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Un Gobierno incompetente (sin competencias)

Fotografía facilitada por la empresa Bibby Line Limited, propietaria del carguero británico incendiado al suroeste de Canarias.

Por levante, el Cheshire amenaza con entrar en el puerto de La Luz y Las Palmas, y por poniente, las microalgas llegan a la playa de Las Canteras. Dos imágenes que representan le negligencia y el descrédito del Gobierno que el mismo día se sacude de encima las responsabilidades en la convocatoria del concurso más oneroso de la Radiotelevisión Canaria, el de servicios Informativos, por 144 millones de euros en ocho años. “No somos competentes”, ha dicho a La Provincia la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que deposita la competencia sutilmente en manos del Parlamento de Canarias, como si ella y el Gobierno del que forma parte no hubieran habilitado las partidas presupuestarias necesarias para el conchabo, a pesar de conocer mejor que nadie que al órgano de contratación de RTVC, su presidente, Santiago Negrín, le quedan exactamente tres afeitadas, precisamente por decisión democráticamente manifestada de la mayoría aplastante del Parlamento.

Si ya era escandaloso que Negrín se constituyera unilateralmente en órgano de contratación y publicara el famoso concurso de Informativos, el descubrimiento de que el abogado de una de las potenciales empresas licitadoras haya metido baza en la preparación de los pliegos debería ser motivo suficiente para que todo se ponga en remojo y se revise. A lo que hay que unir, desde luego, la precipitada marcha del catedrático Martín Orozco de los alrededores de Santiago Negrín, seguramente deseoso de que no le salpique nada de la balacera que se va a producir en el Parlamento en cuanto empiece septiembre.

Alegar falta de competencia en el asunto de la televisión pública es una falta de respeto a la ciudadanía. El presidente del ente público está actuando con el único respaldo del Gobierno y, en una actitud insólita, de espaldas a la mayoría del Parlamento de Canarias, que fue el que lo nombró.

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Envalentonan a Negrín

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín.

28 de agosto, 17:30 horas de la tarde. Demasiado calor, demasiada modorra como para ponerse resolutivos. Algo se tomó el presidente del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, para activarse tan rápidamente. Quizás un café con hielo. Desde el Gobierno le dijeron que era el momento. 28 de agosto, a punto de finalizar el periodo vacacional por antonomasia, la ocasión precisa para coger despistados a los últimos en regresar y a los primeros en marcharse. “Santi, activa la bomba”, le dijeron desde Presidencia del Gobierno, donde ya sabían que Podemos y Nueva Canarias habían iniciado los trámites para echarlo como agua sucia antes de que termine el mes de septiembre. Y sustituirlo por la enemiga pública número uno de esa componenda, María Lorenzo, designada por el PSOE, partido que habrá de sumarse a la oposición para el majo y limpio.

Santiago Negrín se puso las pilas de inmediato. Ya sabía lo que tenía que hacer en cuanto se lo indicaran: avisar a los precarios miembros del Consejo Rector de que él, por su cuenta y riesgo, sin encomendarse a las más elementales reglas de decoro legal y político, sin quorum ni respaldo, sin aval jurídico, tramitará el concurso de prestación de servicios informativos de la Televisión Canaria, es decir, el contrato más caro del ente. Y además, el compromiso más fuerte del presidente Clavijo, adquirido antes incluso de ser ungido candidato a presidente en detrimento de Paulino Rivero, al que hace tiempo ha hecho bueno.

Clavijo y los suyos saben perfectamente que a partir de que se inicie el periodo de sesiones en el Parlamento de Canarias, Coalición Canaria va a tener muy difícil no solo llevar adelante cualquier iniciativa legislativa (lo que les importa una higa después de haber aprobado la Ley del Suelo), sino lo que es peor, gobernar a su libre albedrío y responder a los compromisos que tiene contraídos. Su prepotencia para con el Partido Popular la van a pagar muy cara porque los de Asier Antona no parecen muy dispuestos a volver a asumir el papel de “medianeros” que Coalición Canaria les tiene reservado. Como hizo con el PSOE, y el PSOE asumió, para vergüenza de la tradición socialista.

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Microalgas libanesas

Fernando Clavijo (c) junto al jefe de la Brigada Canarias XVI, el general Venancio Aguado (i), durante la visita que ha realizado a las tropas en el Líbano

Pura propaganda. Al actual presidente de Canarias solo le preocupa la propaganda, escapar los dos años que le quedan de pervivencia en el poder y de aparente preponderancia a Coalición Canaria para captar algún adepto, y, sobre todo, evitar que el deterioro de su marca y la de su partido se acelere más de lo temido.

La moción de censura en el municipio de Icod de los Vinos no solo es la pérdida de una plaza importante en Tenerife; puede estar marcando el principio de otras escaramuzas con escala en Tacoronte y destino final en La Laguna. Una amenaza a la que hay que unir la escuálida minoría parlamentaria con la que CC y Clavijo se sostienen en el Gobierno y que a partir de septiembre se apreciará en decisiones cruciales, como el relevo al frente de la presidencia de Radiotelevisión Canaria o la renovación de los órganos dependientes de la Cámara autonómica (Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas y Diputado del Común), con la consecuente cadena dramática de compromisos de distinto rango que no podrá cumplir.

Clavijo y los suyos necesitan mucha propaganda y no basta con las fuertes inversiones que realizan en sus medios informativos de cabecera. Buscan desesperadamente golpes de efecto, casi siempre a la desesperada, lo que desemboca en situaciones grotescas.

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Por qué miente Ciudadanos en el ‘fichaje’ de Hernández Bento

La portavoz regional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, acompañada del coordinador del partido, Mariano Cejas, durante la rueda de prensa que dieron el pasado viernes en Santa Cruz de Tenerife.

La culpa la tuvo este titular: “ Ciudadanos ficha a la mano derecha del exministro Soria en Industria para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria”. Si hubiéramos titulado de otra manera nuestra información seguramente no se habría disparado la polémica. Por ejemplo, así: “Ciudadanos ficha a Enrique Hernández Bento para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria”. Seguramente era el enfoque que deseaba Ciudadanos y el que la prensa cortesana habría puesto sin estrujarse la cabeza. El partido de Albert Rivera y de Melisa Rodríguez y de Saúl Ramírez y de Juan Carlos Girauta había puesto en remojo ese fichaje a la espera de comprobar cómo iba a encajar en la organización y en la sociedad canaria. Y un titular tan desabrido como el nuestro era lo más contraproducente que esperaban, sencillamente porque en él aparecía un nombre maldito, el nombre de un apestado, el de José Manuel Soria. Por eso fue a partir de ese titular cuando se dispararon las mentiras:

1. ¿Conocía las negociaciones la dirección nacional de Ciudadanos? Sí, y sus dirigentes se limitaron a dejar hacer. Quien las llevaba a cabo goza de acceso directo a los dirigentes de Ciudadanos y actuó con prudencia a partir de que supo de la predisposición del exdelegado del Gobierno en Canarias de tantear esa opción una vez se precipitó su salida del Partido Popular tras su último congreso regional de Canarias. Nadie había bendecido de modo oficial la incorporación de Hernández Bento sencillamente porque debía ir cumpliendo con las condiciones del partido, la primera, darse de alta como afiliado y comenzar a pagar las cuotas correspondientes. Y así lo hizo el pretendiente. Luego debía pasar los seis meses reglamentarios para hacer firme esa militancia, y por último superar los trámites internos para ser proclamado oficialmente candidato. 

2. ¿Cuándo se afilió a Ciudadanos? Enrique Hernández Bento se afilió a Ciudadanos, mediante el procedimiento común de su página en Internet, el pasado mes de junio. La afiliación fue aceptada provisionalmente y se le cargaron dos cuotas en su cuenta bancaria, la de julio y la de agosto. La afiliación era la condición indispensable para iniciar su recorrido como candidato a las elecciones municipales de 2019. Ha mentido la portavoz regional de Cs, Melisa Rodríguez, al afirmar que Bento se acababa de afiliar a principios de agosto.

3. ¿Cuándo revocó la afiliación Ciudadanos? La dirección nacional de Ciudadanos tardó exactamente dieciocho horas en desmentir las negociaciones con Enrique Hernández Bento, y lo hizo a través de un delirante tuit de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, que se limitó a poner un enlace a nuestra noticia con la lacónica expresión “Noticia falsa”. Girauta desacreditaba una noticia en la que se hablaba del ex subsecretario de Estado y también de José Miguel y Lucas Bravo de Laguna, que también han estado negociando con los mismos interlocutores que Hernández Bento. La realidad es que Ciudadanos revocó la afiliación de Hernández Bento cuando comprobó los efectos negativos de la noticia de Canarias Ahora, particularmente en las redes sociales y en otros medios informativos. Por lo tanto, Cs convirtió en falsa una noticia actuando con una argucia indecente.

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Clavijo y el verbo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (3º d), junto a otros miembros del Ejecutivo , durante el minuto de silencio que se guardó en memoria de la mujer asesinada en Santa Cruz de Tenerife

Ni siquiera en el arte de los abigarrados trabalenguas por los que pasará a la historia Mariano Rajoy ( “Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político"), Fernando Clavijo alcanza al presidente del Gobierno de España, pero se le va aproximando peligrosamente. Parece claro que el presidente de Canarias tiene un serio problema para verbalizar su ideario político, dando por sentado que lo tenga y que lo tenga lo suficientemente arraigado como para poderlo transmitir de manera diáfana a los administrados y administradas de esta asirocada y ultraperiférica autonomía. Durante una amplia temporada de su vida política sostuvo que era independentista pero ahora repudia cualquier movimiento político que tenga la tentación de “romper España”. Y visita las tropas antaño colonialistas destacadas en el Líbano para mostrarle el apoyo del pueblo canario, incluido el de Asamblea Majorera, la pata de Coalición Canaria en Fuerteventura que siempre se opuso a la presencia en la isla de la Legión.

Contradicciones como ésa deberían conducirnos inexorablemente a pensar que el independentismo que profesa el presidente es el que dejó escrito para la posteridad el fallecido director-editor de El Día, santo y seña del tinerfeñismo más profundo y rancio, don José Rodríguez Ramírez, que proclamaba que la primera independencia debía ser la de Tenerife con respecto a Canaria, nombre primitivo de Gran Canaria. Porque, por mucho que el insularismo de Clavijo y los suyos se vista de nacionalismo paradójico, insularismo es y seguirá siendo mientras viva.

No deberían preocuparnos demasiado estos bandazos si no fuera porque en ocasiones nuestro presidente tiene unas ocurrencias de cabo interino, como cuando dijo en una entrevista al ya citado periódico El Día que su Gobierno anda buscando alternativas turísticas en países emisores como Estados Unidos “porque si se recrudece la política de Donald Trump con México, que es, junto al Caribe, el destino mayoritariamente elegido por la población estadounidense, se nos puede abrir una vía”. Y se quedó tan pancho con su poncho.

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Niño Bravo

Lucas Bravo de Laguna posa durante las obras del Gran Canaria Arena.

Genio y figura, el exconsejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna Cabrera se desbocó este domingo en las redes sociales tras revelarse una parte de sus andanzas en las instituciones públicas. Se le supone superviviente de la crisis de los 40 y, gracias a su dilatada trayectoria política, lo suficientemente maduro como para dejar de decir pendejadas. Pero no, el Niño Bravo, como lo bautizamos en este periódico cuando empezó a hacer de las suyas en el Ayuntamiento de Santa Brígida, sigue pensando que es su tocayo Skywlaker, su idolatrado líder de La Guerra de las Galaxias, y que su causa es la única justa a este lado del Universo. Por eso mismo este domingo, cuando aparecieron las primeras informaciones que comprometen seriamente su gestión en el Cabildo de Gran Canaria su respuesta fue similar a la que siempre empleó cuando recibía críticas como gestor: “ladran, luego cabalgamos”; “campañas difamatorias”, contubernios de los adversarios políticos…

Las noticias que lo vinculan con un trato de favor a la que desde hace tres años es su novia, la tenista retirada Noelia Pérez, con la que le une además una relación mercantil, debería tomárselas un poco más en serio. Ya no estamos hablando de sus actitudes infantiles, de sus chulerías de amo de la finca prestada. Hablamos de haber beneficiado a su pareja con contratos públicos a través de una empresa de la que ahora él también es socio. Por lo tanto, pretender convencer a sus seguidores en las redes sociales de que solo se trata de “la preocupación de algunos ante sus cada vez más limitadas posibilidades electorales” o el deseo de esos mismos “algunos” por “enterrarle” corriendo el riesgo de “resucitarle”, es un intento grosero. Del mismo modo que resulta grosero defender a su socia y pareja resaltando su "profesionalidad" -labrada desde el trato de favor- y estar ajena a la política, lo que no congenia con lucrarse gracias a que los dineros públicos que su pareja manejaba cuando se hicieron novios (2014).

Nos ha costado mucho trabajo poder conseguir la documentación que acredita este comportamiento del Niño Bravo, del que hemos intentado sin éxito recabar su versión antes de publicar la primera entrega. Y nos ha costado porque en las instituciones públicas todavía impera cierta opacidad cuando se trata de revisar la gestión de los responsables políticos. Existe una norma no escrita según la cual nadie levanta alfombras del antecesor para que el siguiente no haga lo mismo. Sin embargo, una vez conseguida la documentación pertinente y una vez verificado que utilizó su puesto para beneficiarse directa e indirectamente, estamos en la obligación de publicarlo y de exigir a Lucas Bravo de Laguna Cabrera que ofrezca explicaciones de inmediato. Ya no es un cargo público, es verdad, pero ha vivido de lo público los últimos dieciocho años de su vida, es decir, toda su vida laboral, y está obligado a informar a sus votantes y al público municipal y espeso.

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Desarticulando a Soria

Jose Manuel Soria (derecha) cuando era alcalde durante los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria de 2003, junto a la concejala de Carnaval por entonces, Josefa Luzardo.

De repente parece como si el paso de José Manuel Soria por la política (21 años de ejercicio simultaneándolo con los negocios, como parece demostrarse) hubiera sido una pesadilla. Salvo contadas excepciones no encuentras a nadie que se atreva a relatar alguna gesta impecable del que fuera traumáticamente expulsado del paraíso cuando se encontraba en la cúspide, a punto de entrar en las quinielas de sucesores de Mariano Rajoy. En su partido no quieren ya oír hablar de él porque les incomoda tener que defenderlo frente a la atronadora avalancha de descalificaciones que circulan por todas partes. Los pocos que lo veneran lo hacen en privado forzados por la exigencia de devolución de favores, pero hasta esa simpatía se agota con el paso del tiempo.

Que altos cargos de la Delegación del Gobierno y de la Jefatura Superior de Policía en Canarias le hayan prestado hasta ahora la protección estática en su casa de Tafira Alta y aun hoy le mantengan la protección personal con escoltas y coches oficiales en contra de los criterios de la Secretaría de Estado de Seguridad no es más que uno de esos ejemplos de reciprocidad debida. Pero pronto cualquier tipo de privilegio terminará desapareciendo por completo ante el riesgo cierto de que el mal fario que acompaña al todopoderoso exministro les acabe salpicando. Incluso penalmente.

El jefe superior de Policía de Canarias perdió los estribos la semana pasada con este asunto, y lo personalizó en el periodista de Canarias Ahora que se ha ocupado de desvelar el escándalo de la protección de Soria, Alexis González. No pudo reprimirse un muy democrático “¡me trae usted a sus fuentes!”, la primera tentación de cualquier franquista de pacotilla que cree que unos galones, un arma y mando en plaza le dan derecho a llevarse por delante derechos fundamentales. Tanto al comisario Moreno como a altos mandos de la Delegación del Gobierno en Canarias les ha irritado enormemente que hayamos denunciado públicamente los privilegios que aun hoy les siguen otorgando a José Manuel Soria algunos de sus más conspicuos lameculos, y lejos de ofrecer justificaciones convincentes han tirado por el atajo de los malos servidores públicos: tráiganme al mensajero para empurarlo.

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RTVC: Todos mirando a la Consejería de Hacienda

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila

La altanería con la que Santiago Negrín, el presidente de Radiotelevisión Canaria, dio por zanjada su última comparecencia en la Comisión de Control correspondiente del Parlamento de Canarias empieza a resquebrajarse. Algunos de sus más fieles bastiones, a los que telefoneaba cada media hora para consultarle cualquier decisión, ya no se le ponen al teléfono con tanta facilidad. No quieren que les salpiquen los restos que desprenda la traca final que le explotará en la cara a este cargo público al que le habían prometido inmunidad infinita. Este próximo lunes tendrá que rebajar sus ínfulas (y las previsiones de los informes técnicos de los que dice disponer) para aprobar en el Consejo Rector una prórroga del contrato con Abertis para el transporte de señal que en lugar de los doce meses que pretendía será de tan solo cuatro. Una cuestión de importe económico (por debajo del millón de euros) que el PP le apoyará para no continuar transgrediendo la legalidad por más tiempo a través de su consejero dicharachero Alberto Padrón y para evitar que la radio y la tele se queden sin emitir.

Este es un nuevo síntoma de que la debilidad ha sustituido a la chulería y una confirmación de que -aunque sea a duras penas- los mecanismos democráticos funcionan mínimamente. En septiembre procederá el Parlamento a la destitución de Santiago Negrín y al nombramiento -se supone- de un nuevo equipo rector que enderece el rumbo aberrante que ha dibujado el ente público estos dos últimos años. Se pondrán en marcha reformas legales para garantizar una mayor transparencia y una mejor selección de los rectores públicos, y se tratará de perfeccionar un modelo de gestión que impida que el Gobierno vuelva a tomar la tele como si fuera Aló Presidente.

Pero todavía pervive la resaca del poder que Coalición Canaria creía absoluto merced a su solitario voto a Rajoy en el Congreso de los Diputados. Que los populares se hayan comprometido a un tibio apoyo ma non troppo y que en asuntos como la Radiotelevisión Canaria se hayan alineado por completo con el PSOE, Nueva Canarias y Podemos (39 votos de 60, casi nada) no parece haber quebrado en algunos mandarines el espejismo de la perpetuidad.

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Un concurso limpio en la tele canaria

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín

Puede que Santiago Negrín no midiera bien su estrategia para agarrase como una lapa a la presidencia del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria cuando envió su artículo dominical de lamentaciones exclusivamente a los dos periódicos de Editorial Prensa Canaria , La Provincia y La Opinión de Tenerife. De alguna manera estaba delatando al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y a su viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, el director en la sombra de los medios de comunicación públicos. Y de una parte de los privados.

El artículo en cuestión se publicó este domingo en exclusiva en esos dos periódicos, los únicos que debemos entender que no han atacado al presidente de RTVC ni lo han insultado, ni han colaborado de manera mafiosa al descrédito que sufre la televisión pública y quien está a su frente desde hace dos años. Porque, a tenor de lo que dijo Negrín el viernes en la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento de Canarias, es víctima de una cacería implacable en la que, al parecer, se encuentran periódicos y periodistas y una nutrida representación de partidos políticos, concretamente los partidos políticos que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, un 80%, ley electoral mediante.

A lo largo de ese artículo, de 1.262 palabras, el máximo responsable de RTVC anuncia que no piensa dimitir, que está en el cargo para defender no se sabe muy bien qué cosa de una televisión decente y de calidad. Y acusa a los que no le respaldan de ponerle palos en la rueda, de insultarle y de no respetar el magnífico trabajo que está realizando. Su escaso respeto por las fuerzas parlamentarias de la oposición es antológico, incluso les reprocha que abandonaran la sala del parlamento cuando en la comisión de control empezó a faltarles el respeto de una manera intolerable y, eso sí, después de presumir de haberles respetado siempre. El presidente de esa comisión, José Manuel Pitti, que se fundió en un abrazo con el compareciente al término de su heroicidad, ya sabía que Negrín se iba a despachar a gusto. Por eso desoyó las peticiones de amparo que le formularon algunos de los diputados cuando comenzó la balacera.

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Maza protege al fiscal que vulnera derechos

José Manuel Maza, fiscal general del Estado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha vuelto a lucirse. Y tampoco en este caso puede alegar ignorancia. Si patinó estrepitosamente eligiendo fiscal anticorrupción a Manuel Moix en contra de cualquier criterio racional, haber ascendido a Guillermo García-Panasco a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado va a provocarle otra crisis también de calado. Y no solo entre la carrera fiscal, que va a manifestarse muy crítica ante este nombramiento, sino también en la carrera judicial, indignada por la sentencia del Supremo que solo (por decirlo de algún modo) concluyó que la fiscalía de Las Palmas a cuyo frente estaba García-Panasco hasta ahora, se había excedido y vulnerado derechos en su investigación en plena campaña electoral a la magistrada Victoria Rosell.

Guillermo García-Panasco Morales no ha dimitido, como debía haber hecho al quedar claro en dos sentencias consecutivas (aunque la segunda anulara la primera) que vulneró derechos fundamentales de una magistrada y candidata a unas elecciones generales por indicaciones (directas o diferidas marca de la casa) del exministro José Manuel Soria. Ocupaba un cargo de libre designación -fiscal provincial de Las Palmas- y por lo tanto, un cargo político dentro del Ministerio Público, el brazo ejecutor del Gobierno, y ante la evidencia de que no cumplía correctamente ni con el Estatuto del Ministerio Fiscal ni con la Constitución, lo mínimo que debía haber hecho era abandonar ese puesto.

La sentencia de la Sala Tercera del Supremo que así lo ha dejado establecido para la posteridad lo dejó absolutamente desarmado y a expensas de que cualquiera pudiera reprochárselo en el futuro ante la primera veleidad que pudiera o pudiese cometer, algo altamente probable si tenemos en cuenta la facilidad con la que se llevó por delante esos derechos fundamentales que está obligado a preservar.

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