Amurga abre la veda

Es muy difícil encontrar en la historia reciente de Canarias un caso similar al de la compra de fincas en la zona de Amurga por parte del Cabildo de Gran Canaria a un grupo de propietarios entre los que se encuentran parientes del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Coalición Canaria y los demás partidos de la oposición en esa Corporación creen haber encontrado una mina en el serial que ha venido publicando el periódico La Provincia acerca de la tramitación de ese expediente administrativo, que se saldó el pasado 28 de diciembre con la decisión de la Junta de Gobierno de adquirir esos suelos por poco más de 4 millones de euros.

La excepcionalidad de esta escandalera mediática y política está en los funcionarios. Rara vez los trabajadores públicos dan la cara por la integridad y la pureza de los expedientes administrativos que tramitan, y mucho menos si se trata de uno que salta a la prensa bajo el estigma de la sospecha. Los casos de corrupción que han enturbiado la credibilidad de la política han salpicado demasiadas veces a los trabajadores públicos y, con el endurecimiento de las leyes, el principal problema con el que se han encontrado las instituciones es el bloqueo que provocan las prevenciones, cuando no el miedo, a la hora de firmar cualquier tipo de resolución.

Por eso adquiere un especial valor que dos jefes de servicio del Cabildo de Gran Canaria, los de Medio Ambiente y Patrimonio, hayan salido a dar la cara casi inmediatamente después de que las primeras informaciones saltaran a la primera plana del periódico del grupo Moll. Ambos comparecieron ante la prensa flanqueando al consejero de Hacienda y de Presidencia, responsable directo de esas adquisiciones, Pedro Justo, al que avalaron en todas sus afirmaciones.

Las explicaciones fueron contundentes. No quedó ni una sola pregunta sin contestar, y la sensación que transmitieron los tres comparecientes fue la de que no hubo trato de favor hacia ningún comprador; no hubo tiempo récord en la tramitación de la operación; ni hubo información privilegiada; todo se ejecutó conforme a unas bases aprobadas por la Corporación en ejecución de las políticas ambientales que viene promoviendo en este mandato, y el precio que se pagó por las piezas de suelo se corresponde fielmente con las valoraciones que corresponden en función de las características de cada propiedad. Y lo mejor es que se puede corroborar todo con la sola consulta del expediente.

Entonces, ¿qué ha pasado con la adquisición de esas fincas por parte del Cabildo? Pues nada más y nada menos que el hecho absolutamente cierto de que entre los 22 propietarios se encuentra la esposa de Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, el partido al que pertenece el presidente y la mayor parte del grupo de gobierno del Cabildo Insular.

Coalición Canaria vio los cielos abiertos con esta noticia porque de alguna manera podía blanquear públicamente el escándalo que estalló hacía tan solo unas semanas en el Cabildo de Tenerife con la compra de un edificio al empresario Antonio Plasencia por más de 23 millones a los que había que sumar otros 6 para su adaptación de centro sociosanitario. La diferencia entre ambas operaciones es palmaria: mientras que en la de Amurga hay un expediente perfectamente tramitado a partir de un concurso público, en el caso del edificio de Plasencia se intentó vestir el machango a partir de que se tomara una decisión política sin concurso ni aval administrativo que amparara la compra-venta. Se construyó un expediente, con una tasación privada y sin otra oferta que la de Plasencia, para comprar un edificio al empresario de cabecera de Coalición Canaria en Tenerife, condenado en el caso Las Teresitas y en el de las canteras de Güímar, pendiente de recursos y de pagar millonarias indemnizaciones a las administraciones públicas canarias.

Pero es que, además, las encuestas que manejan ya los partidos políticos arrojan unos resultados bastante pobres para Coalición Canaria, particularmente en Gran Canaria, donde el presidente del Cabildo, Antonio Morales, parece seguir contando con gran predicamento entre el electorado, a pesar de las reiteradas informaciones del mismo grupo mediático que lo han señalado como mínimo como un mal gestor, cuando no directamente como autor de algunos delitos como la prevaricación. Morales ha demandado al periódico La Provincia y a sus directivos por lo que considera intromisión en su derecho al honor por una serie de informaciones relacionadas con su gestión como alcalde del municipio de Agüimes. La demanda está pendiente de juicio.

Al contrario de la fea operación de la compra del edificio de Antonio Plasencia en Santa Cruz de Tenerife, que se ha anulado para reformularla mediante un concurso público, la adquisición de las fincas del macizo de Amurga seguirá adelante porque no existe la más mínima irregularidad administrativa ni por lo tanto legal. El desgaste para Nueva Canarias, y más concretamente para Antonio Morales y para Román Rodríguez, está siendo sin embargo inevitable.

Pero las consecuencias de esta andanada serán las que no ha medido Coalición Canaria. La tibieza con la que Román Rodríguez ha tratado desde el Parlamento de Canarias y desde su posición como presidente de Nueva Canarias los casos de corrupción de Coalición Canaria se va a acabar. Asuntos que afectan al presidente del Gobierno desde su etapa como alcalde de La Laguna, como el caso Corredor, archivado por la justicia, pero con unas escuchas policiales que comprometen gravemente a Fernando Clavijo en la gestión de la crisis del barrio de Las Chumberas; el caso Grúas, pendiente de una última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para devolverlo a los juzgados de La Laguna, o el feo asunto de los contratos prorrogados en esa misma ciudad en contra de los criterios reiterados del interventor municipal, se van a convertir sin duda en protagonistas de los próximos meses previos a las elecciones autonómicas y locales de mayo. Y, desde luego, debemos dar por roto cualquier atisbo de acercamiento entre los dos partidos nacionalistas de Canarias.

Es muy difícil encontrar en la historia reciente de Canarias un caso similar al de la compra de fincas en la zona de Amurga por parte del Cabildo de Gran Canaria a un grupo de propietarios entre los que se encuentran parientes del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Coalición Canaria y los demás partidos de la oposición en esa Corporación creen haber encontrado una mina en el serial que ha venido publicando el periódico La Provincia acerca de la tramitación de ese expediente administrativo, que se saldó el pasado 28 de diciembre con la decisión de la Junta de Gobierno de adquirir esos suelos por poco más de 4 millones de euros.

La excepcionalidad de esta escandalera mediática y política está en los funcionarios. Rara vez los trabajadores públicos dan la cara por la integridad y la pureza de los expedientes administrativos que tramitan, y mucho menos si se trata de uno que salta a la prensa bajo el estigma de la sospecha. Los casos de corrupción que han enturbiado la credibilidad de la política han salpicado demasiadas veces a los trabajadores públicos y, con el endurecimiento de las leyes, el principal problema con el que se han encontrado las instituciones es el bloqueo que provocan las prevenciones, cuando no el miedo, a la hora de firmar cualquier tipo de resolución.