Ante la decisión de la juez de enviar a prisión a Pacuco Guedes y Alejandro Navarro por presuntos delitos relacionados con la corrupción, cabe cuestionarse a qué viene que en otros juzgados, alguno de ellos muy cercano al de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, no se hayan decretado iguales medidas. Es más, en el caso de la Operación Góndola, a los detenidos se les puso en libertad sin depósito de fianza, aun pesando sobre ellos las imputaciones de hasta seis delitos. La respuesta es muy sencilla. Cada juez y cada fiscal tiene su propio estilo de entender los procedimientos, de valorar el alcance de cada delito imputado, la incidencia social de cada medida y hasta sus propios atrevimientos personales y profesionales. La juez Marqueño se ha estudiado el caso concienzudamente, ha interrogado a los detenidos con muchísimos elementos sobre la mesa y ha tenido la suerte de tener a su lado a una fiscal que también se ha trabajado de manera muy rigurosa el asunto. Ambas han aplicado la Ley de Enjuiciamiento Criminal del modo que se ha echado en falta en otros juzgados.