Espacio de opinión de Canarias Ahora
Intervención municipal en EMALSA
En el pleno municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del 30 de octubre, el Alcalde tuvo una comparecencia (no incluida en el orden del día) para hablar de EMALSA, en la que anunció la apertura de un expediente para intervenir la empresa.
Unos días antes ? el 9 de octubre ? la Fiscalía Provincial de Las Palmas había presentado denuncia en el juzgado contra 15 personas (todas ellas directivos o ex-directivos de EMALSA) que habían sido propuestas en sus cargos por los socios privados de EMALSA, que son VALORIZA-SACYR y SAUR-INTERNACIONAL.
La denuncia de la Fiscalía es por posibles delitos societarios que habían implicado perjuicio no solo para el socio público (el Ayuntamiento) sino también para los ciudadanos, teniendo en cuenta que EMALSA se financia a través del precio del agua.
Aunque algún miembro de la oposición municipal acusó al Alcalde de no hacer nada (o de hacer poco) o de mirar para otro lado, la realidad incontestable es que Juan José Cardona y su equipo de gobierno, con respecto a EMALSA, han ido por delante de los acontecimientos y de algunos miembros de la oposición.
El 31 de octubre del pasado año, un grupo de técnicos municipales muy cualificados recibe el encargo del Concejal de Aguas del Ayuntamiento para constituirse en un grupo de reflexión, para estudiar y hacer las recomendaciones que creyeran oportunas sobre la Política Hidráulica Municipal. El informe tiene fecha del 22 de abril de 2013, pero el encargo ? según dicen los técnicos en el propio informe de “Reflexiones y recomendaciones” - lo reciben el 31 de octubre.
Fue en diciembre de 2012 cuando el “caso EMALSA” se publicó en la prensa nacional y local, a resultas de la denuncia presentada en los juzgados de Versalles (Francia) por el anterior presidente de EMALSA (Joel Seche) contra dos consejeros de la sociedad, por mal uso de los activos sociales y ocultación de delitos cometidos por banda organizada.
Por lo tanto el Concejal de Aguas del Ayuntamiento se adelantó en dos meses a la denuncia francesa. Señal inequívoca de que las relaciones Ayuntamiento y socios privados, dentro y fuera del Consejo de Administración de EMALSA, no eran precisamente cordiales.
Después vino la denuncia del Alcalde a la Fiscalía, adjuntando los recortes de prensa y la solicitud ? a propuesta del Alcalde también ? de que se hiciera una auditoría “especial” ? encargada a unos auditores diferentes a los que llevan las cuentas de EMALSA. No resultó fácil conseguir que la mayoría de los miembros del Consejo de Administración (en representación del capital privado, o sea, del 66% del accionariado) aceptaran la auditoría especial. Tampoco que aceptaran que el Alcalde la enviase a la Fiscalía, como ésta le había solicitado en tres ocasiones.
El trabajo de la Fiscalía, analizando la documentación solicitada de EMALSA, incluyendo la ya famosa auditoría ? que no se ha hecho pública por imposición de los socios privados de la compañía - las actas de Consejo, contratos, etc., ha terminado con la denuncia de ésta, ante un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, contra 15 directivos o ex-directivos de EMALSA.
Si uno lee con detenimiento el informe de los técnicos municipales (“Reflexiones y recomendaciones”) saca la misma conclusión que ellos sacaron: Debido a la forma en que se dio entrada al capital privado en EMALSA, el Ayuntamiento no tiene manera de controlar lo que pasa con el agua, ni con su gestión ni con los dineros que ingresa EMALSA.
Si después se lee las 47 páginas de la denuncia de la Fiscalía, se comprende que, precisamente debido a la falta de control, los socios privados han estado haciendo en beneficio propio, lo que han querido con la empresa y con los dineros que en concepto de recibos de agua y de depuración, pagan los ciudadanos.
Posiblemente al Alcalde le gustaría poder controlar, por lo menos, el 51 % de las acciones de EMALSA, pero ese es un gusto caro que la ciudad no puede pagar, y mucho menos en estos momentos.
La otra solución, la intervención administrativa que plantea el Alcalde, debe perseguir que en el futuro, nunca más se pueda abusar de la situación como han hecho los hasta ahora administradores privados de EMALSA, en perjuicio del Ayuntamiento y de los ciudadanos.
Pero ¿Qué pasa con el pasado reciente? Hay que esperar que la justicia haga su trabajo y obligue a devolver a la sociedad las cantidades que, por diversos conceptos (contrato infumable de alquiler estratosférico, contratos a precios disparatados con SERCANARIAS, comisiones sobre alquileres, etc.,) se han pagado con dinero de los usuarios del servicio público de abastecimiento de agua y depuración. Con los cientos de miles de euros que se han llevado de EMALSA, si el juzgado les obliga a reponerlos, seguro que no tendremos subida del precio del agua durante algún tiempo.
Con lo que se sabe de la gestión de EMALSA es inexplicable que hace unos meses el Ayuntamiento, en un concurso público para el control de la calidad del agua de abastecimiento público que produce y suministra EMALSA, y al que se presentaron varias empresas, se lo adjudicara a? ¡EMALSA! ¡La zorra al cuidado de las gallinas!
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