En el banquillo de los aforados

Hacen mal los hooligans de Coalición Canaria cuando presumen del archivo por parte del Tribunal Supremo del caso Reparos, en el que estaba involucrado su secretario general y candidato a la presidencia de la región en las elecciones de mayo. No sólo porque en su auto la Sala Segunda propina un portentoso tirón de orejas a la forma bananera con la que Fernando Clavijo dirigía el Ayuntamiento de La Laguna, sino también porque mucha gente en Canarias sabe perfectamente que el imputado se aforó ante el Supremo haciéndose senador precisamente para conseguir zafarse de las dos causas penales que amenazaban con acabar con su carrera política, lo que es muy probable que hubiera ocurrido de permanecer a disposición de la justicia ordinaria, la de la gente corriente.

Clavijo sabía que el VAR le iba a ser favorable jugando en el Supremo, que la Sala Segunda tiene por costumbre ser especialmente dúctil en función de quién sea el imputado y quién sea el abogado que le represente.

Veamos.

El ex diputado canario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez fue juzgado como aforado y condenado con unas pruebas más que discutibles por unos sucesos ocurridos en La Laguna ¡en 2014! La extravagante condena le costó su acta de diputado, que obtuvo en 2019 y que le fue arrebatada en dos semanas de modo expeditivo y con el indisimulado empuje de la Sala Segunda del Supremo. Diecisiete meses después, el Tribunal Constitucional sigue dando largas a su recurso de amparo, que ya está cantado que le dará la razón, pero al Tribunal Supremo no le conviene un reproche tan en caliente que obligue a la restitución del acta al perjudicado, así que mejor lo dejamos para la próxima legislatura, cuando ya no se pueda reparar el daño.

A Pablo Casado le señalaban todas las pruebas: le habían regalado su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, y así lo detectó la jueza de instrucción que investigó el caso Máster hasta donde pudo, y con indicios más que sobrados, lo mandó al Supremo por su condición de aforado. Casado presidía entonces el Partido Popular y era la esperanza de la derecha para recuperar el poder, ilegítimamente arrebatado (según la inveterada visión de la derecha en la que hay que encuadrar a gran parte del poder judicial español) por una coalición social comunista que aún hoy sigue amenazando con convertir a España en una república de corte nicaragüense. La Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazó de plano todos los argumentos de la jueza López-Medel, no aceptó ni una sola de las pruebas que demostraban que Casado había hecho trampas antes de ser aforado, y ni siquiera lo llegó a encausar para que su imagen de estadista y de futuro presidente de España no se viera empañada. Carpetazo y punto. Eso sí, en el auto de archivo se llega a decir que quedó probado que había recibido trato de favor, lo cual no lo consideró suficiente para imputarlo. Ignacio Escolar lo cuenta aquí con detalle.

Esta es la misma sala del Supremo que ha dado carpetazo a las dos de las tres causas penales en las que se ha visto envuelto el expresidente de Canarias Fernando Clavijo, candidato a volver a serlo por su partido, Coalición Canaria, en las próximas elecciones de mayo. También se trata de asuntos anteriores a su condición de aforado, muy lejanas en el tiempo. La primera, el caso Corredor, de cuando era concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna y para entonces resultaba difícil de vaticinar que llegara a conseguir algún día la condición de aforado, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde lo fue por su condición de presidente, y luego ante el Supremo en calidad de senador por la Comunidad Autónoma.

Del caso Corredor se libró Fernando Clavijo por una conjunción fantástica de acontecimientos que desembocaron en que desaparecieran del juzgado que lo investigaba los autos que autorizaban la intervención y escucha de su teléfono móvil. Una fatalidad, mira tú que cosas, que vino acompañada de que los autos desaparecieran también del sistema informático Atlante, donde la jueza instructora, que ya se había marchado de Canarias, aseguró que los había grabado. Atlante, para quien no lo sepa, era accesible por personas de la Consejería de Presidencia y Justicia, en manos, cómo no, de Coalición Canaria.

De su etapa de concejal y de alcalde de la ciudad de La Laguna también fue el caso Grúas, un asunto muy feo en el que los jueces y fiscales de a pie detectaron un descarado trato de favor hacia unos trabajadores de la empresa encargada de prestar el servicio de retirada de coches de la vía pública, las grúas, para entendernos. Clavijo en persona ejerció presiones para que el dueño de la empresa se quitara de en medio y la cediera a los trabajadores, con algunos de los el político mantenía estrechos vínculos. Y para que los trabajadores pudieran hacer frente a los primeros compases de gestión empresarial, le concedió un préstamo de 120.000 euros de fondos municipales sin más aval que sus santos bemoles.

Fue el caso Grúas el que dio al traste en 2019 con la renovación de Clavijo al frente de la presidencia del Gobierno canario. Eran necesarios los votos de los dos diputados de Ciudadanos junto a los de Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista Gomera, pero su imputación lo impidió. Corrían tiempos en los que Cs se oponía a apoyar a imputados al frente de las instituciones, lo que en el caso de Clavijo, tenía el agravante de encabezar un partido nacionalista, otro anatema para los de aquel dirigente ya histórico de nombre Albert Rivera. Quíen iba a imaginarse entonces que una de esas dos diputadas, Vidina Espino, que negó entonces su voto a Clavijo, se iba a convertir, como es ahora, en una de sus más ansiosas meritorias para entrar en las listas electorales de mayo tras abandonar el partido del que fue dirigente tras enterarse de que le iban a rebajar en el escalafón.

Condenado a líder de la oposición y con la amenaza cierta de ser investigado y juzgado por los juzgados de la gente corriente, Clavijo decidió seguir los consejos de los empresarios amigos: había que aforarse ante el Supremo, previa contratación del reputado abogado José Antonio Choclán, magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia, y persona de reconocidas buenas relaciones en las más altas instancias del poder judicial en Madrid.

Y así lo hizo Clavijo: contrató a Choclán e hizo que su partido lo propusiera en el Parlamento canario como uno de los tres senadores de la Comunidad Autónoma a elegir al principio de la legislatura que daba comienzo aquel verano de 2019. Esa decisión dejaba en la estacada a José Manuel Bermúdez, al que se la había prometido ese retiro dorado en la Cámara Alta tras haber perdido la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a manos de un pacto entre el PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos.

Con su aforamiento, que Clavijo no negó que fuera para aforarse y escapar de la justicia ordinaria, el caso Grúas saltó a la Sala Segunda del Supremo, que le dio carpetazo sin miramientos de ningún tipo y sin oír a las partes personadas. Lo llaman economía procesal de escándalo que solo se la pueda permitir el todopoderoso Marchena. El auto venía a decir que podía haber irregularidades, pero que tampoco fueron para tanto, lo mismo, más o menos que dijo la misma sala del master de Pablo Casado. Primer escollo salvado. Faltaba el siguiente, que ya venía en camino, el caso Reparos.

Reparos es un escándalo: un centenar de expedientes municipales, ya con Clavijo de alcalde, con el correspondiente centenar de decretos levantando los reparos del interventor, que no veía con buenos ojos que se prorrogaran contratos de servicios -algunos millonarios- sin que mediara urgencia alguna (más allá de de la inducida) y saltándose las más elementales normas de contratación pública, es decir, ahorrando a los contratistas tener que concursar para seguir cobrando de la administración. El Supremo, aun afeando a Clavijo el desastre de gestión que el caso Reparos supone, no aprecia delito de prevaricación continuada porque para eso tiene que existir arbitrariedad, algo que “roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo” de quien dicta la resolución, al que no importa “su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”. ¿Y cómo sabe la Sala Segunda que no fueron esos los resortes que animaron a Clavijo a actuar de manera tan reiterada y tan perseverante?

Clavijo no ocultó que daba el salto al Senado para aforarse, para que su devenir político no dependiera de las resoluciones que pudiera dictar un juzgado ordinario, los destinados a la gente corriente. Cuando tomó tal decisión ya estaba en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que derogaba el aforamiento para las autoridades autonómicas, hasta noviembre de 2018 en manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Allí podía haber recibido un trato especial por parte de su presidente, entonces Antonio Doreste, un juez que llegó a lo más alto gracias al impulso que le dio Coalición Canaria, de uno de cuyos gobiernos formó parte. Doreste no se escondió nunca para opinar que no estaba mal eso de levantarle reparos a los interventores, que si fueran a ser juzgados todos los alcaldes o presidentes de cabildo que lo hicieran, estarían más atascados en el alto tribunal canario más de lo que ya están.

Antes de que se suprimieran los aforamientos en la autonomía canaria, otros responsables políticos cayeron en sus garras con bastante fortuna, por lo general. Hay dos ejemplos verdaderamente escandalosos, como el que sentó en el banquillo a la que fuera presidenta del Partido Popular de Fuerteventura, Águeda Montelongo, juzgada por haber pagado con dinero del Patronato de Turismo de esa isla vacaciones y agasajos a altos cargos nacionales de su partido. La acusada fue absuelta por el tribunal porque sus integrantes concluyeron que la pobre firmaba tantos documentos cada día que seguramente se le pasó la autorización para cursar esos pagos.

Ese tribunal estaba presidido por Antonio Doreste y a él se sumó por petición propia y voluntaria el entonces magistrado Salvador Alba, que justo en aquellos momentos, finales de 2016, ya estaba siendo investigado por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los delitos por los que luego fue condenado a seis años y medio de cárcel y dieciocho de inhabilitación. 

No fue la única causa de corrupción que pudo juzgar Alba estando ya bajo la lupa de la justicia por ser un juez corrupto. Le correspondió también presidir y ser el ponente del caso Faycán, de corrupción del PP en el Ayuntamiento de Telde. “Es legal”, me contestó el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, cuando le pregunté cómo era posible que la justicia se permitiera esos atrevimientos. Alba absolvió a todos los políticos del PP y al PP mismo, pero su ponencia fue tumbada por los otros dos magistrados del tribunal, que condenaron al partido conservador por financiación ilegal de las obras de su sede en la ciudad de Telde. Y absolvieron a todos los acusados excepto a los que previamente habían reconocido sus delitos en un acuerdo con la fiscalía.

Pero la más escandalosa absolución de un aforado en Canarias fue la que benefició a Jorge Alberto Rodríguez, por aquel entonces portavoz económico del PP, miembro de la dirección regional del partido y mano derecha para algunos asuntos molestos e insalubres del todopoderoso José Manuel Soria. Se sentó en el banquillo de los aforados por un tráfico de influencias consistente en hacer de facilitador de una empresa nacional para hacer negocios con ayuntamientos gobernados por su partido. El tribunal llegó a la conclusión de que sí, que hubo tráfico de influencias y dio por probado que por esas gestiones se llevó una mordida de más de 64.000 euros, pero que no fue lo suficientemente intenso como para ser considerado delito.

Aquel tribunal lo presidió José Ramón Navarro Miranda en la que fue su última actuación pública como presidente del TSJC, porque sin que el juicio hubiera terminado, desde Madrid llegó la noticia de que se le ascendía a presidir la Audiencia Nacional, un nombramiento político del Consejo General del Poder Judicial controlado en ese momento (como ahora) por vocales nombrados por el Partido Popular. Los WhatsApps que ahora han visto la luz sobre su compadreo con el ex secretario de Estado de Seguridad en tiempos de la brigada policial antidemocrática del PP, son muy reveladores.

Canarias ya se ha librado del privilegio de los aforamientos, de ese trato de favor a nuestros representantes públicos autonómicos (parlamentarios e integrantes del gobierno regional). El poder legislativo nacional debería plantearse muy seriamente una reforma de los aforamientos limitándolos exclusivamente a los hechos que pudieran estar relacionados con el ejercicio del cargo institucional por el que se afora a esas personas. Hasta que no se haga, seguiremos asistiendo a escandalosas resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en manos de la persona más poderosa del país, el magistrado Manuel Marchena Gómez, colocado ahí por decisión de un órgano político, el Consejo General del Poder Judicial, también elegido por el poder legislativo.