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Los ganaderos pedirán a Agricultura que los cupos del REA para forrajes y cereales suban en torno al 20% en 2019

Organizaciones profesionales y el sector productor de carne y leche reclaman que "se controle la repercusión efectiva" de la ayuda a la importación, que se eviten los acaparamientos y que no cambien los niveles actuales de las ayudas

Otros ganaderos de las islas recomiendan a Agricultura que defienda el abono de la ayuda a la importación de forrajes y cereales, para el caso de operadores que son intermediarios, solo cuando se pague la entrega final del producto

El aumento en forrajes y cereales para el año próximo implicaría elevar el presupuesto de estos insumos en 3,2 millones de euros por año; el dinero se debe sacar de restar a los balances de leche y carne para consumo directo

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Granja de vacas de leche, en Canarias

La batalla que se ha desencadenado en las islas para definir otro Régimen Específico de Abastecimiento (REA), el instrumento comunitario (las ayudas o exenciones arancelarias llegan con cargo a la UE) que abarata la importación de alimentos humanos y animales y también de insumos industriales incluido en el programa Posei, se puede decir que no ha hecho más que empezar.

Esta se inició con fuerza este año, tras comprobarse en mayo pasado que los balances de aprovisionamiento de la paja (1), alfalfa, raigrás... (2) y cereales para la transformación (3) se habían agotado en los cinco primeros meses de este año, siete meses antes de lo establecido, pues los cupos están, en teoría, fijados para facilitar el consumo estable y más económico durante todo el año. 

Como en 2017 la crisis por el agotamiento de los balances se produjo en agosto y entonces dejó a muchos de los operadores sin la opción de importar con ayudas del REA esos mismos productos en lo que quedaba de año, los inscritos en el sistema debieron pensar que ello no volvería a ocurrir este año, y así mismo fue: en 2018, debido al acaparamiento acreditado y reconocido de grandes empresas, los balances reseñados se agotaron en mayo, tres meses antes.

Se volvió a batir un récord y ello significa que desde finales de mayo hasta el 1 de enero de 2019 toque pasarlas más difíciles, o lo que es lo mismo: pagar más caros los alimentos básicos para el ganado (paja, alfalfa, raigrás... y piensos que se producen con cereales importados en las islas).

Esta situación, sin duda, ha activado las búsqueda de soluciones para evitar que ocurra lo mismo en 2019 y, con este objetivo, ya ha empezado la lluvia de propuestas dirigidas a la Consejería de Agricultura, entre la que sobresale la arbitrada por ganaderos de Tenerife vinculados a Agate y organizaciones profesionales agrarias. No son las únicos, pero sí están en los papeles.

En este caso, se solicita a Agricultura que defienda la aplicación de varias medidas, de cambios en los balances de aprovisionamiento para 2019 que se resumen de la siguiente manera: a) elevación del cupo de la paja de las 33.000 toneladas actuales a las 40.000 (+21%), con una subida de 7.000 (0,5 millones de euros más en la subficha financiera) y la misma ayuda por tonelada, esto es, 72 euros (esta opción no es compartida por la Dirección General de Ganadería, que quiere bajar el nivel del apoyo a este producto); b) el incremento del cupo en el balance de aprovisionamiento de alfalfa, raigrás... en 7.000 toneladas, para pasar de 53.000 a 60.000 (+13%), con la necesidad de meter otro medio millón de euros (la ayuda por tonelada también es de 72 euros), y c) el aumento del cupo de cereales para transformación (elaboración de piensos para animales) en el 20%, de las actuales 220.000 toneladas (cantidad para importaciones desde la UE, las que reciben ayudas, al margen de las exenciones arancelarias) hasta las 242.000 (apoyo por tonelada de 100 euros), con la necesidad de 2,2 millones de euros más por ejercicio anual.

Esas tres peticiones de aumento de cupo obligan a conseguir 3,2 millones de euros extras por año, una cantidad total que, desglosada como se ha indicado, se plantea como solución por parte de los ganaderos locales de leche y carne.

Estos también indican a la Consejería de Agricultura que tales fondos se pueden sacar de otros balances, en este caso de los de leche y carne para consumo directo; o sea, de alimentos procesados que llegan a Canarias con el apoyo de las ayudas comunitarias del REA y compiten de forma clara con las producciones locales.

A esas soluciones, económicas y de ampliación de la oferta disponible con ayudas a la importación de la UE, las mismas fuentes añaden otras que son de aplicación según la norma básica que regula el sistema REA: el Reglamento 228/2013, del Consejo y del Parlamento (programa Posei), y el Reglamento de Ejecución 180/2014, de la Comisión. La idea es conseguir el "abastecimiento regular" que se define en esos reglamentos y, por ello, evitar el acaparamiento de producto que llega a las islas con apoyo público comunitario.

Con este propósito, se propone que haya una cantidad máxima por "solicitud de certificado", que se asigne a cada operador un total anual según un reparto previo y equitativo, y que las cantidades no consumidas en el primer semestre pasen a un fondo para repartirlo de la misma manera. El mismo proceso se haría en el tercer trimestre del año y en los meses de octubre y noviembre, con lo que se define un consumo escalonado a lo largo del año, para garantizar que se cubren todos los meses. De esta manera, se señala, habrá forrajes y cereales con ayudas del REA durante todo el ejercicio anual.

Junto a esa medida, se habla del establecimiento de controles por parte de la Administración autonómica para garantizar que haya una "repercusión efectiva de la ayuda del REA", cuyo beneficio debe ser percibido por el consumidor final, en este caso el ganadero, y también de mejoras en la trazabilidad de los productos comercializados con apoyo del REA. En esta última opción, además incide la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, que dirige el majorero David de Vera.

Otras posibilidades quizá más garantistas

Aparte de la batería de opciones diseñada por ganaderos de Tenerife y organizaciones profesionales agrarias, la ya expuesta, se han lanzado otras opciones, con especial mención a la que alude a que los operadores del REA que funcionan como intermediarios solo cobren las ayudas públicas a la importación cuando sean capaces de demostrar que las cantidades traídas con apoyo público del REA han sido vendidas al consumidor final (más trazabilidad). 

Esta opción, que evitaría el acaparamiento por parte de los intermediarios, pues no podrían cobrar la ayuda del REA hasta justificar que las cantidades traídas han sido vendidas (ahora no es así, sino que se paga demostrando la entrada de la mercancía y en mes y medio, desde la llegada a puerto de destino de la mercancía, se abona el subsidio), lo que solo se debería hacer con el comprobante de abono por parte del receptor de la cantidades comercializadas.

Después de lo ocurrido en mayo pasado, las espadas están en alto y no hay que olvidar que en esta guerra de intereses hay más actores: los importadores de alimentos para consumo directo (las grandes cadenas de distribución, entre otros agentes) y la industria agroalimentaria, esta representada por la patronal Asinca. Asinca, por ejemplo, ha propuesto que a la paja se le baje la ayuda por tonelada de los 72 euros actuales a los 52 (20 euros menos por 1.000 kilos).

Todo está abierto a día de hoy, y tampoco se debe obviar que a la guerra de intereses de los beneficiarios del REA se une la alianza de distintos operadores con los departamentos del Gobierno de Canarias que tienen algo que decir en el nuevo mecanismo, sobre todo Economía, con Pedro Ortega al frente, y Agricultura, con Narvay Quintero de consejero.

En todo caso, la solución que proponga Canarias a este entuerto debe salir de las islas hacia Bruselas antes del 30 de septiembre. Quedan dos meses por delante para lograr el consenso.

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