Las prisas que se está dando la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para llevarse por delante la hacienda de una quincena de familias de Hoya Pozuelo contrasta con la pachorra que aparentemente se ha tomado para aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1991. En ella se declara anticonstitucional un artículo de la Ley de Costas de 1988 sobre el otorgamiento de autorizaciones en zona de protección de dominio público. Agarrándose de modo extravagante y hasta soez a esa resolución, el Gobierno canario viene precisamente ahora a cambiar el procedimiento de autorización y, en lugar de mantenerlo en el consejero de Medio Ambiente, se lo adjudica a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio, es decir, la de Fernando González. Por si había alguna duda de lo preso que está Domingo Berriel del poder talibán que trata de llevarse por delante Hoya Pozuelo, aquí tienen otra muestra más.