Aviso a (técnicos) navegantes

La cosa, para colmo, no quedará en este clamoroso patinazo de la Fiscalía y en ese deterioro añadido de la imagen de la Justicia. El empresario, que respiraba tranquilo al conocer que no entrará en prisión por este caso, anunciaba este jueves a los periodistas que ya está tramitando ante el Tribunal Supremo la revisión de su condena, es decir, su anulación. Y no porque lo diga el indulto, que le recuerda que tiene que demoler lo construido, sino por la sentencia del TSJC que de bendecía sus obras al dar por no vigentes las restricciones en el momento de solicitar sus permisos. De conseguir esa anulación, Ramírez no tendría que tirar las construcciones realizadas, ni pagar la multa de 43.000 euros a la que fue condenado. Ni arrepentirse. Sus antecedentes penales quedarían cancelados y hasta podría iniciar acciones contra el Estado, reclamándole los daños tasados para estas cuestiones, y contra los técnicos del Cabildo de Gran Canaria que informaron en contra de sus permisos y actuaron de testigos de cargo en el juicio correspondiente. Qué mal eligió la Fiscalía para poner en práctica un caso ejemplarizante de delito ambiental.