Soria, a ras del suelo

Intentó por todos los medios mantener la sonrisa. “Dientes, dientes”, se repetía para su interior, al modo que le exigía Isabel Pantoja a su Cachuli en aquellos aciagos días en que el alcalde de Marbella y la tonadillera empezaban a desfilar por los juzgados. Gafas oscuras, de las oscuras-oscuras, traje impecable y paseo triunfal mientras atravesaba la maraña de cámaras y de periodistas que este martes esperaban a José Manuel Soria a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Ni una palabra más allá de los obligados “buenos días”, y ni una mueca de desagrado cuando algunos desconsiderados que pasaban por allí le gritaron “chorizo” y “ladrón”, no necesariamente por ese orden.

José Manuel Soria regresaba a los tribunales de justicia, pero esta vez con notables diferencias. La primera, su condición procesal: acostumbrado a ir de querellante o de demandante, el ex presidente del PP canario acudió como investigado, es decir, como imputado. Se tiene que defender de tres delitos que le imputa la magistrada Victoria Rosell: injurias, calumnias y delito electoral.

La segunda novedad es la instancia judicial: Soria acudió este martes a la Ciudad de la Justicia en calidad de ciudadano de a pie, imputado en una causa de la que se tendrá que defender en un juzgado ordinario, el que correspondería por reparto a cualquier hijo o hija de vecino o de vecina.

No puede reclamar ser investigado, y en su caso juzgado, por un tribunal para aforados como el que le correspondió cuando, siendo vicepresidente, tuvo que responder por el caso salmón. Eso se acabó, un juzgado de instrucción mondo y lirondo, y en el caso de tener que ser juzgado, el juzgado de lo penal que le corresponda de los seis que operan en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

Al ciudadano Soria solo le distinguía del vulgo su aparición con escoltas del Cuerpo Nacional de Policía, que lo fueron a buscar a su casa de Tafira Alta (donde permanentemente hay apostada una pareja del mismo cuerpo policial dentro de un coche camuflado, y perdón por lo de camuflado) para acompañarle hasta los juzgados. Soria está exprimiendo hasta el último día el derecho que al parecer le asiste de disfrutar de escolta policial un año a partir del día de su cese.

Una protección que solo utilizan los que necesitan ir desprendiéndose sin trauma de los aromas del poder, porque no es precisamente el de la seguridad y el de la integridad un problema para todos aquellos que han formado parte del Consejo de Ministros de España. Lejos han quedado -han pasado ya cinco años sin atentados terroristas- las amenazas de ETA, particularmente dirigidas hacia los ministros y ex ministros de Justicia y de Interior.

No es el caso de Soria, por fortuna: salvo error u omisión, no está amenazado por ninguna banda terrorista y los que le gritan chorizo o ladrón por la calle no pasan precisamente de esos atrevimientos.

En la Delegación del Gobierno no hay constancia oficial ninguna de que el ex ministro solicitara escolta y coche policial para desplazarse a un acto particular como el de este martes en la Ciudad de la Justicia. Siendo así, debemos colegir que se trata de un privilegio que le ha sido otorgado desde las más altas instancias del Ministerio del Interior puenteando incluso a quien fuera delegado o delegada del Gobierno.

Dicen en la Policía que la vigilancia pasiva desplegada en su casa de Tafira fue anulada a petición del interesado (que no ha renunciado jamás a escoltas, como pudo verse, por ejemplo, en el entierro de Rita Barberá, en Valencia). Y que fue repuesta una vez su chalet fue asaltado el 24 de diciembre de 2016 por personas hasta el momento no han sido identificadas por la Policía, que va estrechando el cerco alrededor del entorno más próximo al señor exministro.

Además de los policías adscritos, a Soria lo acompañó en todo momento, al entrar, al salir y al declarar, el abogado madrileño Nicolás González-Cuéllar Serrano, que comparte desempeño con otro cliente muy vinculado a José Manuel Soria, el magistrado Salvador Alba Mesa. El destino y unos cuantos informes convenientemente amañados para ser dirigidos al Supremo y a la prensa cómplice unieron a Soria y a Alba en la querella del primero contra Victoria Rosell ya archivada por el TSJ de Canarias, con expresa condena en costas al querellante por temeridad, es decir, por promover una querella política sin maldito fundamento jurídico.

Es la primera vez, sin embargo, que Cuéllar actúa en defensa de Soria sin el respaldo de una institución pública. Otra novedad nada baladí.

Llegado el momento de rendir explicaciones ante el juez sobre esa famosa querella, Soria empezó por considerarla el talismán que habría de librarle de las diligencias en la que ahora se defiende. Más o menos vino a decir el encartado que él tenía razón cuando acusó a Rosell de corrupta porque el Supremo le acabó admitiendo, tres meses después, esa querella por prevaricación, cohecho y retardo malicioso. Se le pasaron por alto, naturalmente, detalles como que su querella fue admitida a trámite precisamente por las maniobras presuntamente delictivas del juez Salvador Alba y por la habilidad de su abogado para esa causa, Eligio Hernández, que copió y pegó el contenido de un informe de ese polémico magistrado sin retirar siquiera el uso de la primera persona.

Soria dejó a Eligio Hernández en la estacada cuando, preguntado este martes por ese copia y pega de un texto reservado de Salvador Alba, hizo recaer en el letrado cualquier tipo de responsabilidad: “Yo no redacto querellas”.

El desempeño profesional del ex fiscal general del Estado salió nuevamente a relucir al debatirse si en realidad ha recurrido el archivo de esa querella de su cliente o solo las costas a las que fue condenado. González-Cuéllar consideró inapropiado descalificar las estrategias procesales de su cliente, objeto de muchos comentarios en el foro canario.

Por las crónicas ya saben que Soria basó su estrategia de defensa en la querella que ahora transita alegando que sus acusaciones a Victoria Rosell fueron las propias de una campaña electoral, es decir, que acusar a un rival político de delinquir forma parte de la normalidad política española en esos periodos. Sostuvo además que fue Rosell la que primero le insultó al haber dicho en debates mediáticos que el PP es el partido de la corrupción, una opinión que exacerbó al exministro, por lo que dice ahora.

No deben ser tan naturales para Soria las injurias y las calumnias en campaña porque él llevó a Rosell a los tribunales por esos dos delitos, con tan poca fortuna que ni la Fiscalía del Supremo ni la Sala de lo Penal vieron en esa querella fundamento alguno ni para admitirla a trámite.

Para acreditar los presuntos insultos de Rosell y lo mal que lo pasó él en aquella campaña electoral, se valió de recortes del periódico La Provincia, de los que extrajo y leyó algunos pasajes que no aportaron mucho a su doctrina pero que le permitieron llenar minutos de intervención para extender a su alrededor una trinchera de comunicación desde la que transmitir sensación de seguridad. Una vieja táctica del individuo en cuestión que le permitió sortear muchas preguntas con aparente solvencia.

En su estrategia reconoció que lo que realmente le irritó fue que la exdiputada de Podemos le acusara abiertamente de utilizar a la Fiscalía para atacar a adversarios políticos. Sólo Soria tenía en su poder el contrato mercantil que milagrosamente apareció en víspera de la campaña electoral en la Fiscalía de Las Palmas y que sirvió a esta para abrir una investigación disciplinaria contra la magistrada, investigación que resultó archivada por el Consejo General del Poder Judicial y anulada por la Justicia por vulneración de derechos fundamentales.

A las preguntas referidas a esos extremos, Soria contestó este martes con una de sus celebradas trolas: “Jamás he hablado con nadie de la Fiscalía” de Las Palmas. Bueno, ejem, Manolo, vamos a correr un tupido velo.

No debió salir muy satisfecho del trance porque aquel paseo triunfal sin abrir la boca ante la prensa, fue sustituido a la salida por una huida devaluada a través del juzgado de guardia, que se encuentra en el lado opuesto del edificio al que estaban los periodistas. La escapatoria fue negociada personalmente por su esposa, María del Carmen Benítez, procuradora de los tribunales.