Así enchufa a sus amigos el presidente de Puertos del Estado

Confirmado. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas pasará este mes de abril de puntillas por el asunto de la querella contra su anterior presidente, Javier Sánchez-Simón, y sus más estrechos colaboradores. Y lo hará para evitar que el que fuera director de ese organismo, José Daniel López, pueda paralizar el expediente laboral en el que está incurso y que, de momento, le ha supuesto una suspensión de empleo y sueldo de seis años. A Sánchez-Simón, a López y al ingeniero Larraz le tienen cogida ya la matrícula en tantos sitios por las rarezas detectadas en los alrededores del dique de Perejil y del muelle de La Esfinge que va a resultar muy sospechoso que no les pase nada. López sigue acudiendo a los tribunales de lo social para reclamar que le resarzan de los derechos que dice haber visto afectados por el expediente laboral por el que le han empurado. Para su causa ha hecho de casi todo en los juzgados, incluso incorporar una grabación que realizó a hurtadillas de una de sus llamadas al actual presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, en pleno fragor del conflicto. En esa llamada, que grabó sin que lo supiera su interlocutor, López pide a Ibarra que ejecute el acuerdo tácito existente históricamente en la Autoridad Portuaria según el cual el director que cesa es automáticamente reconvertido en funcionario de alto nivel con salario de 70.000 euros al año. Y sin pegar un sello, que viene siendo algo consustancial a muchos órganos públicos, por desgracia. El caso es que Ibarra se negaba y se negaba a aceptar esa presión, hasta que un día, de buenas a primeras, llegó de Madrid, concretamente de la dirección general de Puertos del Estado, la orden innegociable de que se procediera a la contratación de José Daniel Pérez en la máxima categoría del organigrama, jefe de área.

 

 

José Llorca, en el disparadero

Luis Ibarra tuvo que transigir ante una orden tan directa del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y finalmente colocar a su protegido en el puesto que reclamaba. López conseguía su propósito de enchufarse, triunfo que no pudo celebrar tranquilamente porque poco después ya caía víctima de sus excesos del pasado y acababa sin empleo y sin sueldo y con una querella en ciernes. José Llorca hacía un nuevo favor a su amigo imponiendo su nombramiento, pero para evitar que los que vinieran detrás cometieran el mismo atropello de autoridad que él acababa de cometer, unos pocos días después decretó vía BOE que esas cosas no se podían volver a hacer en adelante. El presidente de Puertos del Estado está en boca de todos por su amistad íntima con José Daniel López. Se le acusa, ya sin disimulo, de torpedear los primeros pasos de la Autoridad Portuaria para esclarecer los pufos de La Esfinge. Y ahora es él el que está impidiendo que el asunto se termine por desbloquear: en la Autoridad Portuaria llevan meses esperando por los informes que su departamento debe emitir sobre el quebranto patrimonial que podría producirse en Las Palmas por las irregularidades de su amigo José Daniel, es decir, por la cuantificación de las subvenciones de la Unión Europea que con mucha probabilidad haya que devolver por los líos del Perejil y La Esfinge. Si sigue tardando tanto puede que le salpique una rama nada desdeñable de la querella que, con total seguridad, sí irá al consejo de administración del mes de mayo.

 

Guillermo Reyes y Martín Sosa, al banquillo

Lo frecuente en Telde es que quien ocupe el banquillo de los acusados sea siempre José Luis Mena, el inmenso jefe de Urbanismo que sufrió durante décadas ese Ayuntamiento tocado por el infortunio. Mena continúa acumulando condenas de prisión y de inhabilitación, como quien colecciona llaveros, gracias un comportamiento que la Justicia ha encontrado ya en varias ocasiones muy cochino, molesto, insalubre y muy ilegal. Acabará cuando menos lo esperamos, y cuando se sustancien los recursos a los que tiene derecho, con sus huesos en la cárcel. Menos frecuente es que chupe banquillo el más espabilado de la clase, Guillermo Reyes, concejal de Ciuca que ha sido y sigue siendo en los momentos más corruptos de la vida municipal teldense, pero siempre lo suficientemente hábil para quedarse quieto al borde del precipicio viendo cómo los demás se riscan por defectos de frenada. Sin embargo, una cuestión menor en la que la fiscalía ha calzado también por Mena y por el ex concejal Ildefonso Jiménez, lo va a conducir a juicio en plena campaña electoral, concretamente del 11 al 14 de mayo, según ha publicado Canarias7. Al parecer, a los acusados se les atribuye un delito de prevaricación por no haber impedido que una promoción de viviendas invadiera suelo público para parques y viales.

 

Protegiendo a taxistas de Santa Brígida

Las penas que se solicitan para Reyes, Mena y Jiménez no son de prisión, sino de inhabilitación, lo que particularmente perjudicaría a Reyes por su vocación de eternizarse en la política y a Mena porque tanta inhabilitación acumulada le puede frustrar el asalto futuro a otra jefatura de servicio. Pero Reyes de hecho es candidato a las elecciones de mayo por la coalición Unidos por Gran Canaria, que no está teniendo la misma suerte que otros partidos, verbigracia el PP, a la hora de conseguir de la Justicia una prórroga electoral. Reyes intentó que prevaleciera la doctrina del presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, que hizo que se aplazara hasta después de mayo el juicio del caso Faycan, en el que aparecen implicadas otras enormes figuras de la política y la función pública teldense, como la mismísima alcaldesa y candidata del PP, María del Carmen Castellano, y el ya mencionado José Luis Mena Santana. Por desgracia para Reyes, la jueza que le habrá de juzgar no ha accedido a sus pretensiones y su juicio se convertirá en un auténtico espectáculo en plena campaña electoral. Más lejos de esa situación procesal se encuentra el candidato de Unidos Por Gran Canaria al Ayuntamiento de Santa Brígida Martín Sosa Domínguez, a quien el fiscal provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha decidido denunciar inicialmente por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. El asunto arranca del escaso interés que este concejal, actualmente en el PP y en tareas de Policía y Tráfico, se tomó con una serie de denuncias de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria contra taxistas del municipio que recogían viajeros fuera de su demarcación. Las denuncias jamás fueron tramitadas hacia el Cabildo de Gran Canaria, lo que la Fiscalía entiende que puede ser delictivo.

 

“Don Pepito” nunca fue ofensa

Han pasado ya cinco años desde que el fallecido José Rodríguez Ramírez, propietario, editor y director de el periódico El Día, nos demandó ante los tribunales de justicia por considerar que constituía una ofensa que en nuestros comentarios de opinión nos refiriéramos a él con el hipocorístico “don Pepito”. Solicitaba el demandante que cesáramos en el uso de esa denominación y le pagáramos 4.000 euros para resarcirle de los daños morales provocados. Un juez de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife le estimó parcialmente la demanda y nos condenó a abstenernos “en lo sucesivo de llamar ”Don Pepito“, en cualquier medio de comunicación, al actor D. José Rodríguez Ramírez”. Recurrimos, claro que recurrimos, y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife recovó esa sentencia condenando al editor a pagar las costas de esas dos instancias judiciales. Lejos de rendirse ante aquella contundente resolución, don José recurrió ante el Tribunal Supremo, que en una sentencia fechada el pasado día 22, acaba de confirmar en todos sus términos lo dicho por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ha condenado a las costas a los demandantes, José Rodríguez Ramírez y Editorial Leoncio Rodríguez. El ponente de esta sentencia del Supremo, Francisco Marín Castán, parece conocer a la perfección la trayectoria de José Rodríguez Ramírez gracias a otros pleitos sobre los que esa Sala tuvo que pronunciarse por demandas contra otras personas en defensa de su honor. De hecho, en esta resolución se hace referencia concreta a un pleito que dirigió contra el director del Centro de la Cultura Popular Canaria, César Rodríguez Placeres, que también ganó a Rodríguez Ramírez en el Supremo. En el caso concreto del hipocorístico “Don Pepito”, la Sala de lo Civil sostiene que no es una ofensa, ni consta que con su uso se perjudicara a Rodríguez, ni que Canarias Ahora se lucrara con esa práctica. Además, el Supremo recuerda que “el empleo del término utilizado para referirse al demandante no es atribuible en exclusiva al demandado, puesto que desde el año 1988 (…) fue un periodista, el señor González de Chaves, quien se encargó de difundir ese calificativo mediante su uso continuado a finales de los 80”. Chaves fue hasta el otro día colaborador del periódico del demandante.