Cabría preguntarse, a la vista de lo visto, en qué funcionarios se están apoyando esta consejera y su equipo directivo. No se entiende en absoluto que la convocatoria de los cursos de formación calquen completamente los mismos documentos a tal fin dictados por el Icfem, manteniendo incluso esa antigua denominación, o que, para ahorrarse mover mucho las neuronas, sustituyan el término Consejo de Administración por Consejo General de Empleo, órgano al que endosan la potestad de aprobar la adjudicación de los cursos. Una ilegalidad manifiesta porque la nueva ley deja bien claro que el consejo general lo que hace es aprobar los programas, y el consejo de administración es el que adjudica. Un consejo donde ya no están los sindicatos y las patronales, lo que corrije una anomalía histórica: que los mismos que adjudicaban fueran a su vez adjudicatarios.