En sus hechos probados, dice la sentencia, firmada por una juez de lo social, titular del juzgado número 4, que “el actor [Pérez Almodóvar] no era un periodista complaciente y (...) en su actividad desempeña una labor crítica con los políticos y poderes públicos (así, el 28 de abril de 2003, en la Fundación Pedro García Cabrera, el actor preguntó a Adán Martín si había participado en empresas que recibían subvenciones del Gobierno de Canarias o concesiones administrativas públicas de administraciones en que gobernaba ATI (...), y el 22 del 11 de 2002 publicó que el ITER no recibió ningún premio en la conferencia internacional de edificios sostenibles, pese a las afirmaciones del presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, en octubre de 2002)”. Desconocemos la respuesta ofrecida entonces por Adán Martín, así como el grado de cabreo de Melchior, pero sí sabemos de la persecución que a partir de ese momento empezó a sufrir el periodista.