Comprendemos la alegría un tanto histérica del alcalde de Santa Cruz de Tenerife y de sus concejales ante el auto del TSJC sobre la ejecución de sentencia del contencioso-administrativo de Las Teresitas. A medida que los expertos van analizando los detalles y descubriendo los sutiles matices, empiezan a encajar determinadas piezas que, si nadie recurre hasta la casación misma, podría hasta afectar a la investigación penal puesta en marcha tras una durísima querella de la Fiscalía Anticorrupción. Porque es cierto que el magistrado ponente del auto, Pedro Hernández Cordobés, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife, ha reinterpretado de un modo muy peculiar el mandato del Tribunal Supremo de anular (o sea, anular) la compraventa de Las Teresitas y pretende tutelar algo que se queda a medio camino, es decir, la fijación de una nueva tasación que, de ejecutarse, mantendría la operación prácticamente igual. La convalidaría, por emplear palabros del auto judicial, subsanando la eficacia de la compraventa únicamente en lo referido al precio.