La huelga de jueces

El gobierno quiso centrar el debate en el derecho a la huelga para no hablar de las causas del paro. También utilizó la estrategia de teñir como “huelga política” la movilización judicial. El argumento es tan claro como simplón: fitetú que los jueces son de derechas porque qué casualidad, oye, que van por primera vez a la huelga con un gobierno del PSOE. Pero hay otras casualidades que no se destacan: en 31 años de democracia el gobierno de España ha estado en manos de del PSOE durante 20 años. Es verdad que parece que Aznar estuvo en la Moncloa dos siglos, pero no, el amigo de Bush sólo estuvo ocho años al frente del gobierno, y Zapatero ya lleva cinco. Así que, digo yo que el PSOE tendrá alguna responsabilidad de la situación de la Justicia.

Siempre hay una gota que colma el vaso y es verdad que el desencadenante del malestar de los jueces llegó por el enfoque que hizo el gobierno del caso de Mari Luz. Pero la huelga de ayer no fue una movilización a favor del juez Rafael Tirado, el paro de los jueces tuvo una lista de reivindicaciones que tiene que ver sobre todo con la precariedad con la que trabajan cada día. La falta de un sistema informático eficiente, la creación de 1200 juzgados, la necesidad de acercarnos a la media europea de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, asegurar la cobertura de las vacantes superiores a seis meses de los funcionarios mediante personal judicial. También pedían que se cumpla la ley de retribuciones, pero el resto de las demandas tenía que ver con una justicia que se acerque más su propio nombre.

Pero ya que pedimos justicia hay que decir que sería injusto mirar sólo para el ministro Bermejo. El gobierno canario tiene asumidas las competencias en Justicia. Hay un señor que ha estado calladito desde el inicio del conflicto. Se llama José Miguel Ruano, y aunque lo vimos hace unos meses presentado el uniforme color volcán de la Policía Canaria, se trata del consejero responsable de los recursos técnicos y de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.

Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial Canarias es la segunda comunidad autónoma por la cola en la velocidad de la resolución de los conflictos judiciales. Hablo de la Justicia que afecta al populacho, de los juicios por violencia machista, por agresiones sexuales, por homicidios, por robos, por tráfico de drogas, por despidos laborales? Los derechos no sólo deben estar en los papeles. También deben ejercerse. Una justicia lenta no es justicia, lo dijo PP Manolo, lo dijo Zerolo, lo dicen los absuelven a los imputados millonarios antes del juicio. Lo que no dicen es que la lentitud tiene que ver con la falta de medios y que, precisamente la falta de presupuestos de la Justicia en Canarias es responsabilidad del señor que reparte los presupuestos los días que no tiene cita en los juzgados, un señor que se lamenta de las consecuencias que él mismo toma.

Claudina Morales pidió un carril especial para que circulen los casos de los políticos imputados, para que no sufran tanto los pobrecitos. Pero la falta de medios de la Justicia en Canarias también es responsabilidad del gobierno canario. Esta falta de recursos la padece en carne propia los imputados de clase alta, los del cohecho y corrupción urbanística. Pero los que más la sufren son los que padecen a esos gobernantes.

Juan García Luján