Nueva tollina judicial

Lasemana comenzó con el pronunciamiento del juzgado de lo Mercantil que volvió a confirmar el auto de ¡octubre de 2008! en el que prohibía al Gobierno canario el uso del nombre “Canarias Radio” para denominar a la Radio Autonómica. Se trata del tercer pronunciamiento en este sentido. Después vino el informe del Fiscal Anticorrupción que dice que nuestro admirado vicepresidente del Gobierno recibió dádiva de un empresario al que benefició desde el cabildo y el Parlamento y, por tanto, cohechó pero caducó, el Fiscal confirmó el archivo del pescado noruego pero vio delito. El mismito día un juzgado de la capital grancanaria decidió el archivo de la denuncia presentada por el susodicho Excelentísimo PP Manolo contra periodistas, policías y denunciante de la corrupción de la banda Faycán.

Como no hay tres sin cuatro, la tollina judicial de esta semana culmina con el nuevo auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirma la protección de los sebadales de la costa del sur de Tenerife que el presunto consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, decidió desproteger por su cuenta y para nuestro riesgo. El TSJC viene a recordarle al Gobierno canario los informes del Servicio de Biodiversidad, que pertenecen a la Administración Pública, donde se señala que en el caso de la Cimodosea nodosa se protege la especie no el habitat. Las especies protegidas como los sebadales deben respetarse estén donde estén, “está tan protegida una planta de seba en un kilómetro cuadrado como miles de planta en la misma superficie”. Algo que cualquiera con sentido común entiende, porque no podemos proteger la Pardela en Agaete pero no en Teror. Pues no, Domingo, mi niño, eso no puede ser así.

El auto del TSJC que confirma la paralización de la desprotección de los sebadales decretada por Domingo Berriel se basa en 300 alegaciones presentadas por la Federación Ecologista Ben Magec. Los magistrados vuelven a recordar lo que ya dijeron en el auto judicial del 9 de marzo de 2009, que debe de mantenerse la protección de los sebadales de Granadilla, aunque eso signfique paralizar la construcción del puerto en el sur de Tenerife. Lo curioso es que los argumentos de los ecologistas se apoyan en los propios informes del Servicio de Biodiversidad, en los catálogos de protección de especies amenazadas del propio Gobienor canario y en investigaciones de científicos premiados por el propio ejecutivo canario. Claro que estamos hablando de anteriores gobiernos canarios. Porque el gabinete que preside Paulino Rivero, que vicepreside Soria y que tiene como presunto consejero de Medio Ambiente a Domingo Berriel se ha querido olvidar de todos los informes y leyes autonómicas, y se ha aliado con los empresarios que quieren construir el Puerto de Granadilla en una época en la que los tráficos portuarios están bajando. Lo que realmente quieren construir es una planta de gas licuado. El mismo gobiero que dice que hay que apostar por las energías alternativas y el talento frente al cemento, en Granadilla aplica la receta contraria.

Nuevamente la sociedad civil ha tenido que recurrir a la administración de Justicia para protegernos de un gobierno y unos empresarios constructores empeñados en saltarse las leyes para dar pelotazos. En esta ocasión se juntaron el Gobierno canario, la Autoridad Portuaria y los empresarios Transportistas de Gas de Canarias. Como en el caso del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, volvemos a ver políticos de CC y a la Autoridad Portuaria de la mano para beneficiar a empresarios amigos. El auto del TSJC dice que las costas judiciales estarán a cargo de los que recurrieron el primer auto de marzo de 2009. Nuevamente tendremos que pagar con dinero público la defensa de unos intereses privados. Y aquí no dimite nadie.

Juan García Luján