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Aviso a (técnicos) navegantes

La cosa, para colmo, no quedará en este clamoroso patinazo de la Fiscalía y en ese deterioro añadido de la imagen de la Justicia. El empresario, que respiraba tranquilo al conocer que no entrará en prisión por este caso, anunciaba este jueves a los periodistas que ya está tramitando ante el Tribunal Supremo la revisión de su condena, es decir, su anulación. Y no porque lo diga el indulto, que le recuerda que tiene que demoler lo construido, sino por la sentencia del TSJC que de bendecía sus obras al dar por no vigentes las restricciones en el momento de solicitar sus permisos. De conseguir esa anulación, Ramírez no tendría que tirar las construcciones realizadas, ni pagar la multa de 43.000 euros a la que fue condenado. Ni arrepentirse. Sus antecedentes penales quedarían cancelados y hasta podría iniciar acciones contra el Estado, reclamándole los daños tasados para estas cuestiones, y contra los técnicos del Cabildo de Gran Canaria que informaron en contra de sus permisos y actuaron de testigos de cargo en el juicio correspondiente. Qué mal eligió la Fiscalía para poner en práctica un caso ejemplarizante de delito ambiental.

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La misma petición que en el Mamotreto

Sorprenderse a estas alturas de que el Gobierno de Mariano Rajoy, donde se sienta José Manuel Soria, concediera el indulto parcial a Miguel Ángel Ramírez equivale a ser un marciano. Además de previsible, es una decisión proporcional al disparate que, desde un principio, fue este proceso. Ya resulta extravagante y desproporcionado pretender infligir a cualquiera un golpe tan fuerte (tres años de cárcel) por unas construcciones ilegales del calibre de las que ocuparon a jueces, fiscales y Seprona en este caso. Toda España (y parte del extranjero) acaba de asistir atónita a una sentencia por un daño ambiental descomunal en las costas gallegas que se ha saldado sin condenas a los responsables directos, indirectos o diferidos de la catástrofe del Prestige, y aquí en Canarias son múltiples los atropellos urbanísticos que no merecen la menor atención de la Fiscalía. El caso Mamotreto (playa de Las Teresitas) que se sustancia estos días en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, merece para la misma fiscalía igual consideración penal que los muros, la pérgola y la pajarera de Ramírez, cuando a los principales encartados se les acusa de levantar un edificio con dinero público sin autorizaciones de ningún tipo a sabiendas y en zona de protección de Costas. Si tanto interés tiene el Ministerio Público en cazar a Miguel Ángel Ramírez quizás debiera centrarse en otras actividades suyas relacionadas con adjudicaciones públicas o relaciones laborales. Pero con un consejo gratuito por anticipado: que se arme bien de pruebas, porque lo conseguido en este caso es tan ridículo que volver a patinar con el mismo encartado equivaldría a elevarlo a los altares definitivos de la intocabilidad.

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6,7 millones sólo en costes laborales

Las prebendas y ventajas repartidas por los antecesores de Paqutia Luengo al frente del ITC pasan ahora factura a la supervivencia de la empresa y de la totalidad de la plantilla. Hay datos sensibles que el Gobierno no quiere soltar ni a palos, pero otros están a disposición del público municipal y espeso a poco alguien le dé por investigar. Las cuentas anuales de esa empresa pública, por ejemplo, reflejan auténticas filigranas contables para ajustar los balances y no entrar en peligro de disolución. Por ejemplo, presenta un endeudamiento de 37 millones de euros y su principal deudor, curiosamente, es el Gobierno de Canarias. Chinche por chinche, todos nos rascamos. Sus activos de propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, etcétera) son pobrísimos si tenemos en cuenta cuál es la actividad que desarrolla (I+D+i): sólo representan menos del 0,1% de su activo. Pero donde se detecta una auténtica sangría para las arcas públicas es en el coste de personal. Sus 105 trabajadores en Gran Canaria cuestan a la empresa entre salarios y Seguridad Social 4,5 millones de euros al año, es decir, un promedio de 38.000 euros al año por persona, que pasan a 6,7 millones si incluimos la totalidad de la plantilla, 165 personas. Comprensible si se tiene en cuenta que un ordenanza, la escala más básica, cobra 1.800 euros líquidos al mes tras la rebaja del 5% lineal aplicada el año pasado a todo hijo de vecino adscrito al sector público, o que uno de sus ejecutivos tiene un complemento personal de 23.000 euros al año. Un plus de transporte de 2.246 euros es aplicado a la nómina de los trabajadores de Pozo Izquierdo a partir del momento en que se abrieron esas instalaciones, pero ha pasado incomprensiblemente a formar parte de los conceptos fijos incluso de aquellos que viven en esa localidad de Santa Lucía de Tirajana o de los que fueron contratados a posteriori. Supone un desembolso total de 151.000 euros al año. Una discriminación si te tiene en cuenta que no lo cobran otros trabajadores de la casa que viven más lejos de sus puestos de trabajo pero que no han de ir a Pozo. O una bolsa de vacaciones de 609 euros por cabeza (97.000 euros en total) que se abona en junio, o un incremento sobre las pagas extra en equivalencia a los complementos específico y de destino que perciben los funcionarios públicos y que cada año cuesta más de 200.000 euros. Poco va a tardar el PP en utilizar estos datos para avergonzar al Gobierno, y más concretamente a su consejera Paquita Luengo, a la que tratan de convertir en diana de todos sus desvelos. Olvidarán, como hacen habitualmente, que el ITC existía cuando ese partido gobernaba con Coalición Canaria casi las dos últimas décadas y que fue durante esa etapa cuando se produjeron los mayores excesos que conducen ahora a esta empresa irreal. Por cierto, uno de los consejeros de Industria que estuvo al frente del invento durante los años 2003 a 2005 fue un tal Luis Soria, hermano de su Excelencia, aquel del concurso eólico, del viaje casual a Magdeburgo y del baño privado con bidé que se hizo arreglar en el edificio de Usos Múltiples.

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ITC: es la guerra

Instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.

Instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.

Se sabe cómo ha comenzado, de dónde vienen los grandes males del Instituto Tecnológico de Canarias, pero no se sabe cómo va a terminar el conflicto abierto ya de modo descarnado entre los representantes de los trabajadores y la empresa, que no es otra que el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Empleo, Industria y Comercio. A su titular, Paquita Luengo, presidenta del consejo de administración del ITC, le ha tocado la peor parte de la historia. Ella que no ha enchufado a nadie a lo largo de la historia de la compañía, con 105 trabajadores solo en Gran Canaria; ella que no es la responsable de ventajosas (y en estos momentos escandalosas) condiciones salariales concedidas a algunos empleados de lujo; ella que no ha cortado ninguna cinta ni ha podido presumir de algún logro exportable. Su último comunicado no deja resquicios: "La única decisión que puede adoptar [la empresa] es la que ya han tomado los trabajadores [el expediente de regulación de empleo], pues de lo contrario hay riesgo de vulnerar la ley y poner en peligro el patrimonio personal de los miembros del Consejo de Administración". Se salva por la campana el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que tras reunirse con la consejera puso en manos de sus técnicos un estudio de las condiciones en las que debía aportar un millón de euros para asumir una parte del personal a través de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria. Se salva la Fundación Parque Tecnológico, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que no tendrá que inventarse el modo de sacar otro millón para pagar su parte de las nóminas y transformar en investigadores propios los que les propuso Luengo cederles del ITC. Y se salva, como dice el comunicado de la consejería, el consejo de administración de la empresa, que pondrá a buen recaudo su crédito alegando que ofreció alternativas y que han sido los trabajadores los que las han rechazado.

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El mal ejemplo de MAR

Las cabras que guarda Miguel Ángel Ramírez en La Milagrosa.

Las cabras que guarda Miguel Ángel Ramírez en La Milagrosa.

Presumía en su Memoria Anual la Fiscalía General de Canarias, presentada al comienzo del año judicial, de la condena recaída sobre el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas. Era una sentencia que se pretendió ejemplarizante, de esas destinadas a hacer palparse las ropas a cualquiera que tuviera en la cabeza construirse un cuarto de aperos en suelo rústico o echar un techo sobre la azotea de su casa para hacer un hueco a las nuevas incorporaciones familiares. El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, puso todo su empeño en que su subordinado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, pidiera la máxima condena prevista en el Código Penal, y hasta se ocupó de hacer ver a los jueces que intervinieron en las dos fases del sumario (juzgado de lo Penal y Audiencia Provincial de Las Palmas) la importancia de este caso de vulneración del ordenamiento urbanístico. Para ello, hizo que se desoyeran las peticiones de los abogados del entonces acusado, hoy condenado, de que se esperara por el fallo de un recurso que había interpuesto ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa que, a la postre, se tornó a su favor declarando la finca sobre la que se cometieron los delitos urbanísticos fuera de las exigencias legales que le llevaron al proceso y a la posterior condena. O al menos fuera de la obligación de pedir determinados permisos en el momento de cursar su licencia, según reza la sentencia en cuestión. Para colmo, el Gobierno ha acordado el indulto del reo y le ha rebajado la pena lo suficiente para que no tenga que entrar en prisión, lo que le libra a él y a sus empresas de un escarnio público de consecuencias verdaderamente graves. Por lo tanto, estamos ante un caso ejemplarizante que ha resultado completamente fallido, una pifia de la Fiscalía que se vuelve en contra de la imagen de la Justicia y profundiza en el sentimiento popular de que no somos todos tan iguales ante ella. García-Panasco eligió mal al chivo expiatorio, eligió mal la infracción urbanística; olvidó la conveniencia de medir la intensidad de las fuerzas en presencia, las relaciones del reo con el ministro José Manuel Soria y el poder del dinero, y no necesariamente por ese orden.

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Pediatría del Materno vuelve a la carga

Ha pasado exactamente un año y los médicos del Servicio de Pediatría del complejo Materno-Insular de Gran Canaria siguen en las mismas: soportando a un jefe que sólo reconocen como tal a los efectos meramente administrativos y esperando a que la gerencia comprenda que con un ambiente de descrédito tan enrarecido hay en juego muchas más cosas que el acostumbrado juego de poderes y de influencias que goza el interesado. Las dos peticiones formales de dimisión que han cursado 28 de los 30 médicos del equipo, las constantes quejas interpuestas ante la superioridad y ante él mismo sólo han servido, que se sepa, para que el Servicio Canario de la Salud haya acelerado la convocatoria pública para la evaluación de esa jefatura, publicada el viernes pasado en el BOC, a la que seguramente se volverá a presentar el doctor Francisco Machado con un proyecto esplendoroso que no ha aplicado durante los nueve años en que ha permanecido al frente del servicio. Se da por hecho que concursará, y de hecho ha desplegado estos últimos meses un esfuerzo de enmienda que han notado sus compañeros pediatras: se acerca ya al cumplimiento de su horario de trabajo y ha tratado de mejorar sus relaciones con los demás facultativos, o al menos con un núcleo que él quiere ganarse para mejor proveer. Un núcleo formado por seis médicos a los que cordialmente invitó a la reciente boda de su hija obteniendo un éxito de respuesta del cien por cien. Los seis, por cierto, firmaron en noviembre de 2012 la misma carta de exigencia de dimisión que otros 28 que no fueron invitados al feliz acontecimiento, quizás porque en el acierto de quiénes iban a aceptar la invitación el doctor Machado ha demostrado gran tino. Nadie se atreve en el servicio a pronosticar si habrá más candidatos a ocupar esa jefatura y, de haberlos, cuál va a ser el grado de influencia que para vencerlos pueda tener el discutido doctor, esposo de la diputada nacional del PP Matilde Asian y muy conectado con las autoridades sanitarias y no sanitarias del Partido Popular.

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Antonio Castro pone tierra de por medio

Luego están los que tiran la piedra y esconden la mano. Verbigracia, Antonio Castro Cordobez, presidente del Parlamento y de Coalición Canaria en La Palma. A él se le atribuye la expulsión decretada por González Taño de los consejeros socialistas del grupo de gobierno del Cabildo en julio pasado, lo que desembocó directamente en la moción de censura que se debatirá este viernes a mediodía en esa Corporación. No estará por los alrededores, ni siquiera en Tenerife, su segunda isla de residencia, el autor intelectual de tan chapucera pirueta, que le agradecerán eternamente (de triunfar la moción) la decena de personas de su partido que se quedarán en el paro. Antonio Castro Cordobez estará ese día al otro lado del Archipiélago, en la isla de Fuerteventura, donde la Mesa del Parlamento ha programado un acto protocolario consistente en entregar a su Cabildo la Medalla de Oro de la Cámara ahora que se conmemora el centenario de estas instituciones de la Comunidad Autónoma. Le acompañará la Mesa del Parlamento, por supuesto, lo que significa que tampoco estará en La Palma ni en los cuarteles generales del PSOE su secretario de Organización, Julio Cruz. Completan la delegación parlamentaria a la isla de Fuerteventura, con sus correspondientes dietas, los diputados del PP Águeda Montelongo y Manuel Fernández, una representación de lujo que culminará tan ajetreada mañana con un almuerzo. De trabajo, por supuesto.

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Rubalcaba y Rivero profundizan en la alianza

Los censurantes de La Palma y muchos otros dirigentes del Partido Socialista en Canarias no parecen haber entendido nada de lo que está pasando. No se trata solamente de fortalecer el pacto con Coalición Canaria, en absoluto puesto en vilo por esta nueva indisciplina por mucho que algunos hayan querido escenificar lo contrario, sino de marcar distancias claras y muy bien definidas con el Partido Popular. No se trata tampoco, como destacan desde la dirección regional, de pactos puramente locales, de esos que se celebran a mayor gloria de los revanchismos y las diferencias personales, sino de un modelo de alianzas políticas que excluya por completo un acuerdo con el partido que ha destrozado los derechos de la gente, que ha arruinado a la clase media, que ha metido en la pobreza a una amplia capa de la sociedad y que desmonta sin recato la sanidad y la educación públicas. Es una necesidad nacional que algunos no saben interpretar todavía. Esa postura de rechazo frontal al PP, y no las reacciones más o menos aisladas a las indisciplinas, es la que a la postre terminará fortaleciendo los acuerdos presentes y futuros con Coalición Canaria. Hay pruebas evidentes cada día en el devenir del Gobierno canario, con decisiones impensables si uno de los socios fuera la muchachada de Soria, y se va a escenificar de manera clara el próximo martes en Madrid: Rubalcaba hará de presentador de la conferencia que en el Forum Europa va a pronunciar Paulino Rivero en el Ritz. Ya hablan de acuerdos de más largo recorrido, como los que el PSOE está sellando con las demás fuerzas políticas opositoras (IU, PNV, CiU o UPyD) para recuperar el poder en 2015 y reparar los estropicios que dejará el PP. Este jueves, en El Paso, isla de La Palma, se celebrará por el contrario una concentración para exigir que el PSOE readmita a los seis rebeldes. Les señalan la luna y se quedan mirando al dedo.

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Un puticlú

José Carlos Francisco, este miércoles.

José Carlos Francisco, este miércoles.

¿No queríamos un cambio del modelo productivo?, pues ahí tenemos uno, el que propone el ex consejero de Economía y Hacienda y presidente de la patronal de Tenerife José Carlos Francisco: convertir a Canarias en el gran puticlú del Atlántico Medio, con casinos por todas partes al más puro estilo de Eurovegas o Macao, pero con un par de grandes marinas marca Pepa Luzardo y una base militar modelo "como Dios manda", que debe ser una cojobase de agárrate y no te menees, con grandes hangares, diques llenos de portaviones, enormes edificios de residencias para militares, campos de béisbol y de fútbol americano, más pistas de aterrizaje, hamburgueserías en cada esquina... Y, por supuesto, con autorización plena y bajo palio a las prospecciones petrolíferas y al establecimiento de todas las plantas regasificadoras y transformadoras que sean menester para atender las necesidades sobrevenidas. Al carajo la plataforma logística de ayuda humanitaria; a tomar por saco eso del gran hub atlántico; olvídense del centro referente global de nuevas tecnologías y energías renovables, y asuman la renuncia expresa a nuestro modelo turístico de sol y playa con unos valores naturales reconocidos en el mundo entero. Se trataría, según esta original propuesta, de convertirnos en un gran centro de juego y en una plataforma militar donde el señor Francisco pueda fumarse sin prohibición que valga sus afamados puros habanos, porque en un paraíso así quedan abolidas todas las restricciones que puedan incomodar a nuestros nuevos y benefactores huéspedes. Un puticlú es un puticlú, con todas sus consecuencias.

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Expulsiones en firme

Anselmo Pestana, líder de los expulsados.

Anselmo Pestana, líder de los expulsados.

Por si alguien abrigaba la esperanza de que fuera otra fantasmada del PSOE para agradar a su socio de Gobierno, Coalición Canaria, ahí tienen la prueba contraria: este miércoles fueron notificadas por el conducto reglamentario las expulsiones definitivas de los seis consejeros socialistas en el Cabildo de La Palma que firmaron la moción de censura contra su presidenta, Guadalupe González Taño. Lo tienen acreditado los seis rebeldes, que se escondieron durante días para evitar las notificaciones, remitidas por el PSOE vía correo electrónico, por burofax y a través del secretario de la Corporación, que ya tiene además conocimiento oficial de que ese partido se queda sin grupo político propio. Se queda sin excusas Coalición Canaria para interponer las acciones judiciales que anunció, y sin argumentos para reprochar a su socio cualquier connivencia con los censurantes, cualquier artimaña de las pregonadas irresponsablemente por algún que otro alto cargo socialista en tono conciliador con una mano y con el cacharro de la gasolina en la otra. Se disipa, por lo tanto, la esperanza de que el PSOE vuelva a readmitir a los rebeldes porque, aunque recurran a la justicia, los antecedentes locales y peninsulares avalan la decisión disciplinaria por tratarse de la aplicación de los estatutos de una organización que puede irradiar a quien considere irradiable. Con perdón. Por lo tanto, desde este miércoles, los seis consejeros elegidos en la lista del PSOE en 2011 han adquirido por decisión propia (fueron reiteradamente advertidos por la dirección federal) la consideración de tránsfugas, lo que teóricamente habría de obligar al secretario del Cabildo a aplicar las más recientes reformas legales y exigir una mayoría reforzada (seis votos más) para que triunfe la moción de censura que habría de convertir en presidente a Anselmo Pestana. Si no lo hiciera, como ocurrió en Tacoronte, el pleito está servido, y aunque los censurantes acaben el mandato en ese nuevo estado político, acordado con el PP, allá cada cual con las consecuencias.

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