La guerra de los cabildos

“Ustedes se quieren cargar los cabildos”, repetía José Manuel Soria desde la tribuna del Parlamento canario. Luego pasó lo que ustedes saben. Se celebraron elecciones autonómicas. Paulino Rivero y Soria ejecutaron el pacto de gobierno que habían negociado antes de los comicios y el estatuto de autonomía que salió del Parlamento con el NO del PP, se convirtió en un texto maravilloso que merecía el respaldo de los diputados peperos. Pero el PSOE se enfadó y rechazó el estatuto que tanto había defendido.

El pacto convirtió a PP Manolo en consejero de Economía y Hacienda. Y, con la lata de gofio en la mano, nuestro hombre se está convirtiendo en uno de los grandes promotores del consenso político en Canarias. Es difícil que siete cabildos y 88 ayuntamientos se pongan de acuerdo. Pero llevamos un par de años de guerra entre el gobierno y los cabildos. El año pasado les cortó las transferencias de golpe, sin avisar. Ahora les plantea el recorte antes de elaborar los presupuestos.

Los presidentes de los siete cabildos rechazan negociar con Soria los presupuestos. Consideran que ha demostrado que no es un interlocutor sensible con los cabildos. El 40 % de los recursos de las corporaciones insulares provienen de los recursos del Régimen Económico y Fiscal, mientras que para el gobierno canario la recaudación del REF sólo supone un 6,6 % de su presupuesto. Dicen los cabildos que el gobierno les debe 75 millones de euros. Responde PP Manolo que no les debe nada.

Es verdad que el debate está contaminado por la cercanía de las próximas elecciones. Todos los cabildos están presididos por dirigentes de CC o del PSOE, por eso lograr la unanimidad contra el presidente del PP es fácil. Pero en medio del humo que causan los disparos de esta guerra sería bueno que leyéramos el manifiesto que se presentó la semana pasada en la capital grancanaria. Se habla de la necesidad de fortalecer el papel político de los cabildos, de convertirlos en auténticos gobiernos de cada isla. El gobierno canario debería reducir sus competencias y tendría más bien un papel de coordinación. El manifiesto lo promueven unos señores que en los años setenta se jugaron su libertad para defender el derecho de Canarias a un gobierno autónomo, mientras que los dos señores que dirigen hoy la autonomía jugaban al envite o se formaban en la educación privada para defender los negocios de la familia.

Una mayor descentralización facilita un aumento de la democracia. Incluso en islas controladas por algunos caciques, es más fácil luchar contra un enemigo que está cerca. El actual modelo autonómico no está funcionando. No hemos logrado enterrar los odios interinsulares. Hemos pasado de un centralismo estatal a un centralismo isleño. Como plantean en el manifiesto la solución no pasa por alternar ese centralismo en el gobierno de la nacionalidad, sino por superarlos.

Es un debate profundo, que requiere muchos matices. Las ocho islas formamos un solo pueblo. Pero eso no debe quedarse en un anuncio publicitario que pone el gobierno en la prensa amiga. Se trata de construir un modelo institucional más barato y eficaz sin renunciar a la identidad nacional canaria. Porque ante poderes como el de Bruselas o Madrid no podernos presentarnos con la fuerza de una sola isla. Es un debate largo. Seguramente cuando esté más maduro el actual consejero de Economía y Hacienda estará dedicado de lleno a sus negocios y sólo será una mancha superada en nuestra historia.

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Juan García Luján