Gobierno de Canarias: derroche sin freno por Inocencio Hernández

Semana desastrosa en las bolsas, la mayor caída de los últimos años, los mercados tanto europeos, asiáticos y latinoamericanos se fueron desplomando uno tras otro, la peor semana del Ibex-35 que lleva camino de convertirse en el peor año de la Bolsa española, etc.

Ante este panorama, el Gobierno de Canarias viene presumiendo en sus manifestaciones públicas que ellos ya lo habían anunciado hace un año, pero ¿qué medidas tomaron?

Voy a comentar algunas de esas “rimbombantes” medidas para paliar o amortiguar está situación. En el BOC de este año han salido anuncios de contratación de adquisiciones informáticas para modernizar la Administración Pública de Canarias por un montante de 85.975.756 euros. Sí, han leído bien, más de 85 millones de euros.

Yo me pregunto, ¿cómo en una época de crisis, sabida y anunciada por el Gobierno de Canarias, se puede gastar tantos millones de euros?

Que conste que no estoy en contra de la mejora en el funcionamiento de la administración pública pero algunas de esas medidas dejan mucho que desear y creo que son innecesarias; por poner un sencillo ejemplo en una economía doméstica que está pasando apuros y tiene un buen coche, no lo cambia por otro de similares características de otra marca. Y eso es lo que ha hecho nuestro Gobierno autonómico tan poco eficaz y tan demagógico.

De todos los anuncios de contratación solo me voy a referir a uno y ustedes analizarán si era necesario o no, la aplicación de un nuevo sistema de información presupuestaria.

Actualmente venía funcionado desde el año 1988, el PICCAC ( Programa de Información Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias) un sistema de elaboración propia hecho a medida de las necesidades de nuestra comunidad, lo que ha generado una cultura y un conocimiento acumulado de durante 20 años en el personal de la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos.

Está soportado en tecnología punta siguiendo un modelo similar al de la Agencia Tributaria, en lo que son sus fundamentos de partida y orientado hacia la integración con el sistema de información tributario.

Un detalle muy importante es que su base de datos de terceros es única, siendo la misma para deudores que para acreedores. Si un acreedor de la CAC o de sus OOAA le debe dinero a cualquiera de estos entes, el sistema de ordenación de pagos del PICCAC lo detecta y le da un tratamiento orientado a asegurar el cobro de la deuda antes de materializar el pago.

El nuevo sistema que se propone es un modelo estándar que para su implantación exigirá que la Comunidad autonómica se adapte al mismo, de forma en algunos casos muy traumática.

El pliego de prescripciones técnicas de la nueva contratación ( 14,3 millones de euros ), fue publicado en el BOC 86/2008 de 29 de abril no incorpora utilidades distintas del PICCAC actual, a pesar de que se requieren nuevas mejoras para atender las demandas de los usuarios y las exigencias de la legislación aplicable, pero además se da un paso atrás, porque el nuevo sistema separa la base de datos de terceros deudores, de la de acreedores, rompiendo la tradicional integración entre el sistema de información presupuestaria y el de información tributaria.

Se está configurando un sistema de dispersión de datos y sistemas en lugar de propiciar la integración de sistemas. Ello ataca directamente al principio de unicidad del dato y pone en grave peligro la provisión de servicios webs por la elevada probabilidad de propiciar inconsistencia de los datos referidos a terceros.

Aparate de desdeñar el capital humano atesorado durante 20 años, un dato fundamental en la implantación de cualquier sistema nuevo, se prefiere adquirir a una empresa privada la herramienta de trabajo que soporta la gestión económica ? presupuestaria de la CAC y sus OOAA, ojo al detalle, con el peligro que supone poner en manos privadas el sostenimiento y evolución de los procesos más delicados y estratégicos que pueda tener una Administración Pública. Cualquier desarrollo de nuevos módulos o de cuestiones singulares de Canarias, como la gestión de los recursos del REF y su reparto entre los Cabildos, exigirá un desembolso económico importante, pues se sale del estándar (el resto de CCAA no tiene REF), y supeditado a la decisión de una empresa privada.

Si lo que se pretendía es dárselo a una empresa privada que se diga claramente, y felicidades a la misma por que después de 20 años intentando gestionar este sistema, por fin lo ha conseguido.

Para finalizar nos hacemos la siguiente pregunta: ¿En los momentos actuales es necesario y vale la pena aplicar un modelo nuevo?

Que todas estas actuaciones se hagan en nombre de la modernización de la Administración me parece un verdadero sarcasmo.

Esto es una pequeña muestra de cómo administra los fondos públicos este Gobierno, o mejor decir este desgobierno.

* Diputado Regional

Inocencio Hernández*