Desde que hace unas semanas Bravo de Laguna diera el Tamayazo en el Cabildo de Gran Canaria rompiendo la quietud en su pacto de gobierno al conchabarse en solitario con un tránsfuga del CCN, todos sus actos han ido encaminados a blindar su mayoría y condenar al resto de los consejeros de la Corporación a la marginalidad. Tras Juan Domínguez, al que aupó a la vicepresidencia primera en sustitución del número uno de la lista de CC-CCN, Fernando Bañolas, Bravo fichó a la número cuatro de esa plancha, Sari Chesa, bloqueando cualquier posibilidad de que, ido Domínguez por cualquier circunstancia, entrara esa nueva consejera y se montara una moción de censura. El paso siguiente ha sido desmantelar a la oposición por donde más duele, quitándole asignaciones presupuestarias para que no puedan ejercer su tarea los pocos miembros que pueden dedicarse en exclusiva a la materia. Para ello nada mejor que blindarse en un informe del Órgano de Contabilidad y Presupuestos, que con fecha 21 de octubre, o sea, el viernes, concluyó que el número de consejeros de la oposición que pueden estar liberados conforme al presupuesto en vigor es de cuatro. Como al PSOE corresponden dos consejeros liberados y Bañolas ha quedado fuera del grupo de gobierno, Rosa Rodríguez trató de implicarlo en la estratagema, de manera que fuera él quien decidiera qué hacer. Bañolas no se prestó al juego y fue la vicepresidenta quien puso el sábado 22 ante el presidente el decreto de despido de Carmelo Ramírez, que desde esa fecha deja de cobrar y de cotizar a la Seguridad Social. En el decreto se impone que sea la consejera Inés Jiménez la que quede liberada por el grupo de Nueva Canarias.