El dominio de las empresas eléctricas

Las empresas que producen y distribuyen la electricidad en España son una pieza esencial del neoliberalismo porque en sus manos está la vida y el bienestar de las personas, el desarrollo de la economía y el control social, gracias a este recurso de primera necesidad, teniendo en cuenta que su único fin es el enriquecimiento dentro de la cadena de dependencia establecida.  

Su margen de beneficio es alarmante, tal y como lo demuestra la nueva subida de la tarifa de la electricidad, que ahora mismo es la más alta en toda su historia. El papel sumiso de los ciudadanos no va más allá de la queja, señalando siempre a los políticos como culpables de esta situación, pero sin articular ningún tipo de mecanismo que pongan fin a esta circunstancia insostenible. Esos políticos ocupan un cargo público gracias a los votos que reciben precisamente de aquellos, con lo cual es el propio votante el que respalda continuamente al neoliberalismo y garantiza desequilibrios tan drásticos como este.  

Por eso, debemos ser autocríticos para replantear y cambiar el modelo de vida y de consumo establecido, pero eso conlleva admitir de entrada que los verdaderos y únicos responsables somos precisamente nosotros. Esto se justifica porque permitimos una relación evidente entre los poderes político y económico y el consecuente dominio jerárquico sobre la población, aceptando esta subida alarmante del costo de la electricidad sin cuestionar que hay que tomar medidas para acabar con esa dependencia y regularizar un servicio que debe ser público, no excluyente, con garantía social y acorde con la renta de las familias de este país.  

El denominado Gobierno progresista de Pedro Sánchez, que de izquierdas tiene poco, se sigue lavando las manos con este tema y es escandaloso que se dedique a publicitar en qué momentos del día y de la noche debemos consumir más o menos electricidad para ahorrar en el coste de la factura. El mensaje que nos está lanzado es claro: las empresas eléctricas son las que mandan y el contribuyente está a su merced, careciendo de protección estatal. Esto supone que el incremento en la carestía de este servicio no solo merma la teórica capacidad de ahorro de las familias, sino que condiciona la supervivencia de quienes tienen menos recursos para hacer frente al pago del recibo de la luz. No exagero con esto último porque durante el invierno pasado, y como norma general a lo largo de los años en esa misma estación, muchas familias de este país estuvieron en una situación límite al carecer de medios para afrontar el gasto del referido recibo, derivado del consumo intensivo de energía para mitigar el frío. 

La realidad es que existe un oligopolio eléctrico en forma de un selecto grupo de empresas, que se han impuesto sobre el resto, y que ha desembocado en el triunvirato formado por Endesa Energía (en manos de Acciona), Iberdrola y Naturgy (anteriormente, Gas Natural Fenosa), mientras que en un nivel inferior están EDP Energía, Holaluz y Repsol Luz, entre otras. Nadie les cuestiona su poder porque invierten en otros sectores de la sociedad como medio para hacernos creer que tienen un compromiso para su desarrollo, cuando en realidad lo hacen por los millones de beneficios que obtienen a costa precisamente del cobro de tarifas abusivas.  

El mejor ejemplo es Endesa, centrada en el baloncesto, hasta abarcar la competición de la ACB, denominada Liga Endesa, y patrocinar a la Selección Española de Baloncesto, tanto femenina como masculina, abriendo fronteras para participar igualmente en las competiciones europeas de la Eurocup y la Euroliga, sin olvidar su vinculación con el patrocinio de la NBA.  

El expresidente del Gobierno, José María Azar, trazó un programa nacional para trocear paulatinamente multitud de servicios públicos con el fin convertirlos en privados. La electricidad fue uno de ellos. De hecho, en 1997 comenzó la liberalización del sistema eléctrico español, gracias a la aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la primera de este campo, a la que posteriormente seguirían otras, y cuyo objetivo era, precisamente, su liberalización para hacerlo más competitivo, tanto en lo que se refiere al propio servicio como al precio.

En España la producción de la electricidad ha estado casi siempre en manos privadas, a excepción de Endesa, que durante unos años fue pública. En la actualidad, el Gobierno, que insisto se presenta bajo la etiqueta de izquierdas, no ha sido capaz de plantar cara a estas empresas y comenzar su nacionalización para revertir el alza de los precios y la especulación. Además, pronunciar el término “nacionalización” supone un alarmismo asociado erróneamente a una política comunista y ese mismo Gobierno trata precisamente de que no se le vincule con políticas de ese estilo con el fin de que no desaparezcan los inversores extranjeros en España, que aportan dinero a otros sectores.  

De hecho, a comienzos de enero de 2021 la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó la propuesta de Podemos de nacionalizar o crear una empresa pública para suministrar electricidad; por el contrario, su pretensión era darle la mano a dichas empresas para establecer las reformas oportunas para seguir contando con su servicio. Y tanto se la tendió que la pretendida reforma no ha sido otra cosa que ese incremento desorbitado en la factura de la luz.

No olvidemos que gran parte de la factura eléctrica son costes regulados por el Estado y es este último el que tiene la capacidad para bajarlos, el mismo que también ayuda económicamente a las empresas eléctricas con los pagos por capacidad, es decir, una remuneración pública al sector privado para que aquellas cubran la demanda de energía que se necesite en un momento determinado por encima de la producción normal. 

A su vez, la creación en 2009 del bono social de luz (descuento en la factura de electricidad) no es más que otro instrumento que favorece en la larga cadena del poder a quienes producen la electricidad y ratifica que las personas más vulnerables dependen de la beneficencia de un Estado que, encima, invierte dinero público en sustentar el modelo especulativo energético auspiciado por aquellas.  

El Gobierno socialista se niega a esa nacionalización, tal y como lo corroboró igualmente el ministro de Transportes, José Ábalos, con lo cual esta formación no tiene ni un ápice de progresista ni menos aún de socialista y demuestra que está al servicio de las compañías eléctricas. Por tanto, los dos partidos mayoritarios en el poder, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desarrollan políticas a favor de las empresas eléctricas, que se contraponen a las de países como Francia, donde la electricidad está en manos estatales y no por ello deja de recibir inversiones de otros países. 

El otro punto clave son las eternas puertas giratorias, que establecen una relación directa de los políticos -tanto a escala nacional como autonómica- con las eléctricas y en las cuales participan los dos partidos referidos, pero también otros como Esquerra Republica de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Aquellos aprovechan sus cargos públicos para favorecer a dichas compañías durante el ejercicio de su mandato público; posteriormente, integran sus juntas directivas como premio y paraíso de su jubilación por su estrecha colaboración previa, desarrollando la red de influencias que han tejido con anterioridad.

De este modo, expresidentes del Gobierno y exministros, principalmente, han alimentado una extensa lista de participación, demostrando que el poder político y el poder económico van de la mano y que hay serios indicios de una financiación opaca de determinados partidos, proveniente de dichas compañías. A modo de ejemplo, en el caso del PP tenemos las figuras del exministro del Interior, Ángel Acebes, que formó parte del consejo de administración de Iberdrola, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que fue asesor externo de Endesa. En la trinchera del PSOE estarían el exministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, como consejero externo independiente de Red Eléctrica; el exministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell, que formaba parte del consejo de administración de Abengoa desde 2009; y el expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, que fue nombrado presidente de la Fundación Iberdrola. 

A la par que se desarrolla todo este proceso, tampoco hemos tomado conciencia del daño que producen estas empresas al medio ambiente porque el problema del elevado coste de la electricidad y su consumo también nos convierte en cómplices de la destrucción de nuestro entorno a manos de aquellas. 

La producción de electricidad se lleva a cabo dentro del régimen de libre competencia y para ello se utilizan preferentemente centrales hidroeléctricas, de gas natural, de carbón y nucleares. Aunque reciben continúas sanciones por parte del Estado, las eléctricas implicadas siguen actuando fraudulentamente porque su actitud les garantiza un margen de beneficio tan amplio que dichas multas son unas migajas en relación a su patrimonio. La vigilancia sobre este tema la efectúa la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que ha sancionado a diversas tanto por vulnerar los derechos de los consumidores como por alterar y pactar el precio de la electricidad al alza. Uno de los casos más sonados se produjo en 2019, cuando Naturgy y Endesa fueron multadas con 19,5 millones de euros y 5,8 millones de euros, respectivamente, por una alteración en los precios de la electricidad. 

Al mismo tiempo, no es coherente que exista el Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene entre sus objetivos fundamentales disminuir la contaminación ambiental y, por el contrario, permita que estas empresas vulneren este principio, a pesar de que publiciten su cara más afable y cínica, comprometida precisamente con el medioambiente. En octubre de 2020 la referida Naturgy recibió el Premio Europeo del Medio Ambiente a la Empresa 2019/2020 de la Comisión Europea por su apuesta directa hacia la transición energética y la sostenibilidad. Por el contrario, el último informe sobre descarbonización del Observatorio de la Sostenibilidad señala que Repsol, Endesa y Naturgy, por ese orden, son las más contaminantes de 2020 con 11,3 millones de toneladas, 9 millones de toneladas y 6 millones de toneladas de gases nocivos para el medio ambiente, respectivamente.  

En este panorama desigual, queda patente que, a día de hoy, la sociedad española no tiene capacidad ni intención de reaccionar ante una circunstancia que demuestra que el poder privado continúa imponiendo las directrices para regir nuestras vidas y que los recursos básicos y estratégicos están supeditados a decisiones donde solo importa el dinero. Ni siquiera nos preguntamos dónde está el techo que podrá fin a este descalabro.