalunya este último quinquenio. Basta con visitar Barcelona, Lleida o cualquier pueblo o ciudad y poner la oreja. Quien lo haga podrá comprobar de inmediato que el sentimiento de cabreo está ampliamente generalizado, que no tiene que ver necesariamente con las ideologías. He escuchado, por ejemplo, a prestigiosos magistrados y magistradas defender el procés con poderosos argumentos, incluidos los legales.

Por eso resulta disparatado centrar el debate exclusivamente en qué tipo de respuesta merecen los catalanes, si el artículo 155 de la Constitución, es decir, intervenir la autonomía, o –como preconizan algunos– movilizar al Ejército para que actúe al grito de "¡a mí la Legión!".

Por un principio de mera prudencia que ha de presuponérsele todavía al Gobierno del Partido Popular, habría que descartar la intervención militar, pero ésa sería la continuación a la aplicación del 155. Porque, como dice el constitucionalista Santiago Pérez, "ese artículo es como el botón nuclear: está para no apretarlo porque lo siguiente sería la vuelta al planeta de los simios".

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Soria dispara a Rajoy

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José Manuel Soria y Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

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Un vicepresidente con descuento del 75%

El vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, en el inicio de las obras de la MetroGuagua

Esto va más allá del principio de Peter. No se trata de personas que hayan mostrado un desempeño correcto de sus funciones y que, al ser ascendidas, alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Eso en política ni siquiera es lo más frecuente. Lo frecuente, para desgracia de los administrados, es que al frente de altas responsabilidades de lo público se coloque a personas que tan solo atesoran el mérito de la militancia y, lo que es peor, el plus de la cuota, lo que en ocasiones los convierte en inamovibles. Estos días estamos presenciando en una parte de Canarias (la otra ni se entera) una campaña de potenciación de prestigio y refuerzo reputacional de un consejero del Gobierno, Pedro Ortega, por el simple amago del Partido Popular de reclamar para sí el departamento que ostenta, la rumbosa Consejería de Economía, Industria, Comercio, Conocimiento y Dos Piedras. Un consejero en el que se ha apoyado de manera constante y ostensible el presidente Fernando Clavijo y que ahora parece precisar de manera indisimulada del respaldo de las organizaciones empresariales de su isla natal, Gran Canaria. Es una campaña de reputación que coincide, vaya usted a decir algo de las coincidencias, con la decisión de un magistrado de Las Palmas de Gran Canaria de abrir diligencias penales a él y a dos de sus más altos cargos en Industria por un asuntillo nada agradable relacionado con un campo de vientos en el municipio de Agüimes en los que los técnicos han ido por un lado y los políticos por el suyo de ellos y olé. 

Pero no es precisamente Pedro Ortega un caso de éxito del principio de Peter. A él habrá que reconocerle siempre, en primer lugar, que tiene reinserción social en el mundo de la empresa, y segundo, que se ha batido el cobre en dos asuntos que -a los ojos de sus defensores- han salido bien: la negociación del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el desbloqueo de los parques eólicos, uno de los expedientes más oscuros y obscenos que recibimos los canarios como herencia de ese ministro impagable (que no impagado) de nombre José Manuel Soria.

Mientras todo el mundo en los corrillos políticos habla de Pedro Ortega y del otro empresario metido a consejero, el sanitario José Manuel Baltar, nadie parece prestarle atención a la más rutilante estrella que luce en todo su esplendor en la cúspide de este Gobierno. Nadie repara en ese vicepresidente que va camino de ocupar un altar paralelo al que en su día nos vimos en la obligación de elevar a la consejera de Turismo Rita Martín, colocada en tan insigne responsabilidad por el ya citado irresponsable de nombre José Manuel Soria.

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Clavijo, Díaz, el cilantro y el perejil

Las diferencias entre perejil y cilantro, cojonudamente explicadas en la web de la cadena mexicana HEB.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (de Coalición Canaria, claro), convocó de urgencia a la prensa tinerfeña a mediodía de este lunes para trasladarle eufórico el archivo de la denuncia interpuesta por la oposición municipal por el llamado caso Grúas. Díaz no dudó en reclamar disculpas públicas a los denunciantes por lo que él considera un nuevo patinazo judicial que, efectivamente, puesto en relación con otros, dejaría en evidencia a los denunciantes. Pero la euforia es mala consejera, y quizás el señor alcalde debió hacer más caso a la prudencia de los veteranos letrados que recomiendan a sus clientes esperar a que los trámites judiciales concluyan y los sobreseimientos provisionales se tornen definitivos. Porque siendo cierto que este lunes se conoció un auto por el que se archiva la denuncia contra él y su antecesor en la alcaldía, el señor alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, igualmente cierto es que el auto en cuestión es más flojo que una ronda de unos y que, muy probablemente, no resista su ineludible paso por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Tiene muchos bemoles que una denuncia de este calado haya sido despachada por su señoría sin la mínima práctica de una prueba, sin recabar informes municipales, sin llamar a declarar a las partes implicadas, sin escuchar lo que pudiera opinar el Ministerio Fiscal y, en el colmo de los colmos, mezclando delitos que -en ningún caso, porque no es obligado- son enunciados por los denunciantes en su escrito. Cualquiera con unos mínimos conocimientos de Derecho se echaría las manos a la cabeza ante la lectura del auto porque confunde delitos como la prevaricación con la malversación y el tráfico de influencias como quien confunde cilantro con perejil, y resta cualquier atisbo de gravedad a la amistad de Clavijo con los trabajadores, luego "empresarios" que se quedaron manu militari con el servicio de grúas de La Laguna al considerar que el hecho de que solo tres de los siete socios tuvieran esa relación con el alcalde desmonta cualquier sospecha. Tres amigos que, un par de párrafos más adelante, se reducen a dos y que hubieran desaparecido del todo de haber durado un poco más el auto en cuestión.

Pero a los efectos políticos (y periodísticos), lo que califique penalmente un auto más o menos afortunado (recurrible por sus cuatro costados) pasa a ser secundario ante la evidencia de lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna durante la etapa de Fernando Clavijo como alcalde, y de su sucesor, José Alberto Díaz, como concejal de Seguridad. Porque en ese auto se dan por probados los hechos denunciados por los concejales de la oposición, es decir, que durante aquellos años de impunidad el Ayuntamiento de La Laguna promovió operaciones deplorables en torno al servicio municipal de grúas, operaciones consistentes en expulsar a las bravas al justo concesionario para que su lugar lo ocuparan algunos de sus empleados, a la sazón amigos de Fernando Clavijo, después de acontecimientos sospechosos como el desguace de vehículos custodiados por el consistorio y su venta por piezas, hechos que se investigan (ahí sí) en otro juzgado de la ciudad. Empleados convertidos en empresarios a los que el Consistorio dispensó un descarado trato de favor en forma de ampliación (ilegal) de la concesión administrativa y concesión (ilegal) de un préstamo de 120.000 euros del erario público. Todo ello con los reparos de la Intervención y de los técnicos municipales convenientemente levantados por el señor alcalde-presidente en unos hitos que la señora jueza considera tan naturales como la resolución de una discrepancia de criterio entre juristas ante la observación de un hecho.

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La Ley Clavijo y el gol de Iniesta

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, conversa con la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto.

El populismo es lo que hace Podemos. Personalidades de Coalición Canaria como Fernando Clavijo o Ana Oramas ejercen de políticos de orden, de los que se visten por los pies y atienden a todas las convenciones. Por eso la diputada número 175 del Partido Popular presumió este miércoles en Antena 3 Televisión de la felpa que le metió la semana pasada a Pablo Iglesias en el debate de la fallida moción de censura: “Un amigo me dijo que mi intervención fue como el gol de Iniesta, hice felices a 30 millones de españoles”. Y añadió: “Le debí dar en el hígado al líder de Podemos porque siguen las amenazas en Twitter, aunque me quedo con el cariño de la gente en la calle de todas las ideologías. El populismo, sin duda, no es el suyo.

En lo puramente doméstico, el presidente Fernando Clavijo, del mismo partido que la diputada 175 del Partido Popular, consiguió este miércoles meter su gol y cumplir con lo que nos venía amenazando desde principios de esta legislatura: sacar adelante una Ley del Suelo a gusto y satisfacción de los empresarios promotores y constructores que aligere la burocracia y permita todo tipo de arbitrariedades con apariencia de legalidad. Que los empresarios vuelvan a sentir que se les hace caso desde el poder político de la autonomía, que mandan como en los tiempos más gloriosos, que se note dónde está el orden y dónde la anarquía. Ahora estarán aplaudiendo al presidente como hicieron 30 millones de españoles con el gol de Iniesta.

La Ley Clavijo detonó ayer el pistoletazo de salida de los futuros casos de corrupción urbanística de las Islas Canarias, mayormente localizados en los ayuntamientos, a los que como principio de prevención primordial se les había alejado hasta ahora de la decisión urbanística sin mecanismos superiores de control de legalidad. Los alcaldes y alcaldesas tendrán a partir de ya la potestad de planeamiento y de autorización de grandes inversiones con la mera decisión de declararlas de interés singular, es decir, que generen riqueza, puestos de trabajo y sean operaciones estrella. Auditorios, parques temáticos, rascacielos, polideportivos, grandes marinas, campos de golf, piscinas olímpicas, picaderos, acérquense con sus propuestas, que el señor alcalde quiere recaudar.

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