Luz verde a la apertura del juicio oral por el caso Siliuto
La jueza María de los Ángeles Zabala Sanz, del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, ha emitido un auto por el que da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas en el caso Siluto en el que se les insta a que soliciten la apertura de juicio oral contra el concejal del Ayuntamiento capitalino, Dámaso Arteaga, los exediles Norberto Plasencia, Manuel Parejo, Basilio Franco y Juan Antonio Rodríguez (todos ellos de CC), así como otros excargos públicos entre los que figuran María José Gutiérrez (PP), José Luis Martín, David Saenz (CCN) y el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes.
En el auto, fechado el 10 de junio, se ratifica que existen suficientes motivos para considerar que podría existir un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la actuación de los nueve imputados, al dar su visto bueno, como miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, a la compra por parte del Ayuntamiento de un inmueble en el barrio de El Toscal, destinado a acoger la futura sede de la Casa Insular de la Juventud, por una cantidad cercana al doble de la tasación inicial de los técnicos municipales.
En concreto, la adquisición se formalizó el 3 de febrero de 2003 al precio de 612.777,78 euros, pese a que en el expediente administrativo de tramitado el 23 de octubre de 2002 por los técnicos municipales se estipulaba que el precio debería ser de 332.496,76 euros, procedentes de la suma de 221.502,93 euros del valor del suelo y los 110.993,76 euros del valor de la construcción.
Asimismo, y en contra de lo acordado por el propio Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, finalmente, el Consistorio capitalino también asumió el coste de todos los gastos y tributos originados del proceso de la compraventa como el impuesto de transmisiones y el impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (antigua Plus Valía), cuantificado en un total de 10.946,06 euros.
Por todo lo expuesto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife da un plazo de diez días para que se formule el correspondiente escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral del conocido como Caso Siliuto que se inició a raíz de la denuncia presentada por el abogado y concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila.
