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El asesino de Laura González será juzgado por coacciones y amenazas

David Batista tiene aún pendiente un delito, que se juzgará en Santa Cruz de La Palma, para el que la Fiscalía solicita dos años de prisión.

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El acusado, David Batista Pérez, este lunes en el juicio. EFE/Cristóbal García

El acusado, David Batista Pérez, este lunes en el juicio. EFE/Cristóbal García

El asesino de la joven palmera Laura González, David Batista, condenado en firme a cumplir 37 años de prisión y a pagar a los padres de la víctima una indemnización de 300 euros, tiene aún una causa pendiente con la justicia. El autor del brutal crimen será juzgado en Santa Cruz de La Palma, mediante procedimiento abreviado, por un delito continuado de coacciones y amenazas con el agravante de género y parentesco para el que la Fiscalía solicita dos años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El delito de coacciones y amenazas no puede ser enjuiciado por un tribunal de jurado por lo que se ha trasladado a un procedimiento abreviado, que ya se encuentra en curso.

La condena del asesino de la joven palmera Laura González, quemada por su ex pareja el 10 de julio de 2015 cuando trabajaba en un establecimiento comercial de Santa Cruz de La Palma, ya es firme. El abogado de David Batista no recurrió ante del Tribunal Supremo la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el pasado 29 de junio desestimó el recurso de apelación en el que se solicitaba una rebaja de pena.

El tribunal impuso a Batista 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con las circunstancias agravantes de parentesco y por razón de género. Asimismo, le condenó a 12 años por un delito de incendio con riesgo para la vida o integridad de las personas que se encontraban en el establecimiento comercial de la Calle Real en el que trabajaba la víctima.   

También deberá indemnizar con 300.000 euros a los padres de su expareja, a los que tendrá prohibido aproximarse y con los que no podrá comunicarse durante los próximos 35 años. Durante todo ese tiempo, tampoco podrá pisar el municipio de Santa Cruz de La Palma.

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