Audiovisual: el REF debe cumplirse

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Reiteradamente se destaca el lugar predominante del turismo en la economía canaria, en su PIB y en su empleo, y se plantea la necesidad de diversificar nuestro modelo económico, haciéndolo menos dependiente y más sostenible. Un planteamiento que se ha convertido en un clásico del ideario colectivo de difícil plasmación. En ese sentido, el sector audiovisual empieza a contribuir a la diversificación e internacionalización de nuestra economía, posibilitando la generación de empleo cualificado y el fomento del talento de nuestros profesionales; y hay condiciones para que pueda hacerlo mucho más en el futuro. La belleza y diversidad paisajística de las Islas, su clima, sus cascos históricos, su clima, suponen, sin duda, un importante reclamo para llevar a cabo producciones cinematográficas, como ha venido sucediendo en la última década. Pero, hasta ahora, también hemos tenido el enorme atractivo de unas favorables condiciones fiscales para quienes realizaban una película en nuestro territorio.

Digo hasta ahora, porque todo comenzó a cambiar hace trece meses por decisiones del Gobierno central que desincentivan la realización de estas producciones en nuestro Archipiélago; y que suponen, y no es menos relevante para el autogobierno, un grave quebrantamiento de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Ejecutivo español. En cumplimiento de la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 del REF, Canarias ha mantenido un diferencial fiscal para el límite de las deducciones para las producciones audiovisuales un 80% superior al establecido para el conjunto del Estado. De esta forma mientras que para este el límite era de 3 millones de euros, en Canarias ascendía a 5,4 millones. Sin embargo, desde hace algo más de un año se viene incumpliendo con este precepto, al modificarse el Impuesto de Sociedades en el marco del Real Decreto-ley 17/2020 de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid 19. 

En consecuencia, actualmente y por primera vez, una deducción por inversiones es más favorable para gastos realizados en el territorio continental y Baleares que para gastos en Canarias, lo que conculca principios esenciales de nuestro REF y del más elemental sentido común, dejando a Canarias peor que al resto. Con esa reforma se ha ampliado en el ámbito estatal el límite de la deducción, pasando de 3 a 10 millones de euros, sin que, al mismo tiempo, se haya actualizado la disposición adicional decimocuarta del REF antes citada, por lo que en Canarias solo se permite hasta un máximo de 5,4. Esto está produciendo el desvío de esta actividad hacia otras comunidades, situación que se acrecentará en la medida que esta circunstancia no se corrija. 

18 millones de euros

Considero que lo que corresponde es una modificación legal para que en Canarias este límite se eleve a 18 millones, cumpliendo con lo establecido en el citado artículo 94 de la Ley 20/1991. Es coherente con lo que ha sucedido hasta ahora en que cualquier reforma legal que haya supuesto una alteración de los porcentajes y límites de una deducción por inversión a nivel estatal, implicaba la adaptación en paralelo en Canarias, elevando proporcionalmente los citados porcentajes y límites cumpliendo siempre con lo establecido en el art. 94 de la Ley 20/1991 del REF. Esto sucedió en relación con las producciones cinematográficas en enero de 2015 y en noviembre de 2018, que, tras sendos cambios en esta deducción a nivel estatal en el Impuesto de Sociedades, se reformó la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 del REF, de forma que se mantenía en Canarias un diferencial un 80% superior a la deducción estatal. Por lo tanto, no compartimos de ninguna manera las actuales propuestas ministeriales de colocarnos en los mismos 10 millones que el resto del Estado o elevar como mucho el límite hasta 12,4. No estamos hablando de una negociación, como si de una partida presupuestaria se tratara, sino del cumplimiento de un derecho de Canarias, establecido en nuestro REF, en el fuero canario. 

En estos momentos, mientras que la Agencia Tributaria estatal ha informado a las productoras que las deducciones a aplicar respecto al ejercicio del año 2020 alcanzan hasta los 18 millones de euros (20 en el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro, cuyo diferencial con el Estado es del 100%), el Ministerio de Hacienda impulsa una reforma, a través de una enmienda a la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en el Senado, que se incluiría asimismo en la ley de medidas de apoyo al sector cultural, que establece elevar de 4,5 a 12,4 millones el límite máximo de la deducción. Todo esto sucede a pocos días de que las productoras abonen el Impuesto de Sociedades, sin que haya seguridad sobre el tope deducible y sobre si la modificación hasta 12,4 es aplicable a partir de enero de 2021 o tiene carácter retroactivo a mayo de 2020. Un galimatías contrario no solo a un derecho de Canarias, sino al más elemental principio de seguridad jurídica.

Hemos intentado resolver esta injusta situación desde el diálogo y la explicación argumentada al Ministerio de Hacienda de los derechos que nos corresponden. Verbalmente y oficialmente por escrito. Pero, un año después de la modificación, las numerosas iniciativas y solicitudes a la ministra y a los distintos organismos de su ministerio para acometer la modificación puntual de la ley del REF, realizadas por la Consejería de Hacienda y otros departamentos del Gobierno canario, han resultado infructuosas.

Enmienda en el Congreso

También lo hemos intentado resolver en el Congreso de los Diputados. Nueva Canarias, a través de su diputado Pedro Quevedo, presentó una enmienda el 24 de junio de 2020 al trámite como proyecto de Ley del Real Decreto-ley 17/2020, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid 19, tras su convalidación. Al estar paralizado el trámite de este proyecto de Ley, NC volvió a presentar la misma enmienda el 25 de febrero de 2021, en este caso al Proyecto de Ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por si su tramitación pudiera ser más rápida que la correspondiente al proyecto de Ley antes citado.

Por otra parte, NC ha realizado preguntas a varios ministros y registrado una Proposición No de Ley, al igual que ha hecho CC en las Cortes. El Parlamento canario, por unanimidad, aprobó el 24 de mayo una PNL en la que se insta al Gobierno español a que actualice urgentemente “la disposición decimocuarta de la ley 19/1994, de modificación del REF sobre deducciones por producciones cinematográficas en el Archipiélago, de manera que se incremente en un 80% el límite de 10 millones establecido para el conjunto del Estado”. 

Quisiera destacar, por último, que Canarias está llevando a cabo relevantes esfuerzos en este ámbito económico y cultural. Con iniciativas como el Centro de Producción Audiovisual, impulsado por el Cabildo Insular de Gran Canaria, que está finalizando las obras de dos platós de cine y televisión que contribuirán no solo a captar más rodajes al poder rodar en decorados interiores, sino también a lograr una mayor permanencia temporal de las producciones en la isla. Así como Tenerife Film Commission, departamento de la SPET-Turismo de Tenerife, creado “para fomentar la producción audiovisual en la isla tanto de productoras extranjeras y peninsulares como de productoras tinerfeñas, y promocionar Tenerife como lugar de rodaje, asistiendo a ferias, presentaciones y festivales del sector”. Y, también, distintas propuestas empresariales dirigidas a invertir en infraestructuras en este sector.

Estas iniciativas, que contribuyen a nuestra diversificación y cualificación económica, no pueden verse cercenadas por una errónea, injusta y arbitraria decisión estatal. Se trata de un asunto en el que Canarias además de defender el necesario incentivo a las producciones audiovisuales realizadas en su territorio, se juega el respeto a sus fueros por parte del Gobierno central. No podemos tolerar que se siente un precedente en este sentido. La Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias ha decidido por unanimidad no aceptar rebaja alguna en este tema. Utilizaremos todos los recursos jurídicos y políticos para lograr que se cumpla con un derecho de Canarias recogido en su REF, ese que tan poco se entiende desde los centralismos, sean del signo que sean.

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Publicado el
19 de junio de 2021 - 15:37 h

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