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Expulsiones en firme

Anselmo Pestana, líder de los expulsados.

Anselmo Pestana, líder de los expulsados.

Por si alguien abrigaba la esperanza de que fuera otra fantasmada del PSOE para agradar a su socio de Gobierno, Coalición Canaria, ahí tienen la prueba contraria: este miércoles fueron notificadas por el conducto reglamentario las expulsiones definitivas de los seis consejeros socialistas en el Cabildo de La Palma que firmaron la moción de censura contra su presidenta, Guadalupe González Taño. Lo tienen acreditado los seis rebeldes, que se escondieron durante días para evitar las notificaciones, remitidas por el PSOE vía correo electrónico, por burofax y a través del secretario de la Corporación, que ya tiene además conocimiento oficial de que ese partido se queda sin grupo político propio. Se queda sin excusas Coalición Canaria para interponer las acciones judiciales que anunció, y sin argumentos para reprochar a su socio cualquier connivencia con los censurantes, cualquier artimaña de las pregonadas irresponsablemente por algún que otro alto cargo socialista en tono conciliador con una mano y con el cacharro de la gasolina en la otra. Se disipa, por lo tanto, la esperanza de que el PSOE vuelva a readmitir a los rebeldes porque, aunque recurran a la justicia, los antecedentes locales y peninsulares avalan la decisión disciplinaria por tratarse de la aplicación de los estatutos de una organización que puede irradiar a quien considere irradiable. Con perdón. Por lo tanto, desde este miércoles, los seis consejeros elegidos en la lista del PSOE en 2011 han adquirido por decisión propia (fueron reiteradamente advertidos por la dirección federal) la consideración de tránsfugas, lo que teóricamente habría de obligar al secretario del Cabildo a aplicar las más recientes reformas legales y exigir una mayoría reforzada (seis votos más) para que triunfe la moción de censura que habría de convertir en presidente a Anselmo Pestana. Si no lo hiciera, como ocurrió en Tacoronte, el pleito está servido, y aunque los censurantes acaben el mandato en ese nuevo estado político, acordado con el PP, allá cada cual con las consecuencias.

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Alba, Valverde, Duce

Salvador Alba.

Salvador Alba.

No son canarios de nacimiento, pero todos ellos han echado raíces aquí, así que nos vamos a referir a ellos con ese gentilicio, con la venia. Son los tres canarios que aparecen en el largo listado de aspirantes a ocupar vocalías en el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que el PSOE y las demás fuerzas políticas han pactado finalmente con el PP para al menos no dejarle todo el terreno libre a Gallardón, mientras se sustancia el recurso contra esta extravagante reforma del órgano de gobierno de los jueces. Como estaba previsto, en la lista aparece, con el aval de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, uno de los que menos ha ocultado su deseo de ascender de la mano del Partido Popular. Dicen los conocedores de los mecanismos de apoyos y rechazos que no tiene muchas posibilidades, pero ahí está el hombre. En la lista de los no asociados aparece el nombre de un ilustre de la judicatura canaria, el muy influyente Rafael Fernández Valverde, magistrado del Supremo, propuesto por el ministro Soria, al que los más expertos del lugar sitúan sin embargo en la vicepresidencia del Tribunal Supremo, cargo de nueva creación que el ministro de Justicia debe haber inventado para hacer hueco a tanto recomendado. Y, sorpresivamente, sin que se conozca que se haya postulado ni apareciera jamás su nombre en las quinielas, por el ala izquierda ha asomado el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Canarias Ignacio Duce. Asociado a Jueces para la Democracia, Duce pasa por ser un candidato muy bien visto en el Partido Socialista, particularmente en su sede federal de Ferraz. Nos consta en el listado el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, porque de hecho no aparece en los elegibles ni un solo fiscal pese a ser esa la oposición que un día aprobó el ministro Gallardón y ser el Ministerio Fiscal el que se pretende fortalecer con las reformas penales que impulsa ese atrabiliario ministerio.

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Mutis de Reverón

Dicen algunos cronistas asistentes este martes al juicio del Mamotreto de Las Teresitas que la ex concejala de CC, luego teletransportada al PP, Luz Reverón, salió bien parada de la declaración de algún testigo ante el tribunal porque parece haber quedado claro que siempre pedía que los expedientes le llegaran bien informados. Es decir, que no firmaba nada que no contuviera los preceptivos informes positivos. La fiscalía, que pide para ella dos añitos de prisión, no lo ve del mismo modo porque, a su juicio, cuando llegó a la Concejalía de Urbanismo en 2007, con los reparos del interventor ya solventados, se empeñó en firmar el contrato de obra con la constructora a sabiendas del cúmulo de irregularidades urbanísticas (deslinde de Costas y ausencia de permisos del Gobierno de Canarias) que pesaban sobre el suelo donde se desarrollaría el proyecto del arquitecto francés. Reverón también se acogió a su derecho a no contestar ante el tribunal que la juzga por prevaricación y por un delito contra la ordenación del territorio. Nos preguntamos si habrá cobrado dietas por desplazarse estos días (este miércoles continuará la vista oral en el palacio de Justicia de Santa Cruz) desde La Gomera, donde ejerce ese cargo tan decisivo para el futuro de la humanidad como es el de delegada del Gobierno en la isla. La nombró a tal fin el Partido Popular, que guarda un espectacular silencio acerca de la acusación que pesa sobre este cargo público, al que no se le aplican las resoluciones congresuales que obligarían a su expulsión por el simple hecho de estar incursa en una acusación penal, como es el caso. Suponemos que rezan para que sea absuelta para, acto seguido, acusarnos a todos los que pedimos su dimisión de hacer juicios paralelos, de no respetar la presunción de inocencia o de ser unos toletes. Los que incumplen sus propios estatutos son, sin embargo, ellos mismos. Ojalá no resulte condenada para así poderla ver algún día de viceconsejera de Pesca explicando a los funcionarios la necesidad de acabar con esa plaga infecta de agresivas algas (o sebas) que te arañan toa cuando estás nadando tan ricamente por esas playas nuestras.

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Y todo porque hubo una denuncia

El gran ausente de esta causa del mamotreto de Las Teresitas es, sin duda, Miguel Zerolo, que continúa sorteando el inicio del juicio por el pelotazo del frente de playa y los terrenos aledaños de ida y vuelta en el Tribunal Supremo. En esta ocasión dejó que fueran sus subordinados los que cocinaran el engendro mediante una sucesión de decisiones que evidenciaban la impunidad con la que se actuaba en aquellos años en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Si no había informes que avalaran la decisión política, un funcionario o funcionaria se ocupaba de elaborarlos; si había reparos del interventor, se hacía una pirueta y, ale hop, reparo levantado? Si Costas o la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural abrían expediente o avisaban de modo solemne que aquello no se podía hacer, ni se inquietaban, seguros que estaban de que cuando la obra estuviera terminada no habría ningún valiente que se atreviera a derribarla. Era (y en algunos sitios sigue siendo) el comportamiento marca de la casa de la corrupción urbanística extendida a lo largo de toda Canarias. No contaban con otra denuncia ciudadana, como ocurrió con el caso Las Teresitas: la organización ecologista ATAN metió el asunto en los juzgados y, fruto de esa acción, ahí tienen a los presuntos responsables respondiendo en un banquillo a penas de cárcel e inhabilitación. Ninguna administración con competencias en el asunto denunció de oficio, como corresponde a quien, como cualquier ciudadano, está obligado a actuar ante el conocimiento de un delito. Ni el alcalde, con las competencias delegadas en sus concejales ahora acusados, ordenó parar aquel disparate. Para los más visionarios del lugar, con don Pepito al frente, habría que perdonarlos y terminar el mamotreto. Para la justicia de los tribunales y la justicia de los ciudadanos es necesario que paguen sus culpas los corruptos, que del bolsillo de los vecinos ya ha salido el pago correspondiente. Y seguirá saliendo.

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Silencio en el Mamotreto

Luz Reverón, una de las acusadas por el Mamotreto.

Luz Reverón, una de las acusadas por el Mamotreto.

Ahí lo tienen en todo su esplendor: el Mamotreto. Un símbolo faraónico de lo que muchos defienden por la grandeza y el glamour de la ciudad, aunque para enorgullecerse sea preciso llevarse las leyes por delante: proyecto de arquitecto estrella, en una playa que, cuando se planificó, debió haber estado plagada de grúas de los González y los Plasencia, para entonces prometiéndoselas muy felices con el pelotazo otorgado por Miguel Zerolo, el alcalde desaparecido del primer juicio que tiene que ver con el asunto. Siete personas, cuatro de ellos exconcejales, una de estos cuatro directora insular de la Administración del Estado (delegada del Gobierno) en La Gomera, y tres técnicos sentados en un banquillo respondiendo por los delitos más repetidos en la historia de Santa Cruz de Tenerife. Prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, más una suerte de graves negligencias que profundizan en la desafección hacia la política y que vienen costando a las arcas municipales dos millones de euros tan solo en gastos de vigilancia de un insulto al ciudadano. Un mamotreto, sinónimo de aquí estoy yo para infringir la ley, pero ¿a que queda bonito como remate a la playa un centro comercial y un parking diseñado por Perrault? Mamotreto fue el término que se le endilgó en los noventa al centro comercial El Muelle, en Las Palmas de Gran Canaria, levantado por el capricho y sus cosas de ellos de aquel presidente portuario de nombre Luis Hernández y aquel alcalde, José Manuel Soria, empeñados en la gesta. Casi dos décadas después hay que autorizarle un uso entonces prohibidísimo y permitir una superficie alimentaria que justifique aquel disparate rompedor. Mamotreto llaman también a la ofensiva estructura de hormigón levantada desde principios de la década en medio de Santa Brígida para un centro comercial que incumple todo lo incumplible, que supondrá una millonada de indemnización para la constructora cuando por fin llegue la orden de demolición. Y mamotreto es este edificio de Perrault que algunos iluminados creen que habría de ser permitido por la mucha falta que hace una actuación emblemática allí. Los que se sientan en el banquillo han optado por guardar silencio ante el tribunal. Es su derecho. Seguramente ya no tienen argumentos ni poder para defenderse.

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¿Por qué eligieron Arucas?

En el concurso de radios de Canarias todo hace pensar que los Díez & Romeo se vieron desbordados, que no fueron capaces de atender la demanda de empresas que fueron captadas gracias a su agresiva política comercial. Durante la instrucción ha quedado demostrado que este bufete enrola a un nutrido grupo de becarios a los que al parecer pone al frente de un trabajo tan delicado como este. A ellos han culpado los ilustres letrados de lo ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria en los días cercanos al cierre del plazo del concurso de licencias de radio. No llegaban a tiempo y la mejor idea que a alguien se le ocurrió fue falsificar (presuntamente) un sello de la estafeta de Correos de Arucas para hacer creer al Gobierno que las 41 ofertas que se quedaron fuera habían sido entregadas allí antes de las dos de la tarde del 30 de septiembre de 2010. Como en casos así es necesario mandar un fax al organismo destinatario avisando del depósito del envío y tal fax jamás salió, los abogados de la & se inventaron que el artilugio estaba roto. El responsable de esa oficina aruquense alucinaba en colores cuando en sede judicial le preguntaron si aquello le sonaba de algo. Lo negó: ni se había roto el fax ni por allí apareció una cuadrilla de voluntarios de Díez & Romeo con un fleje de papeles con destino gubernamental. El testimonio del denunciante, el viceconsejero de Comunicación, Martín Marrero, arrojaba aún más emoción al asunto. Marrero vive en Arucas y desde el principio le extrañó que alguien pudiera alegar que había cola en el Registro de Presidencia (cuestión que se demostró falsa) y acudiera para solventarlo a una oficina de Correos, la de su ciudad, que habitualmente está saturada de público y tiene difícil acceso y más complicado aparcamiento para una operación como la relatada por los letrados madrileños. Para colmo, una pericial de la Policía Científica informaba de que el sello utilizado por el bufete había sido falsificado, posiblemente construido por métodos digitales.

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Tres años por "unas gilipolleces"

En Canarias, en realidad, se llaman "gilipolladas", pero fue la palabra "gilipolleces" la que empleó la abogada madrileña Paula Romeo para calificar las informaciones de Canarias Ahora de 2011 sobre la forma de operar del bufete Díez & Romeo, que la letrada comparte, con la & por medio, con su señor esposo, Jaime Rodríguez Díez. Díez & Romeo, por si no lo recuerdan, es el famoso despacho que presuntamente falsificó en 2010 un sello de la oficina de Correos de Arucas para tratar de colar en el concurso de asignación de licencias de radio 41 ofertas que no les dio tiempo de presentar dentro del plazo. Los cogieron los del Gobierno, y su denuncia por falsedad en documento público ya va camino de juicio después de que el pasado 5 de noviembre la Audiencia Provincial desestimara el último recurso de los dos acusados. El fiscal, como pueden leer en nuestra edición de hoy, pide para cada uno de ellos tres años de prisión y la multa correspondiente. Por su negligencia, que intentaron arreglar con una artimaña presuntamente delictiva, se quedaron sin opción a concursar un buen ramillete de pequeñas empresas dedicadas desde hace años a la radio, empresas que esperaban poder consolidar su actividad después de 20 años sin que se convocara un concurso público de esta naturaleza. Por un módico precio de entre 3.000 y 4.000 euros, Díez & Romeo se ocupaba de preparar la documentación, de gestionar ante la Administración esas ofertas. Es su especialidad, como pregona su propia web y como acreditan otros afectados por su manera de actuar en otras comunidades autónomas. En Valencia, sin ir más lejos, estuvieron imputados tras descubrirse que en los documentos que presentaron a un concurso similar aparecían las firmas de dos ingenieros que declararon ante el juez no haber participado en las ofertas sospechosas. La imposibilidad de encontrar un responsable de esas falsificaciones desembocó finalmente en el archivo de la causa, pero el concurso fue anulado precisamente por esos sucesos. Una hazaña más de los señores Díez y Romeo.

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Bravo de Laguna se desentiende

No lo tiene fácil la consejera Luengo, sin duda, porque a pesar de que este lunes rebajó en algunas octavas su anuncio del fin de semana, interpretado por los trabajadores como un ultimátum "caníbal", el colectivo se presenta unido y combativo. Cualquiera que la conozca sabe que no es mujer de estilo tabernario, más bien lo contrario, y que puede haberse interpretado erróneamente su posicionamiento. Pero, con distinto tono, volvió a plantarse en su oferta: rebajar y segregar o habrá despidos. No ayuda mucho en la búsqueda de una salida al conflicto la postura adoptada por el Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente, José Miguel Bravo de Laguna, ha contestado a la consejera que con él no cuente para arreglar un problema que el dirigente del PP no sitúa en la continuidad del sector de I+D en Gran Canaria, sobre el que a cada dirigente se le llena la boca un día sí y el otro también, sino a un conflicto que tiene el Gobierno que no le apetece en absoluto ayudar a solucionar. Es más que probable que el millón de euros anual que Bravo niega pueda acabar con el ITC, o reducir sensiblemente su actividad y sus éxitos acreditados, lo que le servirá en el futuro para achacar al Gobierno que se fortalezca su homólogo tinerfeño, el ITER, que el Cabildo de esa isla sí sostiene con mucho mimo y que con tanto desentendimiento acabará por echarle la pata por delante.

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Las ofertas siguen sin llegar

Martín Marrero, el denunciante.

Martín Marrero, el denunciante.

Pero la prueba del nueve que corrobora la inmensa invención de Díez & Romeo ha sido, y sigue siendo, que las 41 ofertas que asegura haber depositado en la oficina de Correos de Arucas siguen sin llegar a día de hoy, tres años después, a su destinatario. Y no resulta muy creíble pensar que pudieron perderse por el camino porque estamos hablando de muchos sobres con miles de folios en su interior. Ninguna, pero ningunita, oye. Ya es raro, ¿no? Lo vio claro Martín Marrero cuando, seis días después de que se cerrara el plazo para presentar las ofertas, se le constituyera en su despacho la señora Romeo para pedirle que le dejara presentarlas fuera de plazo porque la huelga general celebrada en España el 29 de septiembre de 2010, víspera del último día de plazo, les ocasionó muchos contratiempos. Sólo a ellos, debió pensar el viceconsejero, porque los demás concursantes presentaron su documentación sin incidencia alguna. En aquella reunión, en Presidencia del Gobierno, la letrada no hizo mención alguna a que había presentado las ofertas en la estafeta de Arucas, sólo reclamaba que se considerara su caso como excepcional y se le permitiera entregar los sobres fuera de plazo. Rechazada tal pretensión, cinco días después apareció por las dependencias gubernamentales otra cuadrilla de becarios de Díez & Romeo con las 41 ofertas y el famoso sello (presuntamente) falsificado alegando que, como Correos tarda mucho, mejor hacían ellos la entrega. Los abogados están acusados de un delito de falsificación continuada de documento público pero, que sepamos, ni el Gobierno ni alguno de los 41 afectados se han personado en la causa para reclamar responsabilidades. Los intentos de Radio El Día y de Radio Aventura por hacerlo fueron rechazados por el juez instructor. Tampoco hay noticia de que se haya formulado denuncia o querella por estafa, teniendo en cuenta que D&R cobró por un servicio que jamás prestó y que, en un rapto que sobrepasa la consideración de gilipollez, trató de subsanar con un presunto delito de este calibre.

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Ultimátum ma non troppo

Paquita Luengo.

Paquita Luengo.

Se tensan las negociaciones, de haberlas, entre el Gobierno y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ante la inminencia de una decisión: desaparición de pluses y segregación de una parte de la plantilla hacia la Fundación Parque Tecnológico, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o aplicación de un ERE que afectaría a una buena parte del personal. El comité intercentros ha tirado por el camino de la convocatoria de una huelga. Peor, imposible. La consejera de Industria, presidenta del consejo de administración de ese organismo, soltó este fin de semana el envite, que cayó como una bomba entre el colectivo laboral, que no parece muy dispuesto a reducir los derechos de un convenio colectivo que data de 2003, cuando la crisis no la veía Pedro Solbes, ni se había planteado escribir un libro para contarlo. Son ventajas impensables en el resto de trabajadores públicos de Canarias e inasumibles en el actual escenario de déficit público y recorte de los gastos en las administraciones: pagas extraordinarias reforzadas, pluses para el transporte al centro de trabajo, pagas personalizadas a algunos responsables? que el Gobierno quiere hacer desaparecer para poder evitar los despidos. A su vez, propone que una parte de la plantilla, sin tener que abandonar su centro de trabajo, pase a depender de la Fundación Parque Tecnológico, de la ULPGC, que habría de aportar un millón de euros al año para el sostenimiento de ese personal de nueva adscripción. Algunos rumores, desmentidos por la consejera, apuntaban este lunes al desconocimiento por parte de la Universidad de estas condiciones, básicamente porque ese dinero habrá de salir de las mismas arcas autonómicas que los recortan por otro lado.

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