Pero la apasionada defensa del grupo Anfi que hizo este domingo el director adjunto de Canarias7 contiene otras joyas muy llamativas, como la explicación que ofrece sobre la inacción judicial (inactividad, llama él) de Anfi ante los perjuicios que la moratoria le ha causado en su desarrollo urbanístico y turístico. Mederos lo fundamenta en base a que “alguien, o muchos, le aseguraron (sic) a Lyng que dada la trascendencia del proyecto y del apoyo que tenía se obtendría la licencia a través de una declaración de interés general en el Parlamento”. Para añadir más adelante que “la palabra política dada a Lyng era suficiente prueba de confianza para esperar los oportunos trámites administrativos y que finalmente el proyecto continuase por esa vía”. Centrémonos un poquito: ¿habla el señor Mederos de promesas políticas con apoyos “de trascendencia” a un empresario para sacarle un proyecto por la vía del interés general? ¿Recuerda el escribidor que el interés general ha de informarse primero por el Cabildo, luego por el Gobierno y, finalmente, aprobarse en el Parlamento? ¿Está describiendo un tráfico de influencias previo al presunto cohecho que se investiga en el caso salmón? Que diga quién fue el que faltó a su palabra, porque eso de que fue uno del PSOE no puede colar: el PSOE lleva en la oposición desde que Franco era cabo, y difícilmente podía prometer un imposible.