Hay cosas que seguirán ocurriendo, hay cosas que seguirán sorprendiéndonos y hay cosas que nos harán pensar, en muchas ocasiones, que todavía sigue gobernando el PP en España, pese a todo lo que ha llovido (en algunos sitios) desde entonces. Pero también se han producido sucesos tras el famoso 14-M que alguien debiera revisar, más que nada porque pudieran ser nocivos para la salud. Por ejemplo, no parece muy conveniente, a la par que elegante, que el interventor general de la Seguridad Social, Antonio Hernández Huerta, hiciera pública el 31 de marzo pasado, medio mes después de las elecciones, una Orden según la cual se produce una curiosa modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Intervención General. Lo pintoresco de la orden no es sólo la fecha, que tiene sus bemoles, sino que se coloca por libre designación a 52 interventores e interventoras territoriales por toda esa España de Dios que, en la mayoría de los casos, son absolutamente primerizos, lo que descarta lo de la valía, experiencia y acreditada solvencia tan propia de estos casos.