La Justicia parece un cachondeo

Fue en 1985, el cantante Bertín Osborne tenía un chalet que no cumplía con la legalidad. El ayuntamiento que presidía Pacheco decidió demolerlo, para cubrirse las espaldas lo consultó a los juzgados, que dieron el visto bueno. Los peones municipales estaban engrasando los tractores cuando la Audiencia Territorial de Jerez se pronunció: se paralizaba la demolición del chalét. El cantante-coñac organizó un concierto en la plaza de toros para recaudar dinero para todos los afectados por las decisiones del ayuntamiento. La justicia era un cachondeo y Osborne una broma como cantante.

Me acuerdo todo esto cuando veo el caso de la juez Huerta. Retrasos de sentencias, expedientes que se lleva a su casa durante una presunta baja laboral, informe de la fiscalía desde septiembre. Cuando la periodista Belén Molina lo contó en Canarias Ahora se aceleró el proceso. Dicen que el cantamañanas habitual soltó desde el islote de su micrófono que la noticia era falsa, producto de un periodismo dirigido por un terrorista. Eso dijo. Ahora que el CGPJ declaró la inidoneidad de la juez Huerta supongo que hará una campaña a su favor, corporativismo entre inidóneos profesionales.

Vaya por delante todo mi respeto a los problemas personales de la juez. Pero, también tendrán muchos problemas todas las personas afectadas por los retrasos de sus conflictos motivados por la situación de la magistrada. Estamos hablando de por lo menos 32 demandas que se presentaron en el juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife, cinco abogados denunciaron que no se sabía nada de esas demandas. En el juzgado respondían que allí no estaba la documentación y que no sabían nada de la juez que las llevaba, que hacía una año que no estaba en ese juzgado.

La juez mostró su sorpresa cuando se enteró por CANARIAS AHORA que la estaban buscando. Dijo que estaba en su casita, que si la necesitaban podían haber buscado su teléfono en el listín telefónico. Wody Allen no hubiera escrito un guión tan absurdo y simpático. Pero no se trata de coger de chivo expiatorio a la juez Huerta. La administración pública es la responsable de la falta de recursos. Ponerse enfermo, estar de baja un mes, un año o varios años es un derecho en una sociedad avanzada. Es la administración de justicia la que debe sustituir esa baja.

Si hay perras para enchufar a Paco Batllori o a la hermana de la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, también debería haber dinero para sustituir a Huerta o para pagar los desplazamientos de Pamparacuatro para que continúe la investigación del caso Unión. El propio CGPJ que declara la inidoneidad de Huertas niega dar más medios al magistrado que investiga uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Canarias. Y el gobierno autónomo mira para otro lado. Recordemos que fue este mismo gobierno el que se apuntó a inquisidor cuando obedeció a José Manuel Soria y presentó una queja ante el CGPJ contra la juez Victoria Rosell porque había expresado su libre opinión sobre el caso Tebeto, la queja fue archivada porque Franco había fallecido 35 años antes.

En El Correíllo el presidente Paulino Rivero calificaba de anécdota que el juez Pamparacuatro no supiera quién debe pagarle los desplazamientos y las dietas para realizar su trabajo. No aceptó el presidente mi propuesta de prestar su helicóptero-coste cero al magistrado. Puede ocurrir que para este gobierno que Isabel Déniz tenga un despacho oficial pagado con presupuesto público o que Batllori haya estado cobrando un sueldo como asesor en Justicia mientras se dedicaba a otras cosas sea más útil que pagar las dietas de Pamparacuatro o garantizar la sustitución de la juez Huerta. Será más útil para algunos, pero para los ciudadanos es más 'inidóneo'.

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Juan García Luján