Emalsa, por último

Tocó a la alcaldía de Soria cumplir aquella primera sentencia, lo que hizo con uno de esos aleóps marca de la casa: se limitó a readjudicar a los mismos las acciones y Aquagest (Canaragua) recurrió por segunda vez. Y ha vuelto a ganar. No está claro si con las últimas modificaciones legales esta sentencia es recurrible o no.

Hace meses me hice eco aquí mismo de las conclusiones de dos informes, uno económico y técnico el otro, ordenados por la sala que entendía del recurso; para mejor proveer, creo que se dice. Los dos concluían que la oferta derrotada era, con diferencia, la mejor y más favorable a los intereses públicos de la ciudad. Ya entonces apunté, con las reservas lógicas, que la rotundidad de los informes abonaba la posibilidad de que el Ayuntamiento perdiera; así ha sido.

Nos encontramos, pues, con una pieza más del gravoso legado recibido por el equipo de Jerónimo Saavedra. Sólo que en este caso el asunto se originó con una alcaldía psocialista (con Mauricio y los centristas todavía olartianos de por medio) y lo continuó Soria, responsable de la decisión que acaba de ser anulada.

Esta historia plantea algunas cuestiones. La primera es que nadie explicará nunca las oscuras circunstancias de la primera adjudicación. Y ni les cuento de la segunda, la de Soria. No hay una sensibilidad social y política suficiente para que nadie se rasgue las vestiduras. Y menos ahora, pues con esto de la crisis igual no nos quedan ni vestiduras que rasgarnos. Estamos ante otro caso en que quienes han hecho daño deliberado a los intereses públicos quedan impunes y encima hemos de soportar que alguno se permita dictar doctrina.

Desde el punto de vista ciudadano, habrá que preguntarse por las consecuencias para las arcas municipales; a las que no puede aplicársele ya el plural y si me apuran tampoco el singular “arca” porque los desastres peperos han hecho que ya no llegue ni a monedero. En este punto observo opiniones perversas que no condenan a quienes cometieron la injusticia y percibido algo a cambio sino a los que defienden y logran hacer valer su derecho atropellado. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Lanzarote donde los “malos” son quienes denunciaron la ilegalidad de las licencias de construcción de los hoteles y no quienes las dieron.

Sólo confío en que se imponga el buen juicio y que la empresa ganadora del pleito se entienda con el gobierno municipal y se llegue a una solución que satisfaga los derechos reconocidos y vele por el interés de la ciudad.

Insistiré de nuevo en la frecuencia con que los gestores públicos adoptan decisiones injustas confiando en que el perjudicado se mamará la tranca o no disponga de recursos suficientes para aguantar pleitos largos (éste llevaba 15 años de recorrido). Algo muy parecido al abuso de poder. Hasta que aparece alguien dispuesto y con posibilidades de sostener el pulso y la forma.