A por la corrupción

Parece que la misma palabra en sí está corrupta. Olvidamos que la política es algo que va más allá de escándalos y problemas, de una corrupción que produce cansancio y reacciones contradictorias. De la misma manera que para devolver la cordura a unos mercados descontrolados se pedía aún más descontrol, muchos piensan que alejarse de la política producirá una política más sana, pero en este punto es evidente que después del enfado inicial, del hastío inevitable y de la desafección natural debe llegar una etapa de reflexión y búsqueda de soluciones.

Podemos buscar muchas y seguramente algunas de ellas sólo sirvan para mover un pequeño grano de arena de un gran desierto. Tan seguro como que no hay ninguna que arregle el problema de un plumazo, sobre todo porque un ser imperfecto difícilmente creará un sistema perfecto. Y ante esta realidad, el que se descubra la corrupción es una de las pocas formas de eliminarlas. Sería aún más preocupante que esos casos existieran y no salieran a la luz y que no pudiésemos cada uno actuar en consecuencia.

Empezando por la base tenemos la educación. Educar no sólo para que desde el colegio entendamos lo perjudicial o inmoral de la corrupción en todos los niveles, sino también para crear una sociedad involucrada, participativa y responsable, que se preocupe de los asuntos comunes, que esté vigilante y dispuesta a castigar, en su justa medida, cada caso de corrupción: ser justo con el inocente y estricto con el condenado, el corrupto y el corruptor. Si logramos una sociedad educada en el bien común y con un alto sentido de la responsabilidad y de la pertenencia a una comunidad la corrupción encontrara un mal terreno donde prosperar. Y llegados a un nivel algo más idealista, una sociedad donde se valoren más la honradez y los valores sociales que los bienes materiales la corrupción tendría menos sentido.

Aún así no se puede dejar todo a las buenas intenciones. Las leyes deben enmarcar nuestra convivencia, dándonos herramientas para no dejar nuestro destino en manos de la buena voluntad del resto y procurarnos una sociedad justa. Estas leyes deben permitir castigar al corruptor y al corrupto, diferenciar al culpable del inocente, que no sea rentable y que no sólo se devuelva lo robado o perdido por desidia o mala intención, sino que se pague con creces. Ni indultos a corruptos ni comisiones partidistas, que los juicios no se alarguen hasta que la sociedad olvide, un mayor control a políticos e instituciones, regulando los vacíos legales que permiten las irregularidades y que en muchas ocasiones salen a la luz en estos casos.

Muchas medidas más pueden surgir de un estudio profundo de las leyes y las cuentas presupuestarias pero todas deben tener en común una voluntad de castigar al corruptor tanto como al corrupto, que la corrupción no sea barata o rentable y que se castigue tanto al que se corrompe en el sentido más usual del término, como a aquel que por desinterés o por mala fe tampoco hace bien su gestión, que aún sin enriquecerse personalmente, sí corrompe una institución al convertirla en inútil o incluso en ridícula con gastos absurdos o favores injustos. El error debe estar tolerado, la mala fé o la dejación de funciones no.

La transparencia es un valor que se incluiría dentro de las posibilidades legislativas pero merece un tratamiento aparte. Una legislación efectiva con una sociedad participativa y vigilante podría convertir a las leyes de transparencia en las enemigas más prácticas de la corrupción. Me atrevería a decir más, no es que deba haber una ley para la Transparencia, es que todas las leyes e instituciones deben ser transparentes desde su nacimiento, desde su concepto inicial. Es decir, que todas las instituciones han de ser transparentes y además, desde la redacción de sus reglamentos o planteamientos de trabajo éstos deben ser transparentes y tener en cuenta dicha transparencia en todos sus estamentos.

Esta sociedad educada y regulada ofrecería como resultado inevitable una sociedad más participativa y éste podría ser el aspecto más dependiente del resto de factores o más influyente en el resto, según se mire: difícilmente se podrá tener una sociedad participativa si no ha sido educada en los valores y procedimientos participativos, si no es consciente de los peligros y perjuicios de dejarse llevar o abstraerse de la vida política y participativa, pero tampoco podrá hacer mucho si no existen los cauces legales para ejercer esta participación.

La participación tiene un triple efecto. El primero, vigilante y fiscalizador porque puede escaparse un acto ilegal ante miles de ciudadanos comprometidos, pero es más difícil que escape ante millones de ellos. Como segundo efecto, tendremos una ciudadanía coparticipe de las leyes, que mejore y aporte soluciones. En tercer lugar, una ciudadanía activa produce efectos regeneradores en las instituciones.

En cierta forma es tan culpable como el corruptor y el corrupto aquél que justifica, esconde o tolera la corrupción. La injusticia no mancha sólo al que la comete sino también al que la defiende o mira para otro lado mientras se comete. Desgraciadamente las injusticias y sus promotores suelen triunfar y prosperar por la inmensa cantidad de personas que prefieren no opinar porque no les afecta directamente y esto no pasa sólo en las instituciones sino también en el ámbito laboral y en cualquier otro aspecto de la vida diaria.

Todo este movimiento participativo debe surgir de la vida diaria, de colectivos, plataformas, asociaciones (que también deben ser reforzadas) pero también de dentro de los partidos políticos, porque aunque siempre mejorables, son los cauces más lógicos y prácticos de participación en la política. Por eso, y para finalizar, debemos hablar sobre los partidos políticos como algo a tratar independientemente, aunque sean un importante punto dentro de la participación.

Los partidos políticos deben ser la primera barrera ante la corrupción. Deben propiciar procesos internos para descartar personas y formas irregulares o de ambiciones ilícitas. Deben poder permitir a sus miembros apartar, mediante las elecciones directas, a los posibles candidatos y candidatas que no inspiren su confianza y castigar a los que la traicionen. Los partidos han de ser responsables de sus errores en las listas, especialmente cuando hay pruebas de ello o si han sido condenados y además promover pequeñas medidas que ayudan a prevenir y erradicar la corrupción. Ejemplo de ello, prohibir los dobletes, limitar los mandatos en los mismos puestos, fortalecer los controles internos o perder el miedo a denunciar los casos internos: la ciudadanía valora más al partido que descubre y denuncia un caso de corrupción aunque sea propio, que al partido que por pertenecer a sus siglas, lo defiende a muerte.

Llegados a este punto, es obligada la referencia a la financiación de nuestros partidos políticos. Ésta debe ser pública, sin ninguna duda. A los que pretenden acabar con las subvenciones y ayudas a los partidos políticos les hago la pregunta: ¿Prefieren ustedes unos partidos subvencionados y financiados por entidades privadas? Tendríamos entonces unos partidos políticos patrocinados por marcas.

La financiación política debe ser totalmente transparente, totalmente pública, absolutamente ajena a contribuciones privadas porque si ya los valores económicos influyen en las decisiones políticas más que los sociales, ¿qué puerta abriríamos al admitir que las directrices de un partido pudieran estar en venta ante contribuciones privadas? Si nos quejamos del peso de los mercados en nuestra sociedad este paso llevaría a una privatización de la democracia. El que los partidos políticos dependan económicamente de sus resultados electorales dota de independencia a la participación política y obliga a la búsqueda de coherencia con las necesidades de la sociedad.

Todos los conceptos son transversales al resto de soluciones, educar en participación y conocimiento de las leyes, participar en la elaboración de las leyes, en los partidos. La transparencia no tiene utilidad si nadie está siendo partícipe y fiscalizando esa información. De nada serviría centrarnos en uno de estos conceptos sin completar el resto.

La corrupción es inevitable, pero son las actitudes que tomemos ante ella y los medios que pongamos para frenarla, prevenirla y reducirla las que nos definen como sociedad.

Seguramente hay muchas más piezas para ir fortaleciendo la democracia, porque, aunque es seguro que no lograremos jamás un sistema perfecto, no es menos cierto que tenemos el deber moral y la necesidad sensata de mejorarlo y fortalecerlo hasta lograr ver de cerca esa perfección.