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Las cuentas en Suiza que nunca ha negado José Manuel Soria

Uno de los extractos de una cuenta en Suiza aportados por la esposa de Soria a un proceso civil.

No es la primera vez que sale a la luz la existencia de una cuenta en Suiza vinculada al exministro de Industria José Manuel Soria. Un fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota,  investiga en estos momentos -según La Sexta- las operaciones que en paraísos fiscales haya podido realizar el expresidente del PP de Canarias a través de las empresas detectadas en los papeles de Panamá y en las investigaciones realizadas a partir de aquellos primeros hallazgos. Hasta el momento está confirmado que tuvo empresas activas al menos hasta 2006, es decir once años después de haber comenzado su actividad política.

José Manuel Soria jamás ha dejado de hacer negocios. Los hizo antes de ser elegido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995) y los continúa haciendo en la actualidad. Y muchos de esos negocios han consistido en operaciones fuera de España, como pusieron de manifiesto los papeles de Panamá, revelados en España por La Sexta y El Confidencial y alimentados recientemente por él mismo a través del supuesto borrador de  un más que hipotético libro de memorias que estaría preparando para cobrarse venganza a los que lo apartaron del poder cuando él creía que ya era invencible.

Ahora sostiene que se vio forzado a dimitir no ya por haber sido descubierto en una sucesión vergonzosa de mentiras; ni por haberse olvidado de que tenía activas algunas empresas en paraísos fiscales.  Su nueva versión de los hechos es que Montoro le había descubierto una cuenta en Suiza a nombre de su madre y que de ello el ministro de Hacienda había informado a Mariano Rajoy.

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La solución para Catalunya pasa por Pedro Sánchez

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Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en la Generalitat.

No es miopía, es ceguera. Enrocarse en que el conflicto catalán es un asunto de unos locos independentistas, antiespañolistas o cantamañanas es dar la espalda a lo que viene sucediendo en Catalunya este último quinquenio. Basta con visitar Barcelona, Lleida o cualquier pueblo o ciudad y poner la oreja. Quien lo haga podrá comprobar de inmediato que el sentimiento de cabreo está ampliamente generalizado, que no tiene que ver necesariamente con las ideologías. He escuchado, por ejemplo, a prestigiosos magistrados y magistradas defender el procés con poderosos argumentos, incluidos los legales.

Por eso resulta disparatado centrar el debate exclusivamente en qué tipo de respuesta merecen los catalanes, si el artículo 155 de la Constitución, es decir, intervenir la autonomía, o –como preconizan algunos– movilizar al Ejército para que actúe al grito de "¡a mí la Legión!".

Por un principio de mera prudencia que ha de presuponérsele todavía al Gobierno del Partido Popular, habría que descartar la intervención militar, pero ésa sería la continuación a la aplicación del 155. Porque, como dice el constitucionalista Santiago Pérez, "ese artículo es como el botón nuclear: está para no apretarlo porque lo siguiente sería la vuelta al planeta de los simios".

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Soria dispara a Rajoy

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José Manuel Soria y Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

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Un vicepresidente con descuento del 75%

El vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, en el inicio de las obras de la MetroGuagua

Esto va más allá del principio de Peter. No se trata de personas que hayan mostrado un desempeño correcto de sus funciones y que, al ser ascendidas, alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Eso en política ni siquiera es lo más frecuente. Lo frecuente, para desgracia de los administrados, es que al frente de altas responsabilidades de lo público se coloque a personas que tan solo atesoran el mérito de la militancia y, lo que es peor, el plus de la cuota, lo que en ocasiones los convierte en inamovibles. Estos días estamos presenciando en una parte de Canarias (la otra ni se entera) una campaña de potenciación de prestigio y refuerzo reputacional de un consejero del Gobierno, Pedro Ortega, por el simple amago del Partido Popular de reclamar para sí el departamento que ostenta, la rumbosa Consejería de Economía, Industria, Comercio, Conocimiento y Dos Piedras. Un consejero en el que se ha apoyado de manera constante y ostensible el presidente Fernando Clavijo y que ahora parece precisar de manera indisimulada del respaldo de las organizaciones empresariales de su isla natal, Gran Canaria. Es una campaña de reputación que coincide, vaya usted a decir algo de las coincidencias, con la decisión de un magistrado de Las Palmas de Gran Canaria de abrir diligencias penales a él y a dos de sus más altos cargos en Industria por un asuntillo nada agradable relacionado con un campo de vientos en el municipio de Agüimes en los que los técnicos han ido por un lado y los políticos por el suyo de ellos y olé. 

Pero no es precisamente Pedro Ortega un caso de éxito del principio de Peter. A él habrá que reconocerle siempre, en primer lugar, que tiene reinserción social en el mundo de la empresa, y segundo, que se ha batido el cobre en dos asuntos que -a los ojos de sus defensores- han salido bien: la negociación del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el desbloqueo de los parques eólicos, uno de los expedientes más oscuros y obscenos que recibimos los canarios como herencia de ese ministro impagable (que no impagado) de nombre José Manuel Soria.

Mientras todo el mundo en los corrillos políticos habla de Pedro Ortega y del otro empresario metido a consejero, el sanitario José Manuel Baltar, nadie parece prestarle atención a la más rutilante estrella que luce en todo su esplendor en la cúspide de este Gobierno. Nadie repara en ese vicepresidente que va camino de ocupar un altar paralelo al que en su día nos vimos en la obligación de elevar a la consejera de Turismo Rita Martín, colocada en tan insigne responsabilidad por el ya citado irresponsable de nombre José Manuel Soria.

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Clavijo, Díaz, el cilantro y el perejil

Las diferencias entre perejil y cilantro, cojonudamente explicadas en la web de la cadena mexicana HEB.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (de Coalición Canaria, claro), convocó de urgencia a la prensa tinerfeña a mediodía de este lunes para trasladarle eufórico el archivo de la denuncia interpuesta por la oposición municipal por el llamado caso Grúas. Díaz no dudó en reclamar disculpas públicas a los denunciantes por lo que él considera un nuevo patinazo judicial que, efectivamente, puesto en relación con otros, dejaría en evidencia a los denunciantes. Pero la euforia es mala consejera, y quizás el señor alcalde debió hacer más caso a la prudencia de los veteranos letrados que recomiendan a sus clientes esperar a que los trámites judiciales concluyan y los sobreseimientos provisionales se tornen definitivos. Porque siendo cierto que este lunes se conoció un auto por el que se archiva la denuncia contra él y su antecesor en la alcaldía, el señor alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, igualmente cierto es que el auto en cuestión es más flojo que una ronda de unos y que, muy probablemente, no resista su ineludible paso por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Tiene muchos bemoles que una denuncia de este calado haya sido despachada por su señoría sin la mínima práctica de una prueba, sin recabar informes municipales, sin llamar a declarar a las partes implicadas, sin escuchar lo que pudiera opinar el Ministerio Fiscal y, en el colmo de los colmos, mezclando delitos que -en ningún caso, porque no es obligado- son enunciados por los denunciantes en su escrito. Cualquiera con unos mínimos conocimientos de Derecho se echaría las manos a la cabeza ante la lectura del auto porque confunde delitos como la prevaricación con la malversación y el tráfico de influencias como quien confunde cilantro con perejil, y resta cualquier atisbo de gravedad a la amistad de Clavijo con los trabajadores, luego "empresarios" que se quedaron manu militari con el servicio de grúas de La Laguna al considerar que el hecho de que solo tres de los siete socios tuvieran esa relación con el alcalde desmonta cualquier sospecha. Tres amigos que, un par de párrafos más adelante, se reducen a dos y que hubieran desaparecido del todo de haber durado un poco más el auto en cuestión.

Pero a los efectos políticos (y periodísticos), lo que califique penalmente un auto más o menos afortunado (recurrible por sus cuatro costados) pasa a ser secundario ante la evidencia de lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna durante la etapa de Fernando Clavijo como alcalde, y de su sucesor, José Alberto Díaz, como concejal de Seguridad. Porque en ese auto se dan por probados los hechos denunciados por los concejales de la oposición, es decir, que durante aquellos años de impunidad el Ayuntamiento de La Laguna promovió operaciones deplorables en torno al servicio municipal de grúas, operaciones consistentes en expulsar a las bravas al justo concesionario para que su lugar lo ocuparan algunos de sus empleados, a la sazón amigos de Fernando Clavijo, después de acontecimientos sospechosos como el desguace de vehículos custodiados por el consistorio y su venta por piezas, hechos que se investigan (ahí sí) en otro juzgado de la ciudad. Empleados convertidos en empresarios a los que el Consistorio dispensó un descarado trato de favor en forma de ampliación (ilegal) de la concesión administrativa y concesión (ilegal) de un préstamo de 120.000 euros del erario público. Todo ello con los reparos de la Intervención y de los técnicos municipales convenientemente levantados por el señor alcalde-presidente en unos hitos que la señora jueza considera tan naturales como la resolución de una discrepancia de criterio entre juristas ante la observación de un hecho.

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La Ley Clavijo y el gol de Iniesta

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, conversa con la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto.

El populismo es lo que hace Podemos. Personalidades de Coalición Canaria como Fernando Clavijo o Ana Oramas ejercen de políticos de orden, de los que se visten por los pies y atienden a todas las convenciones. Por eso la diputada número 175 del Partido Popular presumió este miércoles en Antena 3 Televisión de la felpa que le metió la semana pasada a Pablo Iglesias en el debate de la fallida moción de censura: “Un amigo me dijo que mi intervención fue como el gol de Iniesta, hice felices a 30 millones de españoles”. Y añadió: “Le debí dar en el hígado al líder de Podemos porque siguen las amenazas en Twitter, aunque me quedo con el cariño de la gente en la calle de todas las ideologías. El populismo, sin duda, no es el suyo.

En lo puramente doméstico, el presidente Fernando Clavijo, del mismo partido que la diputada 175 del Partido Popular, consiguió este miércoles meter su gol y cumplir con lo que nos venía amenazando desde principios de esta legislatura: sacar adelante una Ley del Suelo a gusto y satisfacción de los empresarios promotores y constructores que aligere la burocracia y permita todo tipo de arbitrariedades con apariencia de legalidad. Que los empresarios vuelvan a sentir que se les hace caso desde el poder político de la autonomía, que mandan como en los tiempos más gloriosos, que se note dónde está el orden y dónde la anarquía. Ahora estarán aplaudiendo al presidente como hicieron 30 millones de españoles con el gol de Iniesta.

La Ley Clavijo detonó ayer el pistoletazo de salida de los futuros casos de corrupción urbanística de las Islas Canarias, mayormente localizados en los ayuntamientos, a los que como principio de prevención primordial se les había alejado hasta ahora de la decisión urbanística sin mecanismos superiores de control de legalidad. Los alcaldes y alcaldesas tendrán a partir de ya la potestad de planeamiento y de autorización de grandes inversiones con la mera decisión de declararlas de interés singular, es decir, que generen riqueza, puestos de trabajo y sean operaciones estrella. Auditorios, parques temáticos, rascacielos, polideportivos, grandes marinas, campos de golf, piscinas olímpicas, picaderos, acérquense con sus propuestas, que el señor alcalde quiere recaudar.

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Sanidad: 150 millones ¡y 5 más!

Las comisiones negociadores de Coalición Canaria (izquierda) y el Partido Popular, el pasado viernes en la sala 1812 del Parlamento de Canarias.

Fue, cómo no, José Manuel Soria el consejero de Hacienda de Canarias que perpetró los más graves recortes a los presupuestos de Sanidad y Educación de esta ultraperificidad. Los últimos en 2010, 90 millones en Sanidad y 50 en Educación, unos sablazos de los que todavía no se han recuperado esos dos servicios básicos.

En un alarde de valentía que nadie entendió entonces, el Partido Socialista decidió en 2015, al aliarse a Fernando Clavijo (Coalición Canaria) asumir la cartera de Sanidad a sabiendas de que recomponer aquellos descosidos iban a costar algo más que dinero. El consejero Jesús Morera lo intentó sin saber que además de unas apabullantes listas de espera, una desmoralización generalizada entre el personal y un nivel de satisfacción de los usuarios en sus registros más bajos iba a tener como principal obstáculo al presidente del Gobierno del que formaba parte.

Han pasado apenas dieciséis meses de aquel misil que Fernando Clavijo lanzó a la línea de flotación de la Sanidad canaria pretendiendo hacerla explotar en el núcleo duro de su pacto. Fue en febrero de 2016 cuando ordenó a los gerentes de los hospitales canarios que recortaran 50 millones de euros donde fuera. Había declarado la guerra al PSOE y, conocedor de que la Sanidad era uno de sus puntos débiles por el escenario que los socialistas habían heredado, por ahí inició la que sería su penúltima andanada.

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Pues no, Ani (coplillas latinoamericanas)

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La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas.

“Pues no”. Con esa peculiar fórmula, como quien decide echarse atrás después de un breve regateo con el dependiente del bazar indio, la diputada Ana Oramas rechazó la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy. Ay, pues mira que no. Una fórmula que, de haber sido utilizada por alguien del partido censurante habría encolerizado no solo a la diputada de Coalición Canaria, sino probablemente a la salvaje bancada del Partido Popular que esta semana ha vuelto a demostrar que esto del decoro y las buenas costumbres parlamentarias a ellos les son mucho más ajenas que al resto de la Cámara.

Ana Oramas jamás votará algo que tenga que ver con Podemos, y da igual que lo que proponga sea hacer presidente a Pablo Iglesias o ponerle una calle al benemérito cuerpo de la Guardia Civil en Benidorm. Lo vienen diciendo la diputada y Coalición Canaria desde que el partido morado irrumpió en las Cortes en diciembre de 2015, y lo seguirá diciendo por los siglos de los siglos a no ser que, en una de esos requiebros de la política, pueda convenirle su voto o, quién sabe, gobernar con tan denostado partido.

Todo lo que tenga que ver con Podemos le provoca arcadas. Por eso a Ana Oramas le pareció un derroche económico que se celebrara este pleno de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Si ya todas las fuerzas políticas tenían el sentido de su voto decidido, para qué fingir que vivimos en una monarquía parlamentaria, se habrá dicho ella en una de sus profundas reflexiones. Quizás por eso ni siquiera se interesó por la exposición inicial que hizo la diputada proponente, Irene Montero, durante cuya intervención del martes fue fotografiada en la cafetería del Congreso metiéndole energía a su organismo.

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Tres en primarias

Juan Fernando López Aguilar, Patricia Hernández y Ángel Víctor Torres.

En algunos sectores del susanismo canario no han entendido lo ocurrido en las últimas primarias del PSOE. Que Pedro Sánchez haya arrasado en muchos territorios -incluido el de Canarias- no les ha descabalgado de los viejos métodos de control del aparato. La comisión gestora que está al frente del PSOE canario es uno de esos sectores insumisos: en un disminuido Comité Regional, el de la semana pasada, consiguió imponer una adelanto de las primarias locales al próximo mes de julio, de modo y manera que su candidata, Patricia Hernández, goce de mayor ventaja que sus previsibles contrincantes: Juan Fernando López Aguilar y Ángel Víctor Torres. El eurodiputado será quien peor lo tendrá: ha de recabar 630 avales en tan corto periodo de tiempo y frente a dos oponentes que no se lo pondrán nada fácil. Se anticipó a sus compañeros en su anuncio de candidatura y puede que a estas alturas esté repasando nuevamente con qué fuerzas cuenta.

Pero la gestora regional no solo ha provocado un adelanto de las primarias, también ha lanzado un evidente desafío al flamante secretario general federal: ha puesto al frente de la ponencia política del próximo congreso regional a José Miguel Pérez, uno de los barones que le dimitió a Pedro Sánchez en la Ejecutiva Federal en aquel golpe de mano que desembocó en la mayor crisis del PSOE de las últimas décadas. A los sanchistas de Canarias no les ha hecho puñetera gracia. Y a Pedro Sánchez, mucho menos.

Otros susanistas han sido más prudentes. Por ejemplo, Loli Corujo, la secretaria general del PSOE en Lanzarote, que a la vista de los resultados obtenidos por Sánchez ha optado por apartarse de la carrera orgánica y unir sus fuerzas a las de Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general en esa isla. Además de Corujo, el de Arucas cuenta con el respaldo del eterno Chano Franquis, quien sabedor de su poco o nulo gancho electoral, optará a un cargo de elección congresual: ser miembro de la Ejecutiva Federal. Competirá por ese puesto con el tinerfeño Héctor Gómez, vicepresidente del Parlamento canario, un candidato al que pretendieron aupar algunos coroneles tinerfeños del sanchismo que prometen no ceder un milímetro.

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Primero los inversores USA, luego los oncólogos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su visita a los Estados Unidos.

Una realizadora de una importante productora audiovisual de Barcelona se quejaba este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria de la ausencia casi total de especialistas locales en el mercado del cine y de la televisión en los que apoyarse para el rodaje de simples spots publicitarios. “No saben ni hacer un presupuesto; confunden castings con una relación de fotos; no transmiten la certeza de que estaríamos aquí en buenas manos para que un rodaje no se frustre por la ausencia de un permiso”, decía.

Por la mañana, en la Institución Ferial de Canarias (Infecar), el consejero de Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, relataba el agujero negro que se produjo en la contratación de rodajes de grandes producciones en la isla como consecuencia del pánico desatado al saberse que la Agencia Tributaria había levantado por los aires a algunas productoras que se acogieron a los beneficios fiscales prometidos desde las Islas. Y reconocía que, hasta no hace mucho, rodar en cuatro distritos distintos de la capital grancanaria requería cuatro permisos distintos, uno por cada Junta de Distrito. El pánico por las inspecciones de Hacienda ha quedado despejado al conocerse, a su vez, que continúan vigentes las garantías fiscales y que, en las negociaciones de Pedro Quevedo con Montoro se han incrementado los topes para que las productoras se puedan beneficiar más.

Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, anda estos días de gira por Estados Unidos vendiendo las excelencias de esta tierra para posibles inversores del país de Donal Trump. Y de las oportunidades. Su viaje no aporta apenas ninguna novedad respecto a los que ya realizaron con anterioridad otros tres presidentes canarios, todos ellos de Coalición Canaria (Lorenzo Olarte, Adán Martín y Paulino Rivero), confiados en que nuestras condiciones de plataforma hacia África será algún día la alternativa al monocultivo turístico.

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