Ninguno de esos hagiógrafos que andan cantando por varios medios de comunicación las excelencias de santidad de Miguel Zerolo y de sus compañeros de pelotazo hace la menor insinuación acerca de la conveniencia de que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo que hace ya cuatro años declaró ilegal la compraventa de Las Teresitas, esa operación por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz adquirió un inservible frente de playa por 52.588.600 euros a unos avispados empresarios que, además, obtuvieron a cambio de ese sacrificio un pingüe negocio de recalificaciones en el vecino pago de Valle de Huertas. Unas zarandajas de nada que propiciaron lo que la fiscal anticorrupción ha llamado “pelotazo de libro” valorado nada menos que en 19 millones de euros limpios de polvo y paja. Nunca desde aquella sentencia se le ocurrió al ex alcalde Zerolo reclamar la reposición de la legalidad y la devolución de esos millones, tan necesarios para una ciudad que bajo su alcaldía llegó a declararse en “emergencia social”. Era imposible devolver los dineros porque los efectos económicos en cadena que se podían haber causado amenazaban demasiados intereses en presencia. Otra vez los poderes invisibles haciendo de las suyas. Pero ahora hay otro alcalde y otra mayoría de gobierno, con un concejal de Urbanismo, socialista él, que viene a ser uno de los firmantes de la denuncia inicial de Las Teresitas, José Ángel Martín. Pero cuando el Ayuntamiento se ha puesto a reclamar la devolución de ese pelotazo, la respuesta de los empresarios amigos de Zerolo ha sido la de la patada al balón hacia adelante y a ganar tiempo: demanda de reclamación de cantidades por importe de 116 millones de euros. Bajo una apariencia de legalidad, Plasencia y González pretenden reabrir un debate que zanjó por completo el Supremo con una sentencia desde luego firme, el de la legalidad de la compraventa.