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Cáritas acoge a diez personas migrantes para evitar que se queden en la calle al no activarse el protocolo de acogida

Imagen de archivo del rescate de un grupo de personas migrantes que llegaron a España por vía marítima.

Natalia G. Vargas

Las Palmas de Gran Canaria —

Desde el pasado 29 de noviembre, Cáritas acoge a diez hombres de Malí y de Costa de Marfil que llegaron en patera a Gran Canaria al no haberse activado el protocolo de acogida humanitaria, según ha denunciado la ONG. Tras varios días a la deriva y después de pasar las 72 horas en comisaría que establece la Ley, este grupo de personas quedó en la plaza de San Fernando, en Maspalomas, sin lugar al que ir. Fue entonces cuando Cáritas se hizo cargo de ellas, alojándolas en distintas dependencias ante la falta de respuestas de la Delegación del Gobierno. Doce días más tarde, siguen dependiendo de la atención de la Iglesia.

La noche de este miércoles la pasarán en la sede de Escaleritas. Sin embargo, portavoces de las ONG junto a las personas acogidas acudirán este jueves a las 10.30 horas a la Delegación del Gobierno para exigir “soluciones dignas”. “Ahora mismo están en tierra de nadie. Quienes pueden hacerse cargo de esto son Cruz Roja y Delegación del Gobierno, Cáritas no puede sostener esto”, afirma a Canarias Ahora la organización.

Es la segunda vez en dos meses que se da una situación de estas características en Gran Canaria. El 29 de octubre, cerca de 40 personas pasaron la noche en el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, solas y sin atención médica ni social después de haber llegado a la Isla en una patera. Un error de comunicación entre la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno arrojó al grupo a la calle.

Una situación similar se dio en Fuerteventura, donde 28 personas que llegaron a la Isla en una zodiac fueron albergadas en las instalaciones de la organización religiosa Misión Cristiana Modera. Estos dos casos tuvieron lugar mientras el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Gran Canaria, permanecía cerrado por obras para adaptar las instalaciones a los requisitos que la Ley exige para estos espacios. Más de un año después, el CIE reabrió sus puertas el pasado 27 de noviembre.

En la actualidad, interna a 80 personas y según una ONG que visitó las instalaciones “está al máximo de su capacidad”, a falta de que se reabra la planta superior que incluirá 32 plazas más. Según la misma entidad, la situación en la que se encuentran vulnera sus derechos, ya que no pueden comunicarse telefónicamente, no tienen atención jurídica y solo cuentan con una muda de ropa al entrar y una hoja afeitar. Además, Barranco Seco solo interna a hombres por el momento, ya que no cuenta con una sección adecuada y adaptada a las necesidades de las mujeres.

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