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Este título parece ser la apuesta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en relación con la concesión del CC El Muelle, que se extinguirá dentro de pocos años.

Las concesiones administrativas sobre suelo de dominio público portuario, o marítimo-terrestre, tienen la “ventaja”, a diferencia de los usos sobre propiedad privada, de que pueden ser perfectamente reversibles una vez extinguido el plazo concesional otorgado, pues a partir de ese momento el concesionario no tiene ningún derecho a mantener la concesión, y la Administración puede disponer de los usos, y del propio inmueble que se hubiera construido, como estime oportuno, y es más, si decidiera que sea demolido, ni siquiera tiene que asumir ese coste, que debe ser realizado por el concesionario al que se le extinguió el plazo otorgado.

En definitiva, una vez vencido el plazo concesional el reloj se pone a cero, y la Administración tiene total libertad para decidir sobre el uso a dar al terreno de dominio público, y a lo edificado sobre él, es decir, puede incluso demolerlo para construir algo totalmente diferente.

Esto constituye una excelente oportunidad para enmendar, corregir o reorientar decisiones anteriores que se han demostrado como discutibles, poco oportunas, o de escaso éxito, o simplemente decisiones que quizás en su momento tuvieron su sentido, pero que al pasar el tiempo han cambiado las circunstancias y mas tarde se reconocen usos alternativos mejores y mas adaptados a las circunstancias y necesidades del momento.

Dentro de unos años se extingue, por simple vencimiento de su plazo, la concesión otorgada a principios de este siglo para la construcción del CC El Muelle en el Puerto de Las Palmas, así que es un buen momento para repensar mejor cuál es el destino mas adecuado que debe darse a ese espacio, una vez desaparezcan el título y los derechos que existen sobre el mismo.

Al tratarse de suelo de dominio público portuario, es a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a quien corresponde llevar la iniciativa y el liderazgo en este tema, pero al tratarse de un espacio que está situado en el ámbito puerto-ciudad, lo mas razonable es que el destino a dar a esa importante pieza del Istmo sea fruto de la colaboración y el acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, con la necesaria participación de la ciudadanía y de los operadores portuarios involucrados en ese ámbito portuario, de manera que ya todos ellos deberían estar trabajando conjuntamente para dar a ese espacio el mejor uso posible para el interés general, aprovechando así la oportunidad que representa para ello el próximo vencimiento del título concesional del CC El Muelle.

Pero no. Lejos de ejercer su rol de liderazgo en la ordenación del suelo de dominio público portuario para la mejor satisfacción de los intereses generales, y más aún en una pieza tan valiosa y sensible para el puerto y la ciudad, la Autoridad Portuaria se limita, burocraticamente, a dar curso a la pretensión del concesionario para prolongar durante 20 años más su uso actual, mediante la prórroga del título vigente.

La Autoridad Portuaria sabe perfectamente que la normativa que regula esa concesión (las Leyes de Puertos de 1992 y 1997) no permite la prórroga de la misma, porque su objeto no se encuentra directamente vinculado con la explotación portuaria, sino que se trata de usos complementarios propios de los espacios puerto-ciudad del dominio público portuario.

Pero no solo no tiene el valor de expresarlo así ante el concesionario, sino que eleva su solicitud a informe de Puertos del Estado con propuesta favorable a la prórroga, a sabiendas de que ya en una ocasión anterior este órgano informó desfavorablemente, y de que el Tribunal Supremo dictó en 2009 una sentencia sobre este mismo Centro Comercial, expresando que “No cabe sostener que la construcción y subsiguiente explotación de un centro comercial (Area de Actividades Terciarias ”El Muelle“ (Fase I) por el mero hecho de ubicarse en zona portuaria calificada como de dominio público pueda ser considerada como explotación portuaria en los términos de la Ley de Puertos de 1992”.

Es una lástima que la Autoridad Portuaria solo vea por el ojo de los intereses del particular que explota el CC El Muelle para seguir con más de lo mismo, y no aproveche ahora esta oportunidad para hacer algo que no hizo hace más de 20 años, es decir, liderar un proceso de trabajo con el Ayuntamiento, la ciudadanía y los operadores portuarios, para encontrar entre todos el mejor uso y la mejor configuración arquitectónica para ese espacio del Istmo tan valioso y apreciado por todos, con la vista puesta en la satisfacción del conjunto de intereses generales involucrados.

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