El Cabildo de Gran Canaria dice que no puede seguir costeando los 435.000 euros que cada año le cuesta el personal, once trabajadores que pasarían a ser fijos si se les siguen renovando sus contratos de seis en seis meses. En su descargo la Corporación insular asegura estar dispuesta a continuar pagando los 150.000 euros anuales que cuestan las instalaciones del punto de encuentro, su mantenimiento y los servicios de seguridad. Pero que sea el Gobierno el que, a través de un convenio (firmado a ser posible) costee el personal a través de una entidad sin ánimo de lucro que preste los servicios de mediación familiar. Muchos niños, muchos padres, están ahora pendientes de que se encuentre una solución que no les condene a más problemas de los que ya padecen.