La erradicación de la prostitución y los derechos de las trabajadoras sexuales por Noemi Parra Abaúnza

Frecuentemente en los debates sobre prostitución, se contrapone la erradicación a la legalización, lo que ofrece una visión de la prostitución homogénea y estigmatizadora. La realidad, como sabemos, es diversa por lo que la prostitución también se puede dar de muchas formas, estar motivada por causas diversas, etc. Esto, que nos puede resultar una obviedad, no se suele tener en cuenta a la hora de establecer políticas públicas para abordar la prostitución.Especialmente, hay que diferenciar aquellas situaciones en las que se obliga a una persona a ejercer la prostitución en contra de su voluntad, mediante la violencia, el chantaje, la coacción o el engaño, de la ejercida por voluntad propia. En este sentido, las estrategias que utilicemos para tratar un caso u otro serán diferentes. Estaremos de acuerdo en que, para el primer caso, es absolutamente necesario que se pongan todos los medios para erradicar estas situaciones de vulneración de los derechos de las personas. Pero este hecho no debe confundirse con otra necesidad: otorgar derechos a las personas que ejercen la prostitución de forma voluntaria, para que puedan desarrollar sus vidas y sus trabajos en las mejores condiciones, y se elimine el estigma que tanto pesa, fundamentalmente, sobre las mujeres. En este debate, a pesar de no existir en el estado español un estudio exhaustivo sobre la prostitución, suelen justificarse las medidas abolicionistas aportando datos cuantitativos sin ofrecer las fuentes de estos datos. Hecho tendencioso que se ha venido denunciando por parte de los colectivos de prostitutas y por colectivos feministas. Pero más allá de esto, incluso suponiendo que fuera un tanto por ciento pequeño de trabajadoras sexuales las que lo hicieran sin coacción de terceros y quisieran seguir ejerciendo este trabajo, los poderes públicos deberían contemplar sus derechos para que nadie las explote laboralmente ni se aproveche de la situación de alegalidad en la actualmente están, que castiga con más rigidez a aquellas mujeres que son visibles, que están en la calle. Las políticas sociales inclusivas e igualitarias, se definen precisamente por defender los derechos de las minorías en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la dignidad de las personas está por encima del trabajo que realizan. Una cosa es decir que las condiciones de trabajo en las que se ejerce la prostitución son, en muchos casos, indignas y otra muy diferente es considerar (como defienden las posturas abolicionistas) que lo indigno es ejercer la prostitución, lo que nos lleva a plantear acciones, como las propuestas por el nuevo ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo objetivo es “reinsertar socialmente” a las prostitutas. Las trabajadoras sexuales son mujeres tan dignas e insertadas socialmente como cualquier otra. Mujeres que viven, como tantas, en un mundo lleno de desigualdades y que buscan vivir dentro de sus circunstancias concretas de la mejor manera posible. En este sentido, si realmente queremos mejorar las vidas de las mujeres y conseguir la igualdad de género, es fundamental hablar con las mujeres y dotarlas de autonomía, no quitársela como si fueran menores de edad, decidiendo en base a nuestros parámetros ideológicos que es digno o indigno. De esta forma, es necesario que se dote recursos y derechos a aquellas mujeres que ejercen la prostitución por voluntad propia, para que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo, así como que se posibiliten recursos para aquellas que libremente deseen abandonar la prostitución.Actuaciones como las que se proponen, victimizan a las mujeres que ejercen la prostitución tratándolas como ciudadanas de segunda, hecho que no ayuda a transformar su situación. Ya hemos visto sus consecuencias en otras ordenanzas municipales contra la prostitución de calle, como las de Madrid y Barcelona. Colectivos de prostitutas como Hetaira (Madrid) y Licit (Barcelona) han venido denunciado que las mujeres que no quieren abandonar la prostitución son perseguidas y acosadas, vulnerándose derechos fundamentales como son la libre circulación o el respeto a su dignidad. Además, la penalización de los clientes empeora las condiciones de trabajo porque los tratos tienen que ser rápidos y semiclandestinos con lo que las trabajadoras del sexo terminan perdiendo en estas negociaciones. Es decir, cuando la filosofía abolicionista guía las decisiones políticas presenta problemas que, en lugar de favorecer a las mujeres, como se pretende, acaba empeorando su situación, dejándolas más desprotegidas que como están en la actualidad.Como feminista, considero que es necesario que las mujeres nos construyamos como sujetos autónomos. Nuestro reto es ampliar los márgenes que nos limitan para tomar decisiones sobre nuestras vidas, en definitiva, emponderarnos como mujeres. En este sentido, no parece conveniente que se elaboren políticas de igualdad al margen de las mujeres afectadas, sin contar con su voz, máxime cuando han expresado públicamente su disconformidad con estas políticas. Las trabajadoras del sexo tienen que ser reconocidas como sujetos sociales y de derechos, y tanto el debate que se genere sobre esta actividad como las medidas concretas que se adopten, deben servir para que puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y esto repercuta tanto en su autoafirmación personal como en la normalización de esta actividad. Acabemos con la discriminación y las situaciones de vulneración de derechos hacia las mujeres, pero contando con ellas, porque puede que las medidas que tengamos en marcha, lejos de otorgar autonomía y mejorar nuestras vidas, nos hace el flaco favor de quitarnos el rostro y la voz, incluso de llegar a afirmar que “no sabemos lo que queremos”. Las políticas sociales que tiendan a la inclusión y a la igualdad contra la vulnerabilidad de las mujeres, deberían incrementarse, pero en mi opinión deben partir del análisis de la realidad, teniendo en cuenta la pluralidad de posturas en el seno del feminismo sobre la prostitución, así como a los sectores implicados. Una política participativa debería considerar por igual a todas las partes implicadas, en este caso también a las prostitutas, y no sólo a algunos colectivos sociales y a los vecinos, ya que si no corremos el riesgo de que bajo el paraguas de la participación social y la defensa de los derechos de las personas, se sustenten posiciones irrealistas, paternalistas y moralistas sobre la prostitución, que la fin y al cabo, generan más exclusión.(*) Noemi Parra Abaúnza es miembro de la corriente Otras Voces Feministasy de Canarias Alternativa.

Noemi Parra Abaúnza